Argentina le exigió al Encargado de Negocios de Irán que abandone el país en 48 horas
La Cancillería declaró “persona non grata” a Mohsen Soltani Tehrani, en respuesta al amenazante comunicado del régimen que había advertido sobre “responsabilidad internacional” por declarar “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria
La crisis diplomática entre Argentina e Irán escaló en las últimas horas con una decisión de máxima gravedad: el Gobierno de Javier Milei declaró “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.
La medida fue oficializada por la Cancillería a través de un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno —y luego replicado por el propio presidente Javier Milei—, en el que se informa que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.
El texto precisa que la decisión se adopta “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, el mecanismo jurídico que permite a un Estado expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.
La decisión se produce como respuesta directa al comunicado difundido el día anterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que había marcado un fuerte punto de tensión en el vínculo bilateral. En ese documento, el régimen teocrático sostuvo que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.
Además, el texto iraní cuestionó la legitimidad de la medida al afirmar que “no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional […] sino que constituye un error estratégico”, y avanzó un paso más al advertir que “esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
En su argumentación, Teherán atribuyó la decisión a factores externos. Señaló que fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y sostuvo que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán, en referencia al actual escenario de ofensiva militar en Medio Oriente.
El comunicado de Irán que derivó en la decisión del gobierno de Javier Milei de expulsar al encargado de negocios
El comunicado iraní también incluyó una definición política sobre la conducción argentina. Allí se afirma que el presidente y el canciller “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”, en una formulación que escaló el tono del conflicto.
Frente a ese posicionamiento, la Cancillería argentina respondió esta mañana con un texto que no solo oficializa la expulsión, sino que también fija una posición política y jurídica más amplia.
El comunicado señala que la decisión se adopta “en respuesta al comunicado difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.
Y agrega un punto central en la argumentación oficial: esas declaraciones “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.
El texto también vincula este episodio con el histórico conflicto judicial entre ambos países. En ese sentido, advierte que la situación “se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”.
La Cancillería va más allá y remarca que Irán mantiene “un reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”, en referencia a los pedidos de captura que pesan sobre ex funcionarios del régimen por su presunta participación en los atentados terroristas de los años 90.
En otro tramo, el comunicado introduce un elemento adicional de gravedad al señalar que “resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”.
El cierre del texto refuerza el posicionamiento político del Gobierno: “La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.
Y concluye con una definición que sintetiza la línea oficial: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.
La secuencia de hechos muestra una escalada en apenas 48 horas. Primero, la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, basada en antecedentes judiciales vinculados a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Luego, la respuesta iraní, con un comunicado que combinó descalificaciones, acusaciones y advertencias diplomáticas. Finalmente, la reacción argentina con la expulsión del principal representante diplomático iraní en el país.
En paralelo, el contexto internacional agrega un factor de tensión adicional. La crisis se desarrolla en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario que condiciona las posiciones diplomáticas y en el que el Gobierno argentino ha decidido alinearse de manera explícita con Washington y Jerusalén.
En ese marco, la Guardia Revolucionaria —estructura central del sistema de poder iraní— se convierte en el eje del conflicto. Mientras la Argentina la señala como una organización vinculada al terrorismo internacional, el régimen iraní la reivindica como “defensora de la seguridad nacional” y “la fuerza más efectiva contra el terrorismo”.
El contraste entre ambas posiciones es total. Y la expulsión del encargado de negocios iraní termina de consolidar un deterioro acelerado del vínculo bilateral, en un escenario donde la confrontación ya no es solo discursiva, sino también diplomática y operativa.
El comunicado que fue publicado por la Oficina del Presidente
En ese contexto, la reacción iraní —y la posterior respuesta argentina— dejan en evidencia un endurecimiento de posiciones que trasciende lo bilateral y se proyecta sobre el tablero geopolítico global.
