Se transformó en demanda penal una denuncia pidiendo la impugnación del acta de cambio de autoridades de Canal 10
Esta es la segunda causa, que en 45 años como funcionario en la UNT, pone en la mira de la justicia al secretario Académico de la casa de altos estudios, José Hugo Saab.
El fiscal federal Gustavo Antonio Gómez transformó en demanda penal la denuncia de un presunto fraude en la firma del acta de cambio de autoridades de Canal 10, integrada por José Hugo Saab,Rodolfo Burgos y Leandro Díaz. La demanda había sido presentada por Ingrid Lausberg, la representante del Poder Ejecutivo de la Provincia en el directorio de la emisora.
La presentación de la demanda se formalizó hace una semana y fue patrocinada por el letrado Oscar López, quien denunció al rector de la UNT, Jorge Pagani, al secretario Administrativo, José Hugo Saab y al Consejo Superior por los delitos de violación a los deberes y obligación de funcionarios públicos, encubrimiento agravado y cohecho, por omisión y actuar, en comisión de los delitos de : fraude en perjuicio de la administración de la UNT, SAPEM UNT, Provincia de Tucumán, Canal 10, por administración fraudulenta, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, falsificación ideológica del instrumento público y/o los que surgieren de la investigación.
Cabe señalar que hace unos días el fiscal Federal Gustavo Gómez, en declaraciones periodísticas adelantó que se investigará «si hubo un delito y si hay responsables, deberán pagar con la pena prevista en el Código Penal. en su artículo 292 y 296 ( falsificación del instrumento público, y el uso del instrumento público)».
Esta sería una segunda causa que involucra al secretario de la casa de altos estudios, José Hugo Saab, quien es funcionario universitario desde hace 45 años (1983), ya que la reactivación de otra causa por presunto desvíos de dineros, se produjo hace más de cuatro años, por el manejo de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y la falsificación de la construcción de la gran Ciudad Universitaria de San Javier.
De esta manera Saab quedó nuevamente bajo la lupa, por la presunta firma apócrifa para habilitar un enroque en el directorio «del Canal de Todos los Tucumanos«. Allí, se sostiene que todos los designados estaban presentes, cuando habría sobradas pruebas de Rodolfo Tercero Burgos se encontraba en ese momento en Europa.
Existe la presunción que el 13 de marzo de 2023, el secretario Académico habría puesto una firma al Acta de Asamblea de Clase Accionista Clase B Universidad Nacional de Tucumán donde se designó al ingeniero Leandro Díaz como presidente del directorio de Canal 10 y al abogado Rodolfo Tercero Burgos como director. «Estando presentes los designados, aceptan los cargos mencionados«, se lee en el acta que habría sido falseada, ya que estaría comprobado que Burgos se encontraba en esos momentos en España. Inclusive, en el marco de la causa por presunto abuso sexual de su hija menor de edad, se ha requerido a la Cámara Penal Conclusional de Tucumán que se eleve un pedido de captura internacional.
Cabe aclarar que Canal 10 es una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado provincial (SAPEM): el 70% de sus acciones corresponden a la UNT, mientras que el 30% restante son propiedad del Gobierno de Tucumán.
Ingrid Lausberg, representante del Poder Ejecutivo provincial, fue quien denunció ante la Justicia Federal un «enroque» de directores: la denuncia recayó en el Juzgado Federal Nº1 a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez.
Ante estas denuncias, Saab hace unos días esbozó una defensa mediática asegurando que «aquellos que hablan mal de un funcionario, en este caso de mi persona, están hablando mal de 100.000 personas que transitan los pasillos de la Universidad Nacional de Tucumán: tenemos 82.000 estudiantes, más de 10.000 docentes y no docentes«, subrayó en una entrevista. en un programa que se emite por ese canal
«La Universidad Nacional de Tucumán ha sido catalogada entre las cinco mejores del país. Nosotros los universitarios nos sentimos orgullosos de nuestra institución. Esto no significa que cualquier ciudadano común y con buenas intenciones nos marque, seguramente, los muchos errores que tenemos, como funcionarios cometemos errores y tenemos la capacidad de saber escuchar y revertir el rumbo si es que éste no es el correcto«, sostuvo entonces.
