El debate por la readecuación de la tarifa del transporte público en San Miguel de Tucumán atraviesa un momento de parálisis  debido a la marcada falta de consenso entre los concejales para convalidar un nuevo incremento.

Al término de una reunión de la Comisión de Transporte este miércoles, el cuerpo decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes para intentar unificar criterios, bajo un clima de profunda desconfianza hacia el estudio de costos presentado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

Por el momento, los ediles no consideran necesario reunirse con los empresarios, argumentando que aún no cuentan con datos internos «duros» de las firmas que permitan avalar con seriedad el ascenso en el precio solicitado.

El concejal José María Franco, presidente de la Comisión (foto inferior), fue tajante respecto a la situación interna del parlamento municipal: “No hay consenso en este momento, está costando lograr un acuerdo, lograr una misma voz para poder dar un dictamen”. Esta disidencia se extiende tanto a la comisión como al resto del cuerpo deliberativo, debido a la complejidad de la crisis económica y la disparidad de visiones sobre cuánto puede soportar el bolsillo del usuario.

En este escenario, Franco descartó de plano que la tarifa llegue a los $2400 pretendidos por el sector empresario: “No creo que llegaría a ese monto”. El edil explicó que, de otorgarse un ajuste, el mecanismo de medición no será el propuesto por AETAT, sino uno basado en la variación inflacionaria interanual según indicadores oficiales del INDEC.

Esta falta de definiciones legislativas se produce en un marco de extrema tensión gremial. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) otorgó una tregua hasta el 9 de junio tras gestiones directas del gobernador Osvaldo Jaldo. El gremio resolvió no avanzar con medidas de fuerza inmediatas a la espera de que las empresas cumplan con el pago total de los salarios de mayo y el aguinaldo entre el 9 y 10 de junio, compromiso asumido por los empresarios con respaldo de la Provincia.

Uno de los puntos de mayor fricción radica en el estudio de costos que sustenta el pedido empresario. El concejal Franco advirtió que la comisión no puede otorgar “severidad” a dicho documento porque carecen de información fáctica. “Hay números que no sabemos de dónde salen porque no tenemos información interna de las empresas”, sentenció, y adviritió que muchas firmas se niegan a facilitar el 100% de sus datos a la Secretaría de Movilidad Urbana.

Para los concejales, el análisis actual de las empresas es teórico y no refleja la realidad operativa individual: “El estudio de costos no relata aumento de costos. El estudio lo que plantea es una empresa ideal; nosotros no podemos dar verdadera severidad de que esté bien hecho”. Por este motivo, el edil reiteró que no está previsto citar a los dueños de los ómnibus por ahora, ya que prefieren trabajar sobre los expedientes y datos oficiales antes que en encuentros personales.

Más allá de la coyuntura del precio del boleto, Franco realizó una profunda crítica estructural al sistema de transporte, al que calificó como obsoleto frente a las nuevas formas de movilidad, como las aplicaciones digitales y el aumento de vehículos particulares. El concejal advirtió que insistir con el esquema vigente desde la década del 60 es inviable: “Por más que acá haya envío de pliegos, el sistema sigue siendo el mismo, la crisis va a ser la misma con cualquier empresario”.

Bajo esta mirada, el referente del justicialismo instó a una “reconversión del sistema” aprovechando la oportunidad histórica de plantear una mejora real en la calidad del servicio. Mientras tanto, la atención se traslada al próximo lunes, día en que los concejales buscarán quebrar la falta de consenso para definir un número que, según Franco, debe servir para mantener la actividad sin asfixiar a los usuarios.