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Caso Lucía: presentan denuncia penal contra los médicos que hicieron la microcesárea

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Un grupo de abogados y médicos de Tucumán presentaron una denuncia por homicidio contra José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos que le realizaron la cesárea a la niña de 11 años a quien el gobierno provincial obligó a parir.

Tras el fallecimiento de la beba, ocurrido el viernes pasado, fueron denunciados los únicos profesionales que estuvieron dispuestos a cumplir el deseo de la niña, quien había pedido más de seis veces que le sacaran “lo que el viejo le había puesto en la panza”.

Los profesionales esperaban la acción judicial porque el mismo Gijena advirtió días atrás que se había abierto una investigación penal por su accionar. María Teresa Mockevich, Luciana Colombres, Viviana Matar, Jorge Ramacciotti, Constanza del Carril, Raúl Lezana, Angela Vittini y Ricardo Miguel Auad presentaron la denuncia por “homicidio agravado” contra los dos médicos intervinientes y la abogada Adriana Mónica Mazzone, un delito que contempla una condena que puede llegar hasta la prisión perpetua.

Al salir de la Fiscalía Especializada en Homicidios N°1, una de las denunciantes fundamentó su decisión en la supuesta “tortura” que sufrió la beba que falleció en el hospital Eva Perón y desplegó un amplio abanico de interpretaciones personales sobre el Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema, al que calificó “nulo”.

“Hago lo que tengo que hacer”, se atajó Mockevich, quien aseguró que actuaba bajo la sospecha de que “se habría cometido el delito de homicidio”. Al ser consultada sobre la legislación vigente que contempla las causales de los abortos no punibles, la abogada terminó por desestimar el artículo 86 del Código Penal, el fallo del máximo tribunal y hasta las resoluciones de la ONU, que señala que representa una tortura obligar a maternar a una niña violada. “Tortura es a lo que ha sido sometido la vida de la bebita que ha nacido con 5 meses de gestación, que fue torturada con tubos y con cables para intentar salvar su vida durante 10 días, ella sí ha sido torturada”, subrayó la denunciante.

Con el mismo espíritu hizo una particular lectura del padecimiento que atravesó la niña de 11 años, a la que la fiscal Adriana Gianonni y la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, le negaron el derecho al aborto forzándola a continuar con el embarazo en contra de su voluntad. “Tenemos entendido que la niña ha sido contenida y atendida en el hospital, y que en el mes en que ha estado internada jamás se han denunciado torturas”, dijo Mockevich.

Poco después calificó el fallo FAL como una sentencia con un “fin político y no jurídico”, y consideró que las causales legales de interrupción de embarazos son «dos excusas absolutorias”.

Más adelante la abogada redobló la apuesta al poner en duda también las resoluciones de la ONU. “Uno de sus comités se ha expedido pero eso no es la ONU, es uno de los comités consultivos”, manifestó.

Consultado por TN, José Gijena afirmó que «no me sorprende la presentación porque viene de grupos autodenominados provida que en realidad son antiderechos que intentan avasallar los derechos de otras personas que, como en mi caso, actué en el marco de la ley».

«El objetivo de todo es generar un amedrentamiento en la comunidad médica para que nadie más se atreva a hacerlo», agregó Gijena.

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Avanza la investigación por el secuestro de 470 kilos de droga: detuvieron a un excandidato a concejal

El sospechoso, según confiaron fuentes judiciales y policiales, tenía una verdulería y había sido candidato a concejal de esa localidad.

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Con la detención de un habitante de Famaillá, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz avanza con la investigación del secuestro de 470 kilos de cocaína registrado el viernes pasado en el sureste tucumano. El sospechoso, según confiaron fuentes judiciales y policiales, tenía una verdulería y había sido candidato a concejal de esa localidad por el peronismo.

El viernes a la madrugada, personal de Gendarmería Nacional que realizaba tareas de control en la ruta 157, a la altura de Río Seco, detuvo una camioneta Toyota Hilux. Los gendarmes notaron que el conductor, al exigirle que se identificara y que mostrara la documentación del vehículo, se puso nervioso, por lo que decidieron revisar lo que llevaba en la caja.

Los uniformados corrieron la lona protectora y descubrieron que transportaba 15 bultos y dos bidones con combustible. Al abrir las bolsas de color verde, encontraron 449 ladrillos forrados con papel amarillo ocre que arrojaron un peso de 470 kilos de cocaína. La droga tenía el sello del delfín. El conductor, identificado como Marcos Martín Nacif (62), quedó detenido.

Primeros pasos

Desde ese día, Vehils Ruiz comenzó a indagar sobre el origen de esta carga -la segunda más importante en la historia del narcotráfico de Tucumán-, cuál era su destino y quiénes podrían haber estado detrás de esta operación.

