La defensa de Justina Gordillo, imputada en la causa por el crimen de Érika Antonella Álvarez, solicitó que se deje sin efecto la prisión preventiva que pesa sobre ella y que continúe el proceso en libertad o bajo arresto domiciliario. El pedido fue rechazado por el Ministerio Público Fiscal y la querella, que advirtieron que nuevas evidencias podrían complicar su situación. El juez Bernardo L’Erario Babot resolverá hoy el planteo.

Gordillo permanece detenida desde el 3 de enero, cuando el magistrado hizo lugar al pedido de tres meses de prisión preventiva solicitado por el fiscal Pedro Gallo. Desde entonces, sus abogados Florencia Abdala y Camilo Atim presentaron distintos recursos para revertir la medida, aunque el 10 de febrero la jueza del Tribunal de Impugnación, María Jimena Suárez, ya había rechazado un planteo similar.

Durante la audiencia realizada ayer, la defensa volvió a solicitar una morigeración de la medida, al sostener que los riesgos procesales disminuyeron. Los letrados señalaron que una línea investigativa vinculada a un Chevrolet Corsa captado en una filmación cerca de la vivienda de Felipe “El Militar” Sosa la noche del crimen fue descartada, ya que la persona que descendía del vehículo fue identificada como una joven que visitaba a un familiar que vive en la zona.

Además, los defensores afirmaron que Gordillo no estuvo con la víctima antes del hecho. Según indicaron, informes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif) señalan que Érika llegó a la casa de Sosa a las 3.50, tras tomar un viaje en Uber a las 3.37, mientras que Gordillo se había retirado de ese domicilio a las 00.08, casi tres horas antes.

También cuestionaron la hipótesis de que la imputada haya permanecido con el cuerpo de la víctima. De acuerdo con la defensa, un análisis de líneas telefónicas realizado por el Ecif indicó que el 7 de enero a las 11.41 el teléfono vinculado a Sosa se encontraba en el basural donde fue hallado el cuerpo, momento en el que Gordillo estaba trabajando en el Poder Judicial. En ese sentido, señalaron que las evidencias sugieren que quien habría ayudado a Sosa a ocultar el cuerpo sería Nicolás Navarro Flores.

Los abogados también mencionaron que no se detectó ADN de Gordillo en las pruebas realizadas y sostuvieron que su declaración contribuyó a las posteriores detenciones de Navarro y de Jorge “Chicho” Díaz. Con esos argumentos, solicitaron que recupere la libertad o, en forma subsidiaria, que se le otorgue arresto domiciliario bajo caución.

El fiscal Pedro Gallo y el querellante Carlos Garmendia se opusieron al planteo y pidieron mantener la prisión preventiva. Si bien el fiscal reconoció que la línea vinculada al Corsa fue descartada, sostuvo que la investigación sigue en curso y que aún hay pruebas por producir.

Durante la audiencia, Gallo informó que del peritaje al celular de Gordillo surgieron conversaciones que indicarían que la imputada conocía a la víctima, a quien se referían como “Anto”, y que habría participado en charlas vinculadas a servicios y encuentros sexuales, lo que contradice su declaración de que no la conocía. Además, señaló que el día del hecho se registraron 28 llamadas telefónicas entre Sosa y Gordillo, incluidas siete comunicaciones por WhatsApp entre las 7.32 y las 9.07.

El fiscal también calificó de “totalmente falsa” la declaración que la imputada brindó en sede fiscal y sostuvo que su testimonio buscó proteger a Sosa. La querella respaldó esa postura y consideró que Gordillo intentó desviar la investigación.

Tras escuchar a las partes, el juez L’Erario Babot dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 10.30, cuando dará a conocer su decisión sobre el pedido de la defensa.

Por otra parte, el abogado de Felipe “El Militar” Sosa, Marcelo Cosiansi, cuestionó las condiciones de detención de su cliente en el penal de Benjamín Paz. Según indicó, el imputado permanece aislado desde el 19 de enero, situación que —afirmó— se prolonga desde hace más de seis semanas pese a recomendaciones médicas. También solicitó acceso a las fotografías de la autopsia de la víctima para realizar una pericia independiente y adelantó que Sosa no declarará hasta que se normalicen sus condiciones de detención y de salud.

El nuevo Instituto Socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero, ubicado en Benjamín Paz, comenzará a funcionar plenamente la próxima semana con el traslado de 9 menores que actualmente se encuentran en el Instituto Roca.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, confirmó que se completaron las obras civiles y adecuaciones estructurales necesarias para garantizar que el espacio cumpla con las leyes provinciales, nacionales y estándares internacionales.

Según explicó el funcionario, durante más de 40 días se trabajó en la refacción integral del pabellón 8, garantizando contacto cero con internos mayores y condiciones adecuadas para la permanencia de adolescentes en conflicto con la ley penal.

“El objetivo es que puedan desarrollar actividades orientadas a la reinserción social en un entorno adecuado”, remarcó Masso.

Actualmente hay 9 menores en condiciones de ser trasladados, siempre que no surjan audiencias pendientes con jueces o defensores. Tras las reformas, el establecimiento cuenta con capacidad para 60 jóvenes, aunque las estadísticas oficiales indican que en los últimos dos años la cifra no superó los 15 casos simultáneos.

El ministro también confirmó que se mantendrá el esquema de tres días de visita semanales (martes, jueves y sábados), con un colectivo dispuesto desde la Capital para facilitar el traslado de familiares.

Además, se coordina con la Justicia y el Servicio Penitenciario para que los días de visita no coincidan con los del sector de adultos, reforzando así la independencia operativa y estructural del nuevo instituto.