Sin novedades acerca del pago de los salarios de julio, UTA mantiene vigente la medida de fuerza que inició este miércoles. “Será hasta que nos paguen lo adeudado”, ratificó el titular del gremio, César González.
Este jueves se cumplirá el segundo día de paro consecutivo en el transporte público colectivo de pasajeros, medida que afecta a todas las líneas urbanas, interurbanas y rurales de la provincia. Es la cuarta huelga en lo que va del año y el motivo es el mismo: las empresas acusan no poder afrontar los salarios en las condiciones económicas en las que se encuentran. En este caso los choferes solo cobraron entre $5 mil y $10 mil del salario de julio y aún se les debe un 50% del medio aguinaldo del primer semestre.
En este sentido, el titular de UTA ratificó que los choferes no volverán a prestar el servicio hasta que no perciban los salarios. «Nos deben las remuneraciones del mes de julio, en septiembre deberían dos meses y medio. Nosotros pretendemos cobrar el mes de julio y el aguinaldo», resaltó el dirigente, quien aprovechó el contacto con la prensa para pedir disculpas a los usuarios: «ellos son trabajadores igual que nosotros, esta herramienta es válida y la estamos utilizando. Tienen que entender que hoy los compañeros no tienen para movilizarse ni para comer».
Por su parte, desde AETAT cuestionaron la medida de fuerza e insistieron que la única forma de completar el pago es con la llegada de los subsidios nacionales, los cuales están atrasados desde junio. “Entendemos la situación de todos los trabajadores, pero nosotros venimos haciendo todos los esfuerzos para ir anticipando a cuenta de salarios semanalmente hasta que se acrediten los ya casi tres subsidios nacionales pendientes», remarcó este miércoles Jorge Berreta, en conversaciones con LV12.
Este martes se concretaron dos audiencias en las que se buscó acercar posiciones, una a nivel nacional y otra a nivel local. En la primera participaron los empresarios de la FATAP, UTA nacional y los ministros de Transporte y Trabajo de la Nación. Allí se acordó que cuando se acrediten los subsidios nacionales pendientes, lo cual ocurría el viernes, se completarán los saldos de haberes correspondientes a julio.
La segunda reunión fue entre los referentes locales de AETAT y UTA. En ese conclave el sector empresario ofreció a los trabajadores, además del acta acordada, pagarle un anticipo de $5000 a cada trabajador. La propuesta no convenció a los choferes tucumanos, los cuales decidieron no esperar la acreditación de los fondos nacionales y convocaron al paro.
Sucede que desde el gremio entienden que a partir del envío de los fondos del gobierno, el depósito a las cuentas de los choferes tomaría unos 4 o 5 días más, con lo cual recién estarían cobrando el mes de julio cuando ya deberían estar percibiendo los salarios de agosto. “Eso es inadmisible para nuestros compañeros”, subrayó González.
Esta situación genera incertidumbre, no solo en los trabajadores del sector sino también en los miles de usuarios que mes a mes quedan de rehenes de un conflicto entre privados. Aun si se logra zanjar el problema en las próximas horas, nada garantiza que la situación no vuelva a ocurrir en septiembre. Urge un plan de transformación del sistema de transporte en nuestra provincia que garantice la continuidad del servicio, rentabilidad para las empresas que inviertan y el pago en tiempo y forma de los trabajadores.
Con Tucumán a la cabeza, la producción sucroalcoholera sella un récord histórico en la campaña 2025-2026
Con una campaña que se extendió por 401 días, Tucumán, Salta y Jujuy registraron una producción de 618 millones de litros de alcohol. Más del 80% del total se destinó a bioetanol para el corte de naftas, consolidando a la caña de azúcar como un pilar clave de la energía renovable nacional.
Durante meses, los números del IPAAT fueron dejando una pista. Semana a semana, mientras la zafra avanzaba, los registros del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán anticipaban una campaña récord: a comienzos de año, con las destilerías todavía en plena elaboración, las proyecciones hablaban de superar los 610 millones de litros, un volumen sin precedentes. El 31 de mayo, cuando la campaña 2025/2026 concluyó tras 401 días de trabajo, esa previsión quedó corta: 618.467.953 litros de alcohol producidos a partir de caña de azúcar en Tucumán, Salta y Jujuy. El récord, esta vez, no sorprendió a nadie.
Que el dato no sorprenda no lo vuelve menos significativo. El IPAAT es el organismo provincial que sigue la actividad del complejo sucroalcoholero y reúne los volúmenes que cada destilería de las tres provincias declara a lo largo de la campaña. Ese seguimiento, sostenido durante toda la zafra, es lo que vuelve confiable el número final: no se trata de una estimación, sino del resultado acumulado de mediciones semanales. Por eso la marca de esta campaña —la más alta que el sector tenga registrada— llega con el respaldo de una curva que se pudo seguir en tiempo real.
El alcohol que sale de estas destilerías no es un producto único. Una fracción se mantiene como alcohol hidratado, el que conserva entre 4 y 5 por ciento de agua y se destina a la industria. La otra atraviesa un proceso adicional de deshidratación y se convierte en alcohol anhidro, conocido comercialmente como bioetanol, que es el que se mezcla con las naftas para cumplir el corte obligatorio de biocombustibles vigente en el país.
Tucumán, el principal productor del país
Tucumán volvió a encabezar la producción nacional. Sus diez destilerías elaboraron en conjunto 361.984.838 litros de alcohol, un 6,16 % más que en la campaña anterior, y se mantuvieron como las de mayor volumen del país. Detrás de esa cifra hay una nómina industrial que recorre buena parte de la historia productiva de la provincia: las plantas Concepción, Destilería Bella Vista, Famaillá, La Corona, La Florida, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Rosa y Santa Bárbara.