El intercambio de comunicados en las últimas 48 horas muestra dos narrativas opuestas. Por un lado, la Argentina fundamenta sus decisiones en antecedentes judiciales y en la necesidad de combatir el terrorismo. Por el otro, el régimen iraní niega esas acusaciones, denuncia injerencia externa y responde con una retórica confrontativa.
La expulsión del encargado de negocios iraní sintetiza esa tensión. Y anticipa un deterioro aún mayor en la relación entre ambos países, en un momento en que la política exterior argentina ha decidido avanzar sin ambigüedades en una estrategia de confrontación con el régimen de Teherán.
Demolieron construcciones ilegales sobre tierras fiscales en la ribera del Río Salí
El Gobierno de la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección General de Catastro, avanzó hoy con la demolición de construcciones levantadas ilegalmente sobre tierras fiscales en la ribera del Río Salí, en la zona sur oeste del Puente Lucas Córdoba, en San Miguel de Tucumán.
El Fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, sostuvo: “La orden del gobernador Osvaldo Jaldo es tolerancia cero a las usurpaciones y junto a la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, estamos avanzando en poner orden en el patrimonio provincial”. Además, confirmó que “hoy procedimos a la demolición de las construcciones indebidas emplazadas en este sector, recuperando un espacio público que pertenece a todos los tucumanos”.
La medida forma parte de la política de ordenamiento territorial y defensa del patrimonio público impulsada por la gestión provincial, mediante la aplicación del procedimiento de autotutela administrativa previsto en el Decreto N.º 3.664/1 (FE).
De acuerdo con la Resolución N.º 156 de la DPA, durante inspecciones realizadas en el sector se constató la existencia de construcciones, loteos, viviendas, galpones y actividades comerciales emplazadas dentro del dominio público hidráulico y en plena zona de riesgo hídrico del Río Salí.
Asimismo, mediante información obtenida del sistema GIS de la Dirección General de Catastro, se verificó que los terrenos ocupados no poseen padrón ni identificación catastral, determinándose que forman parte del dominio público provincial correspondiente al Río Salí.
Los informes técnicos de la DPA determinaron que las ocupaciones ilegítimas avanzaron sobre la línea de ribera del río, comprometiendo el normal funcionamiento hidráulico de la zona y poniendo en riesgo tanto a las personas que habitaban el lugar como a la infraestructura pública cercana, especialmente el Puente Lucas Córdoba.
Del operativo participaron además el director Provincial del Agua, Marcelo Cancilleri; el director de Protección del Patrimonio y Medio Ambiente, Hugo Vitale; el subdirector de Catastro, Ariel Llabra, y personal policial, en el marco del trabajo coordinado entre los distintos organismos provinciales para recuperar el patrimonio público y garantizar el cumplimiento de la ley.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la recuperación de tierras fiscales y la liberación de zonas de riesgo hídrico forman parte de una política de Estado orientada a preservar el patrimonio provincial, proteger la seguridad de la población y evitar nuevas ocupaciones ilegales en sectores inundables.
El gobernador Osvaldo Jaldo participó este miércoles del acto de inicio de la zafra 2026 y la bendición de frutos del Ingenio La Corona (Sucroalcoholera del Sur SA y Bioenergía La Corona SA), en Concepción.
Estuvieron presentes la diputada nacional Elia Fernández de Mansilla; el presidente del Ingenio, Roberto Arano; el director de la compañía, Martín Arano; y María Florencia Arano, miembro del directorio; el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el interventor del IPLA, Dante Loza; el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; el legislador Carlos Fúnez; el obispo de la Diócesis de la Santísima Concepción, Monseñor José Antonio Díaz; y personal del ingenio.
Durante el acto, el mandatario provincial agradeció la invitación de la empresa y puso en valor la trayectoria productiva del establecimiento: “Agradecerle a la familia Arano que hoy nos han invitado a participar en el inicio oficial de la zafra de este ingenio, que tiene más de 140 años de vida. Terminamos el 2025 con una zafra razonablemente buena, en la que medianamente se han cumplido las expectativas. Aspiramos a que en la zafra 2026 tengamos iguales o mejores resultados”.