La denuncia
Se requirió la impugnación del acta ante el Juzgado Federal de Tucumán,: «Vengo a impugnar ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA CLASE “B” UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, de fecha 13 de marzo de 2023, en su punto 2 del orden del día, conforme dicha resolución expresa:…”Respecto del segundo punto del orden del día, se resuelve designar al Ing. Leandro Rául Diaz D.N.I. 13.***.*** como Presidente del Directorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo DECIMOSEXTO del Estatuto y al Abogado Rodolfo Tercero Burgos D.N.I. 20.***.*** como Director. Estando presentes los designados, aceptan los cargos mencionados” solicitando, se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la misma por CARECER DE LOS REQUISITOS DE VALIDEZ que dispone el Estatuto de la S.A.P.E.M. y la Ley de Sociedades 19.550. Asimismo, solicito SE DICTE MEDIDA CAUTELAR ordenando la correcta aplicación del ARTICULO DECIMOSEXTO DEL ESTATUTO de la S.A.P.E.M«.
Según Lausberg, «en fecha 16 de marzo, el director Leandro Díaz, me informa verbalmente que, por disposición del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, fue designado Presidente del Directorio de la S.A.P.E.M. TELEVISORA DE TUCUMÁN alegando como motivo de esta decisión, la ausencia del Presidente del Directorio, el Dr. Rodolfo Burgos. Ante la informalidad con la que me notificara de esta resolución, solicité al departamento administrativo de la empresa, me enviaran copia de la misma. Ante reiteradas peticiones, la referente del área administrativa, CPN Carolina Ferreira me envía vía mail copia de la misma en fecha 20 de marzo, es decir, siete días después de la fecha de celebración de reunión asamblearia, conforme el acta que se impugna, lo expresa», dijo.
«Tal como el Ingeniero Leandro Díaz lo mencionara y como circula en diferentes medios de comunicación, esta irregular designación surge como motivo del viaje del Presidente del Directorio, Dr. Rodolfo Burgos a Europa. En virtud del marco jurídico vigente, me eximo de probar hechos que son de público conocimiento ya que han sido difundidos por la prensa», acotó la funcionaria.
Además, «de este viaje y consecuente ausencia del representante máximo del directorio, no se informó, ni tampoco el director Burgos, dio aviso de su ausencia, ni obra pedido de licencia alguna. Para dar cabal veracidad a los extremos que manifiesto, solicito al Sr. Juez, oficie a la Dirección Nacional de Migraciones a los efectos de que informe salidas y entradas del país de RODOLFO TERCERO BURGOS D.N.I. 20.***.*** desde el 10 de marzo al 27 de marzo del corriente año», solicitó Lausberg.
Ante este cuadro, requirió se declare la nulidad de la misma: “Esta irregular designación surge como motivo del viaje del presidente del directorio, Dr. Rodolfo Burgos a Europa. En virtud del marco jurídico vigente, me eximo de probar hechos que son de público conocimiento ya que han sido difundidos por la prensa. De este viaje y consecuente ausencia del representante máximo del directorio, no se informó, ni tampoco el director Burgos dio aviso de su ausencia, ni obra pedido de licencia alguna desde el 10 de marzo al 27 de marzo del corriente año
«El acta que se ataca, firmada por la primera autoridad administrativa de la Universidad Nacional de Tucumán, el Secretario General José Hugo Saab, se entiende que fue consentida por el Sr. Rector Ing. Sergio Pagani, lo que significa, desde el punto de vista político, impedir ilegítimamente mi asunción como Presidente interina hasta tanto retorne el Presidente luego de esta subrepticia ausencia. Además, pongo en conocimiento de V.S. que estuve presente el día 13 de marzo en la sede de la SAPEM sito en Av. Aconquija 729 tal como se puede constatar y allí no se encontraban ni el director Díaz ni el Director Burgos. En virtud de ello, requiero se oficie a la empresa Aerolíneas Argentinas a efectos de que informe vuelos desde Tucumán tomados por los Sres. RODOLFO TERCERO BURGOS DNI 20.***.***, LEANDRO RAUL DIAZ DNI 13.***.*** y JOSÉ HUGO SAAB DNI 16.***.*** entre los días 12 a 14 del mes de marzo del corriente año. Por la gravedad institucional que este asunto refiere, solicito se oficie con habilitación de días y horas«, manifiesta la demanda ante sede judicial Federal.
