Sin embargo, y a diferencia de otras oportunidades, se pudo lograr armonizar criterios. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la flamante senadora Patricia Bullrich y también la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello eran los que sostenían la necesidad de limitar los aportes que reciben los gremios.

Dicen, en los pasillos de la Rosada, que una encuesta de Zentric, sirvió como corolario del acuerdo alcanzado en el Gabinete. El estudio mostró que los 10 principales gremios manejan un flujo anual que ronda los u$s685 millones, originado en descuentos obligatorios aplicados sobre el salario formal, también a trabajadores no afiliados. En pesos, esa recaudación supera ampliamente el billón de pesos por año.
Para dar una idea, la nueva normativa prevé una reducción de ingresos a los sindicatos del aporte para las obras sociales a cargo del empleador de un 6%.

También una vez promulgada la ley, al mes siguiente se reducen los aportes patronales con destino a los subsistemas de seguridad social, al Fondo Nacional del Empleo, SIPA y Régimen de asignaciones familiares.
Consejo de Mayo

Este martes a partir de las 13.30, el jefe de gabinete, Manuel Adorni presentará el proyecto de ley definitivo de Modernización Laboral a los miembros del Consejo de Mayo integrado por Cristian Ritondo (Diputados); Carolina Losada (Senadores); Martín Rappallini (UIA); Gerardo Martínez (CGT) y por los gobernadores, Alfredo Cornejo. También participará por el Poder Ejecutivo, Federico Sturzenegger y, es de suponer, el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Despidos

En el mundo empresario, en particular en las pymes, la mayor preocupación que frena la contratación de un nuevo empleado pasa por los costos que las empresas deben afrontar al momento de despedir a un empleado. Uno de los mayores problemas, son las “exorbitantes” indemnizaciones que establecen algunos jueces.
La propuesta de Modernización Laboral clarificará “muchos elementos de la ley de Contrato de Trabajo que reducen la arbitrariedad del juez a la hora de establecer los montos indemnizatorios”, según precisó una alta fuente del Gobierno.

Al respecto, recordó que por iniciativa del oficialismo se sacaron las multas, pero los abogados laboralistas “contraatacaron” planteando “daños y perjuicios”.

La nueva norma contempla, de alguna forma, invertir la carga de la prueba y el trabajador deberá demostrar que efectivamente sufrió daños y perjuicios.

La expectativa de las autoridades nacionales también está puesta en el aumento del empleo que derivará –aseguran– de la adaptación de convenios que contemplen las diferencias regionales. Es decir, en aquellas zonas con menos desarrollo se establecerían salarios relativamente inferiores a las más evolucionadas. La estimación oficial es que, de esta forma, la ocupación podría subir hasta 17% en el noroeste del país.

Las autoridades prevén insistir en abrir la posibilidad de comprar tierras rurales a extranjeros. Se estima que esta restricción está demorando inversiones en el país por unos u$s5.000 millones. Citan, como ejemplo, el interés de inversores qataríes que desean invertir en tambos para exportar leche a los países árabes.

Mercado de seguros

La intención oficial es darle “un gran impulso a la actividad”, según fuentes de la Casa Rosada. En este sentido, señalan que el presidente Javier Milei es uno de los inspiradores de estas medidas a partir del convencimiento de que “cuantos más seguros privados haya, menos demandará la gente del Estado”.
Transporte fluvial

El Gobierno contempla insistir con la desregulación del transporte fluvial que fuera frenada por el Congreso. La estimación oficial es que la eliminación de trabas burocráticas y laborales permitiría reducir en 40% el costo de la marina mercante. Se contempla el uso de banderas extranjeras temporalmente y flexibilizaciones normativas para reducir costos operativos y atraer inversiones. Sin embargo, la iniciativa generó fuertes críticas de gremios por precarización laboral y la entrega del sector a empresas extranjeras.

Tratado de patentes

Uno de los pedidos que trascendió que habría efectuado Estados Unidos es el tema de patentes. Un requisito clave para avanzar en el acuerdo comercial y lograr la “pronta aprobación”.
Conocido por las siglas PCT (Patent Cooperation Treaty), es un acuerdo internacional gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que permite a inventores y empresas solicitar protección para sus descubrimientos en múltiples países a través de una única solicitud internacional.

Esta propuesta, que ya cuenta con media sanción del Senado, ha generado resistencias en distintos sectores, particularmente los laboratorios farmacéuticos nacionales.

Sin embargo, en el Gobierno consideran que “es absurdo que hoy, por ejemplo, un investigador del CONICET no pueda patentar en Argentina y tenga que ir a entregar su invención a un brasileño, a un chileno por la falta de una legislación que lo proteja”.

Agregan que al PCT adhieren todos los países del mundo con excepción de Argentina, Venezuela, Bolivia, Etiopía, Somalía, Afganistán e Irán.

La adopción del pacto permitirá, aseguran, el desarrollo de sectores como semillas, aunque en esta materia las autoridades están pensando en un esquema en el que los cambios normativos sean hacia adelante.

En el Gobierno señalan que, por cuestiones de confidencialidad, todavía no pueden dar detalles de la apertura comercial que realizará los Estados Unidos a exportaciones argentinas, pero se muestran confiados en que “significará un antes y un después para numerosas regiones que van a poder colocar sus productos en el principal mercado del mundo”.