La jueza Isolina Apas Pérez de Nucci decidió desarchivar la causa de acoso presentada por una docente de Inglés tras la decisión del fiscal de desistir de la investigación. La denuncia fue radicada el 25 de febrero, ante Unidad Especializada en Violencia Familiar y de Género II.
La decisión del fiscal de Violencia de Género Nº2, Gerardo Salas, de archivar una denuncia de acoso de la cual la docente fue víctima mientras cumplía sus funciones, había causado preocupación e incluso, desde el gremio de Sadop salieron a expresar su disconformidad con la medida del funcionario judicial.
Fiscal Gerardo Salas
«Esta situación alteró la realidad personal de la profesora Florencia J., por las acciones de una persona y que ha derivado en una causa judicial a cargo del fiscal Gerardo Salas, quien dispuso su archivo», advirtieron.
Sin embargo, luego de la audiencia con la jueza, la docente destacó la «excelente perspectiva de género de la magistrada. Fue realmente impecable su trato, siempre remarcando el cuidado a la mujer«, sostuvo.
De esta manera, el caso que está caratulado como «Raed Cesar s/ lesiones leves a la salud mental» continuará su curso investigativo, teniendo en cuenta los lamentables antecedentes en la provincia de otros casos como el de la profesora Paola Tacacho, quien murió sin que la Justicia haya hecho lugar a sus denuncias.
“Todo esto comenzó el 18 de febrero, una persona me recomienda una alumno que necesitaba preparar un examen internacional. Accedo, y tenemos una sola clase y por Meet”, contó la docente en una entrevista a C5N.
“Al otro día, sin haberle dado yo mis datos, aparece en la puerta de mi edificio pidiéndome solamente el piso. A mí me parece raro todo esto y le digo que iba a buscar yo el material, a lo que me responde: ‘no no lo tengo’. Ahí le dije que no lo iba a atender más y empezó a llamarme de 5 o 6 números diferentes para insistirme y preguntándome por qué no lo iba a atender más”, continuó.
“Después empezó con el tema del pago, que quería venir a pagarme, yo le pasé el CBU y me decía que no podía hacerme la transferencia que iba a traerme el dinero a mi edificio, que le dijera el piso. Esto se hizo insostenible hasta que empezó a llamarme y preguntarme por qué no quería hablar con él y por qué no podía acercarse. Eso derivó en que le dijera que le iba a hacer una denuncia, lo cual lo tomó muy mal, se puso muy agresivo”, contó
Según su relato, lo peor para la profesora vino después de recurrir a la Justicia: “A partir de que le hice la denuncia comenzó el infierno, el hostigamiento, los hackeos a mi teléfono, gente que vino a tratar de ingresar a mi domicilio con distintas excusas, el Fiscal a me decía que era cosas al voleo que le pasaban a cualquiera”.
“Empezaron los hackeos constantes a mí teléfono, el acosos a gente cercana a mí, empezar a agregar a Facebook a amigas mías que aparecía en fotos conmigo. Yo cerraba mi Facebook, y había cuestionamiento de números desconocido por eso, si sacaba una foto había cuestionamiento por eso, todo lo que yo hacía tenía una respuesta haciéndome saber que estaban al tanto de todos mis movimientos. Tuve que cambiar cuatro veces el aparato”, agregó.
La docente contó que no encontró respuestas en el fiscal: “Él me preguntaba si era puntualmente si era esta persona la que venía al edificio y la que me hackeaba por si no era intentos de estafa comunes y no le encontraba relación. Me dijo que él estaba atado de pie y mano y me pusieron una custodia policial, y que si no me parecía suficiente que me tramitara un arma de fuego y me consiguiera un gas pimiento”.
“A ese fiscal no le faltó nada, ni gritarme, ni tratarme de paranoica, lo único que le faltó fue investigar”, aseguró.
“Yo le llevé las cámaras de mi edificio recortadas de los momentos en los que venía a mi edificio y él nunca las incluyó en el expediente, entonces una cosa es ‘no se comprobó’ y otra es ‘no se investigó’”, sentenció.
Además, Florencia reclamó que “el acusado no declaró en la causa porque el fiscal dice que no hay elementos. Si una persona insiste y se pone agresiva: ¿Nos es suficiente para que le pregunte que quería?”.
La causa finalmente fue revisada este viernes y la tras la audiencia de desarchivo se conoció la decisión de la jueza. «Espero que la jueza me cuide porque sinceramente no puedo seguir viviendo así en el cuarto todo el día. No puedo salir sola, empiezo con ataques de pánico”, finalizó.
Una concentración de seguidores del Indio Solari en la plaza San Martín de San Miguel de Tucumán terminó con incidentes, forcejeos, detenidos y fuertes cuestionamientos al procedimiento policial realizado durante la noche del viernes.
La convocatoria había sido organizada por fanáticos del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tras conocerse la noticia de la muerte de Carlos Alberto «Indio» Solari. Decenas de personas se reunieron en la plaza San Martín para compartir canciones, realizar un picnic y recordar al músico que marcó a varias generaciones del rock argentino.
