En las últimas horas, se pidió la detención de José Florentín, uno de los cuatro exjugadores de Vélez acusados de violación. La solicitud ante la Justicia de Tucumán la hicieron los abogados de la víctima, quienes sostienen que el mediocampista paraguayo presentó una contradenuncia para “entorpecer la investigación”.
Desde la defensa de la joven denunciante sostienen que el futbolista hizo una “manipulación de la prueba” y que presentó una “falsa denuncia”.
La familia del jugador que en los próximos días terminará su contrato con Central Córdoba había presentado en octubre una contradenuncia por “falso testimonio”. En ella acusó a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti de haber elaborado un plan para sostener la dura acusación que recae contra los jugadores.
Ante ello, la Justicia ordenó rápidamente allanamientos en la casa del padre de la víctima y de los letrados, lo que generó una crisis en la joven denunciante, que está bajo tratamiento psicológico.
Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín durante una audiencia en Tucumán.
En marzo de 2024, cuatro futbolistas que por entonces formaban parte del plantel de Vélez fueron denunciados por una joven periodista deportiva tucumana que los acusó de abuso sexual. Se trató de Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré.
El episodio denunciado habría ocurrido un día después de que el Fortín disputara un encuentro correspondiente a la octava fecha de la Copa de la Liga ante Atlético Tucumán en dicha provincia.
Florentín, al igual que Osorio y Cufré, pasó un tiempo en prisión en prisión domiciliaria y luego recuperó su libertad. Después de que Vélez le rescindiera el contrato, pasó a Central Córdoba de Santiago del Estero y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
Cuáles son las penas a las que se enfrentan los exjugadores de Vélez
Braian Cufré y José Florentín están imputados como coautores de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y enfrentan penas que van desde los ocho hasta los 20 años de cárcel según lo establecido en el Código Penal.
Sebastián Sosa, por su parte, está acusado de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario. En este caso el arquero se enfrenta a las mismas penas que Cufré y Florentín, aunque por su participación el castigo podría ser mucho menor que el de sus compañeros. De todas formas le pena mínima sería de ocho años.
En el caso de Abiel Osorio, el jugador de 21 años está imputado por abuso sexual con acceso carnal, por lo que se enfrenta a penas que van desde los seis a los 15 años de cárcel.
La causa está en manos de la fiscal Adriana Reinoso Cuello. Hasta el momento, el expediente no fue elevado a juicio y los imputados permanecen en libertad. /TN
Rescataron a a nueve hermanos abusados, desnutridos y torturados por su propia familia
Los aberrantes hechos ocurrieron en Santiago del Estero. Los delitos incluyen acceso carnal, agresiones físicas y explotación. Entre las víctimas hay personas con discapacidad y menores con bajo peso. La Justicia detuvo a tres sospechosos tras un dramático megaoperativo.
Cuando los policías ingresaron a la vivienda, el panorama fue devastador. Hallaron a una persona con discapacidad atada a una cama, revelando el calvario de una familia donde nueve de trece hermanos vivían en condiciones deplorables. Las autoridades confirmaron que las víctimas sufrieron abuso sexual, severa desnutrición, hacinamiento y extrema violencia física.
El tétrico escenario fue descubierto durante una serie de allanamientos ordenados por el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet. El operativo policial se llevó a cabo en una precaria vivienda del paraje El Cruce, en el departamento Figueroa, y culminó con la detención de tres personas: una pareja y uno de sus yernos.
El rescate fue comandado por las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, con la ejecución directa de la División Trata de Personas de la Policía provincial, en conjunto con la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y la Secretaría de Trabajo.
Una denuncia que rompió el pacto de silencio
La investigación comenzó en abril gracias a la alerta de organizaciones civiles como Caring For Children y Madres Víctimas de Trata. Aunque las rarezas de la familia eran un secreto a voces entre los vecinos, el hermetismo y el miedo al clásico «no te metás» mantenían la impunidad. Durante el procedimiento, los funcionarios rescataron a menores que pesaban apenas 30 kilos, dejando en evidencia un estado de vulnerabilidad extrema.
La Fiscalía formuló cargos gravísimos, que incluyen corrupción de menores, abandono de persona y lesiones agravadas por el vínculo. Según los primeros testimonios recabados, las jóvenes de la familia eran entregadas a terceros a cambio de dinero o bebidas alcohólicas. Además, un sistema de terror intrafamiliar garantizaba el silencio absoluto de los menores, quienes vivían tan sometidos que debían pedir permiso con la mirada a los adultos antes de atreverse a responder una pregunta de los oficiales.
