La OEA aprobó por aclamación el apoyo a Argentina por Malvinas
La declaración reafirma una vez más la necesidad de que los Gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de soberanía. El canciller argentino Santiago Cafiero agradeció a sus pares la aprobación
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación una declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, que reafirma una vez más la necesidad de que los Gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de soberanía con el objeto de encontrar una solución pacífica a la controversia.
El canciller argentino Santiago Cafiero agradeció a sus pares la aprobación de la declaración, que fue presentada por el representante de Brasil en el marco del 51 período de sesiones de la OEA que se desarrolla desde el miércoles en Guatemala.
«Vengo apoyado por la voluntad y el sentimiento unánime del pueblo argentino a evocar la histórica solidaridad americana», sostuvo el canciller al participar en forma virtual de la Asamblea y manifestó que «la Cuestión Malvinas es un tema histórico y central para todos los argentinos».
En ese sentido, señaló que «nuestra Constitución Nacional así lo reconoce al establecer en su Cláusula Transitoria Primera que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».
«Se trata de un objetivo que trasciende a los gobiernos y constituye una verdadera política de Estado», expresó y dijo que en la misma «coincidimos todas las fuerzas políticas de mi país».
Cafiero señaló que «un reflejo de ello fue la creación, en agosto de 2020, por Ley 27558, del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, en el ámbito de la Presidencia de la Nación».
«Vengo apoyado por la voluntad y el sentimiento unánime del pueblo argentino a evocar la histórica solidaridad americana»Santiago Cafiero
«El paso del tiempo no ha debilitado la validez de nuestro reclamo ni la firmeza de nuestra convicción», advirtió el canciller argentino durante la sesión en la que numerosos países intervinieron reafirmando su apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido, entre ellos, los representantes de Brasil, Ecuador, Paraguay, México, Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Guatemala, Chile, Panamá y El Salvador.
Cafiero recordó que los Estados Miembros de la OEA «han construido un consenso histórico a través del compromiso asumido por su más alto órgano, esta Asamblea General, que declara que la Cuestión Malvinas constituye un tema de interés hemisférico permanente», y mencionó las «más de treinta resoluciones y declaraciones adoptadas en la OEA desde 1982».
Esas resoluciones y declaraciones, dijo, «reconocen la existencia de la disputa de soberanía sobre las Islas» e «insta a las partes a entablar negociaciones para resolverla por la vía pacífica».
«La usurpación británica, llevada a cabo en tiempo de paz y contraria al derecho internacional vigente en la época, representó un quebrantamiento de la integridad territorial argentina, y ha sido protestada desde entonces y hasta el presente sin interrupción, y nunca consentida por mi país», explicó el canciller en la sesión en la que Uruguay propuso aprobar por aclamación la declaración.
En ese sentido, señaló que «esto convierte a las Islas Malvinas en un territorio colonial, pero no en un pueblo colonizado» y dijo que los habitantes de las Islas «son una población trasplantada, y a diferencia de los casos clásicos de colonialismo en que un pueblo preexistente es víctima de la instauración de una dominación colonial, en la cuestión Malvinas no existe un pueblo sometido a subyugación, dominación o explotación por una potencia colonial».
«En 1965 mediante la adopción de la resolución 2065 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la Cuestión Malvinas fue caracterizada como un caso especial y particular de descolonización en el que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido que debe ser resuelta por negociaciones bilaterales teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas», manifestó el canciller en su exposición.
Asimismo, afirmó que «en razón de ello, ni la resolución 2065 (XX), que define la cuestión de las Islas Malvinas en el marco de las Naciones Unidas, ni ninguna de las resoluciones siguientes sobre la cuestión tanto en la Asamblea General como en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, contempla la aplicación del principio de libre determinación a la cuestión».
Cafiero, al finalizar su planteo, señaló que Argentina «ha expresado reiteradamente su disposición a dialogar con el Reino Unido» y «mantiene su firme voluntad de negociar para encontrar una solución pacífica a la disputa».
«Lamentablemente, persiste la negativa británica a restablecer el diálogo bilateral, contrariando no sólo las reiteradas resoluciones de la ONU y de la OEA sino también numerosos pronunciamientos de la comunidad internacional», advirtió.
