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Policiales

Dictaron prisión preventiva para el agresor del diputado Pelli

El Ministerio Fiscal imputó al agresor de 56 años por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía y permanecerá detenido mientras avanza la investigación por el ataque que dejó a la víctima con fracturas de tabique nasal.

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En una audiencia de formulación de cargos celebrada este viernes 13 de marzo, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción, dirigida por Miguel Varela, imputó a Marcelo Claudio Segura por el violento ataque contra el diputado nacional Federico Pelli. La auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi fue la encargada de relatar el hecho ocurrido el pasado 11 de marzo, alrededor de las 18:30 horas, en la localidad de La Madrid.

Según la acusación, Pelli se encontraba junto a un grupo de legisladores y al intendente de la ciudad de Concepción entregando provisiones para los damnificados de las inundaciones, sobre la Ruta Nacional N.º 157,cuando fueron interceptados por Segura y un grupo de personas. El imputado se acercó a la víctima y le preguntó quién era. El diputado le confirmó su identidad y, acto seguido, el acusado le propinó un violento cabezazo en el rostro.

El ataque se produjo aprovechando que Pelli cargaba bolsas de donaciones en ambas manos, lo que le impidió cualquier tipo de defensa. Como consecuencia, el legislador debió ser intervenido quirúrgicamente por múltiples fracturas en el tabique y el hueso propio de la nariz, lesiones cuyo tiempo de curación es mayor a 30 días.

La fiscalía calificó legalmente el hecho como lesiones graves agravadas por alevosía.

“Hecho gravísimo”

De esta manera se refirió el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez sobre las características del incidente. Al momento de tratar las medidas de coerción, el representante del Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, fundamentando la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, especialmente por la necesidad de identificar al resto de los participantes y recuperar el teléfono celular del imputado (dijo que lo perdió en medio del ataque).

“Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado sobre el hecho investigado y el daño ocasionado a la víctima” sostuvo Ibáñez, al tiempo que señaló que “en el hecho no sólo estuvo involucrado el agresor, sino que también hubo un grupo de personas que participan del momento de tensión previo al ataque y que deben ser identificadas”.
En otro punto de su alocución, el investigador manifestó que el acusado actuó a traición y le causó a la víctima múltiples lesiones en su nariz.”Hay que tener en cuenta las características del hecho: la imposibilidad de defensa de la víctima, la sorpresa y la efectividad del golpe. Estas lesiones las produce una persona que sabe pegar un cabezazo de estas características”, concluyó.

Resolución judicial

Tras escuchar los argumentos de las partes y analizar las evidencias, el juez interviniente resolvió declarar la legalidad de la aprehensión y hacer lugar al pedido de la fiscalía en su totalidad, ordenando la prisión preventiva del imputado por el plazo requerido de cuatro meses. Por su parte, la defensa hizo uso del recurso de impugnación.

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Investigan la muerte de un joven detenido en la comisaría de Simoca

Jonathan Rodríguez fue aprehendido el 4 de abril y, pocas horas después, debió ser trasladado a un centro de salud, donde falleció.

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La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.

 

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Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.

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El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».

 

El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.

 

 

El riesgo de fuga y su futuro en el club

Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.

 

 

Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.

 

 

Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.

 

 

Crónica de un vuelo de terror

El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.

Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.

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Agente penitenciario de 28 años murió luego de chocar un montículo de ripio en una ruta sin iluminación

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario

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Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 323, a la altura del puente sobre el río Salí, en jurisdicción de la Comisaría de Río Colorado, donde un motociclista perdió la vida en el acto.

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario y tenía domicilio en el paraje Ampata – Atahona.
De acuerdo a la información oficial, el joven circulaba en una motocicleta de 200cc en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un montículo de ripio colocado para impedir el paso hacia el antiguo puente carretero, actualmente clausurado.

En el lugar se encuentran carteles con la advertencia “No avanzar, puente clausurado”, mientras que en paralelo existe un paso habilitado para la circulación vehicular. Sin embargo, según consta en el informe policial, el sector carece de iluminación, lo que podría haber influido en la mecánica del hecho.

Personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) arribó al sitio en la unidad correspondiente y constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Concepción, bajo la órbita de la fiscal Lucrecia Lugones, quien dispuso la actuación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación del caso

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