La iniciativa recibió 40 votos positivos y 22 negativos, y ahora seguirá su curso en la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento.

Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma «Bainbridge Ltd.» y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por «Attestor Value Master Fund LP.», lo que hace a un total de 171 millones de pesos.

Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.

El proyecto sancionado este jueves en la Cámara alta estaba en el temario de la sesión ocurrida el 14 de mayo pasado, pero la redacción original sufrió correciones técnicas de último momento en decenas de artículos, lo que provocó quejas de la oposición y motivó la vuelta a comisión para volver a ser dictaminado.

La aprobación en el Congreso nacional permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

El miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, aseguró que «este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina».

«Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina. Extingue los dos principales litigios pendientes», explicó.

Para Monteverde, «Esto que traemos a discusión significa la resinserción internacional de Argentina, significa salir del listaado de morosos»

«Estamos discutiendo algo que además una cifra del total de la deuda totalmente insignificante, pero que resuelve los problemas», indicó.

«Honrar la deuda es también una restauración moral que se la debemos al país, a contramano de aquello de festejar el default como sucedió años atrás o festejar la pesificación con la que se defraudó a los ahorristas», continuó.

Según el libertario, se logró un acuerdo que es «una transacción» para salir de un litigio, sobre la cual ya había una sentencia contra la Argentina.

«Se dijo que estamos apresurados. ¿Más de 30 años les parece premura?», preguntó.

Luego tomó la palabra Jorge Capitanich (Justicialista), quien enumeró los argumentos por los cuales el peronismo votaría en contra de la iniciativa.

Según dijo el chaqueño, «estos mecanismos (de pago a los acreedores remanentes) en realidad premian las conductas de los fondos buitre o holdouts».

«Argentina mantuvo el mismo estudio jurídico y la misma posición correspondiente, y obviamente ha obtenido un triunfo significativo que es la defensa estratégica del capital accionario de YPF», recordó.

«Segundo no hay equidad. Tercero la quita no es verificable y comparable desde el punto de vista de cuáles son los parámetros de precios de adquisición», subrayó.

En cuarto lugar, mencionó que este plan de pago a fondos buitre introduce «un principio de tensión» con la resolución aprobada en septiembre de 2015 por 136 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que estableció nueve principios básicos para regular los procesos de reestructuración de deuda soberana de los países.

Aquella iniciativa había sido impulsada fuertemente por Argentina con el objetivo de limitar el accionar especulativo de los fondos buitre.

Por otra parte, Capitanich resaltó que «la prórroga de jurisdicción» a favor de los holdouts «no implica convalidar prórroga de la inmunidad».

Según dijo, la prórroga de jurisdicción puede ser «renunciable», pero la prórroga de inumidad solo puede hacerse por la vía judicial.

«La documentación es incompleta y el cierre parcial no implica una estrategia para poner fin a una negociación cuyas características de complejidad no permiten terminar de resolver», finalizó.

Por su parte, Carmen Álvarez Rivero (LLA) destacó que «el Gobierno entiende perfectamente la seguridad jurídica, que no es solo un discurso para quedar bien».

«Sin seguridad jurídica no hay inversiones, no hay crédito, no hay empleo de calidad. Por eso acompaño este rumbo», subrayó la cordobesa.

El catamarqueño Guillermo Andrada garantizó su apoyo porque supone «un ahorro» para el Estado argentino «y porque tenemos que demostrar que la Argentina es responsable».

En el cierre del bloque Justicialista, José Mayans ratificó el rechazo y avisó: «No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina».

Por último, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, afirmó que con la aprobación de este acuerdo el Congreso va a «cerrar una herida que tiene 25 años».

Recordó que el punto de origen fue «el default soberano más importante de la deuda mundial».

La ex ministra de Seguridad señaló que la Convertibilidad forzó algunos desequilibrios producto de la imposibilidad de emitir, lo que obligó a emitir deuda.

«Eso generó una situación imposible. La explosión del sistema generó un ataque brutal contra un gobierno cuando en realidad la responsabilidad fundamental de esa acumulación de deuda había sido previa, sobre todo en la etapa de Roque Fernández», apuntó.

Al proseguir con su racconto histórico, Bullrich dijo que «durante el kirchnerismo hubo un relato inteligente, porque muchos lo creyeron, de que se había desendeudado a la Argentina».

«Esto se desarmó. La deuda pública creció durante la gestión kirchnerista. Todos los pagos que se hicieron -al FMI, al Club de París, a Repsol- fueron emitiendo deuda. Fue un pase de manos, no hubo desendeudamiento. Hubo maquillaje contable. Y los litigios siguieron», consideró.

Por último, la senadora destacó las bondades que para ella significa la conclusión de este acuerdo económico por la deuda del 2001.

Además de implicar una quita «de entre el 30 y el 35 por ciento», ponderó que «los honorarios de los abogados los pagan los holdouts, con lo cual es una buena negociación».

«¿Y qué ganamos con esto? El fin de los embargos, que es siempre un riesgo. Se levantan todas las órdenes de entrega contra las acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, tres empresas que se han saneado. Se termina el espionaje que sufrió la Argentina», resaltó.

Además, señaló que «los acreedores se comprometieron a no intervenir en futuras emisiones de deuda».

«Esto es importante porque nos permite recuperar reputación en los mercados internacionales. Al bajar el Riesgo País, todo esto se traduce en menor costo de financiamiento», apuntó.

Los detalles del acuerdo con los holdouts

El acuerdo de conciliación con los dos fondos buitre por 171 millones de dólares adoptó como mecanismo de pago el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos.

En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio.

Además, se incluyó una cláusula de standstill, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

La Justicia norteamericana había puesto originalmente como deadline de aprobación el 30 de abril, pero el Gobierno de Javier Milei logró una prórroga hasta el 30 de junio para que se convierta en ley.