Manuel Quintar, el diputado de La Libertad Avanza por Jujuy que ayer fue noticia por aparecer en el Congreso con una Tesla Cybertruck, tuvo que llamar a un remolque ya que el vehículo no contaba con patente.

Tras la polémica, el legislador libertario se comunicó con un servicio de remolque privado para que lleve su pick-up eléctrica, estacionada en las inmediaciones del Congreso, a Jujuy. Cerca del libertario indicaron que tuvieron que acarrearlo porque el vehículo tiene una autonomía de 500 kilómetros y no hay cargadores eléctricos en el camino.

El hecho encendió las alarmas sobre una posible infracción. Las dudas se centran en si el legislador había circulado por las calles porteñas con un vehículo sin identificar.

Ayer Quintar había causado un fuerte revuelo al estacionar su camioneta de diseño futurista en el playón de la Cámara de Diputados. En un contexto de ajuste y bajo el lema “No hay plata”, la imagen de la Cybertruck —cuyo valor en Argentina puede superar los US$100.000 debido a los costos de importación y aranceles— generó críticas inmediatas de la oposición.

“A mi nombre, con la mía”, se había defendido el diputado en sus redes sociales, acompañando el posteo con una foto del vehículo.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, circular sin patente (o con la placa tapada o ilegible) es considerada una infracción “muy grave”. En la Ciudad de Buenos Aires, las multas por este tipo de faltas pueden alcanzar hasta las 1000 Unidades Fijas, lo que representa una cifra superior al millón de pesos, además de la retención preventiva del vehículo.

Tras la viralización de las imágenes donde se veía la parte trasera de la camioneta desnuda de identificaciones, se le habría sugerido al legislador que retirara la unidad.

Ahora, la controversia se traslada a los registros: se investiga si el vehículo entró al país bajo el régimen de importación definitiva y si ya cuenta con la documentación necesaria para circular.

Quién es Manuel Quintar

Quintar, de 44 años, es un abogado y empresario jujeño vinculado al sector de la salud. Se define como un “outsider” de la política, aunque tuvo un paso previo por el Partido Justicialista antes de sumarse a las filas de Javier Milei.

Desde su asunción en 2023, ha mantenido un perfil alto en redes sociales, defendiendo el libre mercado y la propiedad privada, aunque esta vez, su interpretación de la libertad terminó chocando con el Código de Tránsito. /TN

En medio del debate abierto en la Cámara de Diputados por la intención del oficialismo de modificar el régimen de Zona Fría, los legisladores cordobeses Juan Fernando Brügge y Carlos Mario Gutiérrez expresaron fuertes objeciones al dictamen impulsado por La Libertad Avanza y advirtieron sobre las consecuencias que tendría para cientos de miles de usuarios residenciales.

La discusión tomó temperatura este miércoles durante una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde el oficialismo avanzó con un proyecto que propone redefinir el esquema de subsidios al gas natural y limitar el alcance del beneficio de Zona Fría únicamente a usuarios vulnerables incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La iniciativa oficial argumenta que el actual esquema genera desequilibrios financieros en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y sostiene que el régimen debe restringirse a hogares ubicados en zonas de “efectiva severidad climática”, bajo criterios de “equidad distributiva” y “responsabilidad fiscal”.

Sin embargo, desde Provincias Unidas advirtieron que el proyecto implica un fuerte retroceso para provincias del centro del país que fueron incorporadas al sistema mediante la Ley 27.637 sancionada en 2021.

Brügge y Gutiérrez remarcaron que en Córdoba existen actualmente 13 departamentos alcanzados por el beneficio: Calamuchita, Capital, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión. Según señalaron, la medida alcanza a unos 600.000 usuarios residenciales, que reciben descuentos del 30 al 50 por ciento sobre la tarifa de gas.

Los legisladores recordaron que la ampliación de la Zona Fría respondió a estudios técnicos que demostraron patrones de consumo similares a los de regiones históricamente consideradas frías, especialmente por la alta demanda de calefacción durante gran parte del año.

“El subsidio no busca incentivar el consumo, sino compensar una necesidad energética superior”, sostuvieron los diputados al rechazar el argumento oficial sobre un supuesto “sobredimensionamiento” del régimen.

