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Policiales

Caso Lebbos: el fiscal pidió prisión perpetua para Soto y desistió de la acusación contra Kaleñuk

Este martes se conocerá la sentencia a 20 años del crimen de Paulina. Según el representante del Ministerio Público, la víctima fue estrangulada en el departamento del principal sospechoso tras una discusión motivada, aparentemente, por celos.

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Después de veinte años de una instrucción accidentada y plagada de sospechas, el fiscal Carlos Sale solicitó en un duro alegato la pena de prisión perpetua para César Soto, ex pareja de Paulina Lebbos. El representante del Ministerio Público sostuvo la hipótesis de que el acusado la mató por estrangulamiento manual en la madrugada del 26 de febrero de 2006. Sin embargo, la última palabra la tendrá el tribunal, que en su sentencia del próximo martes 28 de abril podría convalidar el pedido o dictar la absolución si considera que las pruebas no alcanzan para quebrar el estado de inocencia.

 

La plataforma fáctica presentada ante los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica se centró en la naturaleza violenta del imputado. El fiscal reconstruyó un escenario donde Soto, valiéndose de una supuesta superioridad física y un historial de agresividad documentado por las hermanas de Paulina, habría atacado a la joven en su domicilio de calle Estados Unidos al 1.200. Según Sale, la noche de la desaparición, la víctima (que venía de un boliche de la zona de El Abasto) y el acusado (que salía de su trabajo en el casino) convergieron en ese departamento, donde se produjo el desenlace fatal.

Al mismo tiempo, la jornada marcó un giro que redefine el mapa de responsabilidades del debate: el fiscal decidió desistir de la acusación contra Sergio Kaleñuk. Argumentando «orfandad probatoria», Sale admitió que no existen elementos suficientes para vincular al hijo del fallecido ex secretario privado de la Gobernación con el homicidio o el posterior descarte del cuerpo.

 

Esta decisión técnica de la fiscalía deja a Soto como el único blanco de la pretensión punitiva estatal en este juicio. El relato de Sale buscó dar sentido a dos décadas de impunidad institucional (el caso ya suma nueve condenas firmes por encubrimiento), apostando todo a la figura del homicidio vinculado agravado por alevosía y dejando atrás las hipótesis que involucraban a los llamados «hijos del poder» por falta de sustento técnico en esta instancia.

Con el pedido de pena máxima sobre la mesa, la causa entra en su etapa de mayor suspenso. La defensa de Soto tendrá ahora su turno para subrayar las dudas que han persistido durante veinte años, buscando la absolución. Los jueces deberán deliberar si la cadena de indicios y el perfil trazado por los testigos alcanzan para sellar una condena de por vida, o si el caso Lebbos sumará, a más de dos décadas del crimen, un nuevo capítulo de incertidumbre judicial.

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Cometió dos asaltos, la moto le falló en la huida y fue reducido por los vecinos

Los hechos se registraron en inmediaciones del barrio Alberdi Norte. Utilizando un arma de utilería abordó a dos vecinas, una de ellas con su bebé en brazos. El Ministerio Fiscal solicitó que el acusado permanezca privado de la libertad bajo la modalidad de prisión preventiva.

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El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Alejandro Nader en la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción.

Durante la misma, el imputado fue acusado por los delitos de robo agravado por el uso de arma de utilería y robo agravado por el uso de arma utilería, en grado de tentativa, en ambos casos en calidad de autor.

La Fiscalía solicitó en su contra la imposición de la prisión preventiva por el plazo de 35 días, hasta el próximo 10 de octubre, fundamentado la petición en el peligro de fuga y por la probable obstaculización de la investigación, además de las medidas investigativas que restan producirse.

Dicho pedido que fue admitido por la jueza interviniente, disponiendo además que el detenido sea trasladado a la Unidad Penitenciaria correspondiente.

