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Espías de la AFI escucharon 220 conversaciones entre abogados y detenidos ligados al kirchnerismo

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Los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían interceptado un total de 220 llamados entre abogados y sus defendidos, todos alojados en el módulo IRIC del penal de Ezeiza, a comienzos de 2019. Esa información amplía lo revelado por Ámbito ayer respecto a las 109 comunicaciones que abarcan a medio centenar de defensores, algo que no solo está prohibido por la ley de inteligencia, sino que también vulnera toda clase de garantías procesales en el marco de la confidencialidad que rige entre clientes y abogados, cuyas estrategias de defensa en causas penales pudieron ser escuchadas en tiempo real por los espías que comandaba Gustavo Arribas. Es que hasta ahora, como detalló este diario, se relevaron 4 cajas con información de desgrabaciones que formaban parte de la causa “Operativo Puf”, a pedido del juzgado en el que quedó radicada el espionaje ilegal que se investigó en Lomas de Zamora. Sin embargo, resta relevar el contenido de otras dos cajas adicionales que forman parte de la prueba, junto con las grabaciones que realizó la AFI de los pabellones A, C y D del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Esas certificaciones, en pleno proceso, se sumarán a las comunicadas el 5 de octubre pasado a las que tuvo acceso Ámbito, donde se detallaba el contenido de cuatro cajas en las que se había identificado que los espías discriminaban las 109 comunicaciones en la que los internos –exfuncionarios kirchneristas, empresarios y algunos detenidos por otras causas, incluido narcotráfico- conversaban con sus abogados. A veces se los identificaba, en los informes de las transcripciones con su nombre completo, con el de pila, mencionando que el diálogo contenía la palabra “doctor” (y se infería que era su abogado), o si la charla versaba sobre algún expediente en curso. Parte de esas comunicaciones habían sido filtradas a los medios en el intento de impulso de la denominada “Operación Puf”, pero se desconocía, hasta ahora, que parte del objetivo de la AFI había sido detallar en sus informes las conversaciones de los detenidos con sus abogados. Las transcripciones son prueba de ello ya que se remarca, en especial, que se trata de letrados. Eso es lo que certificó el juzgado cuando a fines de septiembre se les solicitó que informasen el contenido del material reservado. Ahora se le agregan otros 111 diálogos adicionales que están en las otras dos cajas.

Causas
La mayor parte de los detenidos estaban en prisión preventiva, alojados dentro del módulo destinado al programa penitenciario IRIC (Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad). Las escuchas de sus llamados con abogados privados y también con defensores oficiales impactan en un amplio abanico de expedientes: “Cuadernos”, “Gas Natural Licuado”, “Oil Combustibles”, “La Ruta del dinero”, “Hope Funds”, “Operación Sapucay”, “Río Turbio”, entre otras. Hasta ahora, no se encontraron registros correspondientes al Pabellón B, al menos de los diálogos que involucren a letrados. El puntilloso registro de la AFI que plasmó en las transcripciones (cuyo destino hacia arriba en la estructura del Gobierno se desconoce) incluye charlas coloquiales, meras averiguaciones o novedades sobre el trámite de procesos, pero también instrucciones que los imputados daban a sus defensores, algo celosamente protegido por la legislación anglosajona para el ejercicio de la defensa en juicio, una garantía constitucional. La gravedad del episodio radica en que los espías tuvieron acceso a estrategias y movimientos de las defensas en tiempo real. “Pueden desprenderse responsabilidades judiciales muy grandes”, opinó ayer en C5N el secretario de Justicia Juan Martín Mena respecto a la posible vulneración de la confidencialidad que implica la intervención de los espías, enfocados en informar las charlas que mantenían los exfuncionarios con sus abogados de causas en curso, con juzgados a cargo de los detenidos.

La Corte
Para enfatizar la gravedad de lo que estaba en juego, la propia Corte Suprema expresó su postura cuando las escuchas comenzaron a proliferar y emitió una Acordada en junio de 2019, cuatro meses después de las fechas que registran los diálogos interceptados por la AFI. El máximo Tribunal “sigue con preocupación los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la captación de comunicaciones, cuya interceptación y captación solo puede ser dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en curso”, aseguró la Acordada 17/2019. Allí no solo enfatizaba la necesidad de resguardar esas conversaciones en la esfera de la intimidad –más allá de que estuvieran privadas de la libertad- y mencionó el precedente “Quaranta”. Hizo referencia al convenio de monitoreo sobre la Dajudeco (de quien dependen las escuchas) en la auditoría que derivó en las lapidarias conclusiones que Ámbito publicó, en exclusiva, el 26 de diciembre de 2020. En su desarrollo, además de subrayar las prerrogativas de actuación que tenía la oficina de escuchas y la responsabilidad de los magistrados a cargo y de los funcionarios intervinientes, la Corte dedicó un apartado a la “Confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogado y cliente”. El punto VI de lo acordado fue que: “La interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”. Fue firmada por los cinco ministros, por unanimidad.

