Se transformó en demanda penal una denuncia pidiendo la impugnación del acta de cambio de autoridades de Canal 10
Esta es la segunda causa, que en 45 años como funcionario en la UNT, pone en la mira de la justicia al secretario Académico de la casa de altos estudios, José Hugo Saab.
El fiscal federal Gustavo Antonio Gómez transformó en demanda penal la denuncia de un presunto fraude en la firma del acta de cambio de autoridades de Canal 10, integrada por José Hugo Saab,Rodolfo Burgos y Leandro Díaz. La demanda había sido presentada por Ingrid Lausberg, la representante del Poder Ejecutivo de la Provincia en el directorio de la emisora.
La presentación de la demanda se formalizó hace una semana y fue patrocinada por el letrado Oscar López, quien denunció al rector de la UNT, Jorge Pagani, al secretario Administrativo, José Hugo Saab y al Consejo Superior por los delitos de violación a los deberes y obligación de funcionarios públicos, encubrimiento agravado y cohecho, por omisión y actuar, en comisión de los delitos de : fraude en perjuicio de la administración de la UNT, SAPEM UNT, Provincia de Tucumán, Canal 10, por administración fraudulenta, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, falsificación ideológica del instrumento público y/o los que surgieren de la investigación.
Cabe señalar que hace unos días el fiscal Federal Gustavo Gómez, en declaraciones periodísticas adelantó que se investigará «si hubo un delito y si hay responsables, deberán pagar con la pena prevista en el Código Penal. en su artículo 292 y 296 ( falsificación del instrumento público, y el uso del instrumento público)».
Esta sería una segunda causa que involucra al secretario de la casa de altos estudios, José Hugo Saab, quien es funcionario universitario desde hace 45 años (1983), ya que la reactivación de otra causa por presunto desvíos de dineros, se produjo hace más de cuatro años, por el manejo de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y la falsificación de la construcción de la gran Ciudad Universitaria de San Javier.
De esta manera Saab quedó nuevamente bajo la lupa, por la presunta firma apócrifa para habilitar un enroque en el directorio «del Canal de Todos los Tucumanos«. Allí, se sostiene que todos los designados estaban presentes, cuando habría sobradas pruebas de Rodolfo Tercero Burgos se encontraba en ese momento en Europa.
Existe la presunción que el 13 de marzo de 2023, el secretario Académico habría puesto una firma al Acta de Asamblea de Clase Accionista Clase B Universidad Nacional de Tucumán donde se designó al ingeniero Leandro Díaz como presidente del directorio de Canal 10 y al abogado Rodolfo Tercero Burgos como director. «Estando presentes los designados, aceptan los cargos mencionados«, se lee en el acta que habría sido falseada, ya que estaría comprobado que Burgos se encontraba en esos momentos en España. Inclusive, en el marco de la causa por presunto abuso sexual de su hija menor de edad, se ha requerido a la Cámara Penal Conclusional de Tucumán que se eleve un pedido de captura internacional.
Cabe aclarar que Canal 10 es una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado provincial (SAPEM): el 70% de sus acciones corresponden a la UNT, mientras que el 30% restante son propiedad del Gobierno de Tucumán.
Ingrid Lausberg, representante del Poder Ejecutivo provincial, fue quien denunció ante la Justicia Federal un «enroque» de directores: la denuncia recayó en el Juzgado Federal Nº1 a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez.
Ante estas denuncias, Saab hace unos días esbozó una defensa mediática asegurando que «aquellos que hablan mal de un funcionario, en este caso de mi persona, están hablando mal de 100.000 personas que transitan los pasillos de la Universidad Nacional de Tucumán: tenemos 82.000 estudiantes, más de 10.000 docentes y no docentes«, subrayó en una entrevista. en un programa que se emite por ese canal
«La Universidad Nacional de Tucumán ha sido catalogada entre las cinco mejores del país. Nosotros los universitarios nos sentimos orgullosos de nuestra institución. Esto no significa que cualquier ciudadano común y con buenas intenciones nos marque, seguramente, los muchos errores que tenemos, como funcionarios cometemos errores y tenemos la capacidad de saber escuchar y revertir el rumbo si es que éste no es el correcto«, sostuvo entonces.
La denuncia
Se requirió la impugnación del acta ante el Juzgado Federal de Tucumán,: «Vengo a impugnar ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA CLASE “B” UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, de fecha 13 de marzo de 2023, en su punto 2 del orden del día, conforme dicha resolución expresa:…”Respecto del segundo punto del orden del día, se resuelve designar al Ing. Leandro Rául Diaz D.N.I. 13.***.*** como Presidente del Directorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo DECIMOSEXTO del Estatuto y al Abogado Rodolfo Tercero Burgos D.N.I. 20.***.*** como Director. Estando presentes los designados, aceptan los cargos mencionados” solicitando, se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la misma por CARECER DE LOS REQUISITOS DE VALIDEZ que dispone el Estatuto de la S.A.P.E.M. y la Ley de Sociedades 19.550. Asimismo, solicito SE DICTE MEDIDA CAUTELAR ordenando la correcta aplicación del ARTICULO DECIMOSEXTO DEL ESTATUTO de la S.A.P.E.M«.
