El Gobierno extendió hasta junio la bonificación adicional del 25% en las tarifas de gas y fijó un nuevo porcentaje de descuento para la electricidad, ambas medidas destinadas a los hogares inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La medida se implementó a través de la Resolución 121/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, María Carmen Tettamanti.
El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, creado en diciembre de 2025 con el objetivo de unificar y reorientar los subsidios energéticos hacia los sectores de menores ingresos, reemplazó al sistema anterior de subsidios generalizados y establece bonificaciones diferenciadas según el nivel socioeconómico de los usuarios.
Las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y otras organizaciones sin fines de lucro también quedan alcanzadas por las bonificaciones previstas en la resolución.
Gas: se mantiene el 25% de bonificación extraordinaria
Para los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes beneficiarios del SEF, la resolución prorroga al mes de junio la bonificación adicional del 25% que ya había estado vigente en mayo. La justificación oficial apunta al aumento de la demanda por las bajas temperaturas y a la mayor necesidad de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles alternativos, cuyos precios están expuestos a la volatilidad internacional.
Esta bonificación extraordinaria se suma a la general que el régimen SEF ya contempla en forma permanente, según lo establecido en el decreto que creó el sistema a fines de 2025.
Electricidad: sube levemente el porcentaje adicional
En el caso de la energía eléctrica, la medida reemplaza el descuento adicional del 10,67% que estaba previsto para junio por uno levemente mayor: 11,97%, aplicable sobre un consumo base de 300 kilovatios hora (kWh) mensuales para usuarios residenciales. El ajuste busca compensar, parcialmente, el mayor uso de calefacción eléctrica en los hogares durante los meses fríos.
Con amplio acompañamiento, Diputados aprobó en general la nueva Carta Orgánica del Banco Central
La Cámara aprobó y giró al Senado la nueva Carta Orgánica del Banco Central y continúa el debate por el proyecto que promueve el uso de los dólares del colchón. Ambos textos son clave para el programa económico del Presidente. Para garantizarse los votos, los libertarios le abrieron la agenda a los aliados. El endeudamiento familiar se coló en la sesión.
Con el acompañamiento de los aliados, aprobó en Diputados y giró al Senado la nueva Carta Orgnánica del Banco Central, impulsada por el presidente Javier Milei. En la que se espera que será una extensa jornada, el oficialismo apunta a anotarse un segundo triunfo: darle media sanción a Inocencia Fiscal 2. En la previa al debate, se oficializó el nuevo bloque que promete mostrarse más duro ante los libertarios. Apenas se puso en marcha la sesión, se coló el endeudamiento familiar.
Con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general la nueva Carta Orgánica del Banco Central que, de acuerdo al relato oficialista, busca ponerle “fin al flagelo de la inflación”. A grandes rasgos, el texto establece la preservación de la moneda como principal objetivo de la entidad. Al mismo tiempo, el proyecto -que fue acompañado por los aliados durante el debate en comisión- prohíbe el financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios, así como la compra de títulos públicos en el mercado primario.
Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Santiago Pauli planteó: “Cuando hablamos de reforma la Carta Orgánica del Banco Central no solo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, sino del valor del trabajo de los argentinos, de nuestros sueldos, nuestros ahorros y la posibilidad de planificar”.
Además, el fueguino indicó: “Cuando decimos que el Banco Central fue utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política nos referimos a que cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central”.
Menem le abrió la agenda a los aliados.
A su turno, Itai Hagman, de Unión por la Patria, consideró: “Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para aliviar la situación de los morosos, pero en lugar de eso estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver estos problemas”.
«La emisión es un robo», dijo el jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, al cierre del debate y apuntó contra el kirchnerismo, a quien acusó de promover la inflación. «Le estamos poniendo el candado al Banco Central para que no sea el cliché del Gobierno de turno», continuó el libertario.
Por otra parte, La Libertad Avanza buscará aprobar y girar al Senado Inocencia Fiscal II, iniciativa que busca fomentar el uso de los dólares “del colchón” a través de la reducción de multas por falta de presentación de la declaración jurada y otras infracciones formales.
