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Política

Sturzenegger reactiva la motosierra contra seis organismos estatales

Los organismos que están en la mira libertaria son el INTI, el SENASA, la Aduana, la ANMAT, el INTA y Vialidad. En algunas de esas áreas ya abrieron retiros voluntarios.

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Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal, estuvieron un puñado de horas en la Casa Rosada el martes por la tarde. ¿El motivo? Afinar la nueva versión del plan motosierra con relevantes funcionarios libertarios. Con una economía que tiene flancos abiertos, gracias a despidos y un salario que no logra recuperar poder adquisitivo de acuerdo a diversas consultoras, el Gobierno apostará a retomar una agenda que le sienta cómoda. Es aquella que ataca al empleado público y que explica por qué es necesario motorizar más recortes. Una manera de mitigar la crisis.

“Si se reducen los trabajadores en el Estado habrá más riqueza para la gente”,  dijo un funcionario de diálogo constante con Sturzenegger para justificar los nuevos recortes. Esta etapa se concentrará en reducir la planta del personal de varios organismos descentralizados y diversas áreas, que el año pasado el oficialismo quiso dinamitar pero el Congreso, derogando decretos como el 462/2025, y la Justicia federal, se lo impidieron. Y, paralelamente, continuar el desfinanciamiento para que no tengan funcionamiento.

Los organismos que están en la mira libertaria son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), la Aduana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La Dirección Nacional de Vialidad también ingresa en esta nómina.

Para vaciarlos, la gestión de Javier Milei desde el 27 de febrero ordenó un proceso de retiros voluntarios con una serie de condiciones factibles. “Es una herramienta muy útil y efectiva”, dice un funcionario que monitorea la velocidad de la motosierra.

En el caso del INTA, alcanza al personal permanente “con un mínimo de tres años de antigüedad en calidad de agente de planta permanente del INTA y una edad menor a los 65 años al 31 de marzo de 2026”, dice la resolución. El texto también indica que la indemnización será determinada “a razón de 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses”.

Con esta disposición, la administración libertaria se entusiasma con que al menos haya 1000 empleados menos en un corto plazo de tiempo en cada lugar al que apuestan disminuir. Así lo expresó ante este medio Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-INTA e integrante de la Coordinación Nacional del sindicato: “La cifra que esperan que acepte el retiro voluntario está por encima de mil trabajadores”.

“En este contexto de semejante crisis económica y con el agravante de la reforma laboral, la amenaza contundente es no cumplir con sus expectativas y agarrar la motosierra provocando despidos masivos. El INTA minúsculo que pretende el gobierno no podrá llegar más a cada productor de cada rincón del país. Sin trabajadores no hay desarrollo de la ciencia y sin ciencia no hay soberanía”, denunció.

El otro vértice de la estrategia pasa por disminuir fondos, como sucede en la Vialidad, cuyos trabajadores tienen los salarios congelados desde octubre de 2024. Es más: no hay negociación posible pese a que la Justicia ordenó que se diagrame una mesa de diálogo. “Pretenden seguir dilatando la paritaria mientras avanza con el ajuste y los retiros voluntarios”, denunciaron desde el gremio que representa al personal y cuya jefa es Graciela Aleña.

Ante esta situación, Aleña lanzó duras críticas al retirado accionar de la DNV para obstruir el procedimiento de negociación colectiva. “Someter a los trabajadores viales a estar por debajo de la línea de pobreza y sin recibir ajuste de salarios, pese al proceso inflacionario descontrolado que en estos dieciséis meses alcanza al 50%, con el sólo objetivo de concretar un proceso de reestructuración más barato”, lamentó. /Perfil

Política

Los dilemas del PJ en 2027: el peso de Cristina Kirchner, el rol de Axel Kicillof y la necesidad de una alianza amplia

Un relevamiento de la consultora Praxis detalla los desafíos de la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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A poco más de un año de ingresar de lleno en el calendario electoral, el peronismo afronta un profundo debate interno en torno a su conducción, su estrategia de alianzas y la renovación de liderazgos para intentar construir una alternativa competitiva frente al gobierno del presidente Javier Milei en 2027.

Así lo refleja un reciente estudio de opinión pública nacional elaborado por la consultora Praxis, relevado entre el 1 y el 6 de octubre de este año sobre un total de 800 casos.

