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Argentina

Un error de cálculo que agudizó la crisis

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Publicado

6 años atrás

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La sorpresa es un factor clave para la política, pero no es sinónimo de apuro, que no es nunca buen consejero. El 8 de junio, el Presidente sorprendió con sus anuncios sobre el caso Vicentin, en una conferencia de prensa en la cual se evidenció el apuro político. Allí se vio a un primer magistrado que ante esa urgencia, dentro de un margen muy estrecho de acción, trató de privilegiar su conducción política. Este error de cálculo produjo que la misma ciudadanía, que le pidió al Presidente como medida de precaución ante posibles contagios del COVID-19, se quedase en Buenos Aires y no se hiciera presente en la conmemoración de los 200 años de la muerte del general Belgrano; saliera masiva e imprudentemente (si de salud hablamos) a la calle.

El Presidente debe retomar su camino de moderación. Esta actitud permitió que el peronismo que no comulgaba con el kirchnerismo depositase su confianza en él. Así ganó las elecciones. Así se esperaba que gobernara. Este traspié posibilitó, por un lado, que la oposición encontrara el salvoconducto, que le permitiera licuar sus enormes diferencias internas y mostrarse unida. Pero no fue sólo la oposición. Este error de cálculo político agudizó diferentes crisis. El hartazgo ante la cuarentena, el miedo e incertidumbre no sólo en lo sanitario, sino también en lo económico. Y además resucitó la grieta del centralismo contra el federalismo. Reflotó un quiebre cultural subyacente.

Cualquier interlocutor que el Presidente hubiera consultado de la provincia de Santa Fe le habría aconsejado desestimar la figura de la expropiación. Mayoritariamente el sábado, el banderazo no pretendió defender a empresarios que mostraron incapacidad para conducir la empresa, sino a una forma de hacer política que no entiende al interior del país.

El jueves el juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin, Lorenzini, desestimó la intervención del Gobierno y repuso al directorio de la empresa desplazado, pasando los interventores a ser veedores. La provincia de Santa Fe generó dos acciones. Por un lado, recurrió esta resolución y elevó a través de la Inspección General de Personas Jurídicas la propuesta de sumar a los interventores nacionales un interventor por Santa Fe. De aceptar el juez la propuesta, acompañarían todo el proceso concursal, no los 60 días que marcaba el DNU presidencial, que sigue vigente dado que el juez Lorenzini no lo declaró inconstitucional hasta que el propio magistrado decida si hace lugar a la propuesta del gobernador Perotti.

Si el plan Perotti no es aceptado y no aparecen otras alternativas, en el Congreso de la Nación la opción expropiatoria no cuenta en Diputados con el apoyo mayoritario. Si bien el presidente del cuerpo, Sergio Massa, le ha asegurado a su Presidente que cuenta con los 130 votos, el punteo de los mismos lo contradice. El diputado lavagnista Alejandro Rodríguez me dijo: “Vamos a jugar fuerte, no vamos a dar quórum, dado que lo importante es garantizar que no avance la expropiación por el bien, incluso, del propio gobierno. A partir de allí, hay tiempo y conocimiento acumulado para un proyecto superador”.

Desde el sector privado manifiestan que su propuesta no fue aceptada y que la encabezada por el gobernador santafesino es menos mala que la expropiación, pero no la solución.

Con respecto a la participación de YPF Agro, es una línea de negocios de YPF, no es una SA. Vende gasoil y lo cobra en granos, fertilizantes. YPF no puede ser administradora fiduciaria, dado que no está previsto en su estatuto. Fuentes allegadas a la empresa sostienen que si el interventor designado por el Presidente, Gabriel Delgado lo solicita, tendrá el respaldo; pero sostienen: “No somos decisorios en el caso Vicentin”. Recordar que en estos últimos 90 días la empresa YPF, que no recibe subsidios del Estado, vio reducida su facturación al 25% en naftas y a un 50% en gasoil. Un dato extraño pero real: YPF es el mayor vendedor de café en Argentina y segundo en hamburguesas.

