Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, que conduce Mariana Rivadeneira, se llevó a cabo este jueves una audiencia en la cual se presentó ante un juez un acuerdo de juicio abreviado, firmado conjuntamente con Miguel Gustavo Morales.

El abogado enfrentaba cinco causas penales por diversos hechos, entre los cuales se destaca su participación en el intento de sedición policial ocurrido a principios del año pasado en la provincia. También se encontraba imputado por haber presentado un mismo testigo falso en al menos tres causas judiciales en las que actuaba como abogado particular.

Durante la audiencia, la fiscal Rivadeneira y la auxiliar Brenda Deroy, relataron en detalle cada uno de los ilícitos atribuidos al letrado, adjuntando cerca de un centenar de evidencias reunidas durante la instrucción que respaldaron todas las acusaciones.
“Recordemos que el señor Morales es abogado, y que durante la comisión de los hechos endilgados surge que el mismo estaba en pleno ejercicio de su matrícula, y que alguno de ellos incluso acentúan la gravedad dado que fueron cometidos en causas en las que el mismo intercede con calidad de representante de alguna de las partes”, argumentó la representante del MPF.

Culpable

A su turno, Morales reconoció su culpabilidad por haber instigado a efectivos policiales, a principios del año pasado, a llevar a cabo sedición policial en un intento de protesta. La fiscalía le atribuyó que entre fechas 29 de enero y 25 de febrero de 2024, con el fin de instigar a un número indeterminado de efectivos policiales a levantarse contra la superioridad policial, grabó videos que publicó en redes sociales.

Asimismo, el letrado asumió haber presentado a un hombre como testigo falso en diversas causas. Morales determinó a este para que preste declaración ante la autoridad competente, faltando a la verdad en calidad de testigo en diferentes procesos penales en los cuales el letrado ejercía la representación legal de alguna de las partes intervinientes, y
en las cuales ofreció a dicho testigo para realizar afirmaciones falsas, perjudicando a la administración de justicia y la fe pública judicial

Por otro lado, admitió su responsabilidad en otras tres causas más por desobediencia judicial, por haber facilitado a un medio de comunicación (pese a que había una prohibición en su contra de hacerlo), información sensible de una causa; así como también el hecho de haber entorpecido el desarrollo de un juicio notificado debidamente con antelación.

En consecuencia, el juez Guillermo Di Lella resolvió declarar al letrado autor penalmente responsable por los delitos de Desobediencia Judicial reiterados, Instigación a Cometer Delito, Turbación de un Acto Legítimo de la Autoridad, y Falso Testimonio reiterado en calidad de instigador.

La pena arribada es de tres años de prisión de ejecución condicional, la imposición de reglas de conducta y la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de condena (seis años).
La sentencia quedó firme por renunciamiento de las partes a cualquier recurso de apelación.

Una operación de control rutinario en la Ruta Nacional 34 se transformó en un duro golpe al narcotráfico en el noroeste argentino. Cerca de 50 kilos de cocaína y 250 kilos de hojas de coca fueron hallados este martes por la tarde en dos colectivos que operaban como “tour de compras”, en la localidad santiagueña de Rapelli, departamento Pellegrini, al norte de Santiago del Estero. Los dos choferes y una coordinadora de los viajes quedaron detenidos, incomunicados y a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la “Sección Núcleo” del Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional, que había instalado un control vehicular en la ruta. Las unidades provenían de Orán, Salta, y se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires. Al momento del control, los ómnibus viajaban con pocos pasajeros y estaban bajo la supervisión de una única coordinadora, un dato que llamó la atención de los efectivos.

Tras la autorización del juez federal Guillermo Molinari, los gendarmes iniciaron la inspección. En el primer colectivo, descubrieron 12,7 kilos de cocaína junto con siete bultos grandes de hojas de coca. Inmediatamente extendieron el procedimiento al segundo colectivo, donde el hallazgo fue aún más contundente: 35 paquetes de cocaína que, tras el pesaje, sumaron 36,7 kilogramos.

En total, la droga incautada alcanza los 49,4 kilos de cocaína, además de mercadería en infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero) valuada en más de $ 160 millones. El valor estimado de la droga secuestrada asciende a unos $ 915 millones, según informaron fuentes del caso.

