Ataque en Junín al 200: Imputaron por lesiones graves a la novia y dictan arresto domiciliario
Se realizó la audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas cautelares por parte del Ministerio Fiscal. La víctima permanece internada, evolucionando favorablemente.
La Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, convocó a una audiencia para este miércoles al mediodía con el objetivo de legalizar la aprehensión, formular cargos y requerir medidas de coerción en contra de la joven de 18 años que apuñaló a su novio de 23, ayer martes en un domicilio de calle Junín al 200, en el microcentro de San Miguel de Tucumán. Por el MPF participó en esta ocasión la auxiliar de fiscal, Luz Becerra.
Con respecto a la teoría del caso, la investigadora señaló que, alrededor de las 00:40 de la madrugada, en el interior del domicilio, en un tercer piso, se encontraban discutiendo un joven y su novia. Ella, con intenciones de provocar un daño en el cuerpo y en la salud de su pareja, le dio una puñalada con un arma blanca en la pierna izquierda, en la zona de la ingle, provocándole una lesión con sangrado profuso de 3 cm aproximadamente que puso en riesgo su vida, requiriendo intervención quirúrgica vascular urgente.
Becerra remarcó que, provisoriamente, se le atribuyó a la acusada la conducta penal enmarcada en el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, en calidad de autora.
Avance de la investigación
En cuanto a las evidencias recolectadas hasta ahora, hizo mención a las entrevistas tomadas a dos hermanos y un primo de la víctima (testigos presenciales), y a la intervención en el lugar del hecho del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que procedió al secuestro de prendas de vestir; hallazgo de varias manchas de sangres en distintos sectores de la propiedad; y secuestro de dos cuchillos (de 21 y 23 cm.) con manchas pardo rojizas, y de un machete de 56 cm.
En cuanto a la solicitud de medidas de coerción, Becerra manifestó: “Entendemos que no es necesaria la medida de mayor intensidad (prisión preventiva), pero sí el arresto domiciliario para resguardar la investigación. Tenemos testigos y la víctima también tiene que declarar, por lo tanto, es necesario que se neutralice el riesgo de un posible intento de influencia de la imputada. Entendemos que el plazo de dos meses (hasta el 11 de noviembre) es un plazo proporcionado y suficiente para poder avanzar con la investigación, determinar en definitiva cuál sería la calificación y ver si es necesario continuar con esta medida o si existe la posibilidad de arribar a una solución alternativa”.
Al finalizar, la jueza interviniente hizo lugar a todo el requerimiento de la Fiscalía y ordenó el traslado de la joven al domicilio de un abuelo, con control mediante rondas policiales y posterior colocación de un dispositivo GPS.
Rescataron a a nueve hermanos abusados, desnutridos y torturados por su propia familia
Los aberrantes hechos ocurrieron en Santiago del Estero. Los delitos incluyen acceso carnal, agresiones físicas y explotación. Entre las víctimas hay personas con discapacidad y menores con bajo peso. La Justicia detuvo a tres sospechosos tras un dramático megaoperativo.
Cuando los policías ingresaron a la vivienda, el panorama fue devastador. Hallaron a una persona con discapacidad atada a una cama, revelando el calvario de una familia donde nueve de trece hermanos vivían en condiciones deplorables. Las autoridades confirmaron que las víctimas sufrieron abuso sexual, severa desnutrición, hacinamiento y extrema violencia física.
El tétrico escenario fue descubierto durante una serie de allanamientos ordenados por el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet. El operativo policial se llevó a cabo en una precaria vivienda del paraje El Cruce, en el departamento Figueroa, y culminó con la detención de tres personas: una pareja y uno de sus yernos.
El rescate fue comandado por las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, con la ejecución directa de la División Trata de Personas de la Policía provincial, en conjunto con la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y la Secretaría de Trabajo.
Una denuncia que rompió el pacto de silencio
La investigación comenzó en abril gracias a la alerta de organizaciones civiles como Caring For Children y Madres Víctimas de Trata. Aunque las rarezas de la familia eran un secreto a voces entre los vecinos, el hermetismo y el miedo al clásico «no te metás» mantenían la impunidad. Durante el procedimiento, los funcionarios rescataron a menores que pesaban apenas 30 kilos, dejando en evidencia un estado de vulnerabilidad extrema.