Ciudad Universitaria
El fiscal federal general Gustavo Gómez, subrogando al fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Pablo Camuñas, reactivó hace un tiempo atrás, la causa por presunta defraudación de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y por el presunto desvío de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que ingresaban a las arcas de la Casa de Altos Estudios y pidió la detención de los procesados exrector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos y la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, ex vicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT en el marco de la denuncia por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El velatorio del Indio Solari no se realizará en el Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó la realización de una despedida colectiva en el Palacio Legislativo por razones de seguridad, mientras miles de seguidores organizan viajes y despedidas espontáneas en distintos puntos del país
La muerte de Carlos “Indio” Solari dejó, además del pesar por la pérdida de una figura señera del rock argentino, una cuestión práctica y simbólica abierta: cómo organizar la despedida pública de un ícono que convocó a generaciones enteras. Con la noticia circulando y una marea de homenajes en ascenso, las autoridades nacionales evaluaron distintas alternativas y finalmente descartaron realizar la ceremonia en el Congreso de la Nación por “cuestiones de seguridad”. La familia confirmó, no obstante, que habrá un homenaje el sábado, aunque sin precisar el lugar.
Desde las cuentas oficiales vinculadas al artista se comunicó: “La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia”. Ese anuncio sostuvo la expectativa de miles de seguidores que aguardan indicaciones oficiales sobre el acto.
En las últimas horas cobró fuerza la posibilidad de utilizar las instalaciones del Congreso Nacional, impulsada por diputados que elevaron la solicitud al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Fuentes cercanas a las negociaciones admitieron que la idea fue inicialmente desechada, pero la magnitud de la repercusión social y la presión mediática y en redes motivaron una reapertura del debate. Finalmente, y tras evaluar riesgos logísticos y de seguridad, la opción quedó descartada.
La discusión pública que se abrió tras el deceso del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota pone en evidencia tensiones habituales en las despedidas colectivas de figuras populares: el deseo de la comunidad de participar y el deber del Estado de garantizar seguridad y orden. En los próximos días se conocerán detalles sobre el homenaje convocado por la familia y el modo en que se propondrá canalizar el duelo y los tributos de sus seguidores.
Otorgaron un subsidio de $ 19,5 millones para obras de puesta en valor de la Catedral
La asistencia económica fue otorgada con cargo de oportuna rendición de cuentas y será financiada con recursos del Tesoro General de la Provincia. A su vez, la Dirección de correspondiente orden de pago.
El gobernador Osvaldo Jaldo autorizó la entrega de un subsidio de $19,5 millones a la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación – Catedral Metropolitana, con el objetivo de financiar trabajos de puesta en valor en el principal templo católico de la provincia.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 1.091/14 (MGyJ), firmado el 18 de mayo y publicado este jueves en el Boletín Oficial. Los fondos estarán destinados a la jerarquización del atrio, el frente y los laterales del edificio histórico ubicado en la esquina de Congreso y 24 de Septiembre, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.
Según se consigna en los fundamentos de la norma, la solicitud fue presentada por el presbítero Omar del Valle Carranza, párroco de la Catedral Metropolitana, quien requirió asistencia económica para afrontar los gastos vinculados a las obras de acondicionamiento y mejora del templo.
El decreto destaca que la Iglesia Catedral constituye un sitio histórico de relevancia y la ubica entre los tres templos más antiguos del país. Asimismo, señala que la proximidad de tradicionales celebraciones religiosas y eventos que se desarrollan en ese espacio motivó la necesidad de concretar las tareas de puesta en valor.
La asistencia económica fue otorgada con cargo de oportuna rendición de cuentas y será financiada con recursos del Tesoro General de la Provincia. A su vez, la Dirección de correspondiente orden de pago.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la decisión se enmarca en la voluntad de acompañar la preservación de edificios de valor histórico, cultural y religioso, además de contribuir al mantenimiento de espacios que forman parte del patrimonio arquitectónico y de la identidad de Tucumán.
La Catedral Metropolitana es uno de los edificios más emblemáticos de la capital tucumana y constituye un punto de referencia para la vida religiosa, cultural y turística de la provincia, además de ser escenario de las principales celebraciones litúrgicas del calendario católico y escenario de oficios en fechas importantes, como el Día de la Independencia, el 9 de Julio.
Milei no firmaría la designación de Michelli como jueza pese a la aprobación del pliego en el Senado
El presidente ya había dado la orden de retirar la postulación, pero la oposición logró imponerla. El caso reavivó la interna entre el gobierno y Patricia Bullrich, que al final se abstuvo en la votación. Sin ese paso final, la magistrada no podrá asumir su cargo.
En el Gobierno creen que Javier Milei no firmará la designación de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que recibió acuerdo del Senado pese al rechazo de la Casa Rosada. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por hecho que el Presidente mantendrá frenado el decreto de nombramiento y no completará el último paso del trámite.
