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Educación: el Consejo Federal definió los criterios de evaluación y promoción para este año

Se tomarán bloques de dos años y habrá un régimen especial para preescolar y último año del secundario.

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El ministro de Educación, Nicolás Trotta, junto con sus pares de las 24 jurisdicciones, aprobaron un conjunto articulado de las resoluciones en donde definieron el marco federal para la reorganización institucional de las actividades de retorno a la escuela y los criterios de evaluación, acreditación y promoción para este año.

También se resolvió de manera unánime las orientaciones para la contextualización curricular 2020-2021 y la organización de la enseñanza, asi como también el Programa Acompañar: Puentes de Igualdad.

Los alumnos de quinto año tendrán que aprobar instancias de acreditación en diciembre, marzo y abril.

“Hemos logrado generar los consensos federales en torno a las respuestas que requieren los desafíos pedagógicos que tendremos que afrontar en el corto y mediano plazo», dijo el ministro Trotta y enfatizó la necesidad de llevar certidumbre a la comunidad educativa.

Según informó el Ministerio, durante la etapa de retorno progresivo a las escuelas y hasta que se disponga de una vacuna contra Covid-19, convivirán tres formas de transitar la educación obligatoria, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada región y las normas de seguridad sanitaria necesarias para cuidar la salud de toda la comunidad educativa: presencial, no presencial y combinada.

Con respecto al sistema de Evaluación, la Asamblea del determinó que todos los aprendizajes que tuvieron lugar durante 2020 serán evaluados y acreditados, y aquellos niveles de logro que se acrediten, representarán momentos en una progresión de aprendizajes que abarcará el ciclo 2020 y el 2021 como una única unidad pedagógica.

La evaluación podrá ser expresada en informes descriptivos y conceptuales para que cada jurisdicción decida cuándo y con qué finalidad repone el uso de escalas de calificaciones.

Cómo serán las promociones
Para la promoción se considerarán cada año/grado escolar y el subsiguiente de los ciclos lectivos 2020 y 2021 como una unidad pedagógica y curricular. Los contenidos y metas de aprendizaje previstos para los dos grados/años considerados como una unidad, serán reorganizados de manera que puedan ser abordados entre este año y el próximo.
Sobre el pasaje de un nivel educativo a otro, el CFE resolvió que en el caso de las y los niños de sala de 5 años del nivel inicial promocionarán directamente al primer grado del nivel primario, y en el ciclo lectivo 2021 ambos niveles trabajarán en conjunto la planificación pedagógica.
En lo que respecta a las y los estudiantes que se encuentran en el último año de la educación primaria deberán acreditar los aprendizajes previstos en los diseños curriculares jurisdiccionales para acceder a la certificación del nivel. Para ello, los mismos se reorganizarán, poniendo especial énfasis en la formación de las capacidades previstas como propósitos formativos del ciclo y necesarias para continuar adecuadamente sus trayectorias educativas en el nivel secundario. Quienes no alcancen los niveles de logro establecidos para el mes de marzo, pasarán al nivel secundario bajo la figura de promoción acompañada y recibirán tiempos de enseñanza complementarios a lo largo del año.
Las y los estudiantes que durante el año 2020 se encuentran en el último año de la educación secundaria deberán acreditar los aprendizajes y capacidades previstas en el perfil de egreso del plan de estudios correspondiente. En este caso también cada jurisdicción reorganizará curricularmente los contenidos y asignaturas, procurando su integración en proyectos interdisciplinarios. Esta nueva organización curricular será el Trayecto Curricular de Finalización del Nivel Secundario 2020 de aprobación obligatoria para lo que se dispondrán instancias de acreditación en diciembre, marzo y abril.
Se ofrecerán espacios de formación como mínimo durante el mes de febrero y hasta la finalización del año lectivo 2020 (marzo 2021). La acreditación final de aprendizajes y la correspondiente certificación del nivel podrá tener lugar en los meses de diciembre 2020, marzo y abril 2021.
Por otro lado, se aprobaron los lineamientos generales del Programa Acompañar: Puentes de Igualdad con el objetivo principal de promover y facilitar la reanudación de trayectorias escolares y educativas, cuya interrupción ha sido potenciada por la pandemia y sus consecuentes desigualdades. Además, la iniciativa busca alentar y propiciar la continuidad en los estudios de todas las y los estudiantes, en todos los niveles del sistema.