Sin embargo, lo que comenzó como un homenaje terminó en medio de momentos de tensión luego de la intervención de efectivos policiales y personal de Infantería.
De acuerdo con los relatos de los asistentes, los uniformados se acercaron al lugar para solicitar que los presentes abandonaran el espacio público al considerar que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. A partir de ese momento se produjeron discusiones y forcejeos entre algunos participantes y los efectivos.
Las escenas fueron registradas y transmitidas en vivo por algunas de las personas que se encontraban en el lugar. En uno de los videos difundidos en redes sociales se observa a una joven caer al suelo durante un forcejeo con integrantes de la fuerza de seguridad. La mujer también denunció que durante el operativo se utilizó gas pimienta.
Los incidentes se produjeron en un contexto de creciente tensión entre los asistentes y la Policía. Según trascendió, previamente se habría registrado una pelea entre algunas de las personas que participaban del encuentro, situación que motivó la presencia de los efectivos en la plaza.
Con el avance del procedimiento se produjeron varias detenciones que involucraron tanto a hombres como a mujeres. Testigos afirmaron que algunos de los arrestos se realizaron en medio de discusiones y empujones, generando reclamos de otros participantes del homenaje.
Uno de los casos que generó mayor repercusión fue la detención del fotógrafo tucumano Julio Pantoja, situación que provocó pronunciamientos de distintos sectores vinculados a los derechos humanos y organizaciones sociales.
La agrupación H.I.J.O.S. Tucumán manifestó públicamente su rechazo al operativo y exigió la inmediata liberación de Pantoja y de todas las personas detenidas durante los incidentes ocurridos en la plaza San Martín.
Las imágenes difundidas en redes sociales rápidamente se viralizaron y generaron un intenso debate entre quienes respaldaron el accionar policial y quienes cuestionaron la intervención de las fuerzas de seguridad durante una reunión que había sido convocada como un homenaje al músico.
La muerte del Indio Solari provocó numerosas manifestaciones de dolor y homenajes en distintas ciudades del país. En Tucumán, la convocatoria en la plaza San Martín reunió a seguidores de diferentes edades que se acercaron para cantar clásicos de Los Redondos y compartir un momento de despedida colectiva.
Mientras tanto, la familia del artista confirmó que el velorio público se realizará el próximo domingo 7 de junio. La decisión fue adoptada para permitir que seguidores de distintos puntos del país puedan trasladarse y participar de la despedida.
Hasta el momento no se confirmó oficialmente el lugar donde se desarrollará el homenaje. Entre las alternativas que se analizan aparecen el Estadio Presidente Perón de Racing Club, en Avellaneda, y el predio de Tecnópolis, en Villa Martelli. También trascendió la posibilidad del estadio de Boca Juniors, aunque sería la opción con menos probabilidades.
Además, para este sábado fue convocado un banderazo en el Obelisco porteño desde las 14, mientras que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ratificaron la realización de su show en Comodoro Rivadavia, que será transmitido en vivo y tendrá un fuerte componente emotivo en memoria del músico.
La investigación sobre lo ocurrido en la plaza San Martín continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan detalles oficiales sobre la cantidad de personas demoradas, las circunstancias de las detenciones y las actuaciones iniciadas tras los incidentes.
Un control de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 157 derivó en uno de los procedimientos antidrogas más importantes de los últimos años en Tucumán. A la altura de Río Seco, los uniformados interceptaron una camioneta que transportaba aproximadamente 470 kilos de cocaína, en lo que constituye el segundo mayor decomiso de esta droga en la historia de la provincia. Como resultado del operativo, una persona quedó detenida.
Según la información preliminar, la sustancia era trasladada en la caja de una Toyota Hilux y se encontraba prácticamente a la vista, una situación que sorprendió a los investigadores por el importante volumen del cargamento y la ausencia de mecanismos sofisticados de ocultamiento.
Las primeras averiguaciones indican que el vehículo había partido desde Famaillá y tenía como destino la localidad de Atahona, en el sur tucumano. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el procedimiento se produjo durante controles de rutina del Operativo Lapacho y que no existía una pesquisa previa ni tareas de inteligencia específicas sobre el transporte de la droga.
Este dato generó preocupación entre las autoridades, ya que pone en evidencia la magnitud de las maniobras del narcotráfico en la región y la posibilidad de que organizaciones criminales estén utilizando determinadas rutas provinciales con relativa facilidad para el traslado de estupefacientes.
La hipótesis del vuelo clandestino
Los investigadores confirmaron que la cocaína habría ingresado a Tucumán mediante un vuelo ilegal, una modalidad que viene siendo advertida por fiscales federales y fuerzas de seguridad en los últimos meses.