En el análisis presentado durante el debate parlamentario, los representantes cordobeses remarcaron además que el Fondo Fiduciario de Gas mostró superávit entre 2021 y 2023, sin necesidad de aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. De acuerdo con cifras oficiales citadas en el documento, el fondo registró resultados positivos por $16.818 millones en 2021, $7.697 millones en 2022 y más de $39.000 millones en 2023.

Para Brügge y Gutiérrez, el verdadero problema surgió tras la reciente reducción de partidas presupuestarias dispuesta por el Poder Ejecutivo, que recortó más de $11.000 millones destinados al fondo fiduciario.

En ese marco, alertaron que una eventual eliminación o reducción del beneficio afectaría directamente a unas 675.000 personas en Córdoba, con un fuerte impacto sobre hogares de clase media y sectores vulnerables.

Los diputados también cuestionaron otros artículos del proyecto oficial vinculados al sistema eléctrico federal y a las deudas de distribuidoras con CAMMESA. Según advirtieron, la iniciativa “avanza sobre competencias provinciales” al establecer mecanismos automáticos de reconocimiento tarifario y compensaciones económicas que, a su criterio, interfieren en facultades propias de las provincias en materia de regulación de servicios públicos.

Además, señalaron que el texto no precisa el costo fiscal que podrían tener esas compensaciones ni cuál sería la fuente de financiamiento para cubrirlas.

Otro de los puntos objetados por los legisladores es la prohibición de incluir tributos locales en las facturas eléctricas, cuestión que consideraron una intromisión sobre la autonomía provincial y municipal.

Mientras el oficialismo busca acelerar el dictamen para llevar el proyecto al recinto, distintos bloques provinciales comenzaron a coordinar posiciones para intentar frenar modificaciones que consideran perjudiciales para usuarios del interior del país. El debate promete escalar en las próximas semanas, con gobernadores y distribuidoras siguiendo de cerca una discusión que impacta de lleno en el costo de los servicios energéticos.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, salió al cruce de las repercusiones generadas por la publicación de la compra de una vivienda en Tafí del Valle y aseguró que se trata de una operación “totalmente legal, transparente y declarada”, al tiempo que aclaró que cuenta con ingresos provenientes de su actividad privada.

Durante un acto oficial en el que se firmó un acuerdo de cooperación entre la Provincia y el Hospital Italiano, el mandatario consideró necesario dar explicaciones públicas luego de que la información fuera difundida por un medio nacional y replicada a nivel local.

“Mi obligación como gobernador, como político y como tucumano es dar las explicaciones correspondientes”, sostuvo Jaldo, quien confirmó que la propiedad “es legítimamente de quien habla” y que fue adquirida en uno de los principales destinos turísticos de la provincia. “Invertí en Tucumán, no me fui a invertir fuera del país ni fuera de la provincia”, remarcó.

En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo provincial hizo hincapié en su situación patrimonial y en el origen de los fondos utilizados para la compra. “Yo no vivo del sueldo de gobernador. Tengo una actividad privada desde hace más de 40 años, vinculada a la explotación agrícola-ganadera”, explicó, y agregó que se trata de una empresa unipersonal inscripta formalmente.

Además, detalló que la vivienda fue adquirida mediante un crédito hipotecario UVA otorgado por el Banco Macro, lo que, según indicó, respalda la legalidad de la operación. “Es una propiedad comprada en cuotas, con financiamiento claro y registrada en todos los organismos correspondientes”, afirmó.

El gobernador también explicó que el inmueble figura en su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2024, presentada conforme a la legislación provincial vigente, y que la operación fue informada ante los organismos nacionales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), en su carácter de funcionario público.

“No necesito testaferros ni poner bienes a nombre de terceros. Todo lo que tengo está a mi nombre y declarado en tiempo y forma”, enfatizó Jaldo, quien sostuvo que su accionar “siempre fue legal y transparente”.

Finalmente, el mandatario aseguró que brindó estas precisiones para “llevar tranquilidad a la sociedad tucumana” y reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas. “Es mi obligación informar y dejar en claro cuál es la situación”, concluyó.