Otro de los proyectos que se tratará en la sesión es el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. Y, por último, finalmente se aprobará (y deberá volver al Senado ya que el texto sufrió cambios en comisión) la ratificación del Tratado de Cooperación de Patentes (TCP). El mismo fue aprobado en el Senado en 1998 y jamás se sancionó en la Cámara baja. Volvió a ser noticia en febrero pasado, cuando la Argentina y los Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial que, entre otros puntos, incluye el compromiso de “modernizar” el sistema de patentes por medio de la adhesión al PCT.
Tal cual afirmó el vocero Presidencial Adrián Ravier en la conferencia de prensa que brindó este martes, las cuatro iniciativas apuntan a alentar el libre comercio, bajar la inflación, favorecer sectores productivos y fortalecer el rumbo “reformista” del Gobierno.
El oficialismo reunió el quorum gracias al acompañamiento de los bloques aliados: entre ellos, se los vio sentados en sus bancas al flamante bloque Argentina Federal -desde uno de los palcos seguía la sesión el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua-; la UCR, el PRO, Adelante Buenos Aires, Independencia, Elijo Catamarca y parte de Provincias Unidas.
La sesión se celebra luego de que el Presidente Javier Milei recibiera a la tropa legislativa en la Casa Rosada, y mientras la agenda sigue copada por la mora bancaria que aqueja a cerca de 6 millones de personas, pasadas las 12, se puso en marcha la sesión impulsada por La Libertad Avanza y sus aliados.
La oposición coló sus temas en el debate
Apenas se puso en marcha la sesión, el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano pidió un apartamiento de reglamento para tratar los más de 20 proyectos vinculados con el endeudamiento familiar. “Venimos a solicitar un apartamiento de reglamento para que se pongan en consideración todos los proyectos relativos al endeudamiento familiar», dijo el radical.
«Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal. Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”, dijo Juliano.
Juliano pidió tratar la veintena de proyectos sobre endeudamiento familiar.
«Hoy venimos por quinta vez a plantear esto», agregó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. Desde comienzo de año, se acumulan los proyectos vinculados al tema, pero el oficialismo se niega a tratarlos en comisión. «Es imposible que este tema no se pueda tratar hoy aquí», continuó el rosarino. Y pidió votación nominal para definir si se habilitaba o no el tratamiento.
Para prosperar la moción, se requería el aval de tres cuartos del recinto. La votación salió 133 a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. Si bien la moción salió rechazada, la oposición reunió más de 129 votos. Es decir, si a futuro lleva el tema al recinto, para emplazar a las comisiones que deben tratarlos, podría reunir el quorum.
Minutos después, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino pidió un apartamiento de reglamento para avanzar con la prórroga hasta 2027 de la Emergencia en Discapacidad. La moción cosechó la misma cantidad de votos que endeudamiento familiar.
Menem le abrió el temario a los aliados
Para garantizarse el quorum y los votos, el presidente de la Cámara de Diputados habilitó el tratamiento de proyectos impulsados por los bloques aliados. Entre ellos, se votará la iniciativa impulsada por los diputados que se referencian en el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, que reduce a la mitad el IVA para la fécula de mandioca.
Al mismo tiempo, el temario cuenta con un extenso listado de proyectos que declaran a distintas localidades o provincias “capital nacional”. Estos proyectos, que solían ser denostados por los libertarios, funcionarán como anzuelo para garantizarse, de mínima, el quorum de la sesión. Es que más de un dialoguista argumentó que habilita el debate precisamente porque se incluye alguna iniciativa que beneficia a su provincia.
En el listado figuran, por caso, la iniciativa que declara a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro; la que distingue a Chivilcoy (Buenos Aires) como Capital Nacional del Coleccionismo; la que reconoce a la provincia de San Juan como cuna de Domingo Faustino Sarmiento y Capital Nacional de la Educación; y el proyecto que declara a Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías. La lista continúa con una larga serie de iniciativas de similares características. Todas tienen, además, un punto en común: no implican un impacto sobre el equilibrio fiscal que busca preservar el Gobierno.
Debutó bloque “nuevo”
En la previa a la sesión, el gobernador Hugo Passalacqua se hizo presentes en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados para oficializar el bloque Argentina Federal.
