En una decisión terminal para el futuro de la institución, el Gobierno de la Provincia, mediante un decreto rubricado por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y la secretaria de Estado de Educación, María Gabriela Gallardo, ratificó la sanción de Caducidad de la Incorporación del Colegio «San Juan Bautista María Vianney», ubicado en calle Crisóstomo Álvarez 207 de la Capital tucumana.
La medida implica la clausura definitiva de la investigación administrativa y el rechazo de los recursos presentados por la entidad, dejando al establecimiento sin autorización estatal para funcionar ni para expedir diplomas con validez nacional, debido a una serie de faltas graves que incluyen riesgo edilicio, inconsistencias en la matrícula y desorden administrativo.
El Decreto N° 675/5 detalla que la institución pretendía impugnar la Resolución Ministerial N° 0252/5 (MEd) de febrero de 2026. Sin embargo, tras el análisis de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el dictamen de Fiscalía de Estado, el Ejecutivo determinó que los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar las pruebas acumuladas.
La investigación administrativa, iniciada en 2024, sacó a la luz una situación crítica en el funcionamiento del colegio. Entre los puntos más alarmantes citados textualmente en el decreto, se encuentran los informes de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada que detectaron:
-Inconsistencias en la matrícula: «Discrepancias entre la matrícula declarada en el sistema SIME y la informada en los partes estadísticos; baja presencialidad de alumnos en relación con los datos declarados».
-Peligro edilicio: «Deficiencias edilicias con riesgo estructural; fallas en instalaciones sanitarias y ausencia de certificado actualizado de Defensa Civil».
-Irregularidades laborales y administrativas: «Falta de presentación del alta temprana del personal docente declarado; y ausencia de registros adecuados».
El texto oficial subraya que estas faltas no fueron eventuales: «Surge de las actuaciones que las irregularidades detectadas no constituyen hechos aislados, sino que se reiteran a lo largo del tiempo», mencionando que ya en 2007 y 2014 la institución pedía excepciones por no llegar al mínimo de alumnos exigido, mientras que en los sistemas oficiales declaraba cifras superiores para aparentar normalidad.
Responsabilidad y cierre
Ante el intento de la representante legal de deslindar responsabilidades o solicitar la transferencia del colegio a una firma privada (Egloff SRL) como solución, el Estado fue tajante al recordar la normativa vigente: «El artículo 13° del Decreto Nº 2.191/14 (SE)-93, establece que los propietarios y sus representantes legales son responsables del funcionamiento integral del establecimiento educativo, por lo que los incumplimientos detectados resultan directamente imputables a la conducción institucional».
Finalmente, el decreto concluye que los pedidos de la recurrente «no resultan idóneos para desvirtuar los fundamentos del acto impugnado», confirmando así que el Colegio pierde definitivamente su reconocimiento oficial, priorizando la seguridad de la comunidad educativa y la transparencia del sistema escolar provincial.
En este sentido, a través de diversos posteos en redes sociales se visibilizó el sorpresivo cierre del colegio, situación que tomó por completo desprevenidos tanto al personal docente como a los padres de los alumnos. Los docentes se presentaron normalmente a trabajar ayer viernes y se encontraron con las puertas cerradas del establecimiento. Allí se enteraron que el colegio había cerrado definitivamente y que los estudiantes serían “reubicados” en otras instituciones pertenecientes al representante legal del colegio, Rodolfo Egloff.
Preocupación
Según relataron los maestros, algunos con más de 20 años de antigüedad, en la institución era habitual la rotación constante de personal debido a reiteradas irregularidades en el pago de sueldos. Muchos docentes trabajaron varios meses sin recibir su remuneración, bajo constantes promesas incumplidas por parte de la Dirección. “Nosotros, como docentes, queremos una solución a tal atropello a nuestro trabajo”, expresaron.
Además, se sumó otra novedad que generó aún más indignación: de acuerdo a lo informado, no se depositaron los sueldos correspondientes a marzo ni a los 16 días trabajados de abril, ya que la subvención estatal del colegio solo estaba vigente hasta febrero.
Los docentes afectados exigen una respuesta urgente de las autoridades educativas y del representante legal para resolver la situación de los salarios adeudados y garantizar una solución para los alumnos y el personal. /
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