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Política

El vicegobernador Sergio Mansilla recibió al fiscal de la Cámara Federal

El fiscal Antonio Gómez, es especialista en delitos ambientales y narcotráfico.

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El vicegobernador, Sergio Mansilla, recibió en presidencia al Fiscal de la Cámara Federal, Antonio Gómez, quien es especialista en delitos ambientales y narcotráfico. Lo acompañaron, el Secretario legislativo, Claudio Pérez; los legisladores Daniel Deiana (impulsor de la reunión); Federico Masso; Raúl Ferrazano; Sara Alperovich; Juan Rojas; Raúl Albarracín y Eduardo Bourlé.

Entre los puntos que se debatieron se encuentran: el proyecto de ley de prevención de uso indebido de sustancias psicoactivas para escuelas públicas y privadas y la Ley de Narcomenudeo.

Al respecto, el presidente de la Legislatura de Tucumán, manifestó: “El Fiscal vino a explicar el enfoque que tiene la Justicia Federal respecto a temas de narcomenudeo y uso indebido de sustancias, lo cual es enriquecedor para tratar de mejor manera, en las próximas sesiones, futuras leyes concernientes a lo abordado en la reunión”. También explicó que con el objetivo de “mejorar cada día, el gobierno de la provincia firmó un convenio, para crear en la ciudad de Aguilares, un lugar para tratar a personas adictas de toda la provincia”, resaltó Mansilla.

Respecto a la injerencia de Salud en el marco de la asistencia que podría brindarse, el legislador Deiana, detalló que fue uno de los temas que trataron con el Fiscal, además de “el Narcomenudeo y la situación de los adictos que se encuentran privados de su libertad por tener sentencia por algún delito, y sus tratamientos y/ o acompañamiento”, concluyó Deiana.

Política

Universitarios anunciaron una semana completa de paro

La CONADU profundiza su plan de lucha y definieron una nueva medida de fuerza que se extenderá desde el 26 hasta el 31 de mayo.

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Tras el masivo impacto de la Marcha Federal y mientras se aguarda un fallo clave de la Corte Suprema de Justicia, los trabajadores de las universidades nacionales nucleados en la CONADU profundizaron su plan de lucha y definieron un paro total que se extenderá por una semana completa, desde el martes 26 hasta el domingo 31 de mayo.

De esta manera, y en el marco del ajuste brutal que lleva a cabo el Gobierno de Javier Milei, el conflicto universitario ingresa en una etapa de máxima radicalización.

La medida de fuerza, adoptada durante un plenario de secretarios gremiales, no se limitará al cese de tareas. Según explicaron desde la federación, el apagón académico estará acompañado por jornadas de protesta activa, clases públicas y movilizaciones callejeras en los ingresos de todas las casas de altos estudios del país.

En paralelo, buscarán relanzar la visibilización del conflicto el viernes 22 de mayo con la presentación de un nuevo frente educativo en las puertas del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires.

Paro universitario: cómo sigue el conflicto

Lejos de una solución pacífica, el escenario de cara a la segunda mitad del año asoma aún más complejo. Distintas seccionales docentes ya comenzaron a diagramar propuestas para asfixiar el normal inicio del segundo cuatrimestre si el Gobierno nacional no recompone los ingresos.

El caso más testigo es el de los representantes gremiales de la UBA, quienes ya aprobaron un mandato para exigir la suspensión total de las evaluaciones y el inicio de un paro por tiempo indeterminado a partir de la segunda mitad del año. Esta drástica iniciativa será debatida de forma conjunta el próximo viernes 5 de junio, en una nueva cumbre de secretarios generales de CONADU.

El trasfondo del malestar radica en un deterioro salarial asfixiante: sin mesas paritarias formales desde octubre de 2024, la federación denuncia que la capacidad de compra de los docentes universitarios sufrió una retracción del 34% entre el inicio de la gestión de Javier Milei y enero de 2026.

Los números grafican la crisis del sector: a comienzos de este año, un profesor universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió un sueldo bruto de apenas $305.604.