Siete de esas diez destilerías cuentan con plantas anhidradoras, donde el alcohol se deshidrata para transformarse en combustible: Concepción, Destilería Bella Vista, La Corona, La Florida, La Trinidad, Leales y Santa Rosa. Entre todas deshidrataron 302.006.624 litros de alcohol, un 11 % más que en el ciclo 2024/2025.
Salta y Jujuy, volúmenes que sostienen al conjunto
Más al norte, Salta y Jujuy completan el mapa del complejo. Sus cinco destilerías —San Isidro y Seaboard en Salta; Ledesma, Río Grande y La Esperanza en Jujuy— produjeron 256.483.115 litros de alcohol, con un alza del 8,29 % respecto de la campaña previa.
Cuatro de ellas cuentan con plantas anhidradoras: Ledesma y Río Grande en Jujuy, Seaboard y San Isidro en Salta. Entre todas deshidrataron 214.461.901 litros de alcohol para el corte con naftas. Con la producción tucumana, son quince las destilerías que integran el complejo sucroalcoholero del NOA.
El balance final permite ordenar las piezas. De los 618.467.953 litros de alcohol producidos durante toda la campaña, 516.468.525 se deshidrataron para la mezcla de biocombustibles. Más del 80 % del alcohol elaborado en el norte terminó, así, orientado al bioetanol que se incorpora a las naftas argentinas; el resto se mantuvo como alcohol hidratado para sus usos industriales y de consumo.
La caña como fuente de energía renovable
La lectura que hace el propio IPAAT sobre estos números excede el registro estadístico. Según el instituto, el resultado refleja no solo la capacidad productiva instalada en la región, sino también la importancia de la caña de azúcar como fuente de energía renovable y el potencial del sector para responder a una demanda de biocombustibles del país.
A nivel nacional, las ventas por el Día del Padre cayeron 0,3% interanual y la racha negativa sumó cuatro años consecutivos para una de las fechas más importantes del año para el comercio minorista. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las promociones y la financiación volvieron a ser herramientas centrales para impulsar las compras, aunque con resultados limitados frente a un consumidor cada vez más enfocado en cuidar el gasto.
¿Cómo fueron las ventas en Tucumán?
Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, detalló que «más de 90 comercios afectados al Día del Padre (calzado, indumentaria, marroquinería, bazar, tecnología, regalería) reflejaron una caída interanual en las ventas de un 8,3%».
Además, dijo que «más del 90% de los clientes optó por pagar con tarjeta de crédito y financiaron en 6 cuotas. Estamos hablando de un ticket promedio de $82.000, entonces eso refleja un poco la caída de ventas».
«Es el cuarto año consecutivo de caída de ventas y todavía no hay repunte en el consumo. Es una situación alarmante», agregó.
Coronel sostuvo que hay distintas variables que propician esta situación además del bajo poder adquisitivo de la gente. «Hay una competencia desleal como contrabando y además uno tiene un local comercial con una estructura y no puede competir con una venta que no está registrada».
«Esto conlleva a cierre de locales y despidos de personal, por eso hay que tomar medidas urgentes para poder sostener la situación», cerró.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este martes un incremento del 33% en la tarifa de taxis, luego de una ajustada votación que finalizó con nueve votos a favor y siete en contra. La medida fue impulsada por el bloque oficialista y contó con el respaldo de sectores aliados, lo que permitió alcanzar la mayoría necesaria para su sanción.
Con la nueva ordenanza, la bajada de bandera pasará de $900 a $1.200, mientras que la ficha por cada 100 metros recorridos se elevará a $120.
La actualización comenzará a regir una vez que el Departamento Ejecutivo promulgue la norma, un trámite que se concretaría en las próximas horas.
La iniciativa fue acompañada por los concejales peronistas José María Franco, Ernesto Nagle, Eduardo Molina, Hugo Andina Lizárraga, Facundo Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito y Emiliano Vargas Aignasse. También votaron a favor Cristian Abel, de Acción Vecinal, y Gastón Gómez, de Libres del Sur.
En tanto, rechazaron la propuesta los ediles radicales Gustavo Cobos, José María Canelada, Leandro Argañaráz y Federico Romano Norri, junto a Ramiro Ortega y Alfredo Terán de Zavalía, de Fuerza Republicana, y Carlos Ale, del Partido por la Justicia Social.
La sesión se desarrolló mientras un grupo de taxistas se manifestaba frente al edificio legislativo para seguir de cerca el tratamiento del proyecto y reclamar mayores controles sobre los vehículos que prestan servicios mediante aplicaciones.
Durante el debate, el presidente del bloque oficialista, Ernesto Nagle, defendió la actualización tarifaria al sostener que busca preservar el funcionamiento del sistema sin perder de vista la situación de los usuarios. Por su parte, José María Franco, titular de la Comisión de Transporte, argumentó que el incremento responde al aumento de los costos operativos del sector, como combustibles, repuestos y mantenimiento de las unidades.
Desde la oposición, Gustavo Cobos consideró que si bien el porcentaje guarda relación con la inflación acumulada desde la última actualización, también debe contemplarse la pérdida de poder adquisitivo de los pasajeros. El edil radical advirtió que una suba de esa magnitud podría afectar la demanda del servicio y propuso un incremento menor.
En la misma línea, Carlos Ale cuestionó la medida al considerar que impactará en los sectores más vulnerables, especialmente en los jubilados, quienes recurren con frecuencia al transporte de taxis para movilizarse por la ciudad.