Según Lausberg, «en fecha 16 de marzo, el director Leandro Díaz, me informa verbalmente que, por disposición del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, fue designado Presidente del Directorio de la S.A.P.E.M. TELEVISORA DE TUCUMÁN alegando como motivo de esta decisión, la ausencia del Presidente del Directorio, el Dr. Rodolfo Burgos. Ante la informalidad con la que me notificara de esta resolución, solicité al departamento administrativo de la empresa, me enviaran copia de la misma. Ante reiteradas peticiones, la referente del área administrativa, CPN Carolina Ferreira me envía vía mail copia de la misma en fecha 20 de marzo, es decir, siete días después de la fecha de celebración de reunión asamblearia, conforme el acta que se impugna, lo expresa», dijo.
«Tal como el Ingeniero Leandro Díaz lo mencionara y como circula en diferentes medios de comunicación, esta irregular designación surge como motivo del viaje del Presidente del Directorio, Dr. Rodolfo Burgos a Europa. En virtud del marco jurídico vigente, me eximo de probar hechos que son de público conocimiento ya que han sido difundidos por la prensa», acotó la funcionaria.
Además, «de este viaje y consecuente ausencia del representante máximo del directorio, no se informó, ni tampoco el director Burgos, dio aviso de su ausencia, ni obra pedido de licencia alguna. Para dar cabal veracidad a los extremos que manifiesto, solicito al Sr. Juez, oficie a la Dirección Nacional de Migraciones a los efectos de que informe salidas y entradas del país de RODOLFO TERCERO BURGOS D.N.I. 20.***.*** desde el 10 de marzo al 27 de marzo del corriente año», solicitó Lausberg.
Ante este cuadro, requirió se declare la nulidad de la misma: “Esta irregular designación surge como motivo del viaje del presidente del directorio, Dr. Rodolfo Burgos a Europa. En virtud del marco jurídico vigente, me eximo de probar hechos que son de público conocimiento ya que han sido difundidos por la prensa. De este viaje y consecuente ausencia del representante máximo del directorio, no se informó, ni tampoco el director Burgos dio aviso de su ausencia, ni obra pedido de licencia alguna desde el 10 de marzo al 27 de marzo del corriente año
«El acta que se ataca, firmada por la primera autoridad administrativa de la Universidad Nacional de Tucumán, el Secretario General José Hugo Saab, se entiende que fue consentida por el Sr. Rector Ing. Sergio Pagani, lo que significa, desde el punto de vista político, impedir ilegítimamente mi asunción como Presidente interina hasta tanto retorne el Presidente luego de esta subrepticia ausencia. Además, pongo en conocimiento de V.S. que estuve presente el día 13 de marzo en la sede de la SAPEM sito en Av. Aconquija 729 tal como se puede constatar y allí no se encontraban ni el director Díaz ni el Director Burgos. En virtud de ello, requiero se oficie a la empresa Aerolíneas Argentinas a efectos de que informe vuelos desde Tucumán tomados por los Sres. RODOLFO TERCERO BURGOS DNI 20.***.***, LEANDRO RAUL DIAZ DNI 13.***.*** y JOSÉ HUGO SAAB DNI 16.***.*** entre los días 12 a 14 del mes de marzo del corriente año. Por la gravedad institucional que este asunto refiere, solicito se oficie con habilitación de días y horas«, manifiesta la demanda ante sede judicial Federal.
Ciudad Universitaria
El fiscal federal general Gustavo Gómez, subrogando al fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Pablo Camuñas, reactivó hace un tiempo atrás, la causa por presunta defraudación de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y por el presunto desvío de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que ingresaban a las arcas de la Casa de Altos Estudios y pidió la detención de los procesados exrector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos y la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, ex vicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT en el marco de la denuncia por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Javier Milei confirmó su intención de buscar la reelección en 2027
Durante la inauguración de una muestra histórica en el Museo de la Casa Rosada, el Presidente ratificó sus planes electorales y trazó paralelismos entre su programa económico y el legado de Manuel Belgrano.
El presidente Javier Milei ratificó su voluntad de competir por un segundo mandato en las elecciones previstas para 2027. La confirmación tuvo lugar este fin de semana en el Museo de la Casa Rosada, durante el acto de apertura de la muestra titulada Belgrano, la revolución de las ideas, desarrollada en el marco de la Noche de los Museos. Ante el auditorio, el mandatario despejó las dudas sobre su continuidad política y afirmó con énfasis que se encuentra trabajando en pos de su reelección.
