El documental de investigación, intenta, a través de intercambios con expertos y familiares, armar las piezas del trágico acontecimiento sucedido el 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino ARA San Juan desapareció del eje de todos los radares con 44 personas a bordo.
“ARA San Juan: el submarino que desapareció”, es la nueva serie documental de investigación de Netflix sobre la trágica desaparición del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo. El 15 de noviembre de 2017, Argentina y el mundo fueron sacudidos por la noticia de la desaparición, suceso dio inicio a una búsqueda incesante en el mar argentino y, a la par, una lucha incansable por parte de los familiares de los tripulantes. La verdadera historia detrás de este acontecimiento y las teorías en torno a lo que realmente ocurrió son el foco central de la producción que ya se puede ver en la plataforma.
Bajo la dirección de Mauricio Albornoz Iniesta y la producción de Cactus Cine a cargo de Marcos Sacchetti y Nicolás Carreras, el documental se sumerge en el corazón de una de las tragedias más profundas de Argentina. El trabajo de Sacchetti en el Astillero Tandanor en 2012, donde vio el sumergible por primera vez, plantó la semilla de lo que años más tarde se convertiría en este minucioso proyecto. La producción tomó más de cinco años y dio origen a una docuserie de ocho episodios que detallan la investigación de este enigma.
El material, está compuesto por ocho episodios en total de 30 minutos cada uno, que reflexionan e invitan al público a explorar las distintas teorías que se generaron en torno a la desaparición del submarino ARA San Juan. El trabajo de investigación para la docuserie comenzó en 2017, y se apoya en material de archivo, imágenes exclusivas y múltiples testimonios (entre ellos entrevistas inéditas) para reconstruir paso a paso una intrincada trama de negligencias, encubrimientos, irregularidades e intereses ocultos que resultaron en el trágico evento.
La profunda investigación, cuenta con una diversidad de entrevistas, ofreciendo una mirada comprensiva sobre la tragedia del ARA San Juan. La serie fue filmada entre mayo y diciembre de 2022 en locaciones clave como la Casa Rosada, el Senado de la Nación Argentina, y el Ministerio de Defensa de Argentina, e incluye material de archivo y entrevistas exclusivas. Integra voces múltiples y diversas, desde familiares de los submarinistas y abogados, hasta especialistas y funcionarios gubernamentales, enriqueciendo la narrativa con diferentes perspectivas sobre el caso.
En “ARA San Juan: El submarino que desapareció” se explica que la función de este tipo de buque es ser el primero en salir al mar durante un conflicto y el último en regresar. Para esta embarcación, el plan era salir de Mar del Plata, hacer ejercicios navales y seguir por Ushuaia para luego completar las tareas en mar abierto y hacer patrullaje. Era, sin duda, un viaje retador, según los especialistas; pero también “el ejercicio más importante para la Armada argentina de los últimos 30 años”, asegura Julián Maradeo. Además, de acuerdo a lo que cuenta el periodista Andrés Klipphan, este tipo de salidas al mar no eran usuales por el escaso presupuesto.
“Nos motivó la necesidad de esclarecer las diversas hipótesis en torno a la desaparición del submarino ARA San Juan. Esta serie busca honrar la memoria de los 44 tripulantes fallecidos y la lucha de sus familias, quienes perseveran incansablemente en la búsqueda de respuestas”, señalan los productores Nicolás Carreras y Marcos Sacchetti. “ARA San Juan: El submarino que desapareció” se suma a otros documentales de Netflix como “NISMAN: El fiscal, la presidenta y el espía”, “El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas”, “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, “Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo” y “Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada”, entre otros.
La tragedia del ARA San Juan
A más de seis años de la tragedia del submarino ARA San Juan, ocurrida el 15 de noviembre de 2017, cuando la embarcación sufrió una serie de desperfectos técnicos que desencadenaron su hundimiento con 44 tripulantes a bordo, las acciones judiciales y los reclamos de los familiares por verdad y justicia no cesan. Construido a principios de la década de 1980 en el astillero alemán Thyssen Nordseewerke, el ARA San Juan había concluido su reparación de media vida entre 2007 y 2014, que incluyó más de 600 trabajos. No obstante, informaciones reveladas tras su desaparición indicaron posibles negligencias en el mantenimiento y dudas sobre su operatividad.
El último contacto con el ARA San Juan se estableció el 15 de noviembre de 2017, cuando el capitán Pedro Martínez Fernández informó de un ingreso de agua que causó un cortocircuito y un principio de incendio. Tras perderse el contacto, se inició una búsqueda internacional sin precedentes que culminó con el hallazgo del submarino el 17 de noviembre de 2018 por la empresa Ocean Infinity. Los restos fueron localizados a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, los cuales presentaban evidencias de una implosión.
