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Salud

Amenaza mundial. ¿Pueden los antivacunas dinamitar la campaña de inmunización?

Si bien son grupos minoritarios, los expertos plantean que obstaculizan la posibilidad de llegar a la inmunidad comunitaria; las estrategias de autoridades y el rol de las redes sociales

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Amenaza mundial. ¿Pueden los antivacunas dinamitar la campaña de inmunización?

“Este veneno tiene que ver con el control de la población. Alterará tu ADN, rastreará y controlará tus emociones…nunca voy a entender por qué hay gente que quiere dársela”. Este comentario, sin evidencia científica, forma parte del grupo de Facebook “No a la vacuna Covid”, uno de los más de cientos existentes en las redes sociales en distintas partes del mundo, integrados por escépticos de las vacunas, que lograron mayor visibilidad con la llegada de la pandemia.

La campaña de vacunación a nivel mundial ya registra más de 4000 millones de dosis aplicadas. Avanza a distinta velocidad en cada país, condicionada principalmente por la desigualdad en el acceso a los inmunizantes. Pero es sobre todo en las naciones desarrolladas que llevan la delantera en el proceso de inmunización donde el movimiento antivacunas hace tambalear al plan completo y genera nuevos desafíos a los gobiernos, que intentan a toda cosa estimular a la población para que ponga el brazo a disposición de la salud.

¿Pueden estos grupos llegar a dinamitar la campaña de vacunación global? Los expertos consultados coinciden en que es improbable que el proceso fracase. No obstante, la existencia de un alto porcentaje poblacional negado a inmunizarse puede ser un gran problema.

Respecto a la cantidad de personas que rechazan sus dosis, el epidemiólogo del Organismo Andino de Salud Luis Bengolea consideró que la cifra complica la posibilidad de “llegar a tener una inmunidad comunitaria para proteger a la población”.

Los movimientos antivacunas ganaron visibilidad durante la pandemia y preocupan a las autoridades del mundo

En todo el mundo, el 79% de la población coincide con que las vacunas son seguras y un 84% está de acuerdo en que son efectivas, según Welcome Global Monitor. Sin embargo, la desconfianza en las vacunas, algo que data desde su creación, se incrementó en los últimos años a niveles alarmantes, por lo que en 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a este fenómeno entre las diez amenazas principales para la salud mundial.

Europa fue escenario en las últimas semanas de movilizaciones masivas en rechazo a las vacunas y a la entrada en vigor del pase sanitario, la nueva llave que permite el acceso a ciertos espacios públicos solo para los inoculados, los que hayan cursado la enfermedad, o demuestren una prueba negativa. Se trata de una medida que despertó polémica, surgida como estrategia para llevar a la población a los vacunatorios.

Más de 100.000 personas inundaron las calles de las principales ciudades de Francia al grito de “Libertad para todos” con carteles de inyecciones tachadas. Las autoridades informaron que en el sur del país varios centros de vacunación fueron destruidos y saqueados.

En Chipre, mientras la variante delta hace estragos con una de las tasas de contagios más altas del mundo, el movimiento antivacunas, integrado en su mayoría por jóvenes, se manifestó frente al palacio presidencial durante varias jornadas que terminaron en incidentes violentos.

“Estoy en contra de la vacuna tanto por razones médicas como por razones políticas”, aseguró en diálogo telefónico con Bruno Courcelle, un matemático francés que que estuvo presente en las protestas de París. “Los gobiernos de la Unión Europea firman contratos secretos en los que le ofrecen muchas cosas a los grandes laboratorios, a los que no les interesan los efectos adversos que producen sus vacunas”, enfatizó. Sin pruebas que lo respalden, ese pensamiento se instala y se replica.

En Bulgaria (23%), Letonia (18%), Eslovenia (20%) y Croacia (18%) se encuentra la mayoría de la población europea que no quiere vacunarse contra el coronavirus y gran parte de los “indecisos” que aún no están seguros de adquirir sus dosis, según los datos del Eurobarómetro de mayo 2021. El reporte destaca la disparidad de respuesta entre los distintos segmentos etarios, siendo el grupo joven el más reacio a vacunarse, lo que genera gran preocupación por ser los principales vehículos de contagio de la variante delta según expertos.

En Estados Unidos, el porcentaje de vacunados con al menos una dosis ronda el 58%, con una tasa de dosis diarias administradas que desciende en picada. El país cuenta con uno de los movimientos antivacunas más poderosos, incluso desde antes de la pandemia.

