El mercado del crédito al consumo en la Argentina atraviesa un escenario de extrema tensión que enciende las luces de alerta en los despachos regulatorios y comerciales. Las cadenas de retail dedicadas a la venta de artículos para el hogar registran hoy la mayor tasa de irregularidad de todo el circuito. De acuerdo con un exhaustivo informe desarrollado por el Instituto Argentina Grande (IAG), procesado sobre la base de las estadísticas oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en el pago de los créditos otorgados por las casas de electrodomésticos alcanzó un crítico 50%. Este porcentaje ubica al sector al frente de la mora general, posicionándose de forma holgada por encima de los registros que exhiben las entidades financieras no bancarias y las bancas tradicionales del país.

Esta alarmante tendencia macroeconómica guarda total sintonía con un reporte analítico paralelo de la consultora 1816. Dicho trabajo de consultoría detalla que la irregularidad en las líneas de préstamos destinadas a las familias trepó al 12,7% durante el mes de mayo, encadenando un alarmante proceso de 19 meses consecutivos de incrementos ininterrumpidos. La velocidad del fenómeno queda en evidencia al constatar que, en un lapso menor a los dos años, la tasa de irregularidad del sistema general se disparó desde el 2,5% que promediaba en octubre de 2024 hasta el nivel récord actual, una dinámica que, según los analistas, dejó a cerca de siete millones de personas fuera del circuito formal de crédito al perder de forma automática su condición de sujetos de financiamiento institucional.

El eslabón más débil del retail y el impacto de los costos financieros

Al desagregar las plataformas de asistencia crediticia, el estudio del IAG desnuda que el eslabón más frágil del consumo masivo se concentra en el retail tecnológico. La tasa del 50% impuesta en las cadenas de electrodomésticos supera con creces el promedio general de las entidades no financieras —donde la irregularidad se ubica en un 40,7%— y llega casi a triplicar la mora registrada en las carteras de los bancos tradicionales, que promedia un 14%. Si bien el informe evita trazar una causalidad matemática lineal, introduce un indicador financiero clave para contextualizar el comportamiento de las familias: el promedio de la Tasa Nominal Anual (TNA) aplicada por las casas de electrodomésticos se ubicó en el 137%, en momentos en que la inflación interanual se posicionaba en torno al 30%, según los datos del BCRA consignados por el instituto.

Los jóvenes al frente de la cesación de pagos y la pérdida de poder adquisitivo

La segmentación etaria efectuada por los equipos técnicos arroja que la crisis de cobrabilidad golpea con especial dureza a las generaciones más jóvenes del mercado laboral. El informe de la consultora 1816 revela que cuatro de cada diez menores de 35 años con asistencia crediticia vigente presentan serios problemas para cumplir con sus obligaciones de pago. Evaluado por franjas, la mora golpea al 42,8% del universo de jóvenes de entre 18 y 25 años; desciende levemente al 39,3% en el segmento que va de los 26 a los 35 años; y se establece en un 31% para el grupo de adultos de entre 36 y 45 años de edad.

Este crecimiento vertical de los saldos deudores impagos coincide de manera directa con un severo retroceso en el poder de compra de los ingresos fijos. El Instituto Argentina Grande ensayó una medición gráfica de la capacidad adquisitiva utilizando el mercado de combustibles como unidad de medida: el salario mediano del sector privado registrado permitía costear 26,3 tanques de nafta de 50 litros en noviembre de 2023, mientras que en este mes de julio de 2026 solo alcanza para cubrir 16,4 tanques. En este lapso temporal, las remuneraciones de los trabajadores registraron una suba nominal del 311%, pero el precio de la nafta en los surtidores experimentó un incremento del 558%, basándose en datos del SIPA y del portal especializado Surtidores.

Estrategias bancarias y la expectativa por la inyección del aguinaldo

Ante la gravedad del cuadro de situación, los actores bancarios comenzaron a trazar estrategias de contención de daños. El Banco Nación lanzó planes especiales de refinanciación de deudas orientados a aquellos clientes que acumulen más de 90 días de atraso en sus pagos, buscando ponerle un techo al avance de la irregularidad en las líneas de préstamos personales. En el plano de la oferta de dinero, la consultora 1816 remarcó un comportamiento dual en el sistema: mientras la banca pública sostuvo sus niveles de liquidez y volumen de colocación para amortiguar un desplome mayor del crédito, las entidades de la banca privada optaron por una postura de extrema prudencia, contrayendo de forma significativa la oferta de financiamiento durante la primera mitad de 2026.

Pese a lo adverso de los indicadores sectoriales, los analistas de mercado coinciden en que el bajo peso relativo que posee el crédito total sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de la economía argentina opera como un amortiguador, limitando un efecto de arrastre sistémico o un impacto macroeconómico de gravedad generalizada. De cara al corto plazo, las proyecciones y la atención del mercado financiero se concentran en las planillas de junio y julio, apuntando al impacto del denominado «efecto aguinaldo». Las consultoras estiman que la inyección estacional del Sueldo Anual Complementario (SAC) le otorgará un respiro temporal a la economía doméstica, permitiendo que una porción de las familias cancele pasivos acumulados y modere una curva de morosidad que ya acumula casi dos años de crecimiento sostenido, mientras el Gobierno nacional mantiene su hoja de ruta enfocada en estabilizar el mercado de cambios y comprimir la volatilidad de las tasas de interés.

