“¿Preguntó a las prestamistas el origen de los fondos?”, “No, porque las conocía”. Ese breve diálogo se dio esta semana entre el fiscal Gerardo Pollicita y la escribana Adriana Nechevenko, que intervino en tres operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No se ocupó de interiorizarse sobre si era lícito o no el origen de los dólares que terminaron aplicados a la compra de una propiedad por parte de un funcionario público. En Comodoro Py la explicación llamó la atención y están quienes consideran que se incumplió con los pasos exigidos para una escribana pública.
En dos ocasiones en menos de 24 horas, Adriana Nechevenko estuvo en los Tribunales de Retiro ante el fiscal que lleva adelante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni.
La escribana brindó detalles respecto a tres operaciones inmobiliarias que certificó, de las cuales dio fe y que constituyen uno de los ejes de la pesquisa radicada en Comodoro Py por la diputada nacional Marcela Pagano.
El interrogante que subyace a los movimientos de dinero requeridos para los viajes y la adquisición de propiedades desde diciembre de 2023 a la fecha es si Adorni puede justificarlos con sus ingresos como funcionario público. Para lograr responder esto, la fiscalía ya firmó más de 30 oficios, junto a la citación de cinco nuevos testigos por fuera de las cuatro prestamistas que deberán ir a Comodoro Py esta semana.
Pero un suceso se incorpora al caso: las declaraciones de la escribana Nechevenko, más específicamente, su rol a la hora de concretar las hipotecas privadas, aceptarlas como parte de la compra y escrituración posterior de tres propiedades: la del barrio privado Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, y los dos departamentos ubicados en la Capital Federal.
En noviembre de 2025, la escribana le consiguió a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, un préstamo de 100.000 dólares. Ese mismo día, la esposa del funcionario libertario se dirigió al Banco Galicia para hacer el depósito de dicha cifra, sumando del acervo patrimonial familiar, 20.000 dólares más.
Ese préstamo privado tiene un interés del 11% anual aplicado con exigencia de devolución en noviembre próximo. Adorni devolvió 30.000 dólares de esa hipoteca privada y le restan 70.000 para pagar. Esos valores fueron los volcados en la escritura de la casa del barrio privado Indio Cuá, que obtuvo validez tras el acto formal ante la escribana.
Ante esa primera explicación brindada, el fiscal Pollicita realizó la primera pregunta: “¿Usted preguntó sobre el origen de esos fondos?”. Adriana Nechevenko aseguró que no. El motivo es que ella conocía a quien estaba proporcionando los 100.000 dólares.
El jueves por la mañana en una entrevista con Infobae, dio más detalles. “No estoy obligada a pedir el origen del dinero. Con que declare que es de origen legal, ya está. Hoy en día ni siquiera estoy obligada a pedirlo”, indicó Nechevenko.
En el caso del departamento de Miró 500 (barrio de Caballito), fue el Jefe de Gabinete quien consiguió la hipoteca privada que garantizaron Claudia Sbabo y Beatriz Alicia Veigas, las dos jubiladas que este miércoles deberán prestar declaración testimonial en los Tribunales de Retiro. Cada una proporcionó 100.000 dólares. Sobre esos valores, el matrimonio aportó 30.000 dólares y así, la escritura se realizó por 230.000 dólares.
La escribana Nechevenko explicó que allí la operación no se realizó con dinero en efectivo, sino con una hipoteca privada a favor de las vendedoras. El hijo de una de ellas “era conocido de Manuel Adorni”, indicó. También deberá prestar declaración testimonial ante el fiscal Pollicita.
Ante la consulta de Clarín, fuentes allegadas al expediente señalaron que “se podría estar ante un presunto incumplimiento de la normativa anticipado y de ciertos deberes que no puede pasar por algo una escribana pública”. En consecuencia, se analiza si corresponde abrir una investigación para analizar y determinar si Nechevenko no incurrió en algún posible delito.
Pollicita, incluso después de tomarle declaración testimonial, requirió a su equipo el detalle de la normativa y resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) que rigen en materia de prevención de lavado de activos. El accionar de la escribana de Manuel Adorni está bajo estudio y “podría terminar siendo investigada”, explicaron a Clarín fuentes judiciales.
