Este miércoles 20 de mayo se llevó adelante una audiencia con motivo de exponer un acuerdo de juicio abreviado rubricado entre la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por Fernando Blanno, la acusada Nélida Patricia Rodríguez y su defensa técnica, con adhesión de la querella. La imputada, quien se desempeñaba como gerente de Administración del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), fue condenada como autora del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

La pena pactada entre las partes consistió en dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, sumado a la inhabilitación perpetua por haber revestido el carácter de empleada pública. Además, deberá cumplir reglas de conducta y realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público, tareas que llevará a cabo en la cooperadora del Hospital Avellaneda.

Consumos indebidos

Al momento de enumerar las pruebas reunidas durante la investigación, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás señaló que la acusada efectuó gastos personales utilizando fondos institucionales mediante una tarjeta corporativa del Banco Macro, vinculada a cuentas del organismo provincial. Entre los consumos detectados se registraron pagos en plataformas digitales, comercios de indumentaria, farmacias, servicios de entretenimiento, pasajes aéreos y transacciones internacionales sin relación con la actividad propia del Subsidio de Salud.

“La imputada, en razón de su cargo como gerente de Administración, tenía a su cargo la tarjeta corporativa vinculada a la cuenta del instituto. Dicho medio de pago había sido otorgado, de manera exclusiva, para que ella realice pagos institucionales”, sostuvo la representante del MPF. Asimismo, agregó que “se evidenció un abuso de confianza funcional por parte de la imputada” y remarcó que “no fue un episodio aislado de consumos irregulares, sino que fue sustentado en el tiempo”.
Por su parte, durante la audiencia imputada admitió su responsabilidad delictiva. Finalmente, la jueza interviniente declaró admisible y, en consecuencia, aprobó el convenio pleno de juicio abreviado.

La acusación

De acuerdo a la teoría fiscal, entre el 19 de junio de 2021 y el 24 de agosto de 2022, Rodríguez, valiéndose de su cargo de gerente de Administración del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), y teniendo bajo su poder y custodia una tarjeta corporativa del Banco Macro habilitada a su nombre y vinculada a una cuenta corriente del organismo, utilizó dicho medio de pago para efectuar consumos y gastos personales en distintos comercios y plataformas online.

La Fiscalía sostuvo que la tarjeta le había sido otorgada exclusivamente para realizar pagos a proveedores de bienes y servicios vinculados al funcionamiento institucional del Subsidio de Salud. Sin embargo, la acusada realizó gastos en beneficio propio por un monto total de $5.038.466,32 y US$ 1.356,67, ocasionando un perjuicio patrimonial al erario público.