Desde hace algunos años, el consumo de proteínas animales viene cambiando entre los argentinos. La novedad es que la carne vacuna pierde terreno, mientras el pollo y el cerdo continúa ganando espacio año tras año.

Los últimos datos de la Secretaría de Agricultura reflejan ese cambio. Durante 2025 el consumo total de carnes alcanzó 116,4 kilos por habitante, un incremento del 3,85% respecto del año anterior. Sin embargo, el crecimiento no estuvo impulsado por la carne bovina, sino por las carnes aviar y porcina. Actualmente cada argentino consume cerca de 50 kilos de pollo, 47 kilos de carne vacuna y 25 kilos de cerdo por año, una composición muy diferente a la que predominaba apenas dos décadas atrás.

Uno de los claves de este cambio de hábito en la dieta tiene que ver el bolsillo. Según el último informe de mayo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio de la carne bovina aumentó 57,9% interanual, mientras que el pollo registró una suba del 38,9% y el pechito de cerdo del 23,6%.

En mayo, en Buenos Aires el kilo de asado se comercializó en promedio a $18.154, mientras que el lomo alcanzó los $28.633, el corte de mayor valor, siendo dos de los cortes más representativos. En cambio, el kilo de pollo fresco promedió $5.048 y el pechito de cerdo, $9.151.

Además, viene creciendo diferentes conductas conductas alimentarias en el país que no tienen como prioridad el consumo de carne, principalmente, la vacuna. Según el último registro del Monitor de Consumo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), elaborado en base a 1000 personas representativa de todo el país, un 66 % de los habitantes argentinos son carnívoros tradicionales.

En este contexto, el promedio móvil de los últimos doce meses, medido hasta mayo por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), ubicó el consumo de carne vacuna en 47,5 kilos por habitante al año, por debajo de los 50,6 kilos registrados en igual período de 2025. Es uno de los niveles más bajos de la historia reciente.

Para Adrián Bifaretti, jefe de Promoción Interna del IPCVA, Argentina sigue siendo uno de los países con mayor consumo de carne vacuna del planeta, junto con Uruguay, y el retroceso no significa que haya perdido su lugar en la dieta de los argentinos.

«La carne vacuna no está sola ni se vende sola. Hoy disputa cada centímetro de mercado con el pollo y el cerdo en uno de los países con mayor consumo de proteínas cárnicas del mundo», resumió.

Bifaretti sostiene que también cambió la forma de comprar. «El consumidor argentino hoy prefiere comer menos carne, pero de mejor calidad», explica.

Asimismo, para Bifaretti, además, existe una creciente revalorización del aporte nutricional de la carne vacuna. Las encuestas indican que los argentinos la siguen considerando un alimento de alto valor biológico y una fuente importante de proteínas, hierro y vitaminas, una percepción que coincide con la tendencia observada en otros mercados internacionales, donde vuelve a destacarse el papel de las proteínas animales dentro de una alimentación equilibrada.

En este contexto, el crecimiento de la carne aviar es uno de los mayores cambios de consumo durante las últimas dos décadas. A fines de los años noventa el consumo apenas superaba los 20 kilos por habitante; hoy se ubica en los 50 kilos, convirtiéndose en la carne más consumida del país. Y para este año esperan que la cifra siga creciendo y supere este total.

Este auge estuvo respaldada por un fuerte crecimiento productivo. En 2025 la industria faenó 750 millones de pollos, un 1,5% más que el año anterior y casi tres veces la cantidad registrada en 2002. La producción alcanzó 2,47 millones de toneladas, unas tres veces y media más que al comienzo del siglo.

Para Carlos Sinesi, gerente ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), el despegue respondió a una combinación de planificación, inversiones y mejoras tecnológicas. La modernización de las plantas, la incorporación de genética, la eficiencia alimenticia y el fortalecimiento sanitario permitieron aumentar la producción y mejorar la competitividad.

Pero también cambió la forma de comercializar el producto al consumidor. «Antes prácticamente se vendía pollo entero. Hoy la oferta incluye cortes, como alas, pata-muslo, pechugas, milanesas, y productos listos para cocinar. Eso permitió adaptarse a hogares más pequeños y a consumidores que buscan practicidad», explica Sinesi.

A ello se suma una imagen cada vez más asociada con una alimentación saludable y una producción altamente eficiente: un pollo alcanza cerca de tres kilos en apenas 45 días, lo que permite mantener una oferta constante y precios competitivos.

A su vez, la carne porcina también es otro de los protagonistas de este cambio. En poco más de veinte años pasó de apenas 4 kilos por habitante a los actuales 25 kilos, multiplicando por más de seis su consumo.

Según el consultor Juan Luis Uccelli, el crecimiento fue resultado de un trabajo sostenido para cambiar la percepción del consumidor. La cadena promovió campañas junto a médicos y nutricionistas para destacar las cualidades nutricionales de la carne de cerdo y dejó atrás viejos mitos vinculados con su contenido graso.

