El can de raza pitbull de nombre “Conan”, se encontraba involucrado en una pelea con dos perros pertenecientes al acusado. El hombre, actuando con crueldad, agredió reiteradamente al animal asestándole múltiples golpes cortantes en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas de extrema gravedad.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga en la audiencia correspondiente al tratamiento de la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

En relación al primer punto, el representante del MPF relató los hechos intimados al encartado, consistentes en que el 24 de enero de 2026, a las 18:40 horas, en el barrio Toledo de la localidad de San Pablo, departamento Lules, provincia de Tucumán, en circunstancias en que el can raza pitbull de nombre “Conan”, se encontraba involucrado en una pelea con dos perros pertenecientes a agresor, fue que este, actuando con manifiesta crueldad y excediendo cualquier conducta razonable de separación o contención de los animales involucrados, procedió a agredir reiteradamente al can “Conan” mediante la utilización de un machete, asestándole múltiples golpes cortantes en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas de extrema gravedad, entre ellas lesiones cortantes en cabeza, lomo y extremidad delantera izquierda, ocasionándole un severo sufrimiento físico y produciéndole la muerte por desangramiento pocos minutos después.

El acusado por ese hecho fue imputado por parte de la acusación pública bajo la calificación jurídica provisoria de acto de crueldad animal en calidad de autor, imponiéndose medidas de menor intensidad en contra del imputado por el plazo de tres meses.

El mismo estará sujeto a una serie de medidas, entre otras, la promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; la obligación de fijar y mantener domicilio, la prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley; la obligación de permanecer a disposición del Tribunal y concurrir a todas las citaciones que se formulen; la prohibición de realizar cualquier acto de intimidación u hostigamiento en contra de la víctima, sea de manera directa o por intermedio de terceros, por cualquier medio, incluso tecnológicos y a través de redes sociales.

Cristian Emanuel Palacios, el ciclista de 43 años que recibió un disparo tras una discusión de tránsito en calle San Juan al 600,  fue contundente al relatar lo sucedido ayer al mediodía.  “Me apuntó a la cara y disparó sin decir nada”, sostuvo la víctima luego de recibir el alta médica en el hospital Centro de Salud.

Palacios, oriundo de Jujuy y radicado en Tucumán desde hace 20 años, contó que el episodio comenzó cerca de las 13.30, cuando se dirigía en bicicleta al colegio de su hijo.

Según su relato, circulaba por calle San Juan, antes de llegar a Muñecas, cuando pasó por el costado de un auto blanco. “Escucho un bocinazo, pero no lo llego a ver bien quién era porque había un colectivo adelante”, indicó.

Cuando se acercó a la ventanilla, advirtió que no lo conocía. “Ahí me reclamó por qué le rocé el auto, que le choqué el auto con la bicicleta. Le dije que no toqué ningún auto y que no le había rozado. Nunca pasó lo que él me reclamaba”, afirmó.

El ciclista sostuvo que el conductor comenzó a insultarlo. “Empezó a decirme que era un ‘negro de mierda’. Me molestó que me insulte. Me faltó el respeto y empezó una discusión”, señaló.

Palacios aseguró que el hombre iba acompañado por una niña que parecía ser su hija. “No le importó nada. Parece que estaba llevando a la niña al colegio”, dijo. También contó que vio el uniforme de la menor y que le pareció igual al de su hijo.

En medio de la discusión, según su testimonio, el conductor descendió del auto y sacó un arma. “En medio de la discusión, vi de frente el cañón. Era para que me dé en la cara o en la cabeza. Lo esquivé”, relató.

El hombre dijo que reaccionó cuando vio que el arma le apuntaba. “Vi el hueco del cañón, me agaché rápido y me hirió en el hombro”, explicó.

El ciclista también expresó preocupación por lo ocurrido después del ataque. “Me llamó mucho la atención que, cuando llegaron los policías, lo saludaron con la mano como compañeros, lo conocían y después lo detuvieron. Eso es lo que me preocupa”, manifestó.

Sobre el diagnóstico médico, señaló que deberá regresar para controles y curaciones. “Gracias a Dios, la bala no pasó por ninguna parte vital”, concluyó. / La Gaceta

Mientras cumplía una condena previa por trata de personas en la Unidad N° 1 del Penal de Villa Urquiza, Walter Ayala dirigía desde su celda una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tucumán. Con teléfonos celulares prohibidos, coordinaba la captación de víctimas, administraba publicaciones en sitios de oferta sexual y controlaba las ganancias obtenidas por la red. Por estos hechos, la justicia federal lo condenó junto a Alejandra Galván, señalada como la encargada operativa de los departamentos donde funcionaba el circuito de explotación.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado en el que ambos imputados reconocieron su responsabilidad penal. La jueza Carina Farías impuso una pena de 12 años de prisión para Ayala y ocho años para Galván. Además, ordenó una reparación económica superior a los $130 millones destinada a las ocho víctimas identificadas durante la investigación.

La pesquisa estuvo encabezada por el fiscal federal Pablo Camuña, quien logró acreditar que Ayala continuaba manejando la estructura delictiva desde el interior del penal. Según se determinó, utilizaba celulares no autorizados para contactar mujeres en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales y luego publicaba sus perfiles en el sitio de oferta sexual Skokka, donde también definía los nombres ficticios que utilizarían.

En paralelo, Galván cumplía funciones clave fuera de la cárcel. De acuerdo con la investigación judicial, se encargaba de supervisar los departamentos utilizados para la explotación sexual en San Miguel de Tucumán, organizaba las sesiones fotográficas y videos de promoción y recaudaba el dinero generado por los encuentros sexuales.

La resolución judicial también dispuso una reparación económica considerada inédita por el monto fijado. El cálculo incluyó indemnizaciones por daño moral, lucro cesante y el recupero de las ganancias obtenidas ilegalmente por la organización criminal durante el tiempo que operó.

El caso volvió a poner bajo la lupa los controles internos dentro del Penal de Villa Urquiza, luego de comprobarse que uno de los principales condenados por trata de personas continuó liderando maniobras delictivas desde el interior de la cárcel.