Durante el encuentro también estuvieron presentes el secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Pablo Gentili; la secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker; el jefe de Gabinete, Matías Novoa Haidar; la subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad, Verónica Piovani; la subsecretaria de Educación Social y Cultural , Laura Sirotzky, la secretaria General del Consejo Federal de Educación, Marisa Diaz y la directora del Instituto Nacional de Formación Docente, Mercedes Leal.

Además por parte de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Stella Maris Olalla; y por parte de la Honorable Cámara de Diputados, Hugo Yasky y Victoria Morales Gorleri. También participaron Delfina Veiravé en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Rodolfo de Vincenzi del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), y los representantes de los cinco sindicatos docentes.

https://www.ambito.com/informacion-general/evaluacion/educacion-el-consejo-federal-definio-los-criterios-y-promocion-este-ano-n5127759

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El Gobierno privatizó la mayor transportadora de electricidad del país por U$S 356 millones

El Ejecutivo transfirió la totalidad de las acciones de la controlante de Transener al consorcio empresario que hizo la mejor oferta en la licitación. Es parte del proceso para pasar a privados Enarsa.

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El Gobierno adjudicó a un consorcio empresario de capitales argentinos la totalidad de las acciones de Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país. Lo hizo por US$356 millones.

La decisión fue oficializada este martes con la publicación de la resolución 673 en el Boletín Oficial y celebrada por el Ministerio de Economía en un posteo de X.

“El Estado se retira definitivamente de su participación en la empresa, abandona el rol empresario que nunca debería haber cumplido y le devuelve al sector privado la gestión e inversión en el transporte eléctrico», enfatizó la cartera que conduce Luis Caputo.

Mediante la resolución 673, el Gobierno adjudicó a Genneia y el grupo Edison el 100% del paquete accionario del Estado en la empresa controlante de Transener (Citelec, que también tiene como accionista a Pampa Energía).

Transener administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz.

“La venta del paquete accionario que el Estado tiene en Citelec es un paso más en la privatización de activos y actividades de Enarsa”, indicaron desde la cartera que encabeza Luis Caputo.

La venta de la controlante de Transener, un hito en el plan para privatizr Enarsa, se concretó a fines de abril. De los grupos que había habilitado el Gobierno para competir, las mejores ofertas fueron presentadas por el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión que propuso US$356.174.811,78.

Este valor superó el precio base fijado para la licitación, que era de US$206 millones. La suma total de las propuestas recibidas por el Ministerio de Economía se ubicó en US$887 millones.

Avanza la privatización total de Enarsa: qué activos energéticos aún controla el Estado
Como informó TN, el plan oficial apunta desde 2024 -a partir de la inclusión como privatizable de manera total en la Ley Bases-, a dividir y vender en partes a Enarsa.

En ese marco, fue avanzando sobre distintas unidades de negocios de la firma. A fines de 2024, Enarsa controlaba al menos 10 unidades en el sector del gas y de la energía eléctrica. Hoy son solo cuatro.

Así, en la actualidad, el Estado tiene participación a través de Enarsa en los siguientes negocios energéticos:

-UTE Escobar (50%), con YPF controlan la operatoria del barco regasificador de GNL que luego se inyecta en el sistema nacional. El Gobierno intentó privatizar el servicio, pero finalmente desistió en medio de la escalada de los precios del petróleo y el gas por la guerra en Medio Oriente.

-Es socio mayoritario en dos centrales generadoras eléctricas: termoeléctrica San Martín, en Timbúes, Santa Fe (69%); y la termoeléctrica Manuel Belgrano, en la ciudad bonaerense de Campana (65%).

-Enarsa Patagonia (90%), encargada de la exploración y explotación de pozos petroleros y de gas del sur.

-Vientos de la Patagonia 1, (80%) parques eólicos en Chubut.