Consultado el gobernador de Santa Fe sobre en qué instancias está hoy el caso Vicentin, me dijo: “Hay que tener paciencia a los tiempos del juez del concurso”.

Todo indica que hay que volver al cauce. Todos deben volverse razonables. En el caso Vicentin, el marco sin lugar a dudas es la Ley de Concurso.

Otro tema no menor más allá de la pandemia es el acuerdo con los bonistas. Un gran conocedor de estas negociaciones me dijo: “Es clave que Argentina arregle cuanto antes. Hoy la diferencia no es económica. Está en el planteo jurídico con ribetes muy academicistas que argumenta Argentina”.

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Argentina

El Gobierno privatizó la mayor transportadora de electricidad del país por U$S 356 millones

El Ejecutivo transfirió la totalidad de las acciones de la controlante de Transener al consorcio empresario que hizo la mejor oferta en la licitación. Es parte del proceso para pasar a privados Enarsa.
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3 días atrás

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12 mayo, 2026

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El Gobierno adjudicó a un consorcio empresario de capitales argentinos la totalidad de las acciones de Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país. Lo hizo por US$356 millones.

La decisión fue oficializada este martes con la publicación de la resolución 673 en el Boletín Oficial y celebrada por el Ministerio de Economía en un posteo de X.

“El Estado se retira definitivamente de su participación en la empresa, abandona el rol empresario que nunca debería haber cumplido y le devuelve al sector privado la gestión e inversión en el transporte eléctrico», enfatizó la cartera que conduce Luis Caputo.

Mediante la resolución 673, el Gobierno adjudicó a Genneia y el grupo Edison el 100% del paquete accionario del Estado en la empresa controlante de Transener (Citelec, que también tiene como accionista a Pampa Energía).

Transener administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz.

“La venta del paquete accionario que el Estado tiene en Citelec es un paso más en la privatización de activos y actividades de Enarsa”, indicaron desde la cartera que encabeza Luis Caputo.

La venta de la controlante de Transener, un hito en el plan para privatizr Enarsa, se concretó a fines de abril. De los grupos que había habilitado el Gobierno para competir, las mejores ofertas fueron presentadas por el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión que propuso US$356.174.811,78.

Este valor superó el precio base fijado para la licitación, que era de US$206 millones. La suma total de las propuestas recibidas por el Ministerio de Economía se ubicó en US$887 millones.

Avanza la privatización total de Enarsa: qué activos energéticos aún controla el Estado
Como informó TN, el plan oficial apunta desde 2024 -a partir de la inclusión como privatizable de manera total en la Ley Bases-, a dividir y vender en partes a Enarsa.

En ese marco, fue avanzando sobre distintas unidades de negocios de la firma. A fines de 2024, Enarsa controlaba al menos 10 unidades en el sector del gas y de la energía eléctrica. Hoy son solo cuatro.

Así, en la actualidad, el Estado tiene participación a través de Enarsa en los siguientes negocios energéticos:

-UTE Escobar (50%), con YPF controlan la operatoria del barco regasificador de GNL que luego se inyecta en el sistema nacional. El Gobierno intentó privatizar el servicio, pero finalmente desistió en medio de la escalada de los precios del petróleo y el gas por la guerra en Medio Oriente.

-Es socio mayoritario en dos centrales generadoras eléctricas: termoeléctrica San Martín, en Timbúes, Santa Fe (69%); y la termoeléctrica Manuel Belgrano, en la ciudad bonaerense de Campana (65%).

-Enarsa Patagonia (90%), encargada de la exploración y explotación de pozos petroleros y de gas del sur.

-Vientos de la Patagonia 1, (80%) parques eólicos en Chubut.