A partir de ahora, cualquiera de los involucrados podrá solicitar la certificación de esa prueba que puede incidir en el desarrollo de procesos abiertos, algo que también ha preocupado al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –que aglutina de manera formal a los matriculados- que han sido víctimas en su tarea de representación de sus clientes, y también del Ministerio Público de la Defensa, ya que en las intercepciones hay referencias también a contactos con defensores oficiales.

El registro de este tipo de espionaje con un nivel de prueba apreciable es inédito en la historia.

Fuente: Ámbito

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Confirman el viaje de Manuel Adorni con su familia a Aruba en primera clase

El fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que Manuel Adorni viajó a Aruba, una isla del Caribe, con su mujer Bettina González y sus dos hijos.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que Manuel Adorni viajó a Aruba, una isla del Caribe, con su mujer Bettina González y sus dos hijos para festejar un año nuevo. La confirmación se dio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento del jefe de Gabinete. Los pasajes fueron en primera clase con la aerolínea Latam.

La información fue proporcionada por la propia aerolínea. A partir de ella, se supo que Adorni partió con su familia el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, con un parate intermedio en Ecuador. Además, se conoció el precio: u$s1450 cada pasaje lo que da un total de u$s5800.

La investigación no se detiene ahí. Ahora están averiguando en cuál hotel se alojaron y cuánto les costó la noche, según publicó Infobae. Con esta información, se confirmaron al menos dos viajes internacionales (Aruba y Punta del Este) de elevado precio realizados por Manuel Adorni y su familia siendo él funcionario público.

Caso Manuel Adorni: las jubiladas dijeron que no lo conocían y que sus hijos gestionaron el préstamo

Las dos jubiladas que financiaron con u$s200.000, sin intereses, la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito declararon este miércoles en Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita y aseguraron que no conocían personalmente al jefe de Gabinete. Durante la testimonial, ambas señalaron que la operación fue gestionada a través de sus hijos, dato que ahora quedó incorporado al expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Según trascendió de la audiencia, Claudia Sbabo, de 64 años, sostuvo que fue su hijo Leandro quien le pidió avanzar con el préstamo para completar la compra del inmueble ubicado en la calle Miró. La mujer explicó además que contaba con fondos provenientes de una operación inmobiliaria previa y confirmó que el crédito fue otorgado sin intereses, con vencimiento previsto para noviembre de este año.

FUENTE: Ámbito

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Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025.

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El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes 14 de abril en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025 como consecuencia del documental Justicia Divina que protagonizó la ex jueza Julieta Makintach.

Todo volverá a empezar. El caso por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro iniciará de cero el debate que determinará las supuestas responsabilidades de neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini.

Dalma, Gianinna y Jana Maradona -tres de las hijas del ídolo-, Verónica Ojeda -madre de Dieguito Fernando y ex pareja-, las hermanas, el abogado Víctor Stinfale, los médicos que realizaron la autopsia y gente que acompañó a “Pelusa” hasta sus últimos días tendrán que declarar nuevamente.

Fuentes de la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que las audiencias se llevarán a cabo los martes y miércoles entre las 10 y las 17 en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde en la primera jornada se espera una fuerte movilización para reclamar justicia por el “Diez”.

El año pasado, más de 40 testigos comparecieron ante los magistrados Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (TOC N°3), se exhibieron fotografías de la necropsia, audios impactantes de conversaciones que mantuvieron los imputados y hasta se concretó la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria, aunque luego recuperó la libertad.

Nada resultó, todo fue en vano. Un juicio entero tirado a la basura. Un proyecto audiovisual se filmó en las instalaciones de los Tribunales, que contó con la participación de una de los jueces -Makintach-.

La subrogante ofreció una entrevista en su despacho, caminó por los pasillos del lugar y se grabaron escenas de las audiencias en el interior de la sala.

Una cámara ingresó sin autorización al juicio y filmó diversas situaciones, con el objetivo de documentar el proceso que llegaría a la verdad -o no- de lo que ocurrió con uno de los ídolos más populares de la Argentina: Diego Armando Maradona.

Julio Rivas, uno de los defensores de Luque, denunció que fue contactado por la BBC de Londres para formar parte del proyecto, por lo que pidió la recusación de la jueza en una de las audiencias.

Otra de las situaciones más llamativas ocurrió cuando la ex titular del TOC N°2 se sentó en el centro del estrado y ocupó el lugar de Savarino, quien era el presidente del debate.

Rodolfo Baqué, que patrocinaba legalmente a Almirón, fue expulsado del debate por un supuesto conflicto de intereses, pero el letrado luego manifestó que ese hecho «era parte del guión» de Justicia Divina.

El fiscal Patricio Ferrari expuso las imágenes del escándalo en el juicio ante la sorpresa y el llanto de las hijas de Diego y Verónica Ojeda, mientras Makintach negaba rotundamente: «Esto no es mío».