La acusación

El lunes 14 de septiembre de 2026, a las 09.50 horas, en circunstancias que una vecina salió de su domicilio ubicado en calle Manuel Alberti al 2700 (barrio Alberdi Norte), en la zona Norte de San Miguel de Tucumán, para dirigirse al quiosco, mientras caminaba por la vereda, fue que delincuente, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca y modelo Motomel Bllitz 110, de color blanco, descendió del rodado, se acercó desde atrás, sujetándola, la apunto con un arma de utilería de color negro en la cintura, exigiéndole que le entregara sus pertenencias, amenazando que sino la iba a matar, indicándole además que no lo mirara.

De este modo, le sacó del bolsillo delantero del pantalón un teléfono celular Motorola E14 de color amarillo, y del bolsillo de la campera la suma de $50.000, luego de lo cual le dijo que siga caminando sin mirar atrás, seguidamente se dio a la fuga a bordo de la moto con los elementos sustraídos en su poder.

Minutos después, a horas 10.00 aproximadamente, en circunstancia que otra vecina se encontraba con su bebé en brazos, en una panadería ubicada en calle Manuel Alberti al 1900 de la Capital, fue que el sujeto, descendió del rodado en el que circulaba y sorprendió a la mujer apuntándole con un arma de utilería de color negro a su bebé, mientras le decía: «Dame el teléfono o lo que tengas porque te pego un tiro”.

En ese momento comenzó un forcejeo, logrando sacar de la cintura de la mujer el teléfono celular Xiaomi A5 de color celeste y blanco con funda transparente, luego de lo cual intento darse a la fuga con el elementos sustraído en su poder, a bordo del rodado, no pudiendo hacerlo debido a un desperfecto de la motocicleta, lo que permitió que los vecinos alertados por los gritos pudieran reducirlo, siendo aprehendido enseguida por personal policial de la patrulla motorizada.

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Embargos por $700 millones a dueños del emprendimiento Las Pirámides por usurpar terrenos de la UNT

El predio se encuentra en el kilómetro 28 de la ruta provincial 338, dentro del sector sur del Parque Sierra de San Javier, perteneciente a la UNT desde 1948.

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El juez federal Guillermo Díaz Martínez procesó sin prisión preventiva a Próspero Marcelo Sosa y a su hijo Marcio en la causa por el emprendimiento inmobiliario Las Pirámides, instalado en terrenos de la Universidad Nacional de Tucumán en San Javier. La resolución también dispuso embargos de $500 millones sobre bienes del padre y de $200 millones sobre los del hijo.

Próspero Sosa, administrador del barrio, fue procesado por usurpación mediante despojo, defraudación por estelionato y daño agravado a bienes de uso público. A Marcio Sosa se le atribuyó una participación secundaria en la usurpación y en los daños. La decisión no constituye una condena y permite que ambos continúen el proceso en libertad.

El predio se encuentra en el kilómetro 28 de la ruta provincial 338, dentro del sector sur del Parque Sierra de San Javier, perteneciente a la UNT desde 1948. La investigación impulsada por el fiscal federal Agustín Chit analiza el loteo, la comercialización de terrenos y las intervenciones realizadas en el área durante el período 2019-2024.

Uno de los aspectos centrales del fallo es la expansión de las construcciones. Una constatación de abril de 2019 registró 25 viviendas terminadas y una en obra. En abril de 2022 se detectaron 21 viviendas nuevas y un desmonte de gran magnitud; en abril de 2024 se contabilizaron 54 viviendas y, en junio de ese año, un relevamiento georreferenció 70 construcciones.

Para sostener los procesamientos, el magistrado valoró informes de la UNT, Catastro, Renaper, EDET, Enacom y otros organismos. También consideró constataciones judiciales de 2019, 2022 y 2024, relevamientos aerofotogramétricos, datos bancarios, publicaciones periodísticas y en redes sociales, además de documentación de operaciones inmobiliarias.

Respecto de la presunta defraudación, la resolución señala que se acreditó la firma de al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios. Por lo menos 12 de esas operaciones fueron posteriores a la medida cautelar del 3 de diciembre de 2018, que prohibía nuevas construcciones, ventas de lotes, tala y otras intervenciones en el lugar.

