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Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo en el pecho durante un intento de robo

Dos sujetos intentaron sustraerle la moto cuando estaba dejando a un amigo en la puerta de su casa. Ocurrió en inmediaciones de avenida Independencia y calle Juan B. Terán, en la capital. El Ministerio Fiscal acudió al lugar y dio inicio a la investigación.

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Un joven de 29 años, identificado como Franco Emanuel García Vega, fue asesinado este viernes a la madrugada tras resistirse a dos delincuentes que intentaron robarle la moto. Sucedió alrededor de las 4:30 horas en calle Juan B. Terán al 1.300, casi esquina con avenida Independencia, al suroeste de San Miguel de Tucumán. En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale, quien se trasladó de forma urgente a la escena del hecho junto a miembros de su Fiscalía, entre ellos el auxiliar de fiscal Miguel Fernández y el coordinador Eduardo Ricciuti. Asimismo, el investigador ordenó un abordaje integral de los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Según las primeras averiguaciones, la víctima regresaba de una reunión con amigos, llevando a uno de ellos en su motocicleta para dejarlo en su casa. Cuando estaban en la puerta despidiéndose, aparecieron dos sujetos en moto e intentaron robarle su rodado. El muchacho se habría resistido y comenzó a pelear con uno de ellos, que terminó efectuándole un disparo de arma de fuego en el pecho. Murió en el acto. Los delincuentes escaparon sin apoderarse de la moto. El fiscal encuadró la causa bajo el delito de homicidio en ocasión de robo. A su vez, entre la recolección de evidencias, dispuso un relevamiento completo de las cámaras de la zona para detectar características, tanto de los coautores como del motovehículo en el que se conducían. Por parte del Ministerio Público Fiscal, en la escena del crimen también estuvo presente personal del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV), brindando acompañamiento a los familiares de García Vega.

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Rescataron una iguana que fue hallada por vecinos de Tafí Viejo

Un equipo de la División Delitos Rurales y Ambientales Capital N° 6 rescató este martes una iguana que fue hallada por vecinos del Barrio Sivanto, en la ciudad de Tafí Viejo.

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Se trata de un reptil de la especie Caraguay, conocido como iguana colorada, que fue secuestrado por infracción a la Ley N° 6.292 de Protección de Flora y Fauna.  De esta manera fue puesto en resguardo y trasladado a esta dependencia policial.

Ante el hallazgo del animal, las autoridades de la  División de Flora, Fauna Silvestres y Suelos de la provincia dispusieron que sea liberado en su hábitat natural en la zona de Tapia o de Burruyacu.

La iguana colorada, técnicamente Salvator Rufescens, es una especie de lagarto que se distribuye por   toda el área chaqueña y en el NOA, entre otras provincias del país.

El exitoso procedimiento fue dirigido por el jefe de la División, Comisario Principal Luis Godoy, y supervisado por el director General de Delitos Rurales y Ambientales, Comisario General Silenio Castaño.

 

 

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Policiales

“Miguelón” fue condenado a prisión perpetua por un doble homicidio en Villa 9 de Julio

Este viernes 16 de febrero de 2024, en la quinta y última jornada del debate, los jueces, por unanimidad, en horas del mediodía, dieron por acreditada la teoría del Ministerio Fiscal, resolviendo condenar a la pena de prisión perpetua a Miguel Eduardo “Miguelón” Figueroa.

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“No hay dudas de que “Miguelón” estuvo presente y que efectuó varios de los disparos que acabaron con la vida de Amaya y Sepúlveda, y lo hizo a sangre fría”, había afirmado el fiscal Carlos Sale en sus alegatos finales, antes de solicitar ayer la prisión perpetua en contra de Miguel Eduardo “Miguelón” Figueroa, de 38 años, por los asesinatos de Héctor Gabriel Amaya y Leonardo Josías Sepúlveda, ocurridos el 18 de diciembre de 2020 en Villa 9 de Julio.

“Ha sido una verdadera masacre con un panorama dantesco. El móvil fue por venganza. No hay dudas de que “Miguelón” estuvo presente y que efectuó varios de los disparos que acabaron con la vida de Amaya y Sepúlveda, y lo hizo a sangre fría. Fueron numerosos testigos que declararon haberlo visto disparar”, agregó Sale, quien interviene junto a los investigadores Guadalupe Martínez, Eduardo Ricciuti, Miguel Fernández y Hugo Campos.