La investigación sobre el hundimiento y sus causas ha sido tortuosa. En 2020, varios altos oficiales de la Armada fueron procesados, y se ordenó investigar las responsabilidades de altas autoridades políticas y militares de la época, incluidos el presidente Mauricio Macri, Oscar Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.
Además, la situación se vio complicada tras revelaciones de seguimiento y espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri.
En diciembre de 2021, Martín Bava procesó al expresidente por estas acciones, aunque posteriormente fue sobreseído, en una decisión que ha sido apelada por las familias. El Consejo de Guerra establecido determinó sanciones para varios de los involucrados, incluido el arresto y la destitución de algunos de los mandos responsables. Sin embargo, la lucha de los familiares por justicia y la búsqueda de responsabilidades continúa, marcada por la persistencia en su demanda de verdad, así como el recuerdo y homenaje a sus seres queridos perdidos en una de las mayores tragedias de la historia naval argentina.
El Gobierno reglamentó este lunes algunos cambios significativos correspondientes a la Ley de Modernización Laboral. Entre los puntos destacados del decreto 407/2026 que se publicó en Boletín Oficial se encuentran la registración del empleo, la negociación colectiva, el control de licencias médicas, los acuerdos de desvinculación, entre otros.
Esto repercute además en la implementación de esquemas digitales que promueven los sistemas electrónicos de notificación y comunicación entre empleadores, trabajadores y organismos estatales, y la simplificación de trámites.
El texto oficial recordó que la obligación de registrar trabajadores se cumple mediante los sistemas habilitados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que, a partir de esta publicación,» los empleadores ya no tendrán que llevar los libros laborales (artículo 52 de la LCT) en soporte físico ni digital». El sistema digital del mencionado organismo centralizará las altas, bajas y las modificaciones de los datos laborales, lo que quedará a disposición de los organismos y entidades de trabajo y seguridad social.
En cuanto a los acuerdos extintivos de la contratación laboral por mutuo acuerdo (artículo 241), la autoridad administrativa deberá verificar la legalidad del acto, la inexistencia de vicios y la adecuada composición de intereses, según los parámetros del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Otro de los cambios centrales alcanza al control de enfermedades del trabajador (artículo 210). Según el decreto, las prescripciones médicas que incluyan reposo “deberán ser emitidas electrónicamente mediante sistema de información o plataforma digital” en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias, y firmadas por profesionales habilitados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud. Si existe una discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico efectuado por el empleador, las partes podrán recurrir a una junta médica oficial o al dictamen de institutos públicos o privados de reconocida trayectoria.
El Poder Ejecutivo también dispuso reglas sobre la documentación laboral y, en particular, sobre el recibo de haberes. La reglamentación exige que los recibos de haberes contengan información clara y comprensible. El empleador deberá detallar el costo laboral total, los conceptos involucrados en la relación y el monto final percibido por el trabajador.
Para los trámites jubilatorios, se estableció la obligación a ANSES de notificar a los empleadores y agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud sobre el inicio y la finalización del procedimiento.
Uno de los aspectos es el nuevo marco para las Empresas de Servicios Eventuales. El decreto reemplaza la normativa anterior, que había quedado desactualizada, y establece criterios de funcionamiento más flexibles y proporcionales. La exigencia de garantías se adecuará a la cantidad de trabajadores y a la dimensión de la empresa, eliminando rigideces que dificultaban la operación de empresas pequeñas y medianas.
En materia de negociación colectiva, el Gobierno definió que serán considerados vencidos los convenios cuyo plazo original ya haya expirado. En tanto, las asociaciones de empleadores y cámaras empresarias estarán legitimadas para participar en negociaciones colectivas si acreditan representación suficiente en el ámbito personal y territorial correspondiente, que no podrá ser inferior al 10 % de los trabajadores comprendidos. Si la convención aplica en más de una jurisdicción, la autoridad podrá admitir hasta dos representaciones adicionales del sector empleador.
La reglamentación también modifica el régimen sindical. Según el decreto, los cuerpos directivos de asociaciones sindicales deberán guardar una proporcionalidad razonable con el número de afiliados cotizantes; la autoridad de aplicación verificará nóminas con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y otras bases públicas; y, en casos de superposición de personería gremial, la asociación que la pretenda deberá superar a la que ya la posee por al menos un 5 % adicional de afiliados cotizantes.
La norma fijó además un plazo de 30 días para que la Secretaría de Trabajo convoque a los gremios para renegociar convenios colectivos vencidos, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá adaptar en 120 días sus sistemas para absorber la registración laboral del sector de la construcción.
Transportistas de larga distancia reclaman al gobierno una deuda de $27.000 millones
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) advirtieron que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones y remarcaron que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.
