Proyectan la construcción de una fábrica modelo de ácido cítrico en Tucumán
El gobernador, Juan Manzur, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino. Hablaron del proyecto de construcción de una fábrica para procesar hasta 30 mil litros de jugo de limón que producirá ácido cítrico.
El gobernador, Juan Manzur, se reunió este lunes por la mañana con empresarios de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) y representantes de la empresa Inquinat, especializada en procesos industriales, para analizar un proyecto sobre la producción de ácido cítrico a partir de jugo concentrado de limón. La planta podría construirse en un plazo de 18 meses y procesar hasta 30 mil litros de jugo de limón.
El mandatario tucumano fue acompañado por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, y la diputada nacional e intendenta electa de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
La totalidad del ácido cítrico en Argentina, se trae importa del exterior y la propuesta que hacen nuestros empresarios es poner una planta para hacer la producción y fabricación total del ácido cítrico para Tucumán y todo el país”, detalló Manzur en diálogo con la prensa.
En ese sentido, se mostró conforme con el encuentro y aseguró que “el Gobierno de la provincia ayudará en todo lo que esté a su alcance para que este proyecto se transforme en una realidad”.
Por su parte, Pablo Padilla, presidente de Acnoa, expresó: “nos reunimos con el Gobernador para presentarle un proyecto sobre la producción de ácido cítrico a partir de jugo concentrado de limón, que ya tenemos avanzado y estamos en la última instancia para definir la instalación de una planta de producción”.
La propuesta, detalló el referente, “va a permitir un uso nuevo para el jugo concentrado de limón y para poder derivar los excedentes que hoy están afectando a los mercados donde comercializamos nuestro jugo”.
La planta, que podría ser instalada en los próximos 18 meses, tendrá la capacidad aproximada de procesar 30.000 toneladas de jugo concentrado de limón. “A partir de esta nueva tecnología que venimos desarrollando junto con la empresa Inquinat y con la Estación Experimental Obispo Colombres, creemos que estamos ante un nuevo hito de la actividad citrícola, en donde el jugo de limón no solo se va a continuar vendiendo como jugo de limón, sino que encuentra un nuevo mercado donde va a poder sostener las producciones de limón de Tucumán, sacando la sobre oferta de jugo en los mercados”.
“El Gobernador nos pidió todos los detalles técnicos y nos informó que va a declarar el proyecto de interés provincial; además, va a dar todos los apoyos, ya sea desde la parte impositiva y normativa para que esta actividad logre el desarrollo necesario lo antes posible y tengamos la planta de ácido cítrico funcionando en el corto plazo”, concluyó Padilla.
El director de Inquinat, David Granovsky, empresa dedicada al tratamiento de aguas, radicada en la provincia de Buenos Aires, explicó: “Nos dedicamos al tratamiento de aguas de aportes de efluentes y procesos afines. Por esta causa, estamos en Tucumán vinculados a la actividad citrícola, ya que las tecnologías usadas para el tratamiento de agua también pueden ser aplicadas a industrias que tengan vinculación con ello” y añadió: “Estamos colaborando con Acnoa para la implantación de sistemas de recuperación de ácido cítrico y azúcares orgánicos que luego pueden ser aplicados en otras etapas industriales. Es un valor agregado para esta actividad. Agradecemos haber sido convocados para este emprendimiento”.
En una sesión presidida por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán sancionó iniciativas vinculadas al fortalecimiento institucional y a la planificación de políticas públicas importantes para la provincia.
En primer lugar, el cuerpo parlamentario otorgó acuerdo a diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la cobertura de cargos vacantes en el ámbito judicial. Las designaciones se distribuyen en distintos Centros Judiciales y abarcan defensorías civiles, laborales y de niñez, adolescencia y capacidad restringida, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio.
En ese sentido, en el Centro Judicial Capital se aprobaron los pliegos de la Dra. Ana Ricco Falú, el Dr. Diego Javier Trabadelo, la Dra. Georgina Graciela Medina, la Dra. Marcela Eugenia De Mari y la Dra. María Alejandra Rodríguez; en el Centro Judicial Monteros, las designaciones corresponden a la Dra. María Alejandra Rivas y al Dr. Fernando Antonio Vera; mientras que en el Centro Judicial del Este se otorgó acuerdo al Dr. Juan Facundo Masaguer, la Dra. Marcela Alejandra Cardozo Sánchez y la Dra. Gabriela Sami.
En segundo término, la Legislatura avanzó en la creación de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica – Plan Integral de Prevención de Inundaciones, un espacio destinado a abordar de manera integral una problemática estructural que afecta a distintos puntos de la provincia.
La iniciativa establece la conformación de un ámbito de trabajo interdisciplinario integrado por legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, universidades, organismos técnicos y especialistas, con el objetivo de elaborar un diagnóstico actualizado de la situación hídrica, identificar zonas críticas y diseñar estrategias de prevención, mitigación y respuesta frente a eventos climáticos adversos.
Asimismo, la comisión tendrá como finalidad la elaboración de un Plan Integral de Prevención de Inundaciones, con propuestas concretas de política pública y un enfoque de planificación a mediano y largo plazo, incorporando herramientas técnicas, participación institucional y articulación entre distintos niveles del Estado.
Por último, el proyecto vinculado a la modificación de la Ley N° 9531 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán fue girado nuevamente a comisión para un análisis más amplio.
Al respecto, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la importancia de los temas abordados durante la sesión: “Dos temas importantes: por un lado, la aprobación de diez pliegos. Esto ayuda a que el Poder Judicial pueda contar con la dotación que necesita para funcionar. Todos los postulantes han pasado por los procesos previos, así que estamos muy satisfechos en ese sentido”.
