Política
Habilitaron la interpelación a la ministra Susana Montaldo impulsada por la radical Silvia Elías
Legisladores del PJ avalaron el pedido de Silvia Elías de Pérez (UCR) para tratar en la próxima sesión la posible interpelación a la funcionaria jaldista
En un giro inesperado durante la sesión legislativa del jueves, varios parlamentarios del bloque del PJ brindaron su aval a una moción de preferencia impulsada por la legisladora radical Silvia Elías de Pérez para debatir en la próxima sesión un proyecto de su autoría que tiene como objeto interpelar a la ministra de Educación, Susana Montaldo.
La votación resultó llamativa por la dinámica que adoptó a lo largo de la jornada parlamentaria. El pedido para abordar su proyecto fue comunicado por Elías de Pérez al inicio del orden del día, pero su tratamiento se definió recién en los tramos finales de la sesión, momento en el que legisladores del peronismo levantaron su mano para habilitar la preferencia que fue dada a conocer por el secretario parlamentario Claudio Pérez.
Esta «distracción» o gesto político del oficialismo garantiza que el estado de la infraestructura escolar y cuestiones vinculadas al sector docente estén sobre el tapete en la próxima reunión de la Cámara, ya que el proyecto busca que la funcionaria comparezca “a los fines de brindar explicaciones precisas y documentadas respecto de la situación institucional de las escuelas y personal docente de la provincia”. Si bien la mayoría del PJ podría bloquear la aprobación definitiva del proyecto en la sesión venidera, el tema de la educación tucumana ya se encontrará instalado en la agenda pública.
El proyecto de resolución de Elías de Pérez detalla una serie de puntos críticos que la gestión educativa deberá responder. En primer lugar, se exige un informe exhaustivo sobre “el estado edilicio de las escuelas y de infraestructura de los establecimientos educativos de la provincia en general y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas”.
La preocupación central radica en “las razones por las cuales subsisten escuelas con riesgo estructural, incluyendo techos en peligro de derrumbe, instalaciones eléctricas deficientes, falta de ventilación, calefacción y sanitarios en condiciones adecuadas”. Asimismo, la ministra deberá precisar qué obras fueron ejecutadas, cuáles están postergadas y cuáles son los criterios de priorización presupuestaria utilizados por su cartera.
La iniciativa también pone el foco en casos puntuales de establecimientos que enfrentan situaciones de cierre o reestructuración. Se solicita información específica sobre la Escuela Fray Pedro Zavaleta, requiriendo las razones técnicas de su cierre, el grado de avance financiero de las obras y un “cronograma cierto de finalización de las intervenciones necesarias para su reapertura”. Similar requerimiento se extiende a las escuelas N° 346 Ángel Custodio Bustos y N° 227 de El Vizcacheral, donde se pide documentar si existen decisiones de fusión o traslado y cuál ha sido la evolución de su matrícula en los últimos cinco años.
Otro eje fundamental del pliego de interpelación se refiere a la gestión del recurso humano. La legisladora busca conocer la cantidad de cargos vacantes al inicio del ciclo lectivo y las razones por las cuales existen “divisiones sin maestro titular y personal auxiliar cumpliendo funciones docentes”. En los fundamentos del proyecto, se resalta que la educación es un derecho humano que el Estado debe garantizar en condiciones de “igualdad, dignidad y seguridad”, advirtiendo que la persistencia de deficiencias graves representa un riesgo físico para la comunidad educativa.
Finalmente, el pedido de interpelación hace hincapié en presuntas irregularidades administrativas. “Particular gravedad reviste la situación derivada del vencimiento de la Resolución N.° 0648, que regulaba las adscripciones docentes ocurrido el 28 de febrero de 2026, sin que el Ministerio de Educación haya procedido a su renovación o adecuación en tiempo y forma”. Según el documento, esta omisión provocó que numerosos docentes no retornaran a sus escuelas de origen, generando “situaciones de acefalía pedagógica, desorganización institucional y sobrecarga laboral para el personal que permaneció en funciones”.
Para Elías de Pérez, el régimen de adscripciones debe ser excepcional y su uso sin previsión termina “afectando el normal funcionamiento de las escuelas, en perjuicio tanto de los docentes como de los alumnos”. Con la preferencia ya votada, la ministra Montaldo queda ahora a las puertas de un examen legislativo que puede poner a prueba la gestión del sistema educativo provincial. /Tendencia en Noticias
Política
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Política
Sobreseyeron a las diez vecinas denunciadas por la intendenta Raquel Graneros tras una protesta
Las vecinas habían intentado entregar un petitorio tras las inundaciones. La causa quedó cerrada por falta de pruebas.
La Justicia tucumana dictó el sobreseimiento definitivo de diez vecinas de Graneros que habían sido denunciadas penalmente por la intendenta Raquel Graneros, luego de participar de una protesta para reclamar asistencia social destinada a familias afectadas por las inundaciones. La resolución fue adoptada este martes por el juez Enrique Martín Cacici, del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Concepción, ante la falta de pruebas suficientes para acreditar los delitos atribuidos a las mujeres.
La decisión judicial puso fin a una causa que se había iniciado a raíz de un incidente ocurrido el 28 de abril, cuando las vecinas intentaron entregarle un petitorio a la intendenta a la salida de una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción.
Graneros había denunciado que sufrió amenazas, intimidaciones y agresiones durante el encuentro. También aseguró que las manifestantes provocaron daños en una camioneta perteneciente a su hermano.
Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio no respaldaron esas acusaciones. Los registros mostraron que el contacto entre las mujeres y la funcionaria duró aproximadamente diez segundos, que la intendenta subió al vehículo sin detenerse a recibir el petitorio y que no se observaron golpes contra la camioneta ni agresiones físicas.
Las mujeres habían sido imputadas y sometidas a restricciones judiciales
La denuncia presentada por la intendenta derivó en una investigación penal contra las diez vecinas, quienes fueron imputadas durante una audiencia realizada el 2 de junio.
A partir de ese momento, las mujeres debieron cumplir restricciones judiciales mientras avanzaba el proceso, pese a que el conflicto se había originado en un reclamo de asistencia para las familias damnificadas por las inundaciones.
Finalmente, el juez Cacici resolvió dictar el sobreseimiento definitivo al considerar que no existían elementos probatorios suficientes para sostener las acusaciones.
De esta manera, la causa penal quedó cerrada y las diez mujeres fueron desvinculadas de los hechos que se les atribuían.
La intendenta Raquel Graneros enfrenta otra denuncia por presunto enriquecimiento ilícito
La resolución judicial se conoció mientras la intendenta de Graneros enfrenta otra denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito.
La presentación fue realizada el 9 de junio por el legislador Manuel Courel, el concejal Luis Escobar y el dirigente Luis Díaz Augier, quienes solicitaron que se investigue la supuesta adquisición de una propiedad valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, ubicado en Yerba Buena.
Los denunciantes pidieron determinar el origen de los fondos que se habrían utilizado para concretar