En ese contexto, destacó que Argentina «aspira a que nuestra región sea reconocida como un ejemplo de paz y diálogo entre las naciones» y dijo que «para lograrlo es necesario encontrar una solución a la controversia de soberanía».
La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración del fondoBurford respecto del fallo de segunda instancia que benefició a la Argentina al anular la condena por US$16.000 millones por la expropiación de YPF. El pedido buscaba que todos los jueces de la Cámara de Apelaciones revisaran la sentencia.
Los demandantes originales, Eton Park y Petersen —financiados por Burford— cuentan ahora con un plazo de 90 días para intentar la última instancia disponible en la justicia estadounidense: solicitar una revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Analistas legales estiman que las probabilidades de éxito de ese recurso son escasas.
En su presentación trimestral a los accionistas, Burford Capital reconoció que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”. Por ese motivo, aunque agotará las vías judiciales en Estados Unidos, su estrategia principal apunta a trasladar el reclamo al arbitraje internacional ante el Ciadi, el tribunal administrado por el Banco Mundial.
Reacción del Estado y de YPF
Desde la Procuración del Tesoro confirmaron el rechazo y afirmaron que la decisión “constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”. Agregaron que el resultado es un hito para la defensa de los intereses del Estado y subrayaron la importancia de “sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”.
Horacio Marín, titular de la petrolera estatal, celebró la novedad en su cuenta de X: “Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4×4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas”.
El presidente Javier Milei también difundió la noticia: “Nuevo éxito en la justicia de Nueva York para YPF”. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el fallo como una “excelente noticia”.
La estrategia de Burford y el recurso arbitral
Mientras agota los recursos ante la justicia estadounidense, Burford confirmó que recurrirá al arbitraje internacional con base en los tratados bilaterales de inversión que la Argentina mantiene con España (por Petersen) y con Estados Unidos (por Eton Park).
La firma sostuvo que el arbitraje puede durar varios años —un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años— pero subrayó que dicho mecanismo “es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”, aludiendo a la sentencia original que ordenaba el pago de US$16.000 millones.
Además, Burford señaló que el 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversores y Estados presentadas contra la Argentina se habrían resuelto a favor de los inversores, dato que plantea la expectativa del fondo sobre la eficacia del arbitraje frente a controversias de esta naturaleza.
Jaldo y gobernadores plantearon obras y compensaciones a la tarifa eléctrica
Durante el encuentro realizado en el Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios plantearon la necesidad de avanzar con obras de infraestructura energética, vial y gasífera para la región, además de solicitar una compensación en las tarifas eléctricas para las provincias del NOA y NEA.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una reunión junto a los mandatarios del Norte Grande y el ministro de Interior, Diego Santilli, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Del encuentro también participó el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. Junto a Jaldo estuvieron presentes los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
Durante la reunión, los mandatarios abordaron una agenda vinculada a obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo del Norte argentino. En ese sentido, Jaldo explicó que se planteó la necesidad de avanzar con proyectos relacionados con el gas, la recuperación de rutas nacionales y compesaciones a la tarifa electrica.
“Coincidimos los gobernadores del NOA y del NEA en la importancia de concretar obras que tienen que ver con la energía, el gas y las rutas nacionales, fundamentales para sacar nuestra producción, mejorar la conectividad y reducir los riesgos que generan las rutas en mal estado”, afirmó.
Asimismo, el Gobernador remarcó el pedido conjunto realizado por Tucumán, Salta y Jujuy para concluir obras vinculadas al abastecimiento de gas de la región.
“Solicitamos que se termine la obra de reversión y otras que son indispensables para que el gas de Vaca Muerta llegue lo antes posible a nuestras provincias. Hoy es más difícil conseguirlo y a un costos mas elevados”, sostuvo.
Otro de los planteos realizados por Jaldo estuvo relacionado con la necesidad de implementar un esquema de compensación energética para las provincias del Norte, similar al beneficio que reciben las las provincias que registran bajas temperaturas.
