El can de raza pitbull de nombre “Conan”, se encontraba involucrado en una pelea con dos perros pertenecientes al acusado. El hombre, actuando con crueldad, agredió reiteradamente al animal asestándole múltiples golpes cortantes en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas de extrema gravedad.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga en la audiencia correspondiente al tratamiento de la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

En relación al primer punto, el representante del MPF relató los hechos intimados al encartado, consistentes en que el 24 de enero de 2026, a las 18:40 horas, en el barrio Toledo de la localidad de San Pablo, departamento Lules, provincia de Tucumán, en circunstancias en que el can raza pitbull de nombre “Conan”, se encontraba involucrado en una pelea con dos perros pertenecientes a agresor, fue que este, actuando con manifiesta crueldad y excediendo cualquier conducta razonable de separación o contención de los animales involucrados, procedió a agredir reiteradamente al can “Conan” mediante la utilización de un machete, asestándole múltiples golpes cortantes en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas de extrema gravedad, entre ellas lesiones cortantes en cabeza, lomo y extremidad delantera izquierda, ocasionándole un severo sufrimiento físico y produciéndole la muerte por desangramiento pocos minutos después.

El acusado por ese hecho fue imputado por parte de la acusación pública bajo la calificación jurídica provisoria de acto de crueldad animal en calidad de autor, imponiéndose medidas de menor intensidad en contra del imputado por el plazo de tres meses.

El mismo estará sujeto a una serie de medidas, entre otras, la promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; la obligación de fijar y mantener domicilio, la prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley; la obligación de permanecer a disposición del Tribunal y concurrir a todas las citaciones que se formulen; la prohibición de realizar cualquier acto de intimidación u hostigamiento en contra de la víctima, sea de manera directa o por intermedio de terceros, por cualquier medio, incluso tecnológicos y a través de redes sociales.

Mientras cumplía una condena previa por trata de personas en la Unidad N° 1 del Penal de Villa Urquiza, Walter Ayala dirigía desde su celda una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tucumán. Con teléfonos celulares prohibidos, coordinaba la captación de víctimas, administraba publicaciones en sitios de oferta sexual y controlaba las ganancias obtenidas por la red. Por estos hechos, la justicia federal lo condenó junto a Alejandra Galván, señalada como la encargada operativa de los departamentos donde funcionaba el circuito de explotación.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado en el que ambos imputados reconocieron su responsabilidad penal. La jueza Carina Farías impuso una pena de 12 años de prisión para Ayala y ocho años para Galván. Además, ordenó una reparación económica superior a los $130 millones destinada a las ocho víctimas identificadas durante la investigación.

La pesquisa estuvo encabezada por el fiscal federal Pablo Camuña, quien logró acreditar que Ayala continuaba manejando la estructura delictiva desde el interior del penal. Según se determinó, utilizaba celulares no autorizados para contactar mujeres en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales y luego publicaba sus perfiles en el sitio de oferta sexual Skokka, donde también definía los nombres ficticios que utilizarían.

En paralelo, Galván cumplía funciones clave fuera de la cárcel. De acuerdo con la investigación judicial, se encargaba de supervisar los departamentos utilizados para la explotación sexual en San Miguel de Tucumán, organizaba las sesiones fotográficas y videos de promoción y recaudaba el dinero generado por los encuentros sexuales.

La resolución judicial también dispuso una reparación económica considerada inédita por el monto fijado. El cálculo incluyó indemnizaciones por daño moral, lucro cesante y el recupero de las ganancias obtenidas ilegalmente por la organización criminal durante el tiempo que operó.

El caso volvió a poner bajo la lupa los controles internos dentro del Penal de Villa Urquiza, luego de comprobarse que uno de los principales condenados por trata de personas continuó liderando maniobras delictivas desde el interior de la cárcel.

En una audiencia celebrada este miércoles 20 de mayo, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por el fiscal Fernando Blanno y representada en esta ocasión por la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal, expuso los términos del acuerdo que posibilitó la suspensión del proceso.

Las maniobras con los plásticos olvidados

De acuerdo con la acusación penal, el primer hecho ocurrió el 12 de febrero de 2025, alrededor de las 12:30 horas, en la sucursal de Tarjeta Naranja ubicada en calle Congreso 32 de la capital tucumana. En ese momento, una clienta realizaba trámites en la terminal de autoconsulta y fue asistida por el imputado, en su carácter de empleado de la firma.

Al retirarse, la mujer olvidó su tarjeta de crédito. Juárez González aprovechó la situación, se apoderó del plástico y, durante diez días, realizó un total de 24 operaciones de compra en diferentes locales comerciales. Entre los movimientos se detectaron dos compras simuladas a su propio negocio a través del sistema de cobro «toque», registrado bajo el nombre «NARANJX DRINK MASTER». Mediante esta maniobra generó un perjuicio patrimonial de $2.153.104.

Apenas veinticuatro horas después, el 13 de febrero de 2025 a las 12:20 horas, el empleado repitió el modus operandi en la misma sucursal. Otra clienta olvidó su tarjeta de crédito tras recibir su asistencia en la terminal. El acusado tomó ilegítimamente el plástico y realizó ese mismo día una compra en el local McDonald’s por $4.300 y dos operaciones falsas de $230.700 cada una en su terminal «toque» de «NARANJX DRINK MASTER», sumando un perjuicio de $465.700. En ambos casos, las pérdidas económicas fueron asumidas finalmente por la empresa Tarjeta Naranja S.A.U.

Calificación y pautas de conducta

La Fiscalía encuadró la conducta del imputado en el delito de defraudación por el uso de tarjeta de crédito hurtada (dos hechos) en concurso real, en calidad de autor.

Al momento de fijar las reglas de conducta para conceder la probation, el juez interviniente hizo lugar a los requisitos planteados por el Ministerio Fiscal. El imputado deberá abonar la suma de $1.300.000 como reparación del daño ocasionado. Asimismo, tendrá la obligación de cumplir con tareas comunitarias con una carga de dos horas semanales en la Fundación Mate Cocido, ubicada en calle Lavaisse 3542 del barrio ATE. El cumplimiento de todas las medidas impuestas será supervisado de manera estricta por la justicia de ejecución durante el plazo de un año