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Política

Entre Ríos tuvo un anticipo de $ 220 mil millones del Tesoro Nacional

A través del decreto 922 publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía anticipó un total de $ 220 mil millones a Entre Ríos.

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A través del decreto 922 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía anticipó un total de $ 220 mil millones a Entre Ríos. El monto se descontará de futuras liquidaciones de coparticipación federal. El giro no será gratuito: devengará un interés calculado sobre la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina).

En la administración provincial que conduce Rogelio Frigerio indicaron a Infobae que el destino de este dinero es crear un “colchón de plata”. El fin pasa por “la decisión de clarificar el escenario financiero en el marco del proceso de emisión internacional previsto para principios de 2026”, agregó una alta fuente del Gobierno provincial.

¿Cuál es el escenario actual de la deuda de Entre Ríos?

El Poder Ejecutivo provincial tiene una autorización de endeudamiento de hasta USD 500 millones. Estos recursos se afectarán a recomponer el Tesoro, jaqueado por los vencimientos del bono en dólares emitido 2017 y refinanciado en 2021. El título fue lanzado por el exgobernador justicialista Gustavo Bordet. Los recursos se destinaron a cancelar letras en peso con los que financiaba el déficit del Estado entrerriano.

El 8 de febrero habrá un nuevo vencimiento de capital e intereses de ese título. Será por unos USD 64 millones. El Gobierno provincial no llegará a «rollear» ese pago con la emisión de la nueva deuda.

Sin embargo, en la Administración Frigerio consideran que los fondos frescos que aporte el bono 2026 permitirán precancelar el adelanto del Tesoro Nacional. Además, facilitará la recomposición de los recursos destinados al pago del endeudamiento en dólares.

¿En qué etapa se encuentra la salida al mercado del nuevo bono?

El proceso de emisión de deuda en Nueva York ya se puso en marcha. Ya se conformó el consorcio de bancos. Serán tres entidades internacionales, una de las cuales es norteamericana y la otra europea. También se seleccionó el estudio de abogados que cubrirá el aspecto legal. Se trata de DLA Piper, un buffet que tiene en Buenos Aires a Marcelo Etchebarne como principal figura.

El objetivo del Ministerio de Economía de Entre Ríos es que, luego de un road show por EE. UU. a comienzos de 2026, la emisión al mercado se concrete lo antes posible. Las primeras semanas de febrero sería lo óptimo.

El anticipo que envió el ministro de Economía Luis Caputo llegará a las arcas entrerrianas en un escenario difícil. Durante 2025 cayeron la recaudación provincial y los ingresos por coparticipación.

En paralelo, el crecimiento vegetativo de los costos fijos del Estado también impactó sobre las cuentas. A esto se sumó el pago del medio aguinaldo en diciembre.

En la Provincia resaltaron que este envío de fondos forma parte del programa financiero diseñado desde la cartera de Economía. El esquema busca garantizar liquidez y previsibilidad para el normal desarrollo de la Administración pública.

¿Qué dice el decreto firmado por Caputo?

La norma, en su primer considerando, señala que el Gobierno de la Provincia “se ve impedido, en forma transitoria, de atender los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.

El decreto lleva también las rúbricas del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del presidente Javier Milei. En sus considerandos señala que resulta necesario procurar “soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa la citada provincia”.

La norma dispone que los montos anticipados devengarán intereses sobre saldos. Este cálculo se hará desde la fecha de su desembolso hasta la de su efectiva devolución. Para ello se utilizará la TAMAR.

El plazo de reintegro se extenderá durante el ejercicio 2026. Sin embargo, habrá posibilidad de precancelar. Para garantizar los servicios, Entre Ríos afectará sus recursos de coparticipación sin afectación específica hasta el monto anticipado más intereses.

Además, el Gobierno entrerriano autorizó a la Secretaría de Hacienda de Nación a retener de manera automática los fondos coparticipables.

FUENTE: Infobae

Política

Acevedo recibió al Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y respaldó una agenda para fortalecer el ejercicio profesional

Durante el encuentro se abordó el impulso de un proyecto de ley para mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables, un convenio de asistencia a asociaciones civiles y la declaración de Interés Legislativo de las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público, que se realizarán en Tucumán en agosto.

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Esta mañana, el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, recibió en su despacho a la mesa directiva del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, encabezada por su presidente, Raúl Véliz, para dialogar sobre una agenda de trabajo vinculada al fortalecimiento de la actividad profesional y el acompañamiento institucional a distintas iniciativas del sector.

Durante la reunión se analizó el avance de un proyecto de ley destinado a mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables; la declaración de Interés Legislativo de las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público y un acompañamiento institucional a la misma.

El encuentro, organizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán junto con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), se desarrollará los días 13 y 14 de agosto de 2026 en el Espacio Sociocultural del Colegio, bajo el lema “Construyendo un presente con profesionales capacitados aseguramos el futuro de la Administración Pública”. La actividad reunirá a más de 400 profesionales, funcionarios y equipos técnicos de distintas jurisdicciones del país, consolidando un espacio de intercambio de alcance nacional.

