El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.

“Se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1ero de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”, indicó el magistrado en el fallo.

Además, indicó que quienes se consideren perjudicados por la aplicación del protocolo podrán hacer la denuncia correspondiente ante la Justicia: “Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo -Resolución 943/23, deberán -de modo individual- denunciar ante la Justicia en lo Penal quien actuara acorde a las competencias que la ley le otorga”.

“La sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”, destacó el CELS en un posteo en su cuenta de la red social X.

Según indicó, “el juez sostuvo que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle ‘instrucciones a la policía’, la resolución se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la policía porque también modifica leyes procesales”.

“El Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”, agregó.

La última vez que se aplicó el protocolo antipiquetes fue a mediados de diciembre, en la marcha de la CGT contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei. En ese entonces, ya con la ministra Alejandra Monteoliva al frente de la cartera de Seguridad.

Una causa que aún está en curso por la aplicación de ese procedimiento es la que busca determinar los hechos sucedidos durante la marcha del 12 de marzo cuando el reportero gráfico Pablo Grillo estaba a metros del edificio del Anexo del Senado, en las intermediaciones del Congreso, y mientras intentaba capturar imágenes del momento, recibió el impacto de un tubo de gas lacrimógeno y cayó al piso.

Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE, escribió en X que “una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla” y celebró como “un gran avance contra la represión” el fallo judicial.