La Fiscalía formuló cargos gravísimos, que incluyen corrupción de menores, abandono de persona y lesiones agravadas por el vínculo. Según los primeros testimonios recabados, las jóvenes de la familia eran entregadas a terceros a cambio de dinero o bebidas alcohólicas. Además, un sistema de terror intrafamiliar garantizaba el silencio absoluto de los menores, quienes vivían tan sometidos que debían pedir permiso con la mirada a los adultos antes de atreverse a responder una pregunta de los oficiales.
El calvario de las víctimas y las condiciones del encierro
Las edades y condiciones de los nueve hermanos rescatados reflejan la magnitud de este oscuro drama familiar. Entre ellos se encuentran tres adultos jóvenes de entre 25 y 28 años con discapacidades motrices y mentales. El ensañamiento era tal que uno de ellos, de 26 años, que padece ceguera y retraso madurativo, recibía feroces golpizas en todo el cuerpo. Los agresores, incluso, llegaron a grabar las humillaciones con sus teléfonos celulares por diversión.
El nivel de perversidad de los captores también se reflejaba en los detalles de la vivienda. Mientras los menores dormían en camas «peladas», soportando el frío con apenas una sábana y tras haber sido obligados a abandonar la escuela, los efectivos descubrieron una habitación cerrada con candado que guardaba en su interior colchones completamente nuevos sin estrenar.
Desde el momento del rescate, un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales asiste a todos los hermanos, de los cuales dos debieron ser internados. La Justicia ya puso en marcha los mecanismos de contención para intentar reparar años de tormento, mientras avanza con todo el peso de la ley contra los detenidos.
Este jueves, alrededor de las 7.30, un operario de la empresa de recolección de residuos 9 de Julio, identificado como Martín C. (36), perdió la vida tras un inusual accidente en la intersección de calles Matheu y Próspero Mena, en el Barrio Victoria.
Al parecer, el conductor del vehículo realizaba una maniobra de retroceso y no habría advertido la caída de su compañero, pasándole por encima las ruedas del pesado vehiculo. «El chofer no lo vio cuando cayó«, relataron testigos directos del hecho, quienes aún no salen del asombro por la violencia del siniestro.
A pesar de que versiones iniciales de los vecinos indicaban que el joven se encontraba consciente al momento de ser asistido por el personal del 107, el informe médico oficial del Hospital Padilla reveló un cuadro irreversible al momento de su arribo.
Ana María Costas, coordinadora de la Guardia del nosocomio, al brindar detalles técnicos del ingreso indicó que «el paciente ingresó a las 8.07, con paro cardiorrespiratorio. Se iniciaron todas las maniobras de resucitación, tanto en la ambulancia como en el hospital, sin resultado alguno».
La profesional detalló que el cuerpo presentaba lesiones devastadoras: politraumatismo grave, con un traumatismo encéfalocraneano (TEC) severo y un traumatismo de tórax cerrado. Las heridas habrían sido fatales de forma casi inmediata, determinándose su óbito minutos después del ingreso.
Los testimonios recogidos en el lugar coinciden en una secuencia desgarradora. El operario se encontraba trabajando en la parte trasera del camión cuando, por razones que se investigan, habría caído del estribo.
Al parecer, el conductor del vehículo realizaba una maniobra de retroceso y no habría advertido la caída de su compañero, terminando por pasarle por encima. «El chofer no lo vio cuando caía», relataron testigos directos del hecho, quienes aún no salen del asombro por la violencia del siniestro.
La zona del accidente permanecía resguardada para las pericias técnicas, mientras se aguarda que la empresa emita un comunicado tras la pérdida de uno de sus trabajadores más jóvenes en cumplimiento de su deber. /Con información de Los Primeros/
Este miércoles, en el marco del juicio por el crimen de Paulina Lebbos, el Tribunal de la Sala III, integrado por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, dictó sentencia en el debate oral en el edificio de calle España al 400
Los jueces decidieron absolver a Sergio Hernán Kaleñuk como autor del delito de encubrimiento agravado. Y también resolvieron absolver a Víctor César Soto como autor del delito de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de Paulina Alejandra Lebbos.
La causa comenzó con la desaparición de Paulina tras salir de un boliche en el Abasto aquella madrugada del 26 de febrero de 2006 y el posterior hallazgo de su cadáver en Tapia el 11 de marzo.
El debate oral expuso a 41 testigos y pericias que intentaron reconstruir lo ocurrido en el domicilio de calle Estados Unidos al 1.200, donde la fiscalía sostiene que Soto ejecutó el crimen con alevosía, aprovechando su perfil violento y el terror que le inspiraba a la víctima.