En relación a la creación de la comisión hídrica, señaló: “Es una continuidad de un trabajo que ya se había iniciado en la provincia. Lo que buscamos ahora es completar el diagnóstico y avanzar en las obras que se necesitan. Desde la Legislatura vamos a brindar las herramientas y el diagnóstico necesario para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar el financiamiento y llevar adelante esas obras”.
Asimismo, remarcó el enfoque institucional del tema: “Con las inundaciones y con quienes las sufren no vamos a hacer política. Por eso pedimos que, más allá de las diferencias, trabajemos todos sin distinción de banderías para lograr soluciones que sirvan a todos los tucumanos”.
En ese sentido, explicó también que la normativa contempla la posibilidad de ampliar la integración del espacio de trabajo, ante el interés de distintos sectores en participar: indicó que existe la voluntad de sumar aportes técnicos y experiencias que puedan enriquecer el proceso.
Finalmente, valoró el consenso alcanzado en el recinto: “A pesar de las diferencias en el debate, la resolución fue aprobada por unanimidad, y eso es muy importante”.
Hubo nuevas amenazas de tiroteo en tres colegios tucumanos
Al menos tres instituciones educativas de Tucumán activaron este jueves sus protocolos de seguridad tras detectarse nuevas amenazas de tiroteo dentro de los establecimientos.
Al menos tres instituciones educativas de Tucumán activaron este jueves sus protocolos de seguridad tras detectarse nuevas amenazas de tiroteo dentro de los establecimientos. A través de comunicados dirigidos a las familias y la comunidad educativa, las autoridades confirmaron las denuncias, detallaron las medidas adoptadas y pidieron evitar la difusión de rumores.
Uno de los casos se registró en el colegio Santa Rosa, donde al mediodía apareció una inscripción en un baño del nivel secundario con la leyenda “tiroteo mañana 17/4”. Ante esta situación, el Comité de Crisis del establecimiento se constituyó de inmediato y dispuso la activación de los protocolos de seguridad, con refuerzo de la vigilancia interna y en los accesos.
Además, se dio aviso a las autoridades correspondientes y se realizó la denuncia policial. En paralelo, docentes y directivos iniciaron una investigación interna para intentar identificar a los responsables, al tiempo que dialogan con los alumnos para generar conciencia sobre la gravedad de este tipo de mensajes.
Desde la institución aclararon que las actividades continuarán con normalidad, aunque bajo un esquema de mayor control y seguimiento.
En el mismo sentido, el colegio María del Rosario informó a los padres que, tras detectarse escrituras con amenazas en los baños, se aplicará el protocolo establecido en el decreto firmado recientemente por el Gobierno provincial junto al Ministerio de Seguridad. También indicaron que, por el momento, no habrá suspensión de actividades.
Por su parte, en el colegio Monserrat, el Centro de Estudiantes se expresó a través de redes sociales para repudiar los hechos. En el comunicado, remarcaron que este tipo de amenazas atentan contra la convivencia, el respeto y los valores de la comunidad educativa, y pidieron reforzar el compromiso colectivo para sostener un clima de cuidado mutuo.
En todos los casos, las instituciones coincidieron en la necesidad de que las familias acompañen el proceso, conversando con los estudiantes sobre la seriedad de estos hechos y evitando la circulación de información no oficial que pueda generar mayor preocupación.
Acuerdo para reabrir una fábrica y garantizar setenta puestos de trabajo en la ciudad de Concepción
La fábrica había sido cerrada tras denuncias de vecinos por ruidos y olores derivados del proceso industrial, lo que generó un escenario de tensión en la ciudad.
En medio de un conflicto que combinó reclamos vecinales y medidas administrativas, el Gobierno de Tucumán intervino para encauzar una solución que permita la reapertura de una planta industrial en Concepción.
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el director de Comercio Interior, Manuel Canto, participaron de una reunión clave junto al intendente Alejandro Molinuevo y el empresario Juan Pablo Romero, titular del establecimiento que había sido clausurado.
El encuentro tuvo como eje central encontrar alternativas que compatibilicen la continuidad de la actividad productiva con el cumplimiento de las normativas vigentes y la convivencia con el entorno urbano.
La fábrica había sido cerrada tras denuncias de vecinos por ruidos y olores derivados del proceso industrial, lo que generó un escenario de tensión en la ciudad.
Desde el Gobierno provincial remarcaron la voluntad de intervenir para destrabar el conflicto. Canto señaló que la reunión permitió escuchar al empresario y poner a disposición herramientas estatales para avanzar en una solución. “La idea es que las empresas puedan desarrollarse, pero respetando las reglas y cuidando a la comunidad”, sostuvo.
Durante el diálogo se abordaron puntualmente los inconvenientes señalados por los vecinos, y se acordó avanzar con asistencia técnica especializada. Según se indicó, equipos de ingenieros y profesionales en medio ambiente acompañarán el proceso para garantizar que la producción se realice bajo condiciones adecuadas.
Por su parte, Romero destacó el respaldo institucional y confirmó que se alcanzó un entendimiento que permitirá retomar la actividad.
Entre las medidas adoptadas, mencionó la instalación de un sistema de filtrado con carbón activado para mitigar los olores y adecuarse a las exigencias planteadas.
El empresario también puso el foco en el impacto social de la reapertura, al señalar que la continuidad de la planta brinda estabilidad a unas 70 familias que dependen de esa fuente laboral. En ese sentido, remarcó la intención de sostener un vínculo equilibrado con la comunidad y evitar nuevos conflictos.
La intervención oficial busca, así, equilibrar dos demandas sensibles: la preservación del empleo y la producción en el interior provincial, y el respeto por las condiciones ambientales y la calidad de vida de los vecinos.
El caso deja planteado, una vez más, el desafío de articular controles efectivos sin desalentar la actividad económica.