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Sigue la protesta policial en Misiones pero podría haber acuerdo

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Efectivos en actividad y retirados de la Policía de Misiones amanecieron este domingo frente a la División Comando Radioeléctrico I para iniciar el tercer día de reclamo salarial, en medio de una creciente tensión por la posibilidad de un operativo de desalojo dispuesto por el comité de crisis conformado entre el gobierno misionero y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“El juez penal (Ricardo Balor) ha ordenado la restitución de los bienes del Estado y el despeje de este sector donde está protestando este pequeño grupo de retirados y policías activos”, afirmó ayer el ministro de Gobierno Marcelo Pérez tras el primer encuentro del comité de crisis.

Según informó La Voz de Misiones, los manifestantes prepararon el terreno para un posible choque con las fuerzas federales y formaron dos especies de barricadas en las esquinas de avenidas Uruguay y Trincheras de San José, como así también dos cuadras más abajo, en Uruguay y Félix Aguirre.

En ambas intersecciones colocaron cubiertas encendidas y cruzaron móviles policiales para impedir la llegada hasta el núcleo de la manifestación, que se concentra frente al Comando ubicado en Uruguay y Félix Bogado.

“Tenemos información de que vienen efectivos de Gendarmería, de Prefectura y de la Policía Federal. Así que estamos acá, aprestos al diálogo. Lamentamos que se haya llegado a esta medida”, afirmó esta mañana a ese medio local el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros de la mesa de diálogo policial.

Amarilla, además, es uno de los sindicados organizadores de la medida de fuerza y sería uno de los retirados a detener por los delitos denunciados por el gobierno, entre ellos sedición y robo de vehículos oficiales.

“Cuando empecé a incursionar en esta situación de pelear por los derechos de la familia policial uno sabe que el Estado es un monstruo que utiliza diferentes herramientas como para tratar de neutralizar por las personas que pelean por los derechos de los trabajadores”, señaló al respecto el agente retirado.

Nación enviará 200 gendarmes a Misiones

La misión del comité de crisis es destrabar las diferentes protestas que lleva adelante la policía, una de las cuales tiene epicentro frente al Comando Radioeléctrico de Posadas provocando caos y descontrol en la ciudad capital.

El comité será presidido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador misionero, Hugo Passalacqua. Lo integrarán efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Funcionará “hasta tanto cese la situación que le dio origen y se reestablezca la seguridad en la provincia”.

La medida fue dispuesta tras un pedido del gobierno de Misiones y tiene como objetivo “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de la provincia”, según se señala en la resolución que lleva la firma de la ministra. En esa línea, se prevé la llegada de agentes federales.

Según pudo saber Infobae, desde el gobierno provincial hablaron con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, ante el temor de que la situación escale. A partir de esta conversación, fuentes oficiales confirmaron que un escuadrón formado por unos 200 gendarmes aproximadamente será trasladado a la provincia, como una muestra de apoyo por parte de Nación hacia el gobernador misionero. Sin embargo, las fuerzas federales no intervendrían ni ejercerían ningún tipo de violencia.

La protesta policial se desarrolla en la intersección de la calle Félix Bogado y la avenida Uruguay. De acuerdo a medios locales, todo comenzó a las 4.30 de la madrugada de este viernes con un ensordecedor ruido de sirenas que alertó a los vecinos. Desde entonces, al menos 100 efectivos se congregaron en el cuartel y quemaron gomas en las inmediaciones.

Ya a partir del amanecer, se sumaron piquetes con cacerolazos y pancartas que resaltaban el reclamo salarial. Estos tomaron fuerza con la participación de policías retirados y familiares de efectivos del interior, que se movilizaron al lugar para enfatizar la manifestación.

El movimiento generó un significativo despliegue de personas que obstaculizaron el paso de transeúntes y vehículos en la avenida Uruguay, una de las más concurridas de la ciudad. A lo largo del día hubo varios intentos para liberar el tránsito en la zona. Este mediodía se llevó adelante una reunión entre el juez de Instrucción Ricardo Balor y los voceros de la Policía que se acorralaron en el edificio.

Sin embargo, a pesar de los acercamientos de las autoridades locales y provinciales, la protesta no cesó y hacia esta noche continuaba con policías que decidieron acampar frente al Comando Radioeléctrico.

