La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy un fallo que había rechazado excarcelar o conceder prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez y le ordenó al Tribunal Oral Federal 4 que resuelva otra vez sobre un planteo de su defensa en la causa conocida como M&P, donde se lo acusa de una maniobra de lavado de dinero de más de $125 millones. Luego de más de cuatro años de estar detenido, el dueño de Austral Construcciones quedó muy cerca de irse a su casa con una domiciliaria.

“Hay una fianza pedida por el fiscal de 5 millones y medio de dólares. Si paga la fianza, podrá acceder al arresto domiciliario”, confirmó a Infobae una fuente judicial. Desde su defensa dijeron que ese monto, si se confirma, sería muy elevado y adelantó que ya están trabajando para contratar un seguro.

Casación tuvo en cuenta la opinión del fiscal Abel Córdoba, quien había aceptado el planteo de su defensa y cuestionó la detención de Báez. “La consideración conjunta de los plazos de detención del imputado Lázaro Antonio Báez, por el grado de afectación de los derechos individuales que implica, eclipsa de manera irreparable cualquier intento del Estado de fundar la continuidad de su encierro carcelario, más allá incluso de la vigencia indudable de cierto riesgo procesal, concreto y actual”, sostuvo el fiscal.

En ese mismo dictamen, Córdoba sugirió que se utilice una pulsera electrónica, con expresa prohibición de alejarse sin autorización del radio de 100 km del tribunal, y se fije una fianza “la que se deberá ser fijada en el equivalente en pesos a 5.500.000 de dólares”.

Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación firmado por el Tribunal en junio y le ordenaron volver a resolver “con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal”, que avaló la morigeración de la prisión preventiva de Báez y todavía tiene pendiente su alegato en el juicio de “la ruta del dinero K”.

Además los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), “no se hizo presente” a la audiencia fijada para debatir la cuestión.

Se trata del caso conocido como “M&P”, otra empresa de la familia Báez, que ya fue elevado a juicio oral. La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas “sociedades afines a la intermediación financiera marginal” o “cuevas financieras”. Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios.

De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.

La investigación de M&P arrancó en julio de 2016, a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación.

Algunas de las empresas utilizadas eran fantasmas, según determinaron el fiscal Guillermo Marijuán y el fiscal Sebastián Casanello. Una de ellas, Xhoris, figuraba a nombre de un cuidacoches que trabajaba en una esquina de la ciudad de La Plata y admitió ante la Justicia que firmó los papeles a cambio de dinero. En otra de las firmas, Indigo SA, aparecía el abogado Jesús José Rodríguez Cimolai, que supo representar a la ex mujer de Báez. Esa firma –también investigada en la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)– hizo una transferencia de $2 millones (más de 150 mil dólares al cambio de ese momento) a Austral por la supuesta compra de hormigón. Cuando los investigadores allanaron el domicilio de la empresa, se encontraron con la madre y un hermano de Cimolai.