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Política

La semana que viene enviarán a la Legislatura un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, aseguró que el proyecto ya está listo y busca promover una gestión más transparente y abierta a la ciudadanía.

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Entre el lunes y martes de la próxima semana se enviará a la Legislatura de Tucumán el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.

Este proyecto tiene como objetivo promover la transparencia en las gestiones del Gobierno provincial y brindar a la ciudadanía acceso a información sobre el funcionamiento y actividades de cada organismo estatal.

«La semana que viene estaremos enviando ya a la Legislatura el proyecto del acceso a la información pública en la provincia«, expresó el gobernador Osvaldo Jaldo al  aclarar que «es un proyecto del Poder Ejecutivo, lo que no quiere decir que haya otros proyectos ya en la Legislatura y, seguramente, en el tratamiento se evaluará todo y los legisladores son los que tendrán la última palabra».

Por su parte, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, reveló que “el anuncio que hizo el Gobernador se ha concretado en una instrucción que me ha impartido de hacer un proyecto de ley de acceso a la información”.

En esa línea, confirmó que el proyecto ya está confeccionado. “Está evaluado y creemos que está en condiciones cuando el Gobernador decida de mandarlo a consideración de la Legislatura«, afirmó Pedicone de Valls.

«Esta ley de acceso a la información está pensada para abrir aún más, con una obligatoriedad que nace de la propia ley, de que cada organismo, cada repartición, cada poder del Estado pueda informar a la comunidad qué está haciendo, qué actividades tiene, qué licitaciones o convocatorias de adquisiciones hace, quiénes son sus miembros, qué funciones cumplen», explicó.

El proyecto de ley busca avanzar en la transparencia de la administración pública, promoviendo «una especie de democracia abierta al pueblo sobre las gestiones que hacen«, concluyó Pedicone de Valls.

Política

El comunicado de la UCR tras la irrupción en la oficina de Lousteau

Los miembros de la UCR exigieron «un rápido esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables».

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Los miembros de la Unión Cívica Radical (UCR) fueron sorprendidos durante este sábado, tras advertir la irrupción en sus oficinas, ubicadas en la calle Alsina 1786 de la Ciudad de Buenos Aires. Por esta razón, no dudaron en repudiar el hecho, entendiendo que el ataque apuntó puntualmente a Martín Lousteau -presidente del partido- dado que los malvivientes ingresaron sólo a su oficina, según los investigadores.

En este sentido, informaron: «El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical sufrió durante la madrugada de hoy el ingreso de al menos cinco personas que forzaron la oficina del presidente Martín Lousteau, rompieron muebles, computadoras, revolvieron carpetas, papeles y archivos y se fueron sin robar nada«.

En el comunicado, continuaron advirtiendo la posible identificación de los intrusos: «Estas personas que quedaron registradas en las cámaras de seguridad ingresaron por el edificio colindante alrededor de la 1.30 del sábado 2 de noviembre y se estima que estuvieron en nuestro edificio por espacio de una hora». Y detallaron: «Uno de los atacantes permaneció en la vereda como campana y los otros se dedicaron a revolver y romper todo lo que encontraron en las oficinas principales, dejando tiradas en el piso dos computadoras notebook, elementos de oficina y otros materiales de trabajo».

Finalmente, repudiaron «este ataque inédito a su principal sede partidaria» y exigieron «un rápido esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables», en pos de lo cual «ya realizó la denuncia judicial».

Contundente comunicado de la UCR tras la irrupción en la oficina de Martín Lousteau. (Foto: Minuto Uno)

Contundente comunicado de la UCR tras la irrupción en la oficina de Martín Lousteau. (Foto: Minuto Uno)

Además, en sus redes sociales, el partido compartió imágenes y videos de cómo quedaron las oficinas tras el inesperado ingreso de los delincuentes. En este sentido, los investigadores aseguran que la irrupción ocurrió pasada la 1 de la madrugada de este sábado, valiéndose de las cámaras de seguridad del lugar, con las cuales también intentan dar con los intrusos.

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Política

Presupuesto 2025: uno por uno, los ejes centrales de las negociaciones entre los dialoguistas y el Gobierno

Las transferencias a las provincias, el aumento a las Universidades, la ley de Financiamiento Educativo y las obras públicas son los principales puntos centrales de las negociaciones que realizaban por estas horas en el Congreso Nacional el oficialismo y bloques dialoguistas a fin de acordar el Presupuesto 2025

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Las transferencias a las provincias, el aumento a las Universidades, la ley de Financiamiento Educativo y las obras públicas son los principales puntos centrales de las negociaciones que realizaban por estas horas en el Congreso Nacional el oficialismo y bloques dialoguistas a fin de acordar el Presupuesto 2025.