El Gobernador explicó la importancia del volumen de materia prima disponible y la necesidad de planificar su destino productivo: “No nos olvidemos que tenemos mucha materia prima producto de las lluvias, con crecimientos importantes de los cañaverales. Por lo tanto, tenemos que darle el destino que realmente deben tener para que podamos tonificar el precio de nuestro principal producto, que es el azúcar”, indicó.
En esa línea, subrayó el valor del consenso entre los actores del sector y el cumplimiento de acuerdos regionales. “Esta es una de las actividades que necesita mayor diálogo entre los industriales, los cañeros, los proveedores y los contratistas. Los acuerdos tienen que ser regionales con los ingenios de Jujuy, Salta y Tucumán para acordar cuál es el azúcar que vamos a exportar y no sobre ofertar el mercado”, aseguró.
El titular del Ejecutivo provincial también remarcó la necesidad de cumplir con los cupos de exportación y de bioetanol para diversificar destinos de la producción. En ese marco, sostuvo: “Cada uno debe cumplir con su cuota de exportación y también cumplir el cupo del bioetanol, que es otra forma de darle destino a la materia prima”.
Jaldo abordó además la situación de los caminos rurales y las tareas que lleva adelante el Gobierno provincial. “Como gobierno, tenemos los mismos problemas que tienen los productores que no podían entrar a los campos a cosechar porque no había piso. En ese marco, el gobierno ya está trabajando en algunos caminos secundarios y estamos esperando tener piso para trabajar en los caminos terciarios”.
Asimismo, explicó que la Provincia mantuvo reuniones con productores del sur para coordinar soluciones y garantizar la logística de las economías regionales. En ese sentido, sostuvo: “Ya tenemos una zafra citrícola funcionando a pleno y seguramente también vamos a tener esta zafra azucarera funcionando a pleno. Los caminos no van a ser impedimento para que los ingenios muelan y puedan sacar su producto”.
Por su parte, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, destacó el impacto social y económico de la actividad azucarera en la ciudad: “Tenemos mucha expectativa de esta zafra porque mucha gente vive de esto, tanto obreros como empresarios y agricultores. Por eso, hoy es un día especial para Concepción, ya que es una de las empresas más importantes”.
El jefe municipal resaltó el trabajo conjunto entre el municipio, la Provincia y el sector privado: “Tenemos esperanza de reactivación de la economía y ganas de trabajar conjuntamente. El ingenio tributa en la ciudad de Concepción y eso también sirve como ayuda para nuestras finanzas”.
Molinuevo valoró la presencia del Gobernador en el sur provincial y el rol estratégico de la ciudad. Al respecto, afirmó: “Que el Gobernador venga a Concepción significa mucho. Concepción es el epicentro del sur de la provincia y tenemos que tirar juntos para adelante”.
A su turno, Roberto Arano destacó que “la zafra anterior fue buena y creemos que esta puede ser un poco mejor”. En esa línea, explicó los tres mercados hacía los que se dirige la empresa: exportación, mercado interno de azúcar y bioetanol. “Lo bueno es que el año pasado se cumplió el objetivo de sacar con exportaciones y bioetanol el azúcar que sobraba. Este año están dadas las condiciones para que se cumpla”, cerró.
Este lunes a la tarde-noche, cayó mampostería desde el balcón de un inmueble sin habitar en la esquina de Mendoza y Virgen de la Merced. Defensa Civil de Capital inmediatamente cortó el tránsito en la zona por precaución, según señaló, Rubén Fernández, Subsecretario de Seguridad de Capital.
«La intervención es preventiva y se dio aviso a Catastro. La arquitecta Nora Belloni, a cargo de la dirección, envió a ingenieros estructuralistas para evaluar el edificio», detalló el licenciado Fernández.
Las vallas de seguridad están puestas en el lugar y este martes muy temprano las áreas pertinentes continuarán con el trabajo.