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Política

La Legislatura avanza en el desarrollo de un agente de inteligencia artificial para explicar las leyes en lenguaje claro

El proyecto se desarrolla en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán y permitirá que cualquier ciudadano pueda consultar y acceder a una explicación clara de la normativa provincial a través de un agente de inteligencia artificial.

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En la Legislatura de Tucumán se realizó la jornada de capacitación para testeo de un agente de inteligencia artificial desarrollado en conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), destinado a facilitar el acceso de la ciudadanía a las leyes provinciales mediante explicaciones en lenguaje claro. La capacitación estuvo dirigida al personal legislativo, integrantes de la Oficina de Información Parlamentaria, asesores e invitados especiales, quienes participaron de la primera etapa de testeo del sistema tras haber sido participes del desarrollo del Digesto Jurídico.

El acto fue encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, junto al rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, y a la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, María Cristina Grunauer de Falú. También participaron la legisladora Carolina Vargas Aignasse, presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, los legisladores Alberto Olea, Walter Berarducci, Eduardo Verón Guerra y Rodolfo Ocaranza, y el secretario legislativo, Claudio Pérez.

Acevedo destacó que la iniciativa forma parte de una política institucional orientada a acercar el Poder Legislativo a la ciudadanía: “Si algo nos propusimos desde el inicio de esta gestión es que la Legislatura tenga un mayor contacto y una mayor fluidez con los ciudadanos y ciudadanas de Tucumán. Cuando decimos que es la casa del pueblo, es porque aquí están los representantes del pueblo, y queremos generar las herramientas que acerquen la comunidad a la Legislatura”.

El titular de la Legislatura explicó que la herramienta surge a partir del trabajo de consolidación del Digesto Jurídico provincial y del desarrollo conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán. “Después de haber consolidado las leyes de la provincia, el objetivo ahora es ponerlas en un lenguaje que cualquier ciudadano pueda interpretar. Esta herramienta permitirá consultar las normativas con palabras simples y obtener explicaciones claras. Venimos trabajando en este proyecto desde hace más de un año con la Facultad de Derecho y su laboratorio de inteligencia artificial, y hoy iniciamos la etapa de capacitación y testeo”, afirmó.

Por su parte, la legisladora Carolina Vargas Aignasse explicó que el objetivo del proyecto es acercar la normativa provincial a la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas. “Estamos iniciando el testeo de un agente de inteligencia artificial generativa desarrollada para que todos los ciudadanos tucumanos puedan entender nuestras leyes, relacionarlas entre sí y, sobre todo, acceder a ellas en lenguaje claro”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa responde a una demanda social detectada a través de estudios previos. “El 67% de los tucumanos nos dijo en una encuesta que no conoce las leyes de la provincia y muchos reclamaron herramientas tecnológicas para saber cómo buscarlas. Escuchamos a la gente y, por pedido del presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, avanzamos en el desarrollo de esta herramienta para que todos puedan acceder a las leyes con un clic”, afirmó.

La decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, María Cristina Grunauer de Falú, destacó el rol que viene desarrollando la institución en materia de innovación tecnológica aplicada al derecho. En ese sentido, recordó que en 2023 se creó el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la facultad, un espacio interdisciplinario integrado por especialistas del ámbito jurídico y de la ingeniería para investigar y desarrollar herramientas que vinculen la tecnología con el mundo jurídico.

Asimismo, subrayó el trabajo conjunto con el Poder Legislativo: “La Legislatura nos solicitó desarrollar un agente de inteligencia artificial propio que permita consultar la normativa provincial y explicar su contenido en lenguaje claro. La herramienta ya está desarrollada y hoy comenzamos su etapa de testeo”, indicó.

En la misma línea, el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho, Marcos Rossi, destacó el carácter innovador del proyecto. “Estamos viviendo una jornada histórica. Esta herramienta permitirá que cualquier ciudadano consulte el digesto jurídico provincial a través de un agente de inteligencia artificial que comprende el contexto normativo y lo explica en lenguaje claro”, expresó.

Rossi explicó que la etapa actual consiste en evaluar el funcionamiento del sistema antes de su lanzamiento público. “Ahora comienza un proceso de testeo en el que se analizará la precisión de las respuestas del chatbot. La idea es optimizar la herramienta para que muy pronto pueda estar disponible para toda la ciudadanía”, concluyó.

Política

Educación emitió dictamen a proyectos sobre establecimientos escolares y estatuto docente

La comisión presidida por el legislador Aldo Salomón avanzó con nueve proyectos de resolución y cuatro iniciativas de ley, entre ellas la designación de nombres a instituciones educativas y modificaciones al Estatuto Docente .

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La Comisión de Educación de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Aldo Salomón, se reunió para dar tratamiento a diversos proyectos que se encontraban en estudio dentro de su ámbito de competencia.

Los parlamentarios resolvieron emitir dictamen favorable a nueve proyectos de resolución y cuatro proyectos de ley, varios de los cuales serán incorporados al orden del día de la próxima sesión legislativa.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran tres proyectos de ley destinados a nombrar distintos establecimientos educativos de la provincia. Asimismo, obtuvo dictamen por mayoría un proyecto que propone la designación de supervisores por excepción, mediante la modificación de la Ley N 3470, correspondiente al Estatuto Docente.

Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Aldo Salomón, destacó el trabajo realizado por los integrantes del cuerpo. “La verdad es que hoy nos reunimos para dar dictamen a nueve resoluciones y cuatro proyectos de ley, de los cuales ingresarán al orden del día de la sesión del próximo jueves, las iniciativas que designan nombres a establecimientos educativos y la modificación del Estatuto Docente”, expresó.

Participaron de la reunión, los legisladores Adriana Najar, José Cano, Marcelo Herrera, Carlos Gómez, Sara Lazarte y Carolina Vargas Aignasse.

Con estas iniciativas, la comisión continúa avanzando en el análisis y actualización de normas vinculadas al sistema educativo provincial, así como en el reconocimiento de instituciones que forman parte de la historia y la identidad educativa de Tucumán.

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Política

El jueves se debatirán modificaciones judiciales y del estatuto docente

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema.

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La Legislatura volverá a sesionar el próximo jueves a las 8.30, jornada en la que se abordará el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, el sistema penal y el ámbito educativo provincial.

Entre los principales asuntos previstos, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo, se encuentran modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Penal. Además, los legisladores debatirán cambios en el Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3.470), una iniciativa orientada a agilizar y facilitar la cobertura de cargos dentro del sistema educativo tucumano.

 

 

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema, pero las modificaciones encontraron resistencia de algunos sectores y planteos de algunos otros por no haber sido convocados a la discusión. Inicialmente estaba previsto que el tema sea incluido en la sesión del 16 de abril, pero finalmente fue retirado del orden del día por las resistencias señaladas.

Declaración y resolución

Según se informó al término del encuentro, el orden del día también incluirá el tratamiento de distintos proyectos de declaración y resolución impulsados por los bloques parlamentarios.

Otro de los temas que llegará al recinto será la creación del programa “Legislatura en Diálogo”, una propuesta institucional para otorgar un marco formal a jornadas, conferencias y actividades de intercambio que se desarrollan en el ámbito legislativo. El programa permitirá que legisladores, organismos e instituciones externas puedan presentar y promover actividades relacionadas con temas educativos, científicos, culturales, sociales y deportivos.

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Política

Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos requisitos para designar jueces de la Corte Suprema

A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.

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El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Corte Suprema: cuáles son los cambios que introdujo Milei para nombrar jueces

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.

Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.

Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.

La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.

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