La legisladora Sandra Figueroa fue procesada por la Justicia Federal en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y a la administración irregular de fondos públicos en el municipio de Juan B. Alberdi. La medida también alcanza a su esposo, el destituido jefe municipal de esa ciudad, Luis Campos. La resolución que tomó el juez federal José Manuel Díaz Vélez, detalla que, aunque no se les dictó prisión preventiva, el magistrado les prohibió la salida de la provincia y del país sin previa autorización judicial. Además, impuso otras medidas, como la obligación de presentarse quincenalmente ante una dependencia policial más cercana a su domicilio y la prohibición de acercarse o comunicarse, por cualquier medio, con los demás imputados, testigos y personas vinculadas a la investigación, bajo apercibimiento de revocarse la presente medida y disponer su inmediata detención.

El escándalo mediático estalló en marzo, pero la denuncia contra Campos, Figueroa y otros funcionarios fue presentada el 2 de junio de 2023 por el diputado nacional Roberto Sánchez, junto a otros legisladores y abogados, a partir de denuncias de vecinos que señalaron a varios integrantes del municipio como responsables de actividades relacionadas con el narcotráfico, entre ellos el exsecretario de Hacienda José Roldán, el ex concejal Albano Loru, Miguel Flores (“Miki”), Rodrigo Campos (“Patón”) y un tal “Shalo”.

El procesamiento, aunque con prisión preventica, alcanza a otros co-imputados clave vinculados a la gestión municipal, como Roque Cayetano Giménez («Chipi»), José Albano Loru, Pablo Exequiel Barrionuevo y José Roldán.

La imputación a la que tuvo acceso TDN se sustenta en un extenso cúmulo probatorio que sugiere la existencia de una «empresa criminal colectiva» en el municipio de Juan Bautista Alberdi, donde el matrimonio Campos-Figueroa conformaría el «sostén estructural del grupo».

Lavado de Dinero con Agravante: A Sandra Figueroa se le imputa haber adquirido o puesto en circulación bienes provenientes de un ilícito penal para darles apariencia de origen lícito. Dicho delito incluye el agravante para funcionarios públicos (Art. 303 inc. 2 b del C.P.), ya que ella ostentó o ejerció un cargo público (Intendenta 2015-2023, y actualmente Legisladora) al momento de perpetrarse las maniobras.

Los indicios contra Figueroa en el delito de lavado se basan en:

1. Incremento Patrimonial Desmedido: No registra inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ni actividades económicas proporcionales a su patrimonio.

2. Tenencia de Bienes de Alto Valor: Registra a su nombre una numerosa cantidad de vehículos (siete hasta ahora conocidos), incluyendo una camioneta Toyota Hilux y un minibús Mercedes Benz Sprinter 413.

3. Uso de Fondos Públicos: Se la investiga por la compra de automóviles de alta gama con cheques oficiales del Municipio durante su intendencia (desde 2017).

4. Falta de Transparencia Municipal: Bajo su gestión (y la de Campos), la Municipalidad de Alberdi no contaba con balances contables ni registro de contratos de vehículos en alquiler.

Confabulación para el Narcotráfico y Asociación Ilícita: Figueroa también es señalada en el marco de la Confabulación para el Narcotráfico debido a su mención en el audio viralizado entre Campos y Giménez. En dicha conversación, Roque Giménez se dirige a Luis Campos diciendo: «o sea no boludies con esas pelotudeces ni tapes las “iligencias” del drogadicto de hijo que tenes y la pelotudeces que hace tu familia», lo que implica su conocimiento o encubrimiento de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico dentro de su entorno familiar.

Además, la legisladora registra movimientos migratorios históricos, incluyendo el paso fronterizo de Puerto Chalanas (Bermejo-Bolivia), una ruta relevante en el contexto de tráfico de estupefacientes.

Medidas coercitivas alternativas y embargo millonario

A pesar de la gravedad de las imputaciones, la legisladora fue procesada sin prisión preventiva. El juez federal consideró que, en esta etapa, medidas de coerción menos gravosas son suficientes para asegurar los fines del proceso. Las razones esgrimidas incluyeron:

• Fueros y Arraigo: La legisladora posee un domicilio conocido y un arraigo social y familiar establecido. Además, ostenta el cargo de legisladora provincial, gozando de fueros atribuidos por la Constitución de la Provincia, y el Fiscal Federal aún no ha solicitado su desafuero.

• Intervención Municipal: La intervención del Municipio de Juan Bautista Alberdi limitó su capacidad para manipular documentación oficial o influir directamente sobre los empleados.

El Juzgado dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva:

1. Prohibición de Salida: Prohibición de salir de la provincia y del país sin previa autorización judicial.

2. Presentación Periódica: Obligación de presentarse quincenalmente ante una dependencia policial cercana a su domicilio.

3. Prohibición de Contacto: Prohibición de acercarse o comunicarse, por cualquier medio, con los demás imputados, testigos y personas vinculadas a la investigación.

Embargo: Como parte de los alcances de la medida, el Juzgado ordenó trabar embargo sobre bienes suficientes de propiedad de Sandra Beatriz Figueroa por la suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000), monto que busca garantizar las responsabilidades civiles y costas procesales derivadas de la causa.

Finalmente, la resolución estableció que, una vez que la medida quede firme, se deberá comunicar a la Legislatura de Tucumán lo resuelto respecto a Figueroa. /Tendencia Noticias