Las empresas de micros de larga distancia salieron a cuestionar con dureza la decisión del Gobierno de eliminar el régimen de compensaciones destinado a cubrir parte de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos.
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) advirtieron que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones y remarcaron que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.
La polémica se desató luego de que la Secretaría de Transporte publicara este martes la resolución 28/2026, mediante la cual dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas para las compañías que otorgan boletos gratuitos a personas alcanzadas por las leyes de discapacidad, trasplante y oncopediatría.
Desde el sector empresario sostienen que la medida fue tomada en medio de una disputa judicial abierta y en un contexto de incumplimiento del Estado nacional. Según señalaron en un comunicado, las compañías continúan garantizando el beneficio pese a que el Gobierno dejó de pagar las compensaciones hace más de un año.
El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, indicaron desde CELADI.
Las empresas aseguran que el último pago recibido corresponde a noviembre de 2024. Desde entonces, la deuda se habría ido acumulando mes a mes mientras las compañías continuaban entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año.
El conflicto escaló aún más el pasado 18 de mayo, cuando el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por $8.753 millones correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
Según CELADI, esa cifra representa solo una parte de la deuda total, ya que los períodos posteriores continúan siendo relevados dentro de la misma causa judicial. El monto acumulado, afirman, supera actualmente los $27.000 millones.
Las empresas insistieron en que no cuestionan el derecho de las personas con discapacidad y de los pacientes alcanzados por las leyes vigentes a viajar gratuitamente. No obstante, plantearon que resulta “inconsistente” que el Gobierno desregule el sector y, al mismo tiempo, pretenda trasladar completamente ese costo a compañías privadas sin ningún tipo de compensación estatal.
En paralelo, el Ejecutivo ratificó que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), credencial del INCUCAI y pacientes oncológicos pediátricos seguirán teniendo garantizado el acceso a pasajes gratuitos en los servicios de larga distancia, aun después de la eliminación del fondo compensador. / TN
Hubo descontrol por el sándwich de matambre gigante: derribaron vallas para llevarse porciones
Una histórica parrilla de en Avellaneda organizó un evento para preparar un sándwich de más de 700 metros, pero las demoras y la multitud terminaron en caos. Vecinos rompieron el vallado y se abalanzaron sobre la comida antes de la entrega oficial
Lo que había sido anunciado como una fiesta gastronómica terminó en un verdadero descontrol en Avellaneda, Buenos Aires. El evento organizado por la histórica Parrilla El Tano para preparar “el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo” derivó en corridas, empujones y vecinos derribando vallas para quedarse con una porción.
La propuesta buscaba celebrar el 25 de mayo y también los 25 años del tradicional local gastronómico del sur del conurbano bonaerense. Según habían promocionado en redes sociales, el objetivo era preparar un sánguche de aproximadamente 750 metros de largo.
La convocatoria estaba prevista para las 11 de la mañana sobre la avenida Mitre, en Avellaneda, y contaba incluso con apoyo de patrocinadores y la presencia del intendente Jorge Ferraresi, quien había difundido el evento en sus redes sociales.
Sin embargo, con el correr de las horas, comenzaron las quejas de los asistentes por las demoras en la preparación del sándwich kilométrico.
En redes sociales, varios usuarios aseguraron que el armado avanzaba lentamente y que la comida todavía no estaba lista incluso entrada la tarde. Algunos vecinos afirmaron haber esperado durante horas sin recibir ninguna porción.
Derribaron las vallas y se abalanzaron sobre la comida
La situación terminó explotando cuando parte del público perdió la paciencia y avanzó sobre las mesas donde estaba el sándwich ya cortado.
En videos que rápidamente se viralizaron puede verse cómo decenas de personas superan el vallado, empujan y toman porciones directamente de la mesa, mientras otros intentaban mantener el orden.
Algunos lograron llevarse comida, mientras que muchas personas que esperaban una entrega organizada terminaron yéndose sin probar el famoso matambre a la pizza.
El descargo de la parrilla: «Un sabor amargo»
Tras los incidentes, desde la Parrilla El Tano publicaron un mensaje en redes sociales lamentando lo ocurrido y agradeciendo a quienes participaron de la jornada.
Desde el local señalaron que durante gran parte del día el clima había sido positivo y familiar, aunque aseguraron que sobre el final “muchas personas comenzaron a descontrolarse”, lo que les dejó «un sabor amargo».
Además, denunciaron que hubo gente que no solo tomó comida antes de tiempo, sino que también se llevó elementos que formaban parte de la organización del evento.
“Detrás de esto hubo meses de trabajo y muchísimo esfuerzo”, expresaron desde el comercio, que cuestionó la falta de respeto hacia quienes trabajaban en el lugar y hacia las personas que aguardaban tranquilamente para recibir su porción. /Perfil