La bancada de la Libertad Avanza tiene la intención de sancionar la denominada «ley de Leyes» en la Cámara de Diputados entre el 20 y 27 de noviembre, y tener dictamen de comisión a mediados de este mes, según indicaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.   Para cumplir esquema de trabajo, el oficialismo viene manteniendo reuniones con los bloques dialoguistas que están dispuestos a estampar su firma en el despacho de mayoría de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Las negociaciones entre la LLA, el PRO, MID, y la UCR se viene realizando desde los primeros días de octubre con reuniones semanales, pero ahora comenzaron a intercalar propuestas sobre las demandas que tiene cada fuerza política para respaldar el proyecto del Gobierno nacional.

Las conversaciones también incluyen a Innovación Federal y la Coalición Cívica y Encuentro Federal, pero aquí surge el problema que la bancada, que conduce Miguel Pichetto, quiere avanzar con un dictamen propio y eso complicaría al oficialismo para tener un despacho de mayoría.   

A este se suma que el Ejecutivo también deberá sentarse a conversar con los radicales disidentes agrupados en Democracia para Siempre, que tiene una docena de legisladores, pero siempre han sido muy críticos con la política oficialista.

En esas negociaciones que encara el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto al presidente de la comisión José Luis Espert, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los opositores amigables con la LLA piden una suba de transferencias a las provincias, aumento para las Universidades, obras públicas, y mantener la ley de financiamiento docente.

El oficialismo pone como condición para acceder a introducir cambios que se mantenga su política de superávit fiscal del gasto primario.   

Las negociaciones se realizan en paralelo con el Senado de la Nación, e incluso esta semana hubo una reunión entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, Guberman, los senadores oficialistas Ezequiel Atauche, y Bartolomé Abdala, con senadores de la UCR y Provincias Unidas.

Fuentes de la UCR plantearon que si el Gobierno no subsidiaria más el transporte del interior del país, el porcentaje del Impuestos a los Combustibles que se asignaba a esa partida se incorpore a la masa coparticipable para que las provincias asuman ese gasto.

También piden que ahora la AFIP no existirá y tendrá una estructura gerencial más pequeña piden que el 1,9 por ciento de la recaudación que se utilizaba para ese fin, también se incorpore una parte a la masa coparticipable.

Otro punto que están discutiendo para que las provincias que tendrán que hacerse cargo del transporte, educación con la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, es que el 1 por ciento de la recaudación destinado a ATN también se distribuya entre las provincias y la Nación.

Estas propuestas no solo fueron planteadas por la UCR, sino por otros bloques dialoguistas, de que si la Nación no ayudará no asistirá al transporte del interior -solo lo hará en el AMBA- que por lo menos que sume más fondos para que puedan hacerse cargos las provincias.

Otro de los reclamos de varias provincias será que se terminen las obras que ya están ejecutadas en un 80 por ciento, en especial aquellas vinculadas a grandes emprendimientos de infraestructura.

 Un tema candente de la negociación es el aumento de los recursos para las Universidades que es reclamado por todas las fuerzas opositoras, incluidos los aliados más cercanos que tiene el Gobierno como el PRO.

Sobre este punto, el Gobierno estuvo a punto de anunciar un incremento en las Universidades a cambio de disminuir los recursos destinados al financiamiento docente, pero no hubo acuerdo en este punto con el PRO.

El incremento a las Universidades iba a ser anunciada en una conferencia de prensa que luego el oficialismo suspendió.

El Consejo de Rectores, agrupados en el CIN, quiere que recursos por un total de 7,2 billones de pesos, y el gobierno estableció en el Presupuesto una partida de 3,8 billones de pesos, y todos creen que finalmente será de 5 billones de pesos.

Pero alcanzar ese monto se debe achicar los fondos asignados a otros destinos ya que el Gobierno señaló que «no se negocia el equilibrio fiscal» primario, con lo cual cada aumento debe ser compensado con la baja de otro gasto.

Por eso esta semana que no está previsto realizar ninguna reunión informativa, se buscará entre el oficialismo y los bloques dispuestos a acompañar al Gobierno, cerrar todos los acuerdos que permitan el 12 de noviembre emitir el respectivo dictamen de minoría.

La UCR, CC, y Encuentro Federal tienen otros reclamos que son más complejos para resolver como es que se incluya el aumento del 8 por ciento para los jubilados para compensar la inflación de enero como estaba en la ley vetada.

Fuentes parlamentarias creen que será más difícil acordar con el Gobierno cualquier reforma en los artículos sobre la actualización para los jubilados, que en los referidos a las Universidades.   También existen demandas de los bloques dialoguistas sobre las cajas previsionales, los fondos para cumplir con la ley de Bosques, que se mantenga la ley de Financiamiento Docente, y que se avance con el plan de obras que ya está avanzando en las provincias.