La lectura que hacen en Balcarce 50 es que el acuerdo del Senado no obliga políticamente a Milei a firmar de inmediato la designación. El procedimiento constitucional para cubrir una vacante judicial requiere propuesta del Poder Ejecutivo, acuerdo de la Cámara Alta y posterior decreto presidencial de nombramiento. Ese último acto quedó ahora en manos del Presidente, que había pedido retirar el pliego de Michelli antes de que la oposición forzara su tratamiento y aprobación.
En despachos oficiales ponen como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, ocurrido durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2011, el Senado había aprobado su pliego para asumir como camarista federal en San Martín, pero el decreto de designación nunca fue firmado después del malestar que generó su actuación en la causa contra el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Yalj terminó renunciando a su postulación ante el Poder Ejecutivo.
Ese antecedente aparece ahora como referencia interna para explicar la estrategia oficial. En el Gobierno creen que, si Milei demora la firma y mantiene abierta la situación, Michelli podría terminar dando un paso al costado para evitar que su postulación quede atrapada en una disputa política prolongada. En Balcarce 50 también apuntan a un dato administrativo: el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata fue creado por ley, pero todavía no está plenamente integrado ni en funcionamiento ordinario. Su puesta en marcha requiere cubrir vocalías, habilitación operativa, estructura de personal, equipamiento y definición de recursos por parte del Poder Judicial.
El pliego de Michelli fue aprobado este jueves por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. La mayoría del oficialismo votó en contra, mientras que Patricia Bullrich se abstuvo tras haber anticipado que no acompañaría la decisión del Ejecutivo de retirar la candidatura. La votación dejó expuesta la tensión interna en La Libertad Avanza y también el límite que encontró la Casa Rosada para ordenar a sus aliados en el Senado.
El retiro del pliego de María Verónica Michelli
El caso se convirtió en un revés político para el Gobierno porque la postulación había sido enviada originalmente por el propio oficialismo. La objeción posterior surgió cuando en Balcarce 50 repararon en el parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon. El Ejecutivo intentó retirar el pliego, pero la oposición y bloques dialoguistas empujaron su tratamiento sobre tablas y consiguieron los dos tercios necesarios para aprobarlo.
En la Casa Rosada aseguran que Milei siguió de cerca todo el tratamiento de los pliegos judiciales. Según fuentes oficiales, fue el propio Presidente quien dio la orden de incluir la totalidad de los pliegos que estaban en condiciones de ser tratados, después de que inicialmente se había trabajado sobre una lista de 50. Esa instrucción derivó en la incorporación de 23 pliegos adicionales y, por pedido de la oposición, también terminó abriendo la puerta al tratamiento de Michelli.
La explicación que dan en Balcarce 50 es que la primera selección de 50 candidatos no respondía a un criterio institucional claro. “La elección había sido sin un criterio particular”, sostienen en el Ejecutivo. Por eso, cuando el oficialismo revisó el listado, avanzó con la idea de sumar al resto de los postulantes con dictamen y evitar una diferenciación entre candidatos que estaban en condiciones similares.
La maniobra, sin embargo, desordenó la sesión. El cambio de criterio en la cantidad de pliegos provocó la reacción del kirchnerismo y de sectores dialoguistas, que denunciaron incumplimientos respecto de lo conversado en la Labor Parlamentaria. El oficialismo debió pedir un cuarto intermedio y, al regreso, aceptó votar los 73 pliegos con dictamen más el de Michelli, que había sido retenido hasta último momento en la Comisión de Acuerdos.
El resultado fue una sesión de doble lectura para la Casa Rosada. Por un lado, el Gobierno celebró la aprobación de pliegos judiciales y la presentó como un avance en la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Por otro, quedó obligado a convivir con el acuerdo otorgado a una candidata que el propio Milei había decidido frenar. Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, evitaron mencionar a Michelli en los mensajes públicos posteriores a la votación.
La Casa Rosada buscará ahora recuperar la iniciativa con el envío de una nueva tanda de pliegos judiciales. En el Ejecutivo anticipan que la semana que viene remitirán al Senado otros 30 expedientes, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia, en línea con los envíos anteriores. El objetivo oficial es sostener el ritmo de cobertura de vacantes y reforzar el mensaje de que la política judicial sigue activa pese al conflicto.
En el Gobierno, por ahora, dan por descontado que el decreto no saldrá y apuestan a que la definición quede demorada. En Balcarce 50 creen que las trabas administrativas para que el tribunal funcione le dan margen a Milei para no firmar de inmediato la designación, aun después del acuerdo del Senado.