“Por reglamentación UIF, la escribana tiene que conocer el origen del dinero que se usa, más sabiendo que es una persona políticamente expuesta donde la debida diligencia es reforzada, la escribana no puede hacer intermediación financiera ni conseguir fondos para operaciones”, explicó a Clarín la ex integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la gestión macrista, María Eugenia Talerico.
A sus explicaciones técnicas sumó más datos: “La escribana debió, ante la inusual financiación de esa operación, más el bajo precio pagado de la calle Miró, además de las operaciones que tenía concatenadas, debió frente a la inicialidad hacer un Reporte de Operación Sospechosa de la UIF, y queda obviamente abarcada por el incumplimiento de las normas de prevención del lavado si es que no hubiera hecho un ROS”.
El plazo fijado para hacer el reporte es de 24 horas según la normativa vigente desde que concluye que la operación podría ser sospechosa y 90 días hábiles para hacer el análisis correspondiente, “si no lo hizo, está en infracción”, indicó Talerico, quien secundó a Mariano Federici en la UIF desde 2015 a 2019.
Hay un aspecto más que se resaltó: el escribano tiene rol de funcionario público, de fe pública, en los instrumentos, qué sucede en las opciones, esa certificación por delegación del Estado de fe pública hace que su rol esté bajo el escrutinio del Colegio de Escribanos.
“La escribana por sus declaraciones públicas tiene que estar en miras de la UIF y sobre todo si no hizo el ROS, porque las declaraciones públicas demuestran una liviandad muy grande por parte de ella en el marco del cumplimiento de la norma de prevención lavado de dinero”, consideró Talerico.
A este cuadro de situación se suma otro factor: las operaciones se realizaron con una persona políticamente expuesta, que además incluye a su esposa Bettina Angeletti.
Fuentes judiciales al analizar los últimos sucesos, entendiendo que Nechevenko “posiblemente, frente a la autoridad el Colegio de Escribanos va a tener algo que decir, cómo se movió la escribana y cómo se instrumentaron esos préstamos y quiénes son las jubiladas”.
Un escribano de larga trayectoria, explicó a este medio que el cliente “puede ser de riesgo bajo medio o alto. Si es persona expuesta políticamente sería riesgo alto de lavado de activos, Más si es habitual y no ocasional. Entonces tengo que tener diligencia reforzada”.
Hay otro interrogante que queda expuesto y es si las jubiladas contaban con el poder adquisitivo para realizar los correspondientes préstamos en los que, dijo Nechevenko, no hubo dinero en efectivo.
Fue el mismo escribano el que indicó que en este caso puntual “se debía consultar por tratarse de PEP lo que coloca a Adorni en la categoría más alta de riesgo”. En el caso de la hipoteca privada utilizada para el departamento del barrio de Caballito, “cuando se trata de formas inusuales como se denominan, puede ser una razón para hacer un ROS pero queda a criterio del escribano”.
“A mí no me importa que sea funcionario, para mí es Manu”, dijo Nechevenko en la entrevista con Infobae. Este tipo de posicionamiento encendieron algunas luces de alerta en Comodoro Py.
La abogada e integrante del Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre, explicó a Clarín, “como ex jefa de Gabinete de la UIF, lo primero que diría es que un escribano, sujeto obligado de la UIF, no es un mero espectador formal del acto. La Ley 25.246 incluye expresamente a los escribanos entre los sujetos obligados, y la Resolución UIF 242/2023 les exige identificar al cliente, verificar si es una persona expuesta políticamente, requerir declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos y, según el nivel de riesgo, pedir documentación respaldatoria. Si no puede cumplir con esa debida diligencia, no debe iniciar o continuar la relación profesional y debe evaluar el reporte de operación sospechosa”.
Por los argumentos expuestos, entiende la abogada que además fue asesora letrada de la AFIP, que si en un caso de esta magnitud la escribana “no consultó el origen de los fondos, no estamos ante un detalle menor: estamos ante el corazón mismo del deber preventivo. Más todavía si interviene un funcionario alcanzado por el régimen de PEP, porque ese contexto exige una mirada reforzada sobre la operación. Eso no significa afirmar automáticamente un delito ni una sanción, pero sí decir con claridad que no alcanza con responder ‘pregúntenle al cliente’: justamente para eso existe el sistema antilavado”. /
Clarín 
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