El evento contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del senador bonaerense Diego Valenzuela, quien estuvo a cargo de la curaduría de la exposición. Esta actividad marcó la primera participación del jefe de Estado en este tipo de jornadas culturales desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023. La muestra, abierta al público con entrada gratuita, se propone rescatar las facetas menos exploradas del prócer nacional, enfocándose en su rol como intelectual, economista y su visión previa a la Revolución de Mayo, más allá de su figura como militar o creador de la bandera.
Un programa económico inspirado en el prócer
Durante su discurso, el Presidente utilizó la figura de Manuel Belgrano para sustentar los pilares de su actual política económica. Milei describió al prócer como el primer economista moderno del Río de la Plata y un pionero en la difusión de ideas liberales, destacando su oposición histórica al monopolio y su defensa del comercio, la propiedad privada y el mérito. Según el mandatario, el pensamiento de Belgrano se alinea con los objetivos de desregulación y apertura que impulsa su administración.
En ese sentido, el Ejecutivo nacional contrastó los resultados de su gestión con el modelo aplicado por el gobierno anterior. El Presidente sostuvo que la Argentina había experimentado un empobrecimiento sistemático debido a una tendencia al aislamiento comercial. De acuerdo con sus datos, el país pasó de comerciar con el 10% del planeta al inicio de su mandato a un 30% en la actualidad, gracias a la firma de diversos acuerdos internacionales. La meta fijada por el gobierno es alcanzar un nivel de integración global del 90% para 2031, lo cual iría acompañado de una política de reducción impositiva destinada a devolver a los contribuyentes sumas equivalentes a la deuda total del Estado.
Perspectivas y gestión
El jefe de Estado defendió las medidas de desregulación adoptadas en los últimos meses, citando como ejemplos la eliminación del denominado barril criollo, la modificación de la ley de glaciares y la derogación de la ley de alquileres. Según el Presidente, estas acciones forman parte de un plan integral que busca fomentar la producción y el crecimiento económico. Al cerrar su intervención, reiteró que la hoja de ruta para los próximos años consiste en profundizar este esquema de libertad económica, bajo la consigna de retomar las ideas que, a su entender, representó originalmente el creador de la bandera.
La muestra presentada se encuentra disponible en el Museo de la Casa Rosada y busca ampliar el conocimiento histórico sobre el prócer, evitando reducir su figura a la estatuaria tradicional. A través de este espacio, la administración nacional pretende reforzar la narrativa de su programa de gobierno, vinculándolo con los orígenes del pensamiento liberal en el país, mientras establece las coordenadas políticas que guiarán la gestión hacia el próximo proceso electoral.
Causa $LIBRA: dos alternativas judiciales buscan reabrir la investigación sobre presunta estafa
Planteos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de un grupo de inversores damnificados intentan revertir el sobreseimiento de los once imputados, entre quienes se encuentran Javier Milei y Karina Milei.
El proceso judicial iniciado para determinar responsabilidades en la presunta defraudación vinculada a la criptomoneda $LIBRA mantiene abiertas dos instancias legales para evitar su archivo definitivo. Pese a la postura del fiscal Eduardo Taiano, quien impulsó el sobreseimiento de las once personas investigadas —entre ellas el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—, existen recursos en trámite que buscan reactivar la recolección de pruebas.
El expediente se concentra en presuntas maniobras vinculadas al lanzamiento y promoción del activo digital. Ante la decisión fiscal de dar por terminada la pesquisa, surgieron dos vías procesales diferenciadas: por un lado, la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas con el fin de asumir la acción penal; por el otro, la solicitud de inversores particulares que buscan recuperar su condición de parte querellante.
El pedido de la fiscalía anticorrupción
La primera alternativa corresponde a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez. El organismo presentó a finales de octubre un escrito ante el Juzgado Federal N° 8 para objetar la decisión de Taiano de desvincular a los imputados y archivar las actuaciones.
En su presentación, la procuraduría especializada calificó el cierre como prematuro y sostuvo que la investigación no se encuentra agotada. Desde su óptica, el expediente todavía requiere la realización de diligencias clave, tales como peritajes técnicos sobre dispositivos electrónicos, el análisis exhaustivo de las comunicaciones entre las personas investigadas y la reconstrucción de la trazabilidad de las operaciones financieras ejecutadas con la criptomoneda. El organismo remarcó además que los elementos reunidos hasta la fecha exhiben señales compatibles con una concertación defraudatoria, por lo que solicitó continuar con la instrucción penal.
La respuesta del fiscal del caso
La pretensión de la procuraduría fue rechazada por el fiscal Taiano mediante una presentación formal realizada el 11 de noviembre. El representante del Ministerio Público Fiscal ratificó su posición inicial en favor de los sobreseimientos y defendió el cierre de la causa al considerar que la intervención de la procuraduría resultaba desacertada.
