Una investigación del Ministerio Fiscal permitió desarticular una presunta organización criminal que habría cometido estafas por más de $1.000 millones desde 2021. Este martes se realizaron allanamientos en distintos domicilios, se secuestraron elementos vinculados a la causa y cuatro personas fueron detenidas.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego Alejo López Ávila. Según la pesquisa, la organización funcionaba bajo la fachada de la firma Constru Servicios S.A.S. y habría utilizado una estructura integrada por socios, familiares y allegados para llevar adelante las maniobras.

En total, son 13 los hechos atribuidos a los integrantes de la presunta asociación ilícita. Entre los investigados se encuentra quien habría sido identificado como el líder de la organización y un efectivo de una fuerza nacional.

Las medidas judiciales fueron ordenadas por la Justicia a pedido de la Fiscalía y tuvieron como objetivo concretar las detenciones y secuestrar documentación, dispositivos y otros elementos que podrían resultar de interés para la investigación.

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Cómo funcionaba la presunta estafa

De acuerdo con la investigación, la banda ofrecía la construcción de viviendas bajo la modalidad “llave en mano” y también intervenía en operaciones vinculadas con la compraventa de lotes y vehículos.

A cambio, las víctimas entregaban importantes sumas de dinero en efectivo, moneda extranjera, automóviles, mercadería y derechos sobre inmuebles. Según la Fiscalía, los sospechosos sabían que no podrían cumplir con las obligaciones asumidas.

La organización habría ocultado su situación económica y la falta de titularidad sobre algunos de los bienes y terrenos que ofrecía. Para generar confianza, utilizaba la estructura comercial de la empresa constructora como respaldo frente a los potenciales clientes.

Los investigadores sostienen que los socios cumplían distintas funciones para mantener la apariencia de una actividad empresarial normal. A su vez, familiares y allegados habrían intervenido en el circuito financiero para dilatar los reclamos de las víctimas y sostener las maniobras.

Entre los delitos investigados figuran estafas reiteradas, estelionato, libramiento de cheques sin fondos y asociación ilícita.

Un policía de 23 años permanece internado en grave estado después de recibir un disparo de su compañero mientras ambos cumplían una guardia en San Miguel de Tucumán. La víctima, identificada como Nicolás Romano Albaca, fue operada de urgencia en el hospital Centro de Salud y continúa en una unidad de cuidados críticos, con lesiones en el páncreas, asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

El episodio ocurrió alrededor de las 0.50 de este martes 6 de octubre en una garita policial situada en Pasaje Charcas y Díaz Vélez, en la zona de El Bajo, a pocos metros de la Vieja Terminal. Por el hecho quedó aprehendido el agente Benjamín Díaz, quien manifestó que el arma reglamentaria se accionó accidentalmente mientras la manipulaba.

La intervención policial comenzó después de que vecinos alertaran a efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, ubicada en el Predio Ferial, sobre una persona que había recibido un disparo y estaba perdiendo sangre. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a Díaz, quien les relató lo que, según su versión, había sucedido momentos antes.

El agente explicó que se encontraba manipulando su pistola reglamentaria cuando se produjo el disparo que alcanzó a Romano Albaca. La posibilidad de que se haya tratado de un hecho accidental forma parte de la investigación y todavía debe ser esclarecida. Las autoridades policiales y judiciales buscan establecer las circunstancias precisas en las que se accionó el arma.

Ante la gravedad de la herida, el traslado al hospital se realizó en un móvil del Distrito Urbano, a cargo del subcomisario Cristian del Carril. El joven fue llevado al Centro de Salud, donde los profesionales que lo recibieron resolvieron intervenirlo quirúrgicamente de urgencia.

De acuerdo con la información difundida durante la mañana por el Ministerio de Salud de Tucumán, Romano Albaca ingresó al establecimiento con una herida de arma de fuego en el abdomen, sin orificio de salida. Tras la operación, quedó alojado en una unidad de cuidados críticos para continuar con la atención médica.