En diálogo con Agencia Hoy y LT 4 el suboficial Mayor retirado Germán Palavecino afirmó que todas las medidas y pedidos de estos últimos meses “no fueron escuchados” y por eso que tanto los policías como penitenciarios de la provincia llegaron a esta medida extrema. “Mínimamente, necesitamos que se garantice la canasta básica y eso es superior al 100%”, indicó.

Los manifestantes también remarcaron que el cuartel no fue tomado -como se informó inicialmente- y que funcionó con normalidad durante este viernes.

Lo cierto es que, frente a este contexto, desde la cartera que conduce Bullrich consideraron necesario un “urgente esfuerzo coordinado del Estado Nacional y de la provincia de Misiones en orden a restablecer la seguridad interior”.

En la resolución, se informó que la ministra y el gobernador misionero “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad. Podrán convocar a todos los funcionarios y organismos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento del plan dispuesto”.

Reclamo salarial docente en Misiones

En las últimas horas, el gremio docente también realizó una manifestación para pedir por aumento salarial, en su caso con una movilización a la Ruta Nacional 14. No fue la única vez que lo hicieron: a mitad de semana, en Jardín América, alrededor de 100 trabajadores de la educación interrumpieron completamente el tráfico en el kilómetro 1440 de la misma vía, según informó una fuente local.

En la ruta 14, a la altura de Guaraní, un grupo de aproximadamente 30 docentes se congregó para marchar hacia la plaza San Martín, mientras que en Aristóbulo del Valle, docentes autoconvocados de esa localidad y de Salto Encantado marcharon utilizando media calzada, desde la rotonda de la ruta nacional 14 y la avenida Las Américas hasta la rotonda de la avenida Paraguay. En San Vicente, tras una asamblea, los docentes cortaron la ruta nacional 14 en el kilómetro 1251, permitiendo el tránsito vehicular cada dos horas.

En el plano de las negociaciones salariales, el lunes próximo continuará la mesa de diálogo entre representantes del Gobierno provincial y del ámbito docente. La postura del Gobierno es considerar como justo el reclamo salarial dentro de toda la administración pública, manteniendo una vocación de consenso que se refleje en una tercera actualización salarial en mayo.

Asimismo, el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) fue lanzado en Misiones para cubrir los porcentajes adeudados por Nación tras el cese del FONID, que se abonará en la semana del 20 al 24 de mayo.

 

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El Gobierno nacional aplicó recortes a 211 programas de distintas áreas

El Gobierno recortó financiamiento a hospitales, el INCUCAI, al Instituto Malbrán, el programa Educar, entre otros. Además achica el fondo para ATN.

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Hace un tiempo atrás, el ministro Luis Caputo les había pedido a sus pares del gabinete que le rmitieran a su despacho recortes de gastos por el 2% de capital y el 20% en las erogaciones generales. Este lunes se comenzó a develar el interrogante.

Una decisión administrativa simple firmada por Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicada en el Boletín Oficial, revela que se decidieron por aplicarles una poda a 211 programas que el Gobierno lleva adelante en diferentes áreas. El ahorro, según indica la medida, es de $2,8 billones.

En cambio, la medida que modifica el Presupuesto 2026 establece un incremento del gasto en 15 programas por $372.000 millones.

La decisión administrativa además agrega unos $564.000 millones al cálculo de recursos, con lo cual se termina incrementando el resultado financiero en $3 billones.

El análisis de la medida corresponde a la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas. La entidad indicó en su reporte que la medida implica que “los Gastos Corrientes disminuyen en $1,9 billones y los Gastos de Capital en $496.760 millones”.

En lo relacionado a Obligaciones a Cargo del Tesoro, los recortes son los siguientes:

-Se reducen los créditos para el programa 99 – Otras Asistencias Financieras por $1,2 billones (Administración Gubernamental -$494.290 millones, Servicios Sociales -$564.130 millones y Servicios Económicos -$140.000 millones).

-Adicionalmente, disminuyen las transferencias para Energía Argentina por $200.000 millones, EDUCAR S.A. por $48.000 millones, AySA por $21.437 millones, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo por $937 millones, Radio y Televisión Argentina por $1.145 millones, Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima por $498 millones y Contenidos Artísticos e Informativos por $96 millones.

-En el caso del Ministerio de Economía, los recortes alcanzan los $529.000 millones.

