Una jueza fue encontrada a los besos con un condenado a cadena perpetua
Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. La magistrada de Comodoro Rivadavia, que integró el tribunal que sentenció al detenido y votó en contra de la pena, fue sumariada
La jueza llegó al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew el 29 de diciembre pasado a las 16.40 y pidió ver a uno de los detenidos. Se fue pasada las 19.30, cuando le avisaron que finalizaba el horario de visitas. En la sala donde se produjo el encuentro había cámaras. Lo que filmaron provocó un escándalo en la provincia de Chubut.
En las imágenes se ve a la magistrada a los besos con el condenado por un tribunal que ella misma integró. Fue sumariada.
Según publica el diario Jornada, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó iniciar actuaciones administrativas contra la jueza Mariel Alejandra Suárez por “conductas inadecuadas”. Se trata de la magistrada penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia.
El reo en cuestión, considerado de alta peligrosidad, fue identificado como Cristian Omar Bustos, alias Mai, quien en diciembre pasado fue condenado a perpetua en Esquel por matar a un policía en 2009 por un tribunal que integraba, precisamente, la jueza Suárez: ella votó en disidencia.
La jueza Mariel Suárez y el condenado a perpetua, Cristian Bustos.
Todo se descubrió cuando la seguridad interna del instituto penitenciario denunció ante la autoridad superior lo sucedido entre la jueza y el condenado en la sala que compartieron por casi tres horas. Se besaron, se abrazaron, compartieron comida y tomaron mate, algo “prohibido de compartir en virtud de la pandemia que se cursa”, reza el denunciante en la denuncia a la que tuvo acceso ADN Sur.
“A raíz de una comunicación formal dirigida a los Ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel”, explica un comunicado del Poder Judicial.
Y cierra: “De los datos comunicados desde el IPP surgen que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial”.
Quién es Bustos
Ocurrió en Esquel en 2007, Bustos (40) fue condenado a perpetua por la Cámara del Crimen de Esquel por el homicidio de su bebé de 9 meses, Eric.
Pero se escapó de la Comisaría de Corcovado, donde estaba detenido porque la condena no estaba firme. Dos años después, la Policía de Chubut lo encontró e intentó recapturarlo: fue una tragedia. Hubo un tiroteo y hubo dos muertos, uno fue el policía Leonardo Tito Roberts, por el que fue condenado en diciembre pasado con fallo en disidencia de la jueza Suárez.
Lo capturaron finalmente en Chile y luego fue extraditado. Así debió afrontar la condena por el homicidio calificado de su hijo y el crimen del policía.
A Tito Roberts lo mataron el 8 de marzo de 2009 cuando intentaron detener a Bustos, tras fugarse de la comisaría de Corcovado: la Brigada de Investigaciones de Esquel fue hasta su casa. Ahí estaba su padre, sus dos hermanos y el prófugo. Cuando los policías quisieron entrar, salió el padre y le dijo al encargado del operativo que no se iba a entregar y que todos sus hijos estaban armados en el interior de la casa. Les pidió que se fueran.
En ese contexto, los cuatro hermanos Bustos salieron de la casa. Tres rodeaban a Cristian Omar, quien portaba un arma, al igual que otro de sus hermanos, mientras que el otro par llevaba cuchillos. ”Nos vamos, si tiran, tiramos!”, gritaron.
Y comenzaron a caminar en grupo. La orden de no disparar era clara entre los policías, pero nada impedía seguir a los sospechosos. Sin embargo, “Mai” comenzó a disparar al notar que no les daban tregua. A Tito Roberts el tiro le dio en la cabeza y lo mató. A Luis Cañumir, en el abdomen pero sobrevivió.
El 23 de diciembre pasado, Bustos fue condenado a perpetua por el crimen del policía. El Tribunal de enjuiciamiento estuvo integrado por la conjueza local Ximena Miranda Nastovich y las juezas María Laura Martini y, justamente, Mariela Suárez de Comodoro Rivadavia.
En la ciudad de Juan Bautista Alberdi investigan amenazas de tiroteo dentro de un establecimiento escolar, tras constatar las pintadas en un sanitario de la Escuela Técnica N.º 1.
Por supuesto esto ha generado momentos de tensión y preocupación en toda la comunidad educativa.
La situación fue detectada en las últimas horas y derivó en la inmediata intervención de efectivos policiales, quienes se hicieron presentes en el establecimiento para resguardar la seguridad y dar inicio a las tareas investigativas.
Mientras tanto, varios padres se acercaron al lugar visiblemente preocupados y comenzaron a radicar denuncias, exigiendo respuestas y medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes. En este contexto, las autoridades del establecimiento mantuvieron una reunión con padres de la cooperadora escolar, donde se abordó la situación y se analizaron posibles acciones preventivas frente a los hechos ocurridos.
Varios manifestaron que no enviarán a sus hijos a clases este jueves, hasta tanto haya mayores garantías de seguridad y claridad sobre lo sucedido.
Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el contenido de los mensajes ni sobre posibles responsables.
La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.
Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado
Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.
El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».
El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.
El riesgo de fuga y su futuro en el club
Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.
Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.
Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.
Crónica de un vuelo de terror
El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.
En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.
La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.
Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.