«El ánimo es recontra difícil en este momento. Estamos cobrando la mitad de lo que deberíamos cobrar», advirtió con dureza Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU, quien sentenció que, tras haber agotado las instancias institucionales defendiendo la ley de financiamiento frente al veto presidencial, la paciencia de las bases universitarias llegó definitivamente a su fin.

FUENTE: Minutouno

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Política

El nuevo ajuste nacional profundiza la presión financiera sobre las provincias y reduce fondos estratégicos

El ministro de Economía Luis Caputo y el cuestionado Jefe de Gabinete Manuel Adorni fueron los encargados de aplicar la dura poda de recursos coparticipables, afectando seriamente l autonomía de las provincias.

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La última reestructuración presupuestaria dispuesta por el Gobierno nacional volvió a reducir los márgenes económicos de las provincias y reforzó un proceso que desde hace más de un año genera preocupación entre gobernadores y especialistas: una creciente concentración de recursos y capacidad de decisión en manos de la administración central. 
El recorte de $ 320.711 millones en partidas discrecionales se suma a la caída de la inversión pública y a una menor distribución automática de recursos, configurando un escenario que incrementa la dependencia financiera de los distritos respecto de la Nación.

La medida quedó oficializada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El ajuste impactó de manera directa en el Programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, estructura de la que dependen principalmente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), herramienta históricamente utilizada para asistir a las jurisdicciones en situaciones de desequilibrios o necesidades extraordinarias.

El efecto del recorte no se limita al volumen de recursos afectados, sino también a la disponibilidad futura de esos fondos.
Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco estimó que la decisión oficial eliminó alrededor del 70% de los ATN que aún no habían sido ejecutados para el resto del año. El dato adquiere relevancia adicional debido a que estos recursos provienen de fondos coparticipables, es decir, de impuestos que también son aportados por las propias provincias.
El nuevo ajuste se produce además sobre un escenario de inversión estatal directa que ya venía mostrando niveles históricamente bajos. El relevamiento de Politikon Chaco, construido sobre datos de Presupuesto Abierto y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), indicó que la Inversión Real Directa (IRD) del Estado nacional destinada a las provincias alcanzó durante 2025 los $ 890.291 millones.
Aunque la cifra mostró un incremento nominal frente a 2024, el estudio advierte que esa mejora debe interpretarse en un contexto particular: el año pasado había registrado el nivel más bajo desde 2003. De hecho, la inversión nacional en las provincias quedó un 65,1% por debajo del promedio histórico registrado entre 1995 y 2023.
Dentro de ese esquema, el componente vinculado a construcciones, considerado uno de los motores principales de la obra pública y responsable del 57% de la IRD, mostró un deterioro aún más marcado, con niveles ubicados 73,3% por debajo del promedio histórico.
Los efectos de esta reconfiguración presupuestaria ya comenzaron a observarse en distintas jurisdicciones. En Catamarca, por ejemplo, la reasignación de partidas provocó una reducción superior a los $ 7.000 millones destinados a infraestructura, equivalente a casi el 40% de los créditos originalmente previstos para la provincia durante este año. El impacto se concentró principalmente en proyectos viales y obras hídricas.
A ese panorama se suma un tercer factor que agrava las tensiones financieras: la caída en los recursos provenientes de la coparticipación federal. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las transferencias automáticas destinadas a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron una baja real del 5,7% respecto del mismo período del año anterior, impulsada por una desaceleración en la recaudación nacional.
La situación ya había sido advertida por algunos mandatarios provinciales. Durante la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de mayo, el gobernador catamarqueño Raúl Jalil reconoció que “las transferencias automáticas se volvieron insuficientes”, al explicar el contexto que obligó a su administración a reforzar la asistencia económica a los municipios.
Frente a ese escenario, el mandatario defendió la utilización de herramientas alternativas para sostener la inversión y la actividad pública, entre ellas recursos propios, financiamiento bancario y fondos provenientes de la actividad minera, como estrategia para compensar el repliegue de la asistencia nacional.