“Así como existe una compensación a las tarifas para el gas en la Zona Fría, nosotros solicitamos que se realice una compensación a las tarifas de energía eléctrica en las provincias del Norte.
Finalmente, Jaldo indicó que se acordó continuar abordando con el Ministerio de Interior los planteos particulares de cada provincia, en el marco de una agenda de trabajo permanente entre las jurisdicciones y el Gobierno nacional.
«A la Argentina la sacamos adelante a través del diálogo, colaboración y acompañamiento reciproco entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales«, concluyó el mandatario.
El Gobierno reglamentó este lunes algunos cambios significativos correspondientes a la Ley de Modernización Laboral. Entre los puntos destacados del decreto 407/2026 que se publicó en Boletín Oficial se encuentran la registración del empleo, la negociación colectiva, el control de licencias médicas, los acuerdos de desvinculación, entre otros.
Esto repercute además en la implementación de esquemas digitales que promueven los sistemas electrónicos de notificación y comunicación entre empleadores, trabajadores y organismos estatales, y la simplificación de trámites.
El texto oficial recordó que la obligación de registrar trabajadores se cumple mediante los sistemas habilitados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que, a partir de esta publicación,» los empleadores ya no tendrán que llevar los libros laborales (artículo 52 de la LCT) en soporte físico ni digital». El sistema digital del mencionado organismo centralizará las altas, bajas y las modificaciones de los datos laborales, lo que quedará a disposición de los organismos y entidades de trabajo y seguridad social.
En cuanto a los acuerdos extintivos de la contratación laboral por mutuo acuerdo (artículo 241), la autoridad administrativa deberá verificar la legalidad del acto, la inexistencia de vicios y la adecuada composición de intereses, según los parámetros del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Otro de los cambios centrales alcanza al control de enfermedades del trabajador (artículo 210). Según el decreto, las prescripciones médicas que incluyan reposo “deberán ser emitidas electrónicamente mediante sistema de información o plataforma digital” en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias, y firmadas por profesionales habilitados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud. Si existe una discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico efectuado por el empleador, las partes podrán recurrir a una junta médica oficial o al dictamen de institutos públicos o privados de reconocida trayectoria.
El Poder Ejecutivo también dispuso reglas sobre la documentación laboral y, en particular, sobre el recibo de haberes. La reglamentación exige que los recibos de haberes contengan información clara y comprensible. El empleador deberá detallar el costo laboral total, los conceptos involucrados en la relación y el monto final percibido por el trabajador.
Para los trámites jubilatorios, se estableció la obligación a ANSES de notificar a los empleadores y agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud sobre el inicio y la finalización del procedimiento.
Uno de los aspectos es el nuevo marco para las Empresas de Servicios Eventuales. El decreto reemplaza la normativa anterior, que había quedado desactualizada, y establece criterios de funcionamiento más flexibles y proporcionales. La exigencia de garantías se adecuará a la cantidad de trabajadores y a la dimensión de la empresa, eliminando rigideces que dificultaban la operación de empresas pequeñas y medianas.
En materia de negociación colectiva, el Gobierno definió que serán considerados vencidos los convenios cuyo plazo original ya haya expirado. En tanto, las asociaciones de empleadores y cámaras empresarias estarán legitimadas para participar en negociaciones colectivas si acreditan representación suficiente en el ámbito personal y territorial correspondiente, que no podrá ser inferior al 10 % de los trabajadores comprendidos. Si la convención aplica en más de una jurisdicción, la autoridad podrá admitir hasta dos representaciones adicionales del sector empleador.
La reglamentación también modifica el régimen sindical. Según el decreto, los cuerpos directivos de asociaciones sindicales deberán guardar una proporcionalidad razonable con el número de afiliados cotizantes; la autoridad de aplicación verificará nóminas con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y otras bases públicas; y, en casos de superposición de personería gremial, la asociación que la pretenda deberá superar a la que ya la posee por al menos un 5 % adicional de afiliados cotizantes.
La norma fijó además un plazo de 30 días para que la Secretaría de Trabajo convoque a los gremios para renegociar convenios colectivos vencidos, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá adaptar en 120 días sus sistemas para absorber la registración laboral del sector de la construcción.