Otro punto que será motivo de debate es el de los gastos tributos que para el año 2025 alcanzan $27.025.062,8 millones, que equivale a 3,54% del PBI, de los cuales 3.321.123,9 millones corresponden a fondos de compensación, y el resto a exenciones impositivas como el caso de los jueces que no pagan ganancias.

Para el oficialismo es central que respalden la «ley de leyes» los bloques del PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, ya que la LLA solo tiene 39 legisladores propios.

Y otros aliados firmes como el MID-un desprendimiento del oficialismo-que tiene 3 miembros, 3 del Bloque Independencia, y uno de CREO.

Con estos aliados permanente alcanza los 44 legisladores con lo cual necesita unos 85 legisladores para alcanzar los 129 para abrir el debate y tener mayoría para aprobar cada artículo del proyecto que establece gastos y recursos del 2025.

Los acuerdos son entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas no solo son centrales para tener los votos en el recinto, sino para tener la mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ese organismo parlamentario tiene 49 diputados de los cuales, la LLA tiene 6 miembros y MID 2, el PRO 7; UCR 5; 2 Encuentro Federal; Democracia Federal 2; Innovación Federal 2; Producción y Trabajo 1; y 1 Coalición Cívica1; mientras que Unión por la Patria tiene 20 y la izquierda 1.

Para tener mayoría debe reunir al menos 22 firmas para tener un número superior a Unión por la Patria y la izquierda que vienen firmado juntos los dictámenes, aunque algunos bloques lo hagan en disidencia parcial.

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Política

La Nación ofrece saldar deudas con las provincias a cambio de bienes y empresas del Estado

Permitirá que el Ejecutivo nacional entregue tierras, rutas y otros bienes a los distritos para cancelar los pasivos.

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El Gobierno nacional anunció que este viernes publicará en el Boletín Oficial un decreto que creará el Régimen de Reparación Federal para comenzar a saldar las deudas de la Nación con las provincias.

Según explicó Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, en conferencia de prensa, para los distritos será opcional adherir y el Ejecutivo podrá entregar tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar los pasivos.

“En las últimas décadas, el centralismo creciente por parte de la Nación ha llevado a que las relaciones financieras y económicas entre el Ejecutivo y las provincias no sean tan ordenadas. El objetivo nuestro, y como lo viene planteando el presidente desde hace mucho tiempo, es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, dijo Catalán en la apertura de la conferencia.

El número dos de Guillermo Francos sostuvo que el régimen es un “borrón y cuenta nueva” entre los gobernadores y la Casa Rosada, para que “tengamos claras las compensaciones entre la Nación y las provincias, y las provincias también puedan conducir su propio destino”, según declaró.

El funcionario indicó que el nuevo régimen operará como una mesa de diálogo entre los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional.

De esta manera, el Ejecutivo se mostró abierto a que sean los propios gobernadores quienes propongan cómo resolver los pasivos. También se destaca que los distritos pueden tramitar a través del nuevo régimen solo las deudas que consideren necesarias, con el objetivo de unificarlas con aquellas que el Estado nacional mantiene con cada uno, para así negociar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas.

“Nosotros tratamos de no encorsetar y ser creativos en las herramientas que podemos utilizar. A modo de ejemplo se me ocurre, hoy hay empresas del Estado Nacional que están radicadas en provincias y que su principal actividad económica repercute también en el movimiento económico provincial”, indicó Catalán.

De esta manera, confirmó que pueden acordarse “transferencias de empresas, de acciones, rutas o tierras fiscales” que pueden ser “mejor explotadas por parte de las provincias” para concesionarlas en su beneficio.

Asimismo, detalló que los interlocutores de la mesa serán los Ministerios de Economía nacional y provinciales. Cada distrito “tendrá un plazo de 30 días hábiles para manifestar su voluntad de participar en este régimen, a partir de la entrada en vigencia del decreto”, informó Catalán, al tiempo que indicó que los gobernadores interesados “tendrán un plazo máximo de 60 para presentar la documentación que respalde la legitimidad de las deudas a incluir en este sistema de compensaciones”.

Por último, el decreto indicará que los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos serán cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo celebrado entre Nación y cada uno de los distritos participantes. Y deja abierta la puerta para que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional, las provincias o la Ciudad de Buenos Aires podrán cancelarlo con un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación.

“Debemos dar inicio a una nueva etapa federal en serio en la Argentina, ya que nuestra Constitución fija un régimen federal, pero desde hace tiempo las distintas gestiones de gobierno vinieron sosteniendo una práctica política unitaria”, agregó el vicejefe de Gabinete, para luego concluir que “se viene una etapa en la que debemos trabajar juntos, y que las provincias y la Nación tengan saneados sus números”.

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