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Política

El lunes habrá una resolución de la Junta Electoral en la UNT

La Junta Electoral de la UNT comenzó a analizar los pasos institucionales a seguir. Entre las alternativas que se evalúan aparece la suspensión de la Asamblea Universitaria convocada para el próximo miércoles en el Centro Cultural Virla y la apertura de un nuevo plazo para la presentación de fórmulas al Rectorado

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La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó el fallo del juez Guillermo Díaz Martínez y ordenó suspender la candidatura del rector Sergio Pagani para un nuevo mandato en la Universidad Nacional de Tucumán.

Fernando Valdezpresidente de la Junta Electoral de la UNT, confirmó que «el lunes habrá Resolución de la Junta Electoral». Informó, además que fueron notificados desde la Universidad con un copia, estudian el acatamiento de la cautelar y es muy probable que se suspenda la Asamblea Universitaria». La misma estaba pactada para el próximo 20 de mayo y se iba a elegir rector y vicerrector.

En caso de un eventual cambio de fórmula, dijo: «estamos estudiando todas las alternativas que se darán ante esta inédita situación».

La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que suspendió la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato modificó el escenario electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y obligaría a readecuar el cronograma previsto para la elección de rector y vicerrector.

Tras el fallo judicial, la Junta Electoral de la UNT comenzó a analizar los pasos institucionales a seguir. Entre las alternativas que se evalúan aparece la suspensión de la Asamblea Universitaria convocada para el próximo miércoles en el Centro Cultural Virla y la apertura de un nuevo plazo para la presentación de fórmulas al Rectorado.

La Cámara Federal revocó la resolución del juez Guillermo Díaz Martínez, quien en primera instancia había rechazado la acción declarativa presentada por los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala. Los camaristas Fernando Poviña, Ricardo Sanjuan, Marina Cossio y Patricia Moltini votaron a favor de suspender la candidatura de Pagani, mientras que Mario Rodolfo Leal lo hizo en disidencia.

En la resolución, el tribunal ordenó que la UNT se abstenga de receptar, tramitar, acreditar y oficializar candidaturas para rector y vicerrector de dirigentes que hayan cumplido dos mandatos consecutivos. La medida alcanza directamente a Pagani, quien actualmente ejerce su segundo período consecutivo como rector.

Los jueces sostuvieron que el artículo 17 del Estatuto universitario establece que el rector y el vicerrector podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente una sola vez, por lo que una nueva candidatura podría vulnerar las reglas de elegibilidad previstas en la reforma estatutaria.

La medida cautelar tendrá vigencia hasta que exista una sentencia definitiva o hasta el vencimiento del plazo previsto por la Ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado.

Mientras tanto, el resto del cronograma electoral universitario continuaría vigente. Este lunes deben asumir los 13 decanos electos en sus respectivas facultades y también avanzarían las proclamaciones de consejeros superiores y directivos elegidos durante la semana pasada.

La Asamblea Universitaria prevista para elegir rector y vicerrector debía estar integrada por 161 miembros: 13 decanos, 78 consejeros docentes, 39 representantes estudiantiles, 13 no docentes, 13 egresados, cuatro representantes de escuelas experimentales y un representante no docente del Rectorado.

Antes de la resolución judicial, el oficialismo universitario había consolidado una mayoría política en respaldo de la fórmula integrada por Sergio Pagani y Mercedes Leal. La candidatura había sido presentada ante la Junta Electoral con el acompañamiento de 11 de los 13 decanos de la UNT.

Con el nuevo escenario abierto por la Cámara Federal, dentro de distintos sectores universitarios comenzó a mencionarse la posibilidad de que el oficialismo deba reemplazar a Pagani y presentar un nuevo candidato para intentar sostener la mayoría construida durante el proceso electoral.

También permanecen abiertas otras posibilidades judiciales y administrativas, entre ellas nuevas apelaciones, impugnaciones o presentaciones vinculadas al alcance de la cautelar y a la continuidad del proceso electoral en la UNT.

Hasta el momento, ni Sergio Pagani ni Miguel Cabrera realizaron declaraciones públicas luego de conocerse la resolución judicial.

Por último, Valdez sostuvo que «la manda judicial es solo lo que dice la sentencia cautelar», por lo tanto, el lunes asumen los decanos con normalidad.

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