La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió modificar su estrategia judicial y dejará de apelar las sentencias que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre los haberes jubilatorios. La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema de Justicia mantuviera durante años un criterio reiterado en favor de los adultos mayores que cuestionaron estos descuentos impositivos ante los tribunales. La medida quedó formalizada a través de la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo, documento que dispone que los representantes fiscales no presenten nuevos recursos extraordinarios y que, incluso, desistan de las apelaciones ya iniciadas que todavía no fueron resueltas.

Con esta nueva instrucción, el organismo recaudador definió que en los casos donde las cámaras federales ya vengan fallando a favor de los jubilados, los abogados del Estado deberán consentir esas decisiones respecto de la cuestión de fondo. Sin embargo, ARCA aclaró que continuará litigando en relación con los honorarios profesionales y las costas judiciales, con el objetivo de reducir los gastos procesales. Asimismo, la norma establece excepciones puntuales: la estrategia de no apelar no se aplicará cuando quienes impulsen la demanda carezcan de legitimación activa, como asociaciones o colegios profesionales, o cuando existan circunstancias particulares que permitan revertir el criterio judicial.

Esta resolución marca un hito en el ámbito previsional, ya que implica el reconocimiento de que la estrategia judicial sostenida hasta ahora no arrojaba resultados favorables para las arcas públicas. Cabe recordar que en el histórico fallo de 2019, la Corte Suprema había instado al Congreso de la Nación a avanzar en una legislación específica que contemple un tratamiento diferencial para los jubilados y pensionados. Al no haberse dictado hasta el momento una norma que modifique ese escenario de fondo, el ente recaudador optó finalmente por adecuar su actuación a la sostenida jurisprudencia vigente.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este martes al fuerte ajuste aplicado por el Gobierno nacional y alertó sobre las consecuencias que tendrá en áreas clave como salud y educación en la provincia.

Durante una rueda de prensa, el Primer Mandatario provincial señaló que “el presupuesto nacional ha sido reducido en $2 billones y medio” y remarcó: “no hay duda que a Tucumán le toca parte de la reducción y, fundamentalmente, en áreas sensibles”, afirmó.

En materia sanitaria, Jaldo explicó que existe preocupación entre las provincias tras la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), de la que participó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, en Buenos Aires.

“Se sacó el programa Remediar, por ejemplo, que son los medicamentos que venían para las personas que tenían largo tratamiento, algunos de carácter oncológico y otros vinculados a la diabetes”, sostuvo. Además, advirtió que muchos pacientes dependen de esos tratamientos de manera permanente.

El Gobernador también hizo referencia al impacto del ajuste en el sistema educativo. “Teníamos programas para mejorar ediliciamente nuestras escuelas, que hoy quedan sin efecto, y vamos a tener que intentar hacer con recursos provinciales”, expresó.

Jaldo aseguró que la reducción presupuestaria afecta a “los 24 distritos de la República Argentina”, en referencia a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Cada uno sabe cuáles son los ingresos y egresos que tiene, y el Gobierno nacional debe saber por qué toma esta medida, pero tiene que saber también que va a repercutir duramente en cada uno de los argentinos, vivan en la provincia que vivan”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Economía, Daniel Abad, detalló el impacto financiero que podría generar la quita de programas nacionales en materia sanitaria.

“Nos afecta básicamente en algunos temas, como, por ejemplo, salud, $8.000 millones al año. Todavía no lo han hecho, pero está anunciado que se van a suspender algunos programas de drogas importantes, como son las oncológicas y HIV”, explicó.

Sin embargo, el funcionario provincial buscó llevar tranquilidad a la población y aseguró que la Provincia mantendrá la cobertura. “Lo que puede quedarse tranquila la población es que nosotros no vamos a discontinuar ese programa porque estamos hablando de personas, no de números en una planilla Excel. A nosotros nos interesan las personas”, remarcó.

En relación con la situación financiera de Tucumán, Abad reconoció que el contexto económico es complejo debido a la caída de la recaudación, aunque afirmó que el Gobierno provincial mantiene el equilibrio en las cuentas públicas.

“Estamos aguantando porque estamos trabajando y administrando el presupuesto de la mejor manera que podemos. La recaudación sigue cayendo, pero nosotros nos estamos moviendo ahí, hay algunas restricciones”, señaló.

No obstante, garantizó la continuidad de las áreas prioritarias del Estado provincial. “Los servicios esenciales como salud, educación, seguridad y asistencia social están garantizados”, concluyó.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que el cepo cambiario para las empresas “llegó para quedarse”, al menos en el corto y mediano plazo, y adelantó que el organismo analiza nuevas herramientas para sostener el actual esquema financiero y monetario.

Durante una exposición pública, el titular del BCRA explicó que las restricciones para acceder al mercado de cambios continuarán vigentes para el sector corporativo, en medio de un contexto económico marcado por la escasez de reservas y la necesidad oficial de mantener el control sobre la salida de divisas.

Según sostuvo Bausili, el Gobierno considera que el sistema actual permitió ordenar parte de la macroeconomía y evitar una mayor presión sobre el dólar. En ese sentido, remarcó que “no están dadas las condiciones” para una liberación total del cepo para empresas.

El Banco Central analiza asistencia para compañías endeudadas

El funcionario también señaló que el organismo trabaja en mecanismos para asistir a empresas con problemas financieros y obligaciones pendientes en moneda extranjera. Entre las alternativas, se analiza la posibilidad de implementar herramientas para refinanciar pasivos y aliviar la situación de compañías consideradas “morosas”.

Las declaraciones del presidente del Banco Central generaron repercusiones en distintos sectores económicos y financieros, especialmente entre empresarios que esperaban una flexibilización más rápida de las restricciones cambiarias.

Actualmente, las compañías continúan enfrentando limitaciones para acceder libremente a dólares oficiales, girar utilidades al exterior o cancelar determinadas obligaciones financieras, en un escenario en el que el Ejecutivo busca priorizar la acumulación de reservas y sostener el equilibrio fiscal.