Ante la falta de explicaciones convincentes por parte de la tripulación y la nula identificación de los propietarios de la droga por parte de los pasajeros, el juez Molinari dispuso la detención inmediata de los dos choferes y de la coordinadora. La hipótesis principal es que los colectivos fueron utilizados como pantalla para el transporte de estupefacientes, ocultando los cargamentos en el marco de un viaje comercial habitual.

Ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados a la base de Gendarmería Nacional en la ciudad capital, donde quedaron bajo custodia. Los investigadores también procedieron al secuestro de todos los elementos de interés para la causa, incluyendo celulares, documentación y equipaje de los implicados.

Este nuevo operativo se da a menos de una semana de otro procedimiento similar. El 25 de junio, en otro colectivo interceptado en la provincia, los gendarmes hallaron 45 kilos de cocaína y detuvieron a dos ciudadanos bolivianos. En ese caso, otros dos pasajeros —también de nacionalidad boliviana— fueron hospitalizados tras expulsar más de 210 cápsulas de cocaína ingeridas previamente, con un total superior a dos kilos del estupefaciente.

Los tres detenidos en este nuevo caso —dos choferes y una mujer coordinadora— serán indagados en las próximas horas, posiblemente el viernes, según anticiparon fuentes judiciales. La investigación ahora se centra en determinar si se trata de una red organizada con conexiones interprovinciales que utiliza este tipo de viajes como cobertura sistemática para traficar droga desde el norte del país hacia centros urbanos más densamente poblados.

Mientras tanto, Gendarmería Nacional destacó la importancia del trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y la Justicia Federal para prevenir el avance de estas estructuras criminales. “La droga no viaja sola, y estas incautaciones son una advertencia clara de que seguiremos avanzando en cada rincón del país”, enfatizó un vocero de la fuerza.

Cinco personas fueron encontradas muertas este martes por la tarde en una casa de la calle Sanabria al 3700, en el barrio porteño de Villa Devoto. Entre las víctimas hay cuatro adultos -dos hombres y dos mujeres- y una menor de edad, hija de una de las parejas fallecidas.

Según informaron fuentes oficiales, se sospecha que se trató de una acumulación de monóxido de carbono. Un bebé fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Zubizarreta, donde permanece internado, pero fuera de peligro.

Alberto Crescenti, titular del SAME, fue quien coordinó el operativo en el lugar tras un llamado al 911. En diálogo con TN, confirmó que las víctimas son dos hombres de 75 y 42 años, y dos mujeres de 79 y 43, además de una nena de cuatro años.

“Llegamos con casi 10 ambulancias del sistema”, relató Crescenti, quien detalló que no había olor a gas en la casa. “Pareciera ser monóxido de carbono. Entramos a constatar los cuerpos, lamentablemente no se pudo hacer nada por ellos. Creo que data de varias horas”, sumó.

“El monóxido es el asesino silencioso. No tiene olor, no se ve. Se combina con la hemoglobina y produce un paro respiratorio. Es fundamental actuar rápido: abrir ventanas, salir afuera. Eso salva vidas”, advirtió Crescenti.

Según pudo saber TN por el testimonio de los vecinos, la casa de planta baja y un primer piso pertenecía al matrimonio del hombre de 75 años y la mujer de 79. Esta semana, ambos habrían recibido la visita de sus familiares y sus nietos: una pareja (el hombre de 42 y la mujer de 43) que llegó al país desde Italia con sus dos hijas menores de edad para pasar unas vacaciones.

Esta tarde, personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME acudieron a la casa de la calle Sanabria. Un familiar llamó al 911 alrededor de las 16:30 horas, luego de que las víctimas no atendieran a la puerta.

Además de las víctimas, los agentes encontraron en otra habitación a un bebé de dos años y nueve meses. Estaba consciente y con signos vitales. Inmediatamente, fue rescatado por los bomberos y trasladado de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde permanece fuera de peligro.

Los bomberos también procedieron a ventilar los ambientes para permitir que el personal médico certificara oficialmente los fallecimientos.

Una vez que Criminalística finalice con sus tareas, personal de MetroGAS realizará las inspecciones correspondientes para determinar el origen de la tragedia.

Según informaron las autoridades, en la casa encontraron algunos artefactos que pudieron haber contribuido a una posible acumulación de monóxido de carbono: dos termotanques, un calefón y una caldera. /TN