A eso se suman las concesiones de represas, donde Enarsa tiene participación. Luego de privatizar las represas del Comahue, a fines de 2025 por US$700 millones, el Gobierno tiene en la mira nuevas concesiones para las centrales hidroeléctricas de Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut. /TN

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Argentina

El Gobierno nacional aplicó recortes a 211 programas de distintas áreas

El Gobierno recortó financiamiento a hospitales, el INCUCAI, al Instituto Malbrán, el programa Educar, entre otros. Además achica el fondo para ATN.
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3 días atrás

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12 mayo, 2026

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Hace un tiempo atrás, el ministro Luis Caputo les había pedido a sus pares del gabinete que le rmitieran a su despacho recortes de gastos por el 2% de capital y el 20% en las erogaciones generales. Este lunes se comenzó a develar el interrogante.

Una decisión administrativa simple firmada por Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicada en el Boletín Oficial, revela que se decidieron por aplicarles una poda a 211 programas que el Gobierno lleva adelante en diferentes áreas. El ahorro, según indica la medida, es de $2,8 billones.

En cambio, la medida que modifica el Presupuesto 2026 establece un incremento del gasto en 15 programas por $372.000 millones.

La decisión administrativa además agrega unos $564.000 millones al cálculo de recursos, con lo cual se termina incrementando el resultado financiero en $3 billones.

El análisis de la medida corresponde a la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas. La entidad indicó en su reporte que la medida implica que “los Gastos Corrientes disminuyen en $1,9 billones y los Gastos de Capital en $496.760 millones”.

En lo relacionado a Obligaciones a Cargo del Tesoro, los recortes son los siguientes:

-Se reducen los créditos para el programa 99 – Otras Asistencias Financieras por $1,2 billones (Administración Gubernamental -$494.290 millones, Servicios Sociales -$564.130 millones y Servicios Económicos -$140.000 millones).

-Adicionalmente, disminuyen las transferencias para Energía Argentina por $200.000 millones, EDUCAR S.A. por $48.000 millones, AySA por $21.437 millones, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo por $937 millones, Radio y Televisión Argentina por $1.145 millones, Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima por $498 millones y Contenidos Artísticos e Informativos por $96 millones.

-En el caso del Ministerio de Economía, los recortes alcanzan los $529.000 millones.

-En el Ministerio del Interior se recorta el fondo para los ATN en $320.000 millones, además de algunas transferencias para gastos sociales de menor impacto económico.

Recortes de gastos en Salud

En Salud, se recortaron $62.731 millones, del programa 47 – Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud- por $25.000 millones, del programa 29 – Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica- por $20.000 millones, y del programa 55 – Cobertura Sanitaria Compensatoria- por $5.000 millones, entre otros.

Las partidas de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud disminuyen en $3.196 millones, la Superintendencia de Servicios de Salud en $1.743 millones, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán en $1.162 millones y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante en $1.000 millones, entre otros organismos.

“Es un ajuste grosero”

El director del Instituto del Consenso Federal y exdiputado peronista, Alejandro Gómez, señaló al respecto que “mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que se publica en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Gobierno nacional ejecutó una grosera alteración del Presupuesto Nacional 2026, que fuera aprobado por el Congreso de la Nación apenas cuatro meses atrás”.

“En los considerandos de la norma, también suscrita por el ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo, se consigna que con la Decisión Administrativa se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”, señaló Gómez.

El dirigente sostuvo que, “rastrillando las 588 fojas del anexo que esconde la letra chica y las cifras del ajuste, emergen verdaderos guadañazos presupuestarios”. Sostiene que al programa de “Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer” se le aplicó un recorte de $5.000 millones.

“Siempre en jurisdicción del Ministerio de Salud, el programa presupuestario 20, que concentra los recursos para la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, sufre un ajuste de $500 millones”, dijo el exlegislador.

FUENTE: Ámbito

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Argentina

El Gobierno le quitó más de $78.000 millones a Educación y frenó obras universitarias

La administración Milei recortó programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.
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Publicado

4 días atrás

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11 mayo, 2026

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El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026.

De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

Además, el Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.

También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la documentación oficial

Las universidades nacionales también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.

Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

La medida quedó formalizada en la Decisión Administrativa 20/2026, publicada por el Poder Ejecutivo junto con las modificaciones presupuestarias de la administración nacional.

FUENTE: NA

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