El Gobierno lanzará en las próximas semanas una nueva ola de privatizaciones, con la que espera obtener más de US$1000 millones antes de fin de año. Se trata de ingresos que el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene previstos para cancelar pagos de la deuda hasta 2027.
El próximo movimiento será la venta de las participaciones estatales en dos de las principales centrales termoeléctricas del país, por las que en el mercado calculan que podrían ingresar cerca de US$600 millones. A eso se sumarán el proceso ya abierto por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), por otros US$500 millones, y un segundo intento por desprenderse de Intercargo, esta vez sin precio base.
En paralelo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que comanda Diego Chaher, prepara una nueva ronda de concesiones de activos energéticos. La agenda incluye cuatro complejos hidroeléctricos cuyos contratos originales vencieron y atraviesan distintos períodos de transición y, en una instancia posterior, los grandes gasoductos operados por Energía Argentina (Enarsa), entre ellos el Gasoducto Perito Moreno, llamado originalmente “Néstor Kirchner”.
Los movimientos fueron confirmados por fuentes que conocen de cerca cada uno de los procesos.
La principal novedad que comenzó a circular en los últimos días en el sector energético es la inminente puesta en marcha de la venta de las participaciones que Enarsa conserva en Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín. El Estado posee el 65,006% de la primera y el 68,83% de la segunda.
En el Gobierno y entre las empresas del sector hablan de operaciones de “ticket grande”. La expectativa que circula es obtener alrededor de US$300 millones por la participación estatal en cada compañía, aunque el precio definitivo surgirá de los procesos competitivos.
Las dos centrales son ciclos combinados de gran escala y tienen una potencia neta de 865 MW cada una. La Manuel Belgrano está ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, y durante 2024 generó 4452 GWh y consumió 766 millones de metros cúbicos de gas natural, según los últimos datos oficiales. La José de San Martín funciona en Timbúes, Santa Fe, donde produjo 3338 GWh y demandó 540 millones de metros cúbicos.
En ambas sociedades, Enarsa comparte el capital con algunas de las principales generadoras privadas del país. Entre ellas aparecen Central Puerto, AES Argentina Generación, Enel Generación El Chocón y Pampa Energía, además de otros accionistas minoritarios. El Estado conserva el control de las dos compañías y es precisamente esa participación mayoritaria la que ahora busca transferir.
La venta será otro paso en el proceso de privatización por etapas de Enarsa. El Gobierno ya avanzó con la transferencia de su participación en Citelec, controlante de Transener, por la que obtuvo US$356 millones. En paralelo, Economía adjudicó las nuevas concesiones de las cuatro grandes represas del Comahue, que dejaron ingresos por más de US$700 millones, aunque se trata de activos de mayor escala que los que ahora prepara la ATEP.
El siguiente capítulo serán otras cuatro concesiones hidroeléctricas. Se trata de Futaleufú, en Chubut; el sistema Diamante, en Mendoza; Río Hondo-Los Quiroga, entre Tucumán y Santiago del Estero, y los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en Tucumán. Los contratos originales fueron otorgados en la década del 90 por 30 años y ya vencieron, por lo que actualmente atraviesan distintos esquemas transitorios mientras el Estado prepara los nuevos concursos.
Futaleufú continúa operada por Hidroeléctrica Futaleufú, controlada por Aluar, la empresa que pertenece a Javier Madanes Quintanilla, que suele ser denostado por Javier Milei después de haber cerrado Fate; Diamante está en manos de Hidroeléctrica Diamante (Hidisa), controlada por Pampa Energía; Río Hondo-Los Quiroga permanece bajo la operación de Hidroeléctrica Río Hondo, y El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo están a cargo de Hidroeléctrica Tucumán. En este último caso, el período de transición fue fijado hasta el 15 de diciembre, aunque puede ser prorrogado.
La ATEP también trabaja sobre otro grupo de activos estratégicos: los grandes gasoductos de Enarsa. La idea que se analiza es otorgar nuevas concesiones por 30 años para su operación. En ese mapa aparece como principal activo el Gasoducto Perito Moreno, el ex Néstor Kirchner, junto con la Reversión del Gasoducto Norte, Mercedes-Cardales, el Gasoducto del Noreste Argentino y el Juana Azurduy. En conjunto, los cinco sistemas de transporte operados por Enarsa suman más de 3100 kilómetros.
En este caso, según explicaron fuentes al tanto de las conversaciones, el esquema podría ser diferente al de una venta tradicional. Se estudia una compulsa nacional e internacional en la que uno de los principales criterios para seleccionar al nuevo operador sea la tarifa de transporte más competitiva.
La operación de mayor escala que ya está formalmente en marcha es la de AySA. El Estado puso en venta el 90% de las acciones de la compañía mediante una licitación sin precio base. Después de una prórroga, la presentación de ofertas fue trasladada al 15 de septiembre y ese mismo día está prevista la apertura de la primera etapa, en la que se conocerá formalmente a los interesados. En el Gobierno esperan obtener unos US$500 millones. El pliego mantiene además compromisos de inversión por US$1940 millones durante los primeros cinco años y hasta US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
Solo entre AySA y las participaciones estatales en las dos termoeléctricas, las valuaciones que manejan en el Gobierno rondan los US$1100 millones. A esa cifra podría agregarse lo que finalmente se obtenga por Intercargo.
La empresa de servicios aeroportuarios con más de 1500 empleados tendrá, precisamente, una segunda oportunidad. Después de extender en dos oportunidades los plazos, el Gobierno abrió a fines de junio los sobres de la licitación para vender el 100% del paquete accionario, pero no recibió ninguna propuesta. El proceso contemplaba un precio base de US$45 millones.
Ahora, el Gobierno está decidido a relanzar la privatización con dos cambios centrales. El nuevo llamado no tendrá precio base y la compañía llegará a la venta con menos efectivo disponible: antes de la transferencia, el Tesoro retirará una parte sustancial de la liquidez acumulada. En el diseño anterior, esa caja había quedado dentro de Intercargo como una suerte de “endulzante” para hacer más atractiva la operación.
Según información oficial presentada ante el Congreso, Intercargo tenía unos US$55 millones en activos corrientes, entre efectivo e inversiones líquidas, mientras que el precio base de la primera licitación era de US$45 millones. Una valuación encargada por el Estado a Deloitte había estimado, incluso, un valor cercano a US$30 millones.
Detrás de la aceleración de las privatizaciones aparece también una necesidad financiera. Según cálculos de Econviews, las necesidades financieras de 2027 ascienden a unos US$24.900 millones, entre US$15.700 millones de capital y US$9200 millones de intereses. Para cubrirlas, el programa financiero de Caputo contempla, entre otras fuentes, US$4200 millones de organismos internacionales, US$5000 millones de colocaciones en el mercado local y US$1500 millones provenientes de privatizaciones. / La Nación
