Con la puesta en funcionamiento del establecimiento socioeducativo para menores en conflicto con la ley que ya funciona en el predio del penal de Benjamín Paz, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso el cierre definitivo del Instituto Roca y una reorganización integral del sistema de atención para adolescentes con causas penales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Acuerdo N° 16/4, publicado este 27 de abril en el Boletín Oficial, con la firma del primer mandatario y el acompañamiento de todos sus ministros.

En los fundamentos de la medida, el decreto sostiene que “resulta necesario actualizar la organización de los dispositivos existentes a fin de adecuarlos a nuevos criterios, orientados a mejorar las condiciones de atención, cuidado y acompañamiento de los adolescentes”.

El instrumento plantea que el sistema actual requiere una redefinición institucional y señala que el histórico centro de menores “Julio A. Roca” “forma parte de un sistema que requiere ser definido en función de lineamientos actuales”.

En ese marco, el Gobierno provincial aprobó el Manual de Organización del Establecimiento Socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero – Benjamín Paz”, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

El establecimiento había sido creado previamente mediante el Decreto 112/4 del 28 de enero de este año, y con la nueva disposición se formaliza su estructura organizativa, su organigrama y las funciones de cada área.

Según el decreto, el objetivo es “dotar de mayor coherencia funcional, favorecer la alineación de competencias, agilizar los circuitos administrativos y asegurar una asignación eficiente de recursos” dentro del sistema provincial de atención a adolescentes con causas penales.

El nuevo espacio tendrá como misión “brindar un espacio transitorio de atención, protección y convivencia para adolescentes varones de 16 a 18 años de edad, en conflicto con la ley penal, cuando medie orden de autoridad competente, para su alojamiento y, mediante el tratamiento individual y familiar, lograr su reinserción social con un proyecto personal de vida elaborado”.

De acuerdo con el anexo del decreto, el establecimiento deberá desarrollar acciones de atención integral en materia alimentaria, médica, educativa y recreativa, además de trabajar en la reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios de los adolescentes alojados.

Entre sus funciones también se contempla “planificar y coordinar acciones con equipos interdisciplinarios que produzcan diagnóstico de la situación familiar y social del joven”, así como promover programas de capacitación laboral que permitan “lograr una mejor reinserción en la sociedad”.

La normativa también establece que el centro deberá articular acciones con organismos gubernamentales, organizaciones sociales e instituciones públicas o privadas, además de realizar el seguimiento judicial de los casos y elevar informes periódicos a las autoridades correspondientes.

Cierre del instituto Roca

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión administrativa es el cierre definitivo del Centro de Recepción y Clasificación de Menores Julio A. Roca, que durante décadas funcionó como principal espacio de alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en la provincia.

Para concretar la medida, el decreto faculta a la Secretaría de Estado de Hacienda a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias. En ese sentido, el artículo 2 de la norma establece que se deberán efectuar “las adecuaciones y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para la efectiva aplicación del presente decreto acuerdo, como así también para el cierre definitivo del Centro de Recepción y Clasificación de Menores ‘Julio A. Roca’”.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida apunta a modernizar el sistema de intervención estatal en materia de niñez y adolescencia, en línea con criterios actuales de abordaje socioeducativo y restitución de derechos.