El calvario de las víctimas y las condiciones del encierro
Las edades y condiciones de los nueve hermanos rescatados reflejan la magnitud de este oscuro drama familiar. Entre ellos se encuentran tres adultos jóvenes de entre 25 y 28 años con discapacidades motrices y mentales. El ensañamiento era tal que uno de ellos, de 26 años, que padece ceguera y retraso madurativo, recibía feroces golpizas en todo el cuerpo. Los agresores, incluso, llegaron a grabar las humillaciones con sus teléfonos celulares por diversión.
El nivel de perversidad de los captores también se reflejaba en los detalles de la vivienda. Mientras los menores dormían en camas «peladas», soportando el frío con apenas una sábana y tras haber sido obligados a abandonar la escuela, los efectivos descubrieron una habitación cerrada con candado que guardaba en su interior colchones completamente nuevos sin estrenar.
Desde el momento del rescate, un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales asiste a todos los hermanos, de los cuales dos debieron ser internados. La Justicia ya puso en marcha los mecanismos de contención para intentar reparar años de tormento, mientras avanza con todo el peso de la ley contra los detenidos.
Este jueves, alrededor de las 7.30, un operario de la empresa de recolección de residuos 9 de Julio, identificado como Martín C. (36), perdió la vida tras un inusual accidente en la intersección de calles Matheu y Próspero Mena, en el Barrio Victoria.
Al parecer, el conductor del vehículo realizaba una maniobra de retroceso y no habría advertido la caída de su compañero, pasándole por encima las ruedas del pesado vehiculo. «El chofer no lo vio cuando cayó«, relataron testigos directos del hecho, quienes aún no salen del asombro por la violencia del siniestro.
A pesar de que versiones iniciales de los vecinos indicaban que el joven se encontraba consciente al momento de ser asistido por el personal del 107, el informe médico oficial del Hospital Padilla reveló un cuadro irreversible al momento de su arribo.
Ana María Costas, coordinadora de la Guardia del nosocomio, al brindar detalles técnicos del ingreso indicó que «el paciente ingresó a las 8.07, con paro cardiorrespiratorio. Se iniciaron todas las maniobras de resucitación, tanto en la ambulancia como en el hospital, sin resultado alguno».
La profesional detalló que el cuerpo presentaba lesiones devastadoras: politraumatismo grave, con un traumatismo encéfalocraneano (TEC) severo y un traumatismo de tórax cerrado. Las heridas habrían sido fatales de forma casi inmediata, determinándose su óbito minutos después del ingreso.
Los testimonios recogidos en el lugar coinciden en una secuencia desgarradora. El operario se encontraba trabajando en la parte trasera del camión cuando, por razones que se investigan, habría caído del estribo.
Al parecer, el conductor del vehículo realizaba una maniobra de retroceso y no habría advertido la caída de su compañero, terminando por pasarle por encima. «El chofer no lo vio cuando caía», relataron testigos directos del hecho, quienes aún no salen del asombro por la violencia del siniestro.
La zona del accidente permanecía resguardada para las pericias técnicas, mientras se aguarda que la empresa emita un comunicado tras la pérdida de uno de sus trabajadores más jóvenes en cumplimiento de su deber. /Con información de Los Primeros/
Este miércoles, en el marco del juicio por el crimen de Paulina Lebbos, el Tribunal de la Sala III, integrado por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, dictó sentencia en el debate oral en el edificio de calle España al 400
Los jueces decidieron absolver a Sergio Hernán Kaleñuk como autor del delito de encubrimiento agravado. Y también resolvieron absolver a Víctor César Soto como autor del delito de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de Paulina Alejandra Lebbos.
La causa comenzó con la desaparición de Paulina tras salir de un boliche en el Abasto aquella madrugada del 26 de febrero de 2006 y el posterior hallazgo de su cadáver en Tapia el 11 de marzo.
El debate oral expuso a 41 testigos y pericias que intentaron reconstruir lo ocurrido en el domicilio de calle Estados Unidos al 1.200, donde la fiscalía sostiene que Soto ejecutó el crimen con alevosía, aprovechando su perfil violento y el terror que le inspiraba a la víctima.