El sondeo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expone una paradoja respecto del liderazgo de Cristina Kirchner: si bien encabeza cómodamente el ranking de dirigentes con mayor influencia dentro del espacio con el 44,6% de las menciones —superando a Axel Kicillof (26,3%) y Sergio Massa (6,4%)—, un 47,6% de los encuestados considera que debería apartarse de la conducción política partidaria de cara a la nueva etapa. Solo un 13,3% opina que debería continuar conduciendo, mientras que un 18% le asigna un rol meramente consultivo.

Ante este escenario, el proceso de la sucesión y disputa aparece como obligatorio para las bases: un 56,8% considera que el peronismo ya transita —en mayor o menor medida— un camino de transición en su jefatura política. Asimismo, el 45,1% sostiene que la próxima conducción deberá inaugurar una «etapa diferente». Todo frente a un 27,5% que prefiere «conservar y renovar» y un 13% que insiste en mantener estrictamente la identidad que le propició al espacio la ex mandataria.

En el plano de las preferencias electorales internas, el gobernador bonaerense se posiciona como el principal referente de la oposición. Para los encuestados, y ante la pregunta sobre a quién preferiría como candidato presidencial en una eventual interna, Kicillof se impone con el 47,5%, secundado por Sergio Massa (14,4%) y Juan Grabois (8,8%).

Sin embargo, el informe advierte sobre lo que genera su figura en otro plano: un 42,1% de los encuestados lo identifica fundamentalmente con la continuidad del kirchnerismo tradicional, mientras que un 23,7% lo ve como una renovación dentro de ese mismo espacio y un 15,2% interpreta que encarna una etapa completamente distinta.

A su vez, el 62,7% de los encuestados advierte que la puja y las tensiones actuales entre los sectores vinculados a Kicillof y a Cristina Kirchner «debilitan» al peronismo. Para resolver las candidaturas hacia 2027, la herramienta preferida sigue siendo la celebración de elecciones primarias (34,6%).

Nuevos liderazgos y la apertura hacia gobernadores

Consultados sobre las características prioritarias que precisará el próximo conductor del peronismo, los encuestados remarcaron la necesidad de una renovación generacional (22,5%) y la demostración de experiencia de gestión (19,4%), relegando parcialmente la confrontación directa con el Gobierno nacional (6,5%).

Para ampliar la base electoral y estructurar una alternativa competitiva, el documento marca que el 27,8% de los consultados se inclinó por la conformación de un «Frente Amplio», y un 23,8% reclamó una «propuesta nueva». En este esquema de apertura hacia otros sectores políticos y sociales, figuran con alto nivel de mención gobernadores provinciales de distintos signos dialoguistas, encabezados por el santafesino Maximiliano Pullaro (20%), el cordobés Martín Llaryora (18,4%) y el salteño Gustavo Sáenz (17,2%), perfilándose como actores clave para tejer alianzas de cara a los comicios nacionales.

Agencia NA

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Política

El gobernador Jaldo participará de los actos protocolares durante la visita de León XIV

El mandatario anunció que recibió la invitación de Nación para participar del encuentro protocolar entre los gobernadores y el Santo Padre.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, informó que recibió una invitación oficial de Presidencia de la Nación para participar, junto a los mandatarios de las distintas provincias, de las actividades organizadas por la visita de Estado del papa León XIV a la Argentina.

El mandatario confirmó que asistirá el domingo 8 de noviembre a las 16.30 al recibimiento del Sumo Pontífice y a las actividades protocolares previstas en el marco de su llegada al país.

“Nos llegó la invitación oficial de Presidencia de la Nación para los gobernadores. Vamos a participar el día domingo 8 de noviembre, a las 16:30, de la presencia del Papa, de esa parte del recibimiento, de esa parte del protocolo. Ahí vamos a estar presentes, acompañándolo al Papa, pidiendo muchas bendiciones para nuestro pueblo argentino y por supuesto, incluida la provincia de Tucumán”, expresó.

En ese sentido, Jaldo destacó la importancia de la fe ante las dificultades que atraviesa el país y manifestó su expectativa por la llegada del líder de la Iglesia Católica.

“Porque no hay duda que en estos momentos difíciles y siempre hay que aferrarse mucho a la fe y rogar mucho a Dios, rogar a la Virgen, rogar al Papa, la autoridad máxima de nuestra Iglesia Católica”, sostuvo.