Al mismo tiempo, la industria incorporó cortes equivalentes a los tradicionales vacunos (nalga, cuadril, peceto, bola de lomo y paleta), facilitando su incorporación a las comidas cotidianas. El incremento de la producción nacional, una mayor presencia en carnicerías y supermercados y precios más accesibles frente a la carne vacuna terminaron consolidando esa expansión.

Para Uccelli, el proceso todavía no alcanzó su techo. El especialista estima que en los próximos años el consumo podría ubicarse entre 34 y 36 kilos por habitante.

Fuera de las tres grandes cadenas, el consumo de carne ovina y de pescado continúa siendo reducido dentro de la dieta de los argentinos. Y en paralelo, comienzan a desarrollarse nuevos nichos de mercado. Uno de ellos es la carne de búfalo. Argentina posee actualmente un rodeo cercano a 200.000 cabezas. / Clarín

La industria azucarera de Tucumán comenzó a recuperar parte del ritmo de producción luego de las restricciones en el suministro de gas natural provocadas por la ola de frío, un escenario que afectó especialmente a los establecimientos que no habían adoptado estrategias preventivas de abastecimiento y que luego debieron afrontar el fuerte encarecimiento del combustible importado, impulsado además por la crisis geopolítica internacional.

Mientras el Gobierno nacional destacó haber evitado interrupciones en el abastecimiento domiciliario durante el invierno, el sector industrial atraviesa uno de los períodos más complejos de los últimos años como consecuencia de las limitaciones energéticas y el incremento de los costos.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la empresa estatal Enarsa finalizará este año la compra de 28 barcos de Gas Natural Licuado (GNL), una operación que demandará más de U$S 1.100 millones, un 50% más que durante 2025.

En paralelo, industrias radicadas en el Litoral, Córdoba y el Noroeste Argentino enfrentaron restricciones de hasta el 70% en el suministro de gas, situación que impactó directamente sobre sus niveles de actividad.

El informe señala que mientras el gas producido en el país tiene un costo aproximado de U$S 4,50 por millón de BTU, el GNL importado ronda los U$S 18 por la misma unidad, una diferencia que gran parte del sector industrial no está en condiciones de absorber.

En ese contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó la convocatoria del comité de emergencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas para analizar la situación y definir quién debe afrontar los sobrecostos derivados de la crisis energética.

El CEPA sostiene que el planteo excede una cuestión técnica y representa una disputa sobre la distribución de los costos del invierno. Según el organismo, si las restricciones obedecen a problemas de transporte corresponde la intervención de las distribuidoras, mientras que si el inconveniente es de carácter comercial deberían participar transportistas, distribuidoras, el Enargas, la Secretaría de Energía, Cammesa y Enarsa para determinar la disponibilidad real de volúmenes.

La consultora cuestionó que el Gobierno no haya convocado ese comité y atribuyó esa decisión a una definición política. Recordó que la secretaria de Energía, María Tettamanti, sostiene que la industria debe adquirir el gas regasificado a su costo real, mientras que el secretario coordinador Daniel González defendió esa postura al señalar que el objetivo es transparentar los precios para que cada actor adopte decisiones de mercado.

El informe también rechaza que exista un problema de escasez de gas en la Argentina. Por el contrario, afirma que la producción nacional continúa en niveles elevados y que el verdadero inconveniente reside en las limitaciones de transporte y en la arquitectura del sistema de comercialización.

En ese sentido, el CEPA explica que la Resolución 66/2026 reorganizó el esquema de abastecimiento para priorizar el flujo proveniente de Vaca Muerta, aunque dejó expuesto al norte del país mientras continúa pendiente la construcción del gasoducto Tratayén-La Carlota.

Como consecuencia, se produce una paradoja: existe disponibilidad de gas en Neuquén y continúan arribando buques con GNL a los puertos argentinos, pero numerosas industrias del norte, entre ellas los ingenios azucareros tucumanos, afrontan dificultades para acceder al suministro.

El documento agrega que el Gobierno eliminó el rol de Enarsa como proveedor de última instancia sin haber desarrollado previamente un mercado capaz de reemplazar ese mecanismo, generando un escenario en el que cada empresa debió resolver individualmente sus necesidades energéticas.

Frente a este panorama, la UIA propuso que el Estado absorbiera el 50% del costo del GNL importado durante el invierno y que el restante 50% fuera afrontado por la industria. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Ministerio de Economía.

Para el CEPA, el invierno de 2026 puso de manifiesto una tensión aún no resuelta entre la lógica de mercado y la planificación estatal. La entidad considera que la estrategia oficial privilegió el funcionamiento del mercado, aunque ese esquema no logró responder adecuadamente a las necesidades del norte argentino.

Finalmente, el informe advierte que, sin nuevas obras de infraestructura que conecten Vaca Muerta con el NOA, sin un esquema de transición para acompañar los cambios regulatorios y sin mecanismos que protejan a la industria de la volatilidad de los precios internacionales, las dificultades que afectaron a la producción durante este invierno podrían repetirse en los próximos años.