Taiano cuestionó que el organismo hubiera tenido acceso a los pormenores de las actuaciones y señaló que los fundamentos esgrimidos por Rodríguez se apoyaban en afirmaciones antojadizas, más cercanas al estilo de un debate televisivo que a las constancias reales del expediente. La resolución de este conflicto de criterios se encuentra ahora bajo análisis del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. En caso de que el magistrado no haga lugar al reclamo de la procuraduría, el organismo ya interpuso una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal evalúe la situación.
El reclamo de los inversores damnificados
La segunda alternativa procesal está encabezada por un grupo de inversores que denuncian haber sido perjudicados económicamente por la operatoria del activo digital. Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido apartados del expediente por disposición judicial luego de un planteo promovido por Mauricio Novelli, uno de los señalados como creador del proyecto promocionado en su momento por Milei.
Frente a esa exclusión, los abogados de los damnificados recurrieron a instancias superiores. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió a principios de noviembre la revisión del apartamiento de estos cinco denunciantes. Asimismo, el tribunal habilitó el tratamiento de un reclamo semejante presentado por dos damnificados de origen bielorruso que también pretenden intervenir en el expediente.
Esta determinación del tribunal de Casación no implica un reingreso automático de los particulares a la causa. No obstante, abre la posibilidad de que, si obtienen un pronunciamiento favorable, puedan volver a actuar como querellantes legítimos. Desde ese rol procesal, los inversores quedarían facultados para recurrir los sobreseimientos dictados y proponer la producción de nuevas medidas probatorias en el expediente.
Paula Omodeo iría como vice de Catalán y Roberto Sánchez sería el candidato por LLA en Concepción
El anuncio, que se realizaría el próximo martes, definiría el acuerdo en Concepción para evitar una competencia entre Sánchez y el actual intendente, Alejandro Molinuevo, que también forma parte del espacio libertario.
La Libertad Avanza prepara un anuncio para este martes. En una conferencia de prensa, Lisandro Catalán presentaría el esquema electoral que negocia para 2027: Paula Omodeo iría como candidata a vicegobernadora y Roberto Sánchez sería el postulante a intendente de Concepción.
El anuncio formalizaría un acercamiento entre Catalán y la exdiputada, cuya relación política había quedado rota en septiembre, cuando ella, Sebastián Murga y Gustavo García dejaron de integrar el grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza tras una discusión interna.
El resurgimiento de Omodeo habría sido impulsado por la Casa Rosada.
Como diputada, Omodeo tuvo actuación destacada en el recinto defendiendo las políticas de Javier Milei,
El acuerdo en Concepción buscaría evitar una competencia entre Sánchez y el actual intendente, Alejandro Molinuevo, que también forma parte del espacio libertario. En la negociación, Molinuevo encabezaría la lista de legisladores por la sección Oeste, junto con la legisladora Raquel Nievas. La distribución de esos lugares sería parte del entendimiento que Catalán presentaría.
Sánchez fue intendente de Concepción, diputado nacional y candidato a gobernador. Su regreso a la disputa municipal se produciría con el respaldo de La Libertad Avanza, aunque mantendría su identidad radical. Molinuevo, por su parte, dejaría de buscar la reelección municipal para integrarse al armado legislativo.
La negociación también ampliaría el frente opositor en el sur provincial. Uno de los aspectos que se analizarán será el aporte de CREO, el partido de Omodeo. En las elecciones legislativas de octubre de 2025 obtuvo 8.509 votos en toda la provincia, menos del 1%, y no logró renovar la banca de la exdiputada.
El acercamiento también podría modificar la relación entre CREO y Mariano Campero. El partido había acompañado una acción judicial contra el artículo 90 de la Constitución provincial, que cuestiona la posibilidad de una nueva candidatura de Osvaldo Jaldo. En los últimos días, CREO habría decidido dejar de participar de ese planteo.
El movimiento tendría consecuencias internas para el partido. Sebastián Murga, fundador de CREO y apartado del grupo libertario junto con Omodeo, estaría disconforme con el acuerdo y evaluaría alejarse de la actividad política.
La eventual fórmula Catalán-Omodeo se conocería en medio de las diferencias entre Patricia Bullrich y el Gobierno nacional, que también repercuten en la estrategia política de La Libertad Avanza en las provincias.
La incorporación de Omodeo también puede abrir un debate sobre la obra pública. La empresa Omodeo S.A., vinculada a su familia, ejecutó obras en Tucumán durante distintos períodos, entre ellas proyectos de vivienda e infraestructura. Omodeo además fue asesora de Carlos Zannini en la Secretaría Legal de la Presidencia durante la gestión de Cristina Kirchner.