Por último, el Gobernador valoró la decisión del Papa de visitar la Argentina y señaló: “El Papa eligió la Argentina. El Papa miró a los argentinos. El Papa miró a esta Argentina, yo diría, con muchos conflictos, esta Argentina con muchos problemas económicos y sociales. Aun así, este Papa, yo diría Papa corajudo, se animó y se anima a venir a la Argentina, así que ahí vamos a estar acompañándolo al Papa, el día domingo a la tarde”.

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Política

Yerba Buena puso en marcha los controles de narcotest para funcionarios municipales

El intendente, miembros del Concejo Deliberante y autoridades provinciales se sometieron a los primeros análisis toxicológicos en el marco de una normativa que busca evaluar las condiciones psicofísicas en la función pública.

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La Municipalidad de Yerba Buena comenzó a aplicar la ordenanza que establece la realización periódica de exámenes toxicológicos a los integrantes del Departamento Ejecutivo y a los miembros del Concejo Deliberante. La normativa, impulsada por los concejales Gabriela Garolera y Mauricio Argiró, dispone controles aleatorios orientados a verificar el estado psicofísico de quienes ocupan cargos de responsabilidad pública en la ciudad.

En la jornada inicial, el intendente Pablo Macchiarola se presentó en el Hospital Ramón Carrillo para someterse a la prueba de manera voluntaria. Junto con el jefe municipal, participaron los ediles Argiró y Garolera, el presidente del cuerpo deliberativo, Javier Jantus, y los concejales Agustina Simón Padrós y Franco Marigliano. La medida también tuvo repercusiones en el ámbito provincial: según publicó El Tucumano, el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, resolvió sumarse a la iniciativa y acudió al Hospital Néstor Kirchner para realizarse el mismo análisis de forma voluntaria.

Procedimiento técnico y confidencialidad

El operativo sanitario fue detallado por la directora del Hospital Ramón Carrillo, Flavia Molé, quien explicó en declaraciones a LG Play, citadas por La Gaceta, que el control consiste en la recolección de muestras de orina bajo estrictos protocolos de resguardo personal. Los análisis bioquímicos están diseñados para identificar la presencia de metabolitos de seis grupos de sustancias: cocaína, marihuana, barbitúricos, opiáceos y benzodiacepinas.

La selección de las personas a evaluar se organizará a través de un sorteo aleatorio coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la municipalidad. Aquellos funcionarios que resulten designados recibirán una notificación con día y horario específico para presentarse a la toma de muestra. Molé precisó que los informes de laboratorio demorarán cerca de una semana y serán remitidos de forma reservada a cada funcionario por medio del área de personal, sin que se divulguen nombres ni resultados de manera pública.

Garantías procesales y posturas sobre las negativas

El protocolo contempla mecanismos para resguardar el derecho de defensa frente a eventuales resultados positivos. Durante la extracción se llenan dos recipientes: el primero se destina al procesamiento regular en el centro asistencial y el segundo queda bajo custodia para una contraprueba, la cual puede llevarse a cabo en un laboratorio externo que el propio funcionario elija.

Respecto a las consecuencias de las pruebas, existen matices sobre el enfoque del régimen. De acuerdo con lo señalado por Molé en La Gaceta, la medida persigue un fin preventivo y de concientización social, por lo que no establece sanciones automáticas ante la realización del test ni ante una eventual negativa a participar. Por su parte, el intendente Macchiarola manifestó reparos frente a la hipótesis de que un funcionario decida no someterse al examen y consideró que esa actitud generaría interrogantes legítimos, si bien aclaró que los alcances administrativos de ese escenario deberán ser fijados por la reglamentación de la ordenanza.

Argumentos en torno a la transparencia institucional

Las autoridades justificaron la entrada en vigencia del régimen desde la perspectiva de la responsabilidad gubernamental. Macchiarola afirmó que el objetivo principal es dotar de mayor transparencia a la administración municipal y planteó que el esquema podría servir de antecedente para otras localidades, señalando que quienes adoptan decisiones colectivas deben acreditar plenamente sus capacidades.

En una línea coincidente, Ferrazzano respaldó la aplicación de estas herramientas de control, remarcando que deben ejecutarse bajo criterios de igualdad jurídica y resguardo de las garantías individuales. Según recogió El Tucumano, el funcionario provincial argumentó que el ejercicio de la función estatal representa un deber ante la ciudadanía y que las autoridades no pueden reclamar conductas a la sociedad que no estén dispuestas a validar en sus propias prácticas cotidianas.

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