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Policiales

Desbaratan una organización criminal que ataca a tours de compras en diferentes provincias

Luego de tres audiencias (realizadas los días jueves 27 y viernes 28 de febrero), el Ministerio Público Fiscal a través de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos IV del MPF continúa tras los pasos de una organización criminal que se dedica a interceptar a tours de compras con conexiones en otras provincias (Jujuy, Buenos Aires y Santa Fe).

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Héctor Hugo Suárez fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo. Una mujer, de 40 años, también fue imputada en el marco de la investigación. Otros cuatro integrantes de la asociación ilícita, entre ellos un policía, permanecerán con prisión preventiva por 88 días. A pedido del Ministerio Público Fiscal la causa fue declarada compleja.

Luego de tres audiencias (realizadas los días jueves 27 y viernes 28 de febrero), el Ministerio Público Fiscal a través de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos IV del MPF continúa tras los pasos de una organización criminal que se dedica a interceptar a tours de compras con conexiones en otras provincias (Jujuy, Buenos Aires y Santa Fe).

Uno de ellos de 43 años se desempeñaba como personal policial en el GUM de Tafí Viejo. Ahora su pareja, de 40 años, también quedó acusada de conformar una asociación ilícita. De esta manera ya son cinco los acusados (de 33 años y 42 años). En tanto, un sexto (Héctor Hugo Suárez de 47 años) fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo mediante un juicio abreviado por el delito de robo doblemente agravado por ser cometido en despoblado, en banda y con armas de fuego, en calidad de partícipe secundario, ocurrido el 27 de agosto del año pasado en la entrada de El Cadillal sobre Ruta Nacional 9.

“Se trató de un hecho sumamente violento en el cual los autores del hecho utilizaron armas de fuego, al menos tres, para disminuir las capacidades defensivas de las víctimas. Fueron cinco al menos los que abordaron el colectivo donde se encontraban las víctimas.

Por otro lado, se tuvo en cuenta la magnitud del daño causado el cual es de gran envergadura teniendo en cuenta el dinero y los bienes que los autores sustrajeron”, indicó el fiscal Diego Hevia sobre los agravantes que se tuvieron en cuenta. Este ilícito fue el disparador de la investigación que permitió dar con el paradero de los otros involucrados (ver abajo).

Asunto complejo

Previo al dictado de la prórroga de la prisión preventiva por 88 días (cuyo vencimiento operara el 27 de mayo para que coincida con lo dispuesto a la mujer), el Fiscal solicitó el tratamiento de la causa como asunto complejo. “Es una causa que viene avanzando desde agosto del año pasado. Tenemos una infinidad de teléfonos secuestrados y ya hemos analizado dos legajos que se tramitaban en paralelo y se los unificó.

Del análisis de las escuchas nos restan más de 70 CDs (contabilizando un total de 140 CDs). Corresponde el tratamiento de asuntos complejos por la pluralidad de víctimas (hasta el momento son 13) y la cantidad de imputados.

Buscamos combatir la criminalidad organizada, estamos hablando de una banda con una logística que es interjurisdiccional, es decir, intervienen en Tucumán, Jujuy, Buenos Aires y Santa Fe. Ya se realizaron múltiples allanamientos en ésta última provincia para dar con el paradero de dos prófugos con resultados negativos”, afirmó el representante del MPF. “Nos llamó la atención que un miembro de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Tafí Viejo, al cual se le recomienda el cuidado del vecino, se dedicaba a armar tumberas y alquilar armas”, añadió.

La banda

Según la Fiscalía, desde el año 2024 y hasta el mes de enero de 2025, dentro del territorio de nuestra provincia de Tucumán y en diversas jurisdicciones, los imputados y otros que permanecen prófugos, previo acuerdo de voluntades, división de tareas y de roles asignados a cada uno, desempeñándose uno de ellos como jefe y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a conseguir beneficios patrimoniales y económicos mediante el ataque a colectivos con pasajeros que viajaban a diferentes provincias.