Uno de los primeros detalles que surgió en la pesquisa es que el detenido, a pesar de que su apellido aparece escrito de manera distinta, sería pariente de Jorge “Pelaín” Nassif, un hombre que se encuentra detenido acusado de ser proveedor de droga de redes de narcomenudeo en el sur de la provincia y en Santiago del Estero.

Nacif es conocido en Famaillá por ser un empresario vinculado al transporte de pasajeros. No tiene antecedentes y tampoco actividad política conocida. Es la cabeza de una familia reconocida en esa ciudad y sus hijos son profesionales, por lo que causó sorpresa que haya quedado involucrado en el transporte de semejante cantidad de droga.

Sus allegados le dijeron que la camioneta en la que se movilizaba no era de su propiedad y que posiblemente haya sido contratado para realizar un traslado de mercadería. “Él conoce como nadie los caminos y las rutas de la zona”, sostuvo un vecino que, por cuestiones de seguridad, pidió que su nombre se mantuviera en reserva.

Los investigadores lograron averiguar quién podría haber sido la persona que lo contrató. Con esa información, personal de la comisaría de Famaillá, por orden de la Justicia Federal, detuvo a Rodrigo Cristian Chávez (47). En la llamada “capital de la empanada”, su arresto generó revuelo, pero no sorpresa. Todos los consultados dijeron que, de la noche a la mañana, inauguró una de las mayores verdulerías del municipio, que tiene la particularidad de estar abierta las 24 horas.

Además, en las últimas elecciones, ocupó el primer lugar en una lista del peronismo, pero opositora al “orellanismo”. “En Famaillá todos saltan de un lado a otro, según la conveniencia del momento”, sostuvo Mariano Ramírez.

Chávez fue dirigente de los hermanos Orellana y, entre 2015 y 2024, fue empleado municipal, o por lo menos eso surge al analizar sus antecedentes laborales. Las razones por las cuales dejó de ocupar ese cargo, por ahora, son todo un misterio. “Aquí todos pensaron que su negocio lo había hecho con la política, pero ahora parece que hay otras cosas”, añadió el hombre entrevistado.

Las autoridades están ahora tras los pasos de los posibles socios de Chávez. Según trascendió, están investigando a otro comerciante oriundo de esa ciudad que, según las primeras versiones, estaría vinculado a Nassif, el hombre que está detenido acusado de ser proveedor de sustancias.

También estaría en el radar de los pesquisas el supuesto titular de la camioneta. El hombre en cuestión viviría en Lomas de Tafí y también habría tenido aspiraciones políticas en el municipio donde reside.

El caso se registró en un contexto particular. No sólo porque Famaillá volvió a quedar en la mira de una investigación narco, sino porque, al día siguiente del secuestro récord, una joven fue hallada sin vida en un domicilio del barrio Nueva Baviera. Se investiga si la chica murió por una sobredosis de drogas durante una fiesta.

“Mientras nuestros jóvenes se mueren por consumir esa porquería, nuestra querida ciudad quedó otra vez expuesta por quienes se llenan de oro vendiéndola. Les imploro a las autoridades que hagan algo”, señaló una vecina de Famaillá.

Su reclamo resume el sentimiento que se instaló en la ciudad después del secuestro de los 470 kilos de cocaína y de la muerte de una joven en circunstancias que aún son investigadas. / La Gaceta

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Pedirán una pena de seis años y medio de prisión para el hijo del Mono Ale por el tiroteo en una fiesta electrónica

El fiscal Mariano Fernández acusó a Facundo Ale por portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego

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La causa contra Juan Facundo Ale, Jorge González Anaya y Juan Nicolás Vargas continúa avanzando y, si no surge ningún inconveniente legal, los tres serán enjuiciados después de la feria judicial de julio por el tiroteo registrado el 21 de septiembre del año pasado en el salón La Foresta.

El fiscal Mariano Fernández acusó a González Anaya y a Vargas por portación ilegal de armas de guerra y anticipó que solicitará para ambos una pena de cuatro años y medio de prisión. A Ale le atribuyó los delitos de portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego, por lo que pedirá una condena de seis años y medio de prisión.

Según la acusación, durante la madrugada del 21 de septiembre se realizó una fiesta en La Foresta que se extendió hasta el mediodía. En el lugar se encontraban González Anaya y Vargas, quienes portaban armas de guerra sin autorización legal. Cerca de las 12, Ale llegó a bordo de un VW Passat, descendió del vehículo y comenzó a disparar contra ambos. González Anaya terminó herido en una pierna y Vargas respondió al ataque junto con González Anaya desde el interior del predio. Ale tampoco contaba con autorización para portar armas.

“Se trata de un hecho de extrema gravedad que provoca conmoción no sólo entre las personas que se encontraban presentes, sino también en la sociedad”, sostuvo Fernández al fundamentar la elevación de la causa a juicio.