Figueroa fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado por arma de fuego con la participación premeditada por dos o más personas, en calidad de coautor, en concurso real con tentativa homicidio agravado por uso de arma de fuego, con la participación premeditada por dos o más personas en perjuicio de un menor de 12 años y otras dos personas mayores.
A pedido de la Fiscalía, los jueces ordenaron hacer lugar al pedido de la acusación pública disponiendo la prórroga de la prisión preventiva por cuatro meses más.

El ataque

Según la acusación, el 18 de diciembre de 2020, a las 14:30 horas, en la intersección de calles Blas Parera al 500, con pasaje Vicente López y Planes de la Capital, se encontraban reunidos Amaya y Sepúlveda, con otras personas.
Fue cuando se hicieron presentes cuatro personas a bordo de un automóvil conducido por “Miguelón”, quienes con la intención de terminar con la vida de los antes nombrados, efectuaron numerosos disparos que causaron la muerte de Amaya y de Sepúlveda.

Figueroa fue capturado en diciembre de 2022 en la provincia de Salta, a partir de una investigación del Ministerio Público Fiscal de Tucumán.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Eduardo Martín González, María Alejandra Balcázar y Rodolfo Sebastián Norniella Parache.
Está previsto que el próximo lunes 26 de febrero Figueroa afronte otro juicio por homicidio, en este caso por el homicidio del adolescente de 18 años Ramiro Ledesma, ocurrido el 13 de marzo de 2021, cuando fue emboscado en calle Blas Parera al 500 de Villa 9 de Julio, hecho investigado por el fiscal Ignacio López Bustos, de la Unidad Fiscal de Homicidios I.

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Prisión efectiva para el autor de la amenaza de bomba en la Secretaría de Trabajo

Matteo Santiago Galván fue condenado a la pena de tres años y seis meses. Hasta tanto quede firme la sentencia se pedirá el arresto domiciliario. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad que conduce Carlos Saltor.

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En el marco del primer juicio por el delito de intimidación pública, Matteo Santiago Galván fue condenado a la pena de tres años y seis meses de cumplimiento efectivo. Además se le impuso una inhabilitación especial de seis años (al desempeñarse como empleado de la fuerza policial). La sentencia fue resuelta por el juez Guillermo Taylor quien hizo lugar a la pretensión punitiva solicitada por la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad, que dirige Carlos Saltor. Durante las jornadas estuvo acompañado por los investigadores Jessie Luz García y Felipe Nacusse. Luego de lo resuelto, Saltor dijo: “Esta sentencia corrobora la gran decisión del ministro, Edmundo Jiménez, de estar aggiornado a los tiempos que corren y a la evolución de los nuevos ciberdelincuentes.

Durante el debate, hemos expuesto la complicación que genera traer a juicio la prueba digital, los teléfonos y el impacto de las antenas, en fin, el entrecruzamiento de datos y la necesidad de tener personal técnico especializado pero también una Fiscalía que está al orden de los tiempos”. A continuación, el Fiscal destacó el precedente en nuestro país.

“La calificación es por el delito de intimidación pública y es histórico porque no hay antecedentes en Argentina por amenazas de bomba en función a este tipo penal, lo que agrega un condimento especial a esta decisión del juez Guillermo Taylor”, comentó y valoró el trabajo de investigación desarrollado.

«Quiero agradecer la profesionalidad con la que han trabajo todos los miembros del Ministerio Público Fiscal y resaltar como responsable de esta Unidad Especializada el trabajo comprometido, dedicado y sólido de nuestros integrantes donde hay abogados especializados en delitos informáticos como técnicos especialistas en redes abiertas. Todos lo han hecho en conjunto con mucho compromiso para arribar a esta sentencia”. Hasta tanto quede firme lo resuelto, la Fiscalía pedirá (en otra audiencia) el arresto domiciliario. En tanto, la defensa dijo que hará reserva de impugnar la sentencia.

La teoría del caso

Según la acusación, el 28 de julio a horas 8:30 recibieron la denuncia de un empleado de la Secretaría de Trabajo que explicó que a las 8:00 horas, un hombre llamó advirtiendo que había una bomba dentro de la institución y que desalojaran el inmueble. A raíz de eso comenzó a aplicarse el protocolo de evacuación y se cortó la calle en Crisóstomo Álvarez al 100, lo que generó caos en el tránsito y un despliegue policial y de bomberos innecesario ante una falsa alarma.

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