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó el trabajo conjunto que la Legislatura viene llevando adelante con las entidades profesionales de la provincia. “Recibimos a las autoridades del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en una visita protocolar que también nos permitió dialogar sobre temas vinculados a la economía de Tucumán. Nos presentaron un trabajo que vienen desarrollando sobre las retenciones y distintas propuestas que también analizan junto con la Dirección General de Rentas. Si hay iniciativas para avanzar, las trabajaremos de manera coordinada”, expresó.

Asimismo, Acevedo remarcó la importancia de continuar fortaleciendo el vínculo institucional. “Tanto el Colegio de Graduados como la Legislatura compartimos el objetivo de seguir trabajando de manera coordinada en iniciativas que contribuyan a mejorar la legislación en materia impositiva, promover la generación de empleo e incentivar la radicación de empresas en Tucumán”, concluyó.

Por su parte, Véliz destacó la predisposición del vicegobernador Acevedo para avanzar en la iniciativa legislativa destinada a mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables: “El proyecto contempla no solamente la cuestión de los honorarios profesionales, que desde hace tiempo representa un problema para todos los peritos, sino también aspectos vinculados con la forma en que deben desarrollarse las pericias, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo”.

Al ser consultado sobre lo dificultoso que resulta conseguir un perito contable para un juicio, advirtió que la demora en el cobro de los honorarios y los bajos montos regulados provocaron una importante reducción en el número de profesionales inscriptos para actuar como peritos judiciales: “Los honorarios tardan mucho tiempo en cobrarse y los valores que se fijan son muy bajos. Eso hizo que el padrón pasara de más de 400 profesionales inscriptos a apenas unos 80. Muchos colegas ya no aceptan desempeñarse como peritos porque el trabajo demanda tiempo y responsabilidad, pero la retribución no acompaña ese esfuerzo”.

Asimismo, señaló que el proyecto es analizado por la comisión legislativa presidida por Carolina Vargas Aignasse y que en su elaboración participan el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el Consejo Profesional y la Federación Económica de Tucumán.

Otro de los temas tratados durante la reunión con el vicegobernador fue la elaboración de un convenio para facilitar la regularización administrativa de asociaciones civiles, fundaciones, clubes deportivos y centros de jubilados. “La Defensoría del Pueblo nos planteó la situación de numerosas instituciones que hoy tienen dificultades para funcionar normalmente porque no poseen sus balances al día y, por esa razón, no pueden regularizar su situación ante la Dirección de Personas Jurídicas”.

Según explicó Véliz, uno de los principales obstáculos son los costos que deben afrontar estas entidades para realizar las presentaciones contables. “Estamos trabajando en un acuerdo que ya fue presentado a la Defensoría del Pueblo para establecer un marco legal en el que participen el Gobierno provincial, la Dirección de Personas Jurídicas y el Colegio de Graduados. La idea es fijar honorarios mínimos que permitan facilitar la confección de los balances pendientes y contribuir a que estas instituciones puedan normalizar su situación”.

Finalmente, el presidente del Colegio se refirió a las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público y destacó su importancia para la capacitación de los profesionales. “Las jornadas están destinadas a todos los contadores del sector público. Se abordarán temas relacionados con auditoría, contabilidad pública y las distintas áreas en las que se desempeñan nuestros profesionales. Contaremos con la participación de disertantes de Buenos Aires y de distintas provincias del país. También fueron invitados el contador general de la Nación y el síndico general de la Nación”, concluyó.

Véliz estuvo acompañado por sus pares Luis Pérez Vides y Jorge Miranda.

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Política

Las claves de la reforma del BCRA que presentó Javier Milei

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El presidente Javier Milei presentó ante diputados y senadores de La Libertad Avanza los principales lineamientos del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera centrales para consolidar su programa de estabilización e impedir que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público con emisión monetaria.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la propuesta busca reforzar la independencia del organismo monetario y modificar el funcionamiento vigente desde la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Estos son los ejes principales del proyecto:

1. Un único objetivo para el Banco Central

La iniciativa establece que el objetivo prioritario del BCRA será preservar el valor de la moneda. El Gobierno pretende eliminar el esquema actual, que le asigna múltiples finalidades, al considerar que eso debilitó la política monetaria y favoreció la inflación.

2. Prohibición de financiar al Tesoro

Uno de los cambios centrales será impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria, ya sea con adelantos transitorios u otros mecanismos. Para la administración de Milei, esa práctica fue una de las principales causas del proceso inflacionario de las últimas décadas.

3. Mayor independencia del organismo

El proyecto busca blindar la autonomía del BCRA para reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de política monetaria. La intención oficial es que el organismo pueda actuar con mayor independencia respecto del Gobierno de turno.

4. Nuevos límites para la política monetaria

La reforma también apunta a restringir las herramientas que permitan expandir la base monetaria con fines fiscales. Según explicó Milei a los legisladores, el objetivo es evitar que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado.

5. Cambiar el marco legal del Banco Central

El Gobierno considera que la modificación de la Carta Orgánica constituye una condición necesaria para dar previsibilidad a largo plazo y evitar que futuras administraciones reviertan el rumbo económico mediante cambios discrecionales en la política monetaria. Por ese motivo, el oficialismo buscará convertir la reforma en una de las prioridades legislativas de los próximos meses.