El fiscal agregó que se trató de “un caso de abuso y portación de armas” y señaló que la acción de Vargas, González Anaya y Ale se produjo “en el contexto de una fiesta electrónica en la que había numerosas personas”, lo que generó “una situación de riesgo evidente”.

Una de las pruebas consideradas más relevantes por la acusación es un informe elaborado por un especialista que, mediante un análisis comparativo de sonidos, concluyó que Facundo Ale habría utilizado un arma de alto calibre durante el enfrentamiento. El arma que habría usado nunca fue encontrada.

La investigación comenzó como una supuesta disputa por el control de la barra brava de San Martín, pero con el avance de la pesquisa surgieron indicios que apuntaban a un conflicto relacionado con el dominio territorial de actividades vinculadas al narcotráfico.

En el marco de la causa fueron detenidos Javier “Chuky” Casanova y Walter “Petiso David” Lobos. Casanova fue acusado inicialmente de haber participado en el tiroteo, pero luego fue sobreseído al comprobarse que no tuvo intervención en el hecho. Sin embargo, durante los allanamientos realizados en sus domicilios, las autoridades encontraron estupefacientes, por lo que ambos fueron procesados por la Justicia Federal y actualmente permanecen detenidos.

Tras el enfrentamiento, Ale huyó del lugar y no volvió a saberse de su automóvil. El vehículo reapareció cuando Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas, murió en un accidente de tránsito en la zona norte de la capital. Los investigadores sospechan que Ale se lo habría entregado para que lo ocultara.

A González Anaya le revocaron el arresto domiciliario cuando la Policía encontró tres kilos de marihuana en la vivienda donde cumplía la medida cautelar.

Los defensores de los acusados cuestionaron sin éxito los procedimientos policiales que derivaron en las detenciones. Lobos fue quien más objetó el accionar de los uniformados. Sus familiares incluso realizaron una manifestación para exigir su liberación, al sostener que la droga hallada en su domicilio había sido plantada por efectivos policiales. Semanas después de ser arrestado, fue procesado por lavado de activos.

Ale es quien enfrenta el escenario judicial más complejo. En abril del año pasado fue condenado a un año y medio de prisión de ejecución condicional por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, por lo que, en caso de una eventual condena, ambas penas podrían ser unificadas.

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Procesaron a los imputados por una mortal persecución en Colalao del Valle

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, formalizó la investigación en contra de los acusados.

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Una camioneta que era perseguida por personal de Gendarmería colisionó con otro vehículo con ocupantes. Dos hombres fallecieron en el acto y un tercero sufrió lesiones. En la camioneta que intentó evadir los controles se hallaron 457 kilos de hojas de coca. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, formalizó la investigación en contra de los imputados.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, conducida por Gerardo Salas, quien fue representado por el auxiliar de fiscal César Larry, en la audiencia de control de las aprehensiones, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal.

En primer término, el representante del MPF solicitó que se declaren legales y legitimas las aprehensiones, detallado las circunstancias en las que se registraron las mismas. A continuación, la Fiscalía formuló cargos en contra de Julio Agustín Sosa, de 26 años, por los delitos calificados como desobediencia a la autoridad, en concurso real con homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo motor y agravado por haber ocasionado la muerte de más de una persona y lesiones culposas, en calidad de autor; en tanto, Jennifer Fernanda Mamaní, de 21 años, fue acusada como coautora del delito de desobediencia a la autoridad. Finalmente, la acusación pública solicitó respecto a Sosa la prisión preventiva por el plazo de un mes y para Mamani, medidas de menor intensidad. El juez interviniente resolvió hacer lugar a lo solicitado por parte del representante del Ministerio Fiscal.

El hecho

De acuerdo a la acusación, el 6 de junio pasado, a las 14:30 horas, en circunstancia que los acusados Sosa y Mamaní se desplazaban en una camioneta Ford Ranger por la ruta nacional 40, en jurisdicción de la localidad de Colalao del Valle, al advertir la presencia de un control vehicular afectada al Operativo Lapacho por parte de efectivos de Gendarmería Nacional, hicieron caso omiso a las claras señas de detención, decidiendo sustraerse deliberadamente al control de verificación por parte de las fuerzas de seguridad, continuando la marcha de vehículo y alejándose.

Asimismo, Sosa, para evadirse de Gendarmería, emprendió una conducción imprudente y temeraria circulando a elevada velocidad, manteniendo dicha conducta riesgosa para no ser identificado. En el marco de esa maniobra de fuga, al arribar a intersección de la ruta 40 con calle Ingeniero Orellana, realizó una maniobra abrupta invadiendo la línea de desplazamiento de una camioneta Chevrolet S10, provocando una colisión entre ambos rodados. Como consecuencia de su accionar se produjo el fallecimiento de Vidal Chauqui y de Jesús Horacio Cancino, y resultando lesionado Anacleto Suárez.

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