A eso se suman las concesiones de represas, donde Enarsa tiene participación. Luego de privatizar las represas del Comahue, a fines de 2025 por US$700 millones, el Gobierno tiene en la mira nuevas concesiones para las centrales hidroeléctricas de Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut. /TN

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El Gobierno nacional aplicó recortes a 211 programas de distintas áreas

El Gobierno recortó financiamiento a hospitales, el INCUCAI, al Instituto Malbrán, el programa Educar, entre otros. Además achica el fondo para ATN.

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Hace un tiempo atrás, el ministro Luis Caputo les había pedido a sus pares del gabinete que le rmitieran a su despacho recortes de gastos por el 2% de capital y el 20% en las erogaciones generales. Este lunes se comenzó a develar el interrogante.

Una decisión administrativa simple firmada por Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicada en el Boletín Oficial, revela que se decidieron por aplicarles una poda a 211 programas que el Gobierno lleva adelante en diferentes áreas. El ahorro, según indica la medida, es de $2,8 billones.

En cambio, la medida que modifica el Presupuesto 2026 establece un incremento del gasto en 15 programas por $372.000 millones.

La decisión administrativa además agrega unos $564.000 millones al cálculo de recursos, con lo cual se termina incrementando el resultado financiero en $3 billones.

El análisis de la medida corresponde a la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas. La entidad indicó en su reporte que la medida implica que “los Gastos Corrientes disminuyen en $1,9 billones y los Gastos de Capital en $496.760 millones”.

En lo relacionado a Obligaciones a Cargo del Tesoro, los recortes son los siguientes:

-Se reducen los créditos para el programa 99 – Otras Asistencias Financieras por $1,2 billones (Administración Gubernamental -$494.290 millones, Servicios Sociales -$564.130 millones y Servicios Económicos -$140.000 millones).

-Adicionalmente, disminuyen las transferencias para Energía Argentina por $200.000 millones, EDUCAR S.A. por $48.000 millones, AySA por $21.437 millones, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo por $937 millones, Radio y Televisión Argentina por $1.145 millones, Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima por $498 millones y Contenidos Artísticos e Informativos por $96 millones.

-En el caso del Ministerio de Economía, los recortes alcanzan los $529.000 millones.

-En el Ministerio del Interior se recorta el fondo para los ATN en $320.000 millones, además de algunas transferencias para gastos sociales de menor impacto económico.

Recortes de gastos en Salud

En Salud, se recortaron $62.731 millones, del programa 47 – Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud- por $25.000 millones, del programa 29 – Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica- por $20.000 millones, y del programa 55 – Cobertura Sanitaria Compensatoria- por $5.000 millones, entre otros.

Las partidas de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud disminuyen en $3.196 millones, la Superintendencia de Servicios de Salud en $1.743 millones, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán en $1.162 millones y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante en $1.000 millones, entre otros organismos.

“Es un ajuste grosero”

El director del Instituto del Consenso Federal y exdiputado peronista, Alejandro Gómez, señaló al respecto que “mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que se publica en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Gobierno nacional ejecutó una grosera alteración del Presupuesto Nacional 2026, que fuera aprobado por el Congreso de la Nación apenas cuatro meses atrás”.

“En los considerandos de la norma, también suscrita por el ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo, se consigna que con la Decisión Administrativa se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”, señaló Gómez.

El dirigente sostuvo que, “rastrillando las 588 fojas del anexo que esconde la letra chica y las cifras del ajuste, emergen verdaderos guadañazos presupuestarios”. Sostiene que al programa de “Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer” se le aplicó un recorte de $5.000 millones.

“Siempre en jurisdicción del Ministerio de Salud, el programa presupuestario 20, que concentra los recursos para la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, sufre un ajuste de $500 millones”, dijo el exlegislador.

FUENTE: Ámbito

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El Gobierno le quitó más de $78.000 millones a Educación y frenó obras universitarias

La administración Milei recortó programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.

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El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026.

De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

Además, el Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.

También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la documentación oficial

Las universidades nacionales también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.

Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

La medida quedó formalizada en la Decisión Administrativa 20/2026, publicada por el Poder Ejecutivo junto con las modificaciones presupuestarias de la administración nacional.

FUENTE: NA

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