Se trata del bloque que integran actualmente Innovación Federal y en el que conviven 9 diputados que se referencian en el misionero y su par salteño, Gustavo Sáenz, quien finalmente no asistió por «cuestiones de agenda». En total, son cuatro misioneros, tres salteños, un formoseño y un puntano. Tras la ruptura de Passalacqua y el mandamás de su provincia, Carlos Rovira, el gobernador –que apunta a ser reelecto el año que viene– busca darle una nueva impronta a la bancada. Para empezar, el exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, queda al frente del espacio.
El misionero Herrera Ahuad queda al frente del nuevo bloque.
En principio, a diferencia de Rovira, Passalacqua mantiene un vínculo más distante con el gobierno de Javier Milei. Y la idea es que el bloque refleje ese distanciamiento. Por eso, la intención de los diputados que integran el bloque son, por un lado, “negociar ley por ley”. Es decir, ya no serán aliados “incondicionales” al oficialismo. Además –de allí el nuevo nombre– intentarán impulsar proyectos que beneficien a sus respectivos distritos. “Queremos discutir políticas públicas; no negociar ATN”, explicaron los misioneros. De esta manera, y en la previa a la campaña electoral, Menem tendrá un nuevo desafío por delante.
El gobierno de Tucumán recurrió a la Corte Suprema para frenar el fallo contra la intervención del IPLA
La Fiscalía de Estado cuestionó entre otras cosas, la legitimidad de los comerciantes que promovieron la medida judicial contra la intervención del Instituto de Prevención y Lucha contra el Alcoholismo.
El Gobierno de Tucumán presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia provincial para revertir el fallo que ordenó poner fin a la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y conformar su Directorio en un plazo de 60 días. La Fiscalía de Estado sostiene que la sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo excede las facultades del Poder Judicial, invade atribuciones propias del Poder Ejecutivo y reconoce legitimación a los demandantes sin que estos hayan demostrado un perjuicio concreto.
La impugnación fue promovida por la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, a través del abogado Juan Pablo Stein. El planteo solicita que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán deje sin efecto la resolución que hizo lugar parcialmente al amparo impulsado por propietarios de locales de entretenimiento y que ordenó normalizar la conducción del organismo.
Uno de los principales ejes del recurso oficial apunta a cuestionar la legitimación de los comerciantes para promover la acción judicial. Según la presentación, la sola condición de administrados o de inscriptos ante el IPLA no los habilita a discutir el esquema institucional del organismo, ya que no acreditaron la existencia de un derecho subjetivo afectado.
En ese sentido, la Fiscalía argumentó que la existencia de un caso judicial requiere que quien demanda posea un interés directo, concreto y personal, distinto del que pueda tener el resto de los ciudadanos. Además, sostuvo que no basta con invocar el interés general en el cumplimiento de la ley para habilitar una acción de este tipo.
El recurso también cuestiona el razonamiento empleado por los camaristas Sergio Gandur y Ebe López Piossek. Según el Estado provincial, la sentencia incurre en un «salto lógico» al considerar que la inscripción de los actores en los registros del IPLA constituye prueba suficiente de una lesión constitucional.
Para la representación oficial, el tribunal nunca explicó cuál era el derecho constitucional individual afectado por el hecho de que el organismo continúe bajo intervención en lugar de estar administrado por el Directorio previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley Provincial N.º 7.243. En cambio, sostiene que la Cámara reemplazó esa fundamentación por una afirmación genérica acerca de una supuesta incidencia directa sobre la situación jurídica de los demandantes.
Otro de los cuestionamientos planteados se refiere al criterio utilizado por la Cámara para analizar las distintas pretensiones del amparo. La Fiscalía señala que el tribunal exigió pruebas concretas para rechazar los reclamos patrimoniales vinculados con multas, clausuras y cánones, pero flexibilizó ese estándar al momento de ordenar la normalización institucional del IPLA.
En la apelación se sostiene que esa diferencia de tratamiento constituye una contradicción metodológica, ya que para una parte de la demanda se exigieron actos lesivos individualizados y prueba suficiente, mientras que para otra bastó únicamente la condición de administrados para tener acreditada una afectación jurídica.
El Gobierno provincial también considera que la resolución judicial vulnera el principio de división de poderes al avanzar sobre facultades reservadas al Poder Ejecutivo. Si bien reconoce que el control de legalidad sobre la duración de una intervención corresponde a la Justicia, sostiene que ordenar al Ejecutivo la integración del Directorio dentro de un plazo determinado implica interferir en decisiones administrativas vinculadas al mérito, la oportunidad y la conveniencia.