El Centro de Investigación de Excelencia Clínica de Stanford formuló una encuesta en agosto 2020 que mostró que era muy poco probable que el 20% de la población aceptara su dosis, incluso si la evidencia sugería que era segura y efectiva. Otro 15% dijo que era poco probable que se inoculara.

“Antes de que la gente supiera siquiera que iba a haber una vacuna contra el coronavirus, ya había un 35% de estadounidenses que no se la quería dar. Es exactamente el mismo número de adultos que hoy no están vacunados. El porcentaje se mantiene estable”, indicó Robert Kaplan, profesor emérito de servicios de salud y medicina de la Universidad de California.

La inmunización, más lejos

Abhijit Surya, analista de la unidad de inteligencia de The Economist, consideró que “el mayor impacto del movimiento antivacunas en el resultado de estas campañas es que cuanto más largo sea el proceso, más se va a tardar en terminar la crisis sanitaria”. En este sentido, la aparición de nuevas variantes irrumpe como un efecto preocupante, cuando el mundo aún trata de dominar la delta.

Respecto a la mayor incidencia de estos sectores en países desarrollados, planteó posibles causas. “Una hipótesis es que, como los países en vías de desarrollo ya pasaron por crisis sanitarias, existe una tendencia marcada a vacunarse para evitar que estas crisis se prolonguen. Pero tampoco se puede generalizar. En Perú, por ejemplo, hay políticos y medios que se esfuerzan por desinformar sobre las vacunas, y la gente no está confiando en la Sinopharm”.

En una línea parecida, se expresó la infectóloga Florencia Cahn, miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología: “En algunos países como Estados Unidos y Francia estos grupos pueden llegar al 30%. Es un número muy alto que, si bien no hará fracasar el programa de vacunación, sí puede dificultar el hecho de llegar a la inmunidad de rebaño que se necesita para proteger no solo a los vacunados, sino también a los que los rodean”.

Y profundizó: “En la Argentina el movimiento antivacunas afortunadamente es un grupo muy minoritario que por ahí pueden hacer mucho ruido en las redes sociales o en los foros, pero realmente es minoritario”.

No obstante, se aceleran las estrategias para que la población se inmunice, y no solo desde los gobiernos. Tras la polémica generada por el pase sanitario dispuesto en la provincia de Buenos Aires, se conoció que la Unión Industrial Argentina (UIA) recomienda no pagar el sueldo a aquellos empleados que no vayan a trabajar porque se niegan a recibir la vacuna.

Efecto redes sociales y comunicación

Los grupos que se oponen a la campaña de inmunización global encontraron en las redes sociales un espacio para sumar adeptos. Facebook eliminó más de 18 millones de publicaciones y redujo la visibilidad de más de 167 millones de piezas “desacreditadas por los socios de verificación de datos”, según afirmaron desde el equipo de comunicación de la red social en la Argentina ante la consulta

Siguiendo los sondeos estadounidenses, Kaplan sugirió que los ciudadanos en ese país tienden a cerrarse en su opinión mucho antes de que surjan las acciones de información y desinformación. “No hicieron gran cosa”, estimó.

Destacó que aún existe un gran porcentaje de los llamados “indecisos”, que están esperando a ver cómo actúa la vacuna o aguardan por mayor información, a los que también se suman casos excepcionales, como un 24% de los adultos estadounidenses que son fóbicos a los agujas y no antivacunas. Estos grupos “tienden a confiar más en sus médicos que en las campañas que muestran a celebridades o atletas vacunándose”, según la visión del experto.

“El 70% de la población vacunada [porcentaje estimado para generar inmunidad de rebaño], no es un número mágico. Hay dos formas de ser inmune: una es tener la vacuna y otra es haber contraído la enfermedad. Los cálculos suponen que ya hay cierta inmunidad por la gente que se infectó. El desafío es ver si esta protección alcanza para las nuevas variantes”, afirmó.

“Hay grises, gente que tiene dudas genuinas sobre la vacuna”, advirtió Cahn. “Eso es una gran deuda que tenemos desde el sistema de salud, de tomarnos esos minutos para explicarles a nuestros pacientes por qué indicamos las vacunas. Simplemente se necesita tener un poco más de conversación y comunicación efectiva para despejar dudas sin acusar”, concluyó

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Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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