-En el Ministerio del Interior se recorta el fondo para los ATN en $320.000 millones, además de algunas transferencias para gastos sociales de menor impacto económico.

Recortes de gastos en Salud

En Salud, se recortaron $62.731 millones, del programa 47 – Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud- por $25.000 millones, del programa 29 – Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica- por $20.000 millones, y del programa 55 – Cobertura Sanitaria Compensatoria- por $5.000 millones, entre otros.

Las partidas de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud disminuyen en $3.196 millones, la Superintendencia de Servicios de Salud en $1.743 millones, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán en $1.162 millones y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante en $1.000 millones, entre otros organismos.

“Es un ajuste grosero”

El director del Instituto del Consenso Federal y exdiputado peronista, Alejandro Gómez, señaló al respecto que “mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que se publica en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Gobierno nacional ejecutó una grosera alteración del Presupuesto Nacional 2026, que fuera aprobado por el Congreso de la Nación apenas cuatro meses atrás”.

“En los considerandos de la norma, también suscrita por el ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo, se consigna que con la Decisión Administrativa se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”, señaló Gómez.

El dirigente sostuvo que, “rastrillando las 588 fojas del anexo que esconde la letra chica y las cifras del ajuste, emergen verdaderos guadañazos presupuestarios”. Sostiene que al programa de “Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer” se le aplicó un recorte de $5.000 millones.

“Siempre en jurisdicción del Ministerio de Salud, el programa presupuestario 20, que concentra los recursos para la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, sufre un ajuste de $500 millones”, dijo el exlegislador.

FUENTE: Ámbito

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El Gobierno le quitó más de $78.000 millones a Educación y frenó obras universitarias

La administración Milei recortó programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.

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El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026.

De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

Además, el Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.

También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la documentación oficial

Las universidades nacionales también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.

Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

La medida quedó formalizada en la Decisión Administrativa 20/2026, publicada por el Poder Ejecutivo junto con las modificaciones presupuestarias de la administración nacional.

FUENTE: NA

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Fuerte recorte al PAMI: las transferencias del Estado se desplomaron 54,4% en el inicio de 2026

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) confirmó que la obra social recibió menos recursos del Tesoro y de la ANSES durante el primer cuatrimestre. Especialistas advierten por la falta de medicamentos y el conflicto con los médicos de cabecera.

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El plan de ajuste fiscal implementado por el Gobierno nacional está impactando de lleno en la principal obra social del país. Un reciente informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que las transferencias de recursos nacionales al PAMI registraron una drástica caída del 54,4% en términos reales durante el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado.

 

Los números del recorte: Tesoro y ANSES

Los datos oficiales, extraídos del Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Economía y analizados por el Instituto Consenso Federal, detallan cómo se compuso el financiamiento del PAMI entre enero y abril de este año:

  • Aportes del Tesoro Nacional: $0,4 billones.
  • Transferencias de la ANSES: $0,6 billones.

A pesar de estos giros, la licuación producto de la inflación provocó que el poder adquisitivo de estos fondos se redujera a menos de la mitad. Si se analiza exclusivamente el mes de abril, el Tesoro ejecutó asistencias financieras por $0,2 billones y la ANSES aportó una cifra equivalente, lo que consolidó una caída interanual real del 29,5% para ese mes.

 

Impacto directo: medicamentos y atención médica

La reducción presupuestaria no solo es un dato macroeconómico, sino que ya repercute en la atención diaria de los afiliados. El documento, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, hace hincapié en las consecuencias directas de la falta de fondos operativos.

Por un lado, el reporte subraya que el PAMI «sigue sin garantizar la normal provisión de medicamentos«, un beneficio vital para proteger el poder adquisitivo de la tercera edad. Por otro, advierte que el organismo atraviesa «una fuerte tensión interna con los médicos de cabecera«, un eslabón fundamental en la cadena de atención primaria.

 

«Una situación delicadísima»

Frente a este complejo panorama, el director del Instituto Consenso Federal, el ex diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, encendió las alarmas sobre la sostenibilidad del sistema de cobertura sanitaria para la población mayor.

«La situación es delicadísima. Hay que tener en cuenta que casi 8 de cada 10 jubilados de toda la Argentina están atendidos por el PAMI», remarcó Rodríguez, advirtiendo sobre el grave riesgo social que implica desfinanciar a esta institución.

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