En esa línea, la Fiscalía recordó que la Ley N.º 7.243 establece que los integrantes del Directorio deben ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Sin embargo, destacó que el Poder Legislativo fue excluido del proceso judicial por falta de legitimación pasiva, por lo que el Ejecutivo no podría quedar obligado a cumplir una sentencia cuyo resultado depende de la intervención de otro poder del Estado que no integra la causa.
El fallo ahora cuestionado había considerado que la intervención del IPLA, prorrogada durante más de 26 años, dejó de ser una medida excepcional para transformarse en un mecanismo ordinario de administración, desnaturalizando así el objetivo previsto por la ley. Sobre esa base, la Cámara ordenó finalizar la intervención y avanzar con la conformación del Directorio en un plazo de 60 días.
En esa misma resolución, los camaristas rechazaron otros planteos de los comerciantes, entre ellos el pedido para declarar la invalidez de la ley provincial y la devolución de montos abonados por sanciones y aranceles. Tras conocerse esa sentencia, el gobernador Osvaldo Jaldo había manifestado que respetaba las decisiones judiciales, aunque posteriormente la Fiscalía de Estado resolvió apelar al considerar que existían fundamentos suficientes para solicitar la revisión del fallo.
Finalmente, el recurso advierte sobre la gravedad institucional del caso. Según la postura oficial, si se mantiene el criterio de la Cámara podría consolidarse una suerte de acción popular que habilite a cualquier administrado a promover modificaciones estructurales en organismos públicos mediante procesos de amparo. Con la presentación de la casación y la reserva del caso federal para acudir eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, será ahora la Corte Suprema de Justicia de Tucumán la que deberá definir si confirma la orden de normalizar el IPLA o revoca la sentencia dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
La Legislatura de la provincia inició una nueva sesión extraordinaria este miércoles a partir de las 8.30 con el temario previsto la semana pasada en la reunión de Labor Parlamentaria.
Entre los asuntos remitidos por el Poder Ejecutivo se encuentra el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/1, de fecha 3 de agosto de 2026, mediante el cual se designó al ingeniero Eduardo Alberto Cobos como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT).
También se abordará la prórroga del plazo establecido para el llamado a licitación pública nacional e internacional destinado a la venta del paquete accionario mayoritario de EDET S.A. El proyecto aprueba el Acta Acuerdo suscripta el 10 de agosto entre el Poder Ejecutivo y la empresa, con intervención del ERSEPT, y establece como nueva fecha límite para el llamado a licitación el 30 de Septiembre de 2026.
Además, el recinto tratará distintas resoluciones y declaraciones de interés general, entre ellas una declaración de beneplácito por el 50° aniversario del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET), institución científica dedicada a la investigación, la innovación tecnológica y el desarrollo social de Tucumán y la región. Otro de los puntos incluidos en el temario será una modificación del Reglamento de la Legislatura.
Acevedo detalló los principales asuntos que llegarán al recinto. “Ha finalizado la Labor Parlamentaria y se ha establecido que la próxima sesión extraordinaria de la Legislatura va a ser el miércoles 26, a horas 8:30”.
Sobre el temario, señaló: “Tenemos por tratar los temas que envió el Poder Ejecutivo con respecto al DNU donde asume el nuevo interventor del ERSEPT y una modificación o una prórroga a la venta de acciones de EDET”.
Del encuentro participaron el presidente subrogante, Sergio Mansilla; los vicepresidentes primero y segundo, Aldo Salomón y Alfredo Toscano; y los legisladores Roque Tobías Álvarez, Mario Leito, Claudio Viña, Raquel Nieva, Eduardo Verón Guerra, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Ernesto Gómez Gómez Rossi y José Cano. Además, estuvieron presentes el secretario legislativo, Claudio Pérez, y el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez.
Finalmente, el vicegobernador agregó: “Además se va a tratar también un tema referido al reglamento que ha sido consensuado en la mesa, además de otras resoluciones de interés general como la correspondiente a los 50 años del CERELA”.
FUENTE: Legislatura de Tucumán