De esta manera, los integrantes se encargaban de obtener información del horario de salida y destino, trayecto y cantidad de pasajeros que llevarían los colectivos, para luego proporcionársela al jefe quien se comunicaba telefónicamente con la femenina, de 40 años, siendo que ésta le proporcionaba información y elementos de Gendarmería, como ser uniformes completos de gendarmes, sin la correspondiente autorización legal para la tenencia y/o portación de las mismas, para luego enviárselos a la provincia de Santa Fe a fines de ser utilizados por el resto de los miembros.

A su vez, colaboraba con el ocultamiento o destrucción de evidencias, ofreciéndose a hacerse pasar por pasajera de los colectivos. La banda no solo se limitaba a la planificación y perpetración de robos de colectivos interjurisdiccionales, sino también a delitos que afectaban la seguridad pública y la libertad individual.

El hecho inicial

Según la teoría del caso, el 27 de agosto de 2024, alrededor de 23 pasajeros, viajaban a bordo de un micro de larga distancia con destino a la ciudad de Aguas Blancas, Salta, para realizar un tour de compras que partió de la terminal de Termas de Río Hondo. A las 00.30 horas, llegando a la entrada de El Cadillal, cerca del control policial de Tapia, dos pasajeros que viajaban en el interior del colectivo exigieron al chofer que detuviera la marcha aduciendo que un familiar se había accidentado en la ruta.

Fue allí que el conductor alertó que estaba siendo perseguido por un automóvil Fiat Siena blanco y se negó a detener la marcha. Ante ello, los dos pasajeros delincuentes sacaron de entre sus ropas armas de fuego, una de las cuales tipo revólver, con la que efectuaron múltiples disparos, obligando al chofer a disminuir la velocidad para facilitar el abordaje de tres sujetos más al colectivo.

Fue así que los seis ladrones (entre ellos el policía del GUM), mediante golpes y amenazas con armas de fuego, empezaron a exigir a los pasajeros la entrega de sus pertenencias. Todo ello, sabiendo que otro cómplice los aguardaba en calle Roca Este y Álvarez Condarco a los fines de repartir el botín (donde llegaron a sustraer alrededor de $10.000.000, celulares, documentación y otros tipos de elementos personales de los viajeros). Cometido el delito, los imputados descendieron del colectivo y emprendieron fuga a bordo de tres automóviles (el advertido por el chofer y dos de color gris).

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Investigan la muerte de un joven detenido en la comisaría de Simoca

Jonathan Rodríguez fue aprehendido el 4 de abril y, pocas horas después, debió ser trasladado a un centro de salud, donde falleció.

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La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.

 

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Policiales

Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.

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El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».

 

El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.

 

 

El riesgo de fuga y su futuro en el club

Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.

 

 

Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.

 

 

Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.

 

 

Crónica de un vuelo de terror

El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.

Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.

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Agente penitenciario de 28 años murió luego de chocar un montículo de ripio en una ruta sin iluminación

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario

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Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 323, a la altura del puente sobre el río Salí, en jurisdicción de la Comisaría de Río Colorado, donde un motociclista perdió la vida en el acto.

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario y tenía domicilio en el paraje Ampata – Atahona.
De acuerdo a la información oficial, el joven circulaba en una motocicleta de 200cc en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un montículo de ripio colocado para impedir el paso hacia el antiguo puente carretero, actualmente clausurado.

En el lugar se encuentran carteles con la advertencia “No avanzar, puente clausurado”, mientras que en paralelo existe un paso habilitado para la circulación vehicular. Sin embargo, según consta en el informe policial, el sector carece de iluminación, lo que podría haber influido en la mecánica del hecho.

Personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) arribó al sitio en la unidad correspondiente y constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Concepción, bajo la órbita de la fiscal Lucrecia Lugones, quien dispuso la actuación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación del caso

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