“Fue intervenido de urgencia y se encuentra en la unidad de cuidados críticos”, señalaron desde la cartera sanitaria. También se informó que presenta lesiones en el páncreas y que necesita asistencia respiratoria. Su estado es grave y el pronóstico permanece reservado.

Las autoridades sanitarias anticiparon que al mediodía se dará a conocer un nuevo parte médico sobre la evolución del efectivo. Esa actualización permitirá conocer su condición después de la cirugía y durante las primeras horas de internación.

Mientras se desarrollaba la atención de Romano Albaca, se desplegó un operativo en el sector donde ocurrió el disparo. Hasta la garita llegaron el director del Distrito Urbano, comisario inspector Luis Rodríguez; el subcomisario Sebastián Barrientos, de la Comisaría Seccional Primera, y personal de la Brigada Capital.

Díaz quedó aprehendido mientras avanzan las actuaciones para determinar su responsabilidad en el episodio. Su relato sobre una detonación involuntaria deberá ser contrastado con los elementos que reúna la investigación y con las pericias balísticas destinadas a establecer cómo se produjo el disparo.

El esclarecimiento del hecho requiere reconstruir qué ocurrió dentro de la garita mientras ambos efectivos se encontraban de servicio. Las circunstancias de la manipulación del arma y la forma en que se accionó son puntos centrales de la pesquisa, que deberá determinar si la evidencia coincide con la explicación brindada por el agente.

Por el momento, la información disponible mantiene abiertos dos aspectos del caso: la evolución médica de Romano Albaca y la determinación de las responsabilidades por el disparo. El joven continúa bajo atención en el Centro de Salud, mientras las autoridades trabajan para precisar lo sucedido durante la guardia de madrugada.

Una mujer de 36 años fue encontrada sin vida este lunes en el interior de su vivienda, ubicada en el paraje La Cañada, en Graneros. La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez y, por el hecho, fue aprehendido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 38 años. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción.

El episodio se conoció alrededor de las 12.10, cuando Jesús Alejandro Jerez, hermano de la víctima, se presentó en la comisaría local y pidió la presencia urgente de efectivos. Según relató, su hermana se encontraba sin vida dentro de su domicilio, situado frente a una escuela, y presentaba manchas de sangre en el cuerpo.

El hombre explicó que Yudith mantenía una relación de pareja con Pitali desde hacía aproximadamente 15 años y que ambos tenían una hija de 10 años. Al momento de su llegada, ni el hombre ni la niña se encontraban en la vivienda.

Los policías se trasladaron y constataron que una mujer se encontraba sin signos vitales en uno de los dormitorios. En la vivienda también estaba personal del CAPS de Graneros, que confirmó el fallecimiento.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima presentaba un golpe a la altura de la sien, que podría corresponder a un impacto o a un posible proyectil. 

A partir de esa situación, los policías preservaron el lugar y solicitaron la intervención de Infantería Sur. Al mismo tiempo, comenzaron a buscar al posible autor del hecho.

Durante la inspección de las distintas dependencias de la vivienda, los efectivos detectaron a un hombre escondido debajo de una cama. Según el informe, presentaba manchas pardo rojizas, por lo que fue aprehendido de manera preventiva.

Siempre de acuerdo con el reporte policial, el hombre manifestó espontáneamente que había cometido “un grave error” con el uso de un arma de fuego.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de Infantería para garantizar la custodia y el traslado del aprehendido hasta una dependencia policial de la Unidad Regional Sur.

La Policía comunicó el caso a la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción. El fiscal Carlos Sale dispuso que se mantuviera el resguardo y la protección del lugar. Además, ordenó que al aprehendido se le hicieran conocer sus derechos y se cumplieran las medidas de rigor antes de su alojamiento en una dependencia policial de la Unidad Regional Sur.