FUENTE: Noticias Argentinas

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Política

Causa Skanska: condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el pago de sobornos

La causa investigó un esquema de coimas para direccionar las licitaciones de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, una de las primeras grandes investigaciones por corrupción durante el kirchnerismo.

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El Tribunal Oral Federal N°4, condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión en la causa Skanska, el expediente que investigó el pago de sobornos para beneficiar a la empresa sueca en las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).

Sus jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez consideraron acreditada la existencia de maniobras de corrupción vinculadas a la contratación de las obras públicas y condenaron a De Vido por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta contra el Estado. López recibió la misma pena por su participación.

Julio De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°4
A día de hoy, el fallo se conoció casi 20 años después del inicio de la investigación, que comenzó en 2006 a partir de denuncias sobre una red de empresas que habría utilizado facturas falsas para justificar pagos irregulares y canalizar dinero destinado al pago de sobornos a funcionarios públicos durante la gestión kirchnerista nacional.

El caso Skanska analizó si funcionarios públicos y empresarios participaron de un mecanismo para direccionar las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, proyectos impulsados para aumentar la capacidad de transporte de gas tras la crisis energética posterior a 2001.

Según la acusación, las contrataciones habrían sido manipuladas mediante licitaciones privadas y la empresa Skanska habría pagado retornos para asegurarse la adjudicación de los contratos. La maniobra incluía, de acuerdo con la fiscalía, la utilización de compañías fantasma y facturación apócrifa para ocultar la salida del dinero.

La empresa recurrió al uso de «facturas truchas» para justificar la salida de dinero destinada a coimas
Además, el fiscal Abel Córdoba había señalado que el esquema involucraba sobreprecios y pagos ilegales a través de intermediarios. Por esa razón, junto con el fiscal Joaquín Gaset, había solicitado cinco años de prisión para De Vido, López y Néstor Ulloa, exgerente general de Nación Fideicomisos, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de importantes sumas de dinero.

El audio que reveló el pago de retornos
El elemento central del expediente fue una serie de grabaciones secuestradas durante un allanamiento realizado en 2007 en las oficinas de la empresa Skanska, ubicadas en Diagonal Norte 555. En esos audios, el entonces gerente de la compañía sueca, Javier Azcárate, reconocía la existencia de pagos irregulares vinculados a obras públicas y describía el mecanismo utilizado para canalizar los sobornos.

Sin embargo, durante una conversación con el exsíndico de Skanska Claudio Corizzo, quien llevaba un micrófono oculto, Azcárate hizo referencia a los negocios relacionados con la ampliación de los gasoductos Norte y Sur y habló de contratos millonarios por obras públicas adjudicadas durante ese período. «Es un negocio de cien millones de dólares de parte nuestra, más lo de ellos. Yo no sé, doscientos palos verdes», afirmó en una de las grabaciones.

La Corte Suprema de Justicia validó elementos clave de la investigación por el presunto pago de sobornos en obras de ampliación de gasoductos
Además, el exdirectivo mencionó la existencia de retornos equivalentes al 5% de los contratos: un 3% destinado a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos. También sostuvo que la empresa tenía conocimiento anticipado de que resultaría adjudicataria de las obras, cuyos contratos rondaban los 100 millones de dólares.

En otro tramo de la conversación, Azcárate hizo referencia a un «pingüino», aunque nunca se pudo determinar a quién hacía alusión con ese término. También mencionó a Carlos Bache, directivo de Techint, y al contador Alfredo Greco, señalado como presunto intermediario de las operaciones investigadas.

Sus grabaciones fueron incorporadas al expediente y validadas como prueba durante el proceso judicial. Esta aparición derivó además en medidas políticas en 2007, como la salida del entonces titular de Enargas, Fulvio Madaro, y del gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, quienes quedaron bajo investigación judicial.

La situación judicial de De Vido y López
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue uno de los funcionarios con mayor poder durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ya que estuvo al frente de esa cartera durante más de 12 años, entre 2003 y 2015. Con la condena en la causa Skanska, el exfuncionario acumula la quinta sentencia en su contra dentro de distintos expedientes judiciales.

Sin embargo, hasta el momento, la única condena firme que pesa sobre él es la vinculada a la Tragedia de Once, por la que fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

a Tragedia de Once fue una de las causas por las que Julio De Vido recibió una condena judicial
Actualmente, el exfuncionario cumple prisión domiciliaria en su vivienda de Zárate.

De Vido también fue condenado en la causa Río Turbio, relacionada con el desvío de fondos destinados a la mina de carbón santacruceña, aunque esa sentencia todavía no quedó firme. Además, enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos el expediente por el caso Sueños Compartidos, que investigó irregularidades en la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El exsecretario de Obras Públicas, José López, permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Su nombre volvió al centro de la escena en 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Los famosos «bolsos de López».

A raíz de ese episodio, fue condenado por enriquecimiento ilícito y la Justicia decomisó el dinero hallado durante el operativo. /Perfil

José López fue condenado en la causa conocida como “los bolsos de López”

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