En ese contexto, el oeste tucumano aparece cada vez con más frecuencia como una posible zona de descarga y acopio de cargamentos provenientes de otros puntos del país o del exterior, en medio de un corrimiento de las rutas del narcotráfico hacia el noroeste argentino.
Otro aspecto que forma parte de la investigación es la presunta vinculación del cargamento con personas que cuentan con antecedentes en Famaillá, lo que fortalece las sospechas sobre el rol estratégico que podría estar desempeñando esa ciudad dentro de la logística de estas organizaciones.
Además, el valor económico de la droga secuestrada resulta impactante. De acuerdo con estimaciones preliminares, el cargamento podría alcanzar cifras millonarias en el mercado local. Sin embargo, si lograba llegar a Buenos Aires, su cotización habría ascendido hasta los 5 millones de dólares.
El segundo decomiso más grande de la provincia
La incautación de los 470 kilos de cocaína se ubica entre las más importantes registradas en Tucumán. Solo es superada por el operativo realizado en 2023 en Burruyacu, cuando las fuerzas federales secuestraron cerca de 500 kilos de esa sustancia.
Mientras avanza la investigación, los pesquisas buscan determinar quiénes integran la organización detrás del transporte del cargamento y cuál era el destino final de la droga. Se espera que en las próximas horas surjan nuevas medidas judiciales y mayores precisiones sobre una causa que vuelve a encender las alarmas por el avance del narcotráfico en la región.
Un hombre de 47 años fue detenido este jueves, a pedido del fiscal Raúl Garzón, por presunto encubrimiento agravado, en el marco del femicidio de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años, asesinada y desmembrada, supuestamente por Claudio Barrelier, el principal sospechoso.
Hasta el momento, el único implicado era Barrelier, mientras que fuentes de la investigación, confirmaron que se trata de Osvaldo Fassetta, quien vivía en una habitación que le había prestado el acusado en su vivienda del barrio Cofico de esta capital.
Allí, el sospechoso de haber perpetrado el crimen vivía con su pareja y una hija de once años, pero además tenía una habitación en la planta alta, rentada a una pareja, y otra en la planta baja, en la que habitaba el hombre detenido esta tarde.
Por su parte, Eduardo Medina Allende, abogado de Fassetta, sostuvo poco después del arresto: «No ví el expediente, acá en Córdoba, cuando los fiscales no tienen nada que hacer, dictan prisiones preventivas».
Asimismo, y en declaraciones a la prensa, el letrado puntualizó: «Si yo le digo a la gente duermo en esa cama, viene la policía y saca el colchón, ¿huellas de quién pueden encontrar? Del que duerme en esa cama…».
En declaraciones a Noticiero Doce, el ahora detenido señaló que se había ido de la vivienda «el sábado que ocurrió el hecho por la mañana», y relató: «Pedimos un Uber desde la casa de Claudio hacia el complejo donde él juega al fútbol. Ahí nos encontramos con Agostina, Melisa y su hijo más chico de 7 años”. Y contó una situación que le llamó la atención: “Agostina le pidió el número de teléfono a Claudio estando su madre al lado”.
Según Carlos, la adolescente le dijo: «Claudio, no te olvides de pasarme tu número. Después hubo comportamientos normales, Claudio jugó al fútbol, estaban todos los chicos del equipo y ninguno se apartó de ahí».
Después del partido se fueron al cumpleaños de un amigo, al que también asistieron Melisa Heredia, madre de Agostina, y la menor. «A las 19.30 nos fuimos del cumpleaños con Claudio hacia el lugar donde yo trabajo y Agostina, Melisa y el nene se fueron a su casa”, explicó Carlos.
Clausuraron el bar «Wachitas»
Wachitas, el bar de Córdoba al que vincularon con el caso Agostina, fue clausurado por la Municipalidad por irregularidades y, de acuerdo a las versiones difundidas y por las que el lugar sacó un comunicado, Soledad Andreani, dueña del auto Ford Ka negro, se presenta como productora de eventos de dicho establecimiento, según supo la agencia Noticias Argentinas.
La Municipalidad de Córdoba, a través del Ente de Fiscalización y Control, dispuso la clausura del bar al verificar que “desarrollaba actividades y presentaba condiciones que no se correspondían con las autorizadas por la autoridad competente”.
Asimismo, detallaron que el establecimiento, ubicado sobre la calle Ituzaingó al 521, ya había tenido advertencias y hasta otras tres clausuradas por incumplimientos. En esta oportunidad se detectaron fallas graves en las instalaciones eléctricas, falta de señalización, elementos de seguridad vencidos y modificaciones estructurales que no habían sido declaradas.
Se supo además que el martes habían colocado las fajas de clausura, pero a las horas las rompieron, por lo que los inspectores regresaron al bar con una nueva actuación.
Durante el desarrollo de la pesquisa por el femicidio de Agostina se había vinculado al lugar por supuestas actividades irregulares, además de que se mencionó que la dueña del auto con el que Barrelier trasladó el cuerpo de la víctima, trabajaría en el bar.