El incumplimiento de aquella orden ya había dado origen a otra causa. El 20 de diciembre de 2024, Próspero Sosa fue condenado a un año de prisión en suspenso y a una multa de $ 30 millones por desobediencia a un funcionario público. Esa sentencia no fue apelada y quedó firme. Las actuaciones actuales son complementarias de ese expediente.

La defensa había pedido que se aplicara el principio de cosa juzgada, al señalar que Sosa ya había sido investigado por usurpación en la causa 315/1998 y sobreseído por prescripción en 2008. La denuncia original había sido presentada por la UNT.

Díaz Martínez rechazó ese argumento porque, según explicó, Las Pirámides no existía en aquel momento. Consideró que las ventas, los desmontes y las construcciones examinados ahora son hechos posteriores y autónomos, correspondientes a 2019-2024.

Después del cierre de la primera causa, Sosa comenzó a desarrollar el emprendimiento. La Universidad volvió a denunciarlo cuando advirtió que se ofrecían lotes mediante redes sociales.

El fallo también desestimó, en esta etapa, la explicación de una posesión derivada de una herencia familiar. Recordó que Catastro rechazó en 2009 un plano de mensura presentado por Sosa para una prescripción adquisitiva y sostuvo que, durante los hechos investigados, no tenía título ni resolución judicial que le reconociera dominio o posesión sobre Las Pirámides.

En cuanto al daño agravado, el juez identificó desmontes, tala indiscriminada, apertura de caminos y modificaciones de la morfología del área protegida. Esas alteraciones, indicó, surgen de las inspecciones judiciales y de la comparación de fotografías aéreas incorporadas al expediente.

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Batalla campal en Los Pocitos: heridos de bala, 13 detenidos y fuga armada

Una violenta disputa vecinal y familiar en el barrio Hipólito Yrigoyen derivó en un feroz tiroteo frente a una escuela. La Policía aprehendió a tres sospechosos de los disparos y a diez personas por atacar a los efectivos.

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Una violenta disputa entre facciones vecinales desató momentos de pánico este domingo en la localidad de Los Pocitos, departamento Tafí Viejo. El enfrentamiento a tiros y armas blancas dejó como saldo tres personas heridas —dos por impactos de bala y perdigonadas, y una mujer apuñalada en el rostro—, además de un cuarto lesionado por una mordedura canina. Tras un amplio despliegue conjunto de fuerzas de seguridad, 13 personas resultaron aprehendidas: tres vinculadas de forma directa con la balacera y otras diez por intentar linchar o entorpecer el accionar de los uniformados.

El grave episodio se desató pasadas las 15:00 sobre la calle Campaña del Desierto al 1100, frente a la Escuela Lina Velárdez, en inmediaciones del barrio y asentamiento Hipólito Yrigoyen. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, una discusión entre miembros de las familias Orellana y Yapura escaló rápidamente hasta que se extrajeron armas de fuego y comenzaron a efectuar disparos a mansalva en plena vía pública.

El estado de los heridos

La balacera movilizó a varios móviles de emergencia hacia distintos centros asistenciales:

Un joven de 26 años: Fue alcanzado por perdigonadas en la región lumbar y la zona de la cadera. Tras ingresar inicialmente al Hospital Avellaneda, fue derivado al Centro de Salud y finalmente al Hospital Padilla, donde permanece internado en observación bajo evaluación neurológica, fuera de peligro.

Un joven de 21 años: Presentó lesiones superficiales de arma de fuego en su brazo y hombro. Recibió curaciones en el Hospital Centro de Salud y fue dado de alta médica durante la misma tarde.

Una joven de 28 años: Ingresó a la guardia del Hospital Avellaneda con una herida cortante en el pómulo derecho. Fue suturada y se retiró con alta médica.

Un cuarto involucrado: Se presentó por sus propios medios en el Centro de Salud con una lesión provocada por una dentellada de perro durante la trifulca, recibiendo asistencia ambulatoria.

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