En ese momento, Baqué se levantó de su asiento y calificó de «basura» a la funcionaria judicial, que fue expulsada del proceso, y una semana después se determinó la nulidad absoluta del debate.

Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Giannina, y Julio César Coria -uno de los testigos- presentaron denuncias contra Makintach y se inició una causa penal en la UFI N°1 de San Isidro.

A su vez, se realizaron múltiples pedidos de juicio político y el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, también solicitó un jury de enjuiciamiento contra Makintach.

El 18 de noviembre de 2025, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, la destitución de la hija del juez Juan Makintach se votó por unanimidad al igual que la inhabilitación absoluta para ejercer cargos.

En la causa penal, la ex jueza se encuentra imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Ahora, el TOC N°7, a cargo de los magistrados Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, tendrá la tarea de llevar adelante el litigio, a más de cinco años del deceso de Maradona ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés de Tigre por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

El rol de los acusados

Leopoldo Luque: neurólogo y ex médico personal del paciente. Era la persona en la que más confiaba Diego. Consideró que era pertinente realizar la cirugía por el hematoma súbdural en la Clínica Olivos, en noviembre de 2020, cuya externación se concretó el 11 de ese mes.

Agustina Cosachov: psiquiatra. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al ex entrenador.

Carlos Díaz: psicólogo. Conoció a Maradona por intermedio del abogado Matías Morla

Ricardo Almirón: fue uno de los enfermeros encargado de atender a Diego en el barrio cerrado junto a Dahiana Madrid, la única acusada que irá a un juicio por jurados populares.

Mariano Perroni: coordinaba las tareas de los enfermeros de Medidom en Tigre.

Nancy Edith Forlini fue la médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria de oriundo de Villa Fiorito en la casa de Benavídez. La profesional armó el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del ex jugador tras su externación de la Clínica Olivos.

Pedro Di Spagna: médico clínico, trabaja en Huracán. Recomendó un nutricionista para que revise la dieta de ex jugador de Boca y la Selección argentina. Los enfermeros, Perroni y Forlini lo consultaban permanentemente en el grupo de WhatsApp «Tigre».

FUENTE: NA

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La situación entre las farmacias y el PAMI vuelve a tensarse por falta de pago

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán alertan por atrasos en los pagos y advierten que muchas farmacias ya no pueden sostener la cobertura.

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Verónica Pastoriza, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, quien describió un escenario “muy crítico” a partir del incumplimiento en los pagos por parte de la obra social, aseguró que “en algún momento se habían regularizado parcialmente los pagos, pero no duró mucho. Ahora tenemos nuevamente cuatro vencimientos adeudados y esta semana se suma uno más”, explicó. En ese sentido, advirtió que “ya hay farmacias con cuentas corrientes suspendidas, lo cual impide la reposición de medicamentos”.

 La referente del sector señaló que muchas farmacias están llegando a un límite financiero. “Estamos viviendo épocas muy complejas. Hay muchas que ya no pueden recibir la obra social porque no podemos financiar más”, sostuvo. Además, alertó que si se corta la cadena de pagos con droguerías, “no solo se deja de atender PAMI, sino también a otras obras sociales”.
Pastoriza explicó que el impacto es aún mayor debido a la alta cobertura que tienen los afiliados. “Hay medicamentos con cobertura del 100%, como insulina, tiras reactivas y tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. Eso implica un financiamiento muy grande para la farmacia”, indicó.

En relación a los medicamentos de alto costo, como los oncológicos, aclaró que se manejan bajo otro esquema, pero remarcó que el grueso de la demanda está en tratamientos habituales que también representan un fuerte gasto.
La problemática, afirmó, es de alcance nacional. “El convenio con PAMI es nacional y participan distintas entidades como COFA, FEFA, la industria y las farmacias. Todos aportamos para sostener los descuentos, pero si una parte no cumple, el sistema se resiente”, explicó.

Consultada sobre posibles cortes en el servicio, indicó que si bien no hay interrupciones generalizadas, sí comienzan a aparecer limitaciones. “No es que se corta directamente, pero hay imposibilidad de reponer algunos medicamentos. Depende de la espalda de cada farmacia, pero ya tenemos consultas constantes, incluso de farmacias medianas”, afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto en los pacientes: “El afiliado de PAMI es el que más consume medicamentos por su edad. Si no puede acceder, corre riesgo de interrumpir tratamientos, lo cual es muy grave”.

En paralelo, el sector también enfrenta una caída en las ventas. “Se nota que el paciente ajusta: antes llevaba una caja, ahora pide un blister o busca genéricos. Se consulta mucho más el precio”, detalló. Si bien los aumentos en medicamentos están por debajo de la inflación, reconoció que “igual impactan en un contexto donde el dinero no alcanza”.
Finalmente, Pastoriza confirmó que desde el sector se solicitan reuniones urgentes con autoridades del PAMI a nivel nacional, aunque por el momento no obtuvieron respuestas. “La situación requiere una solución en el corto plazo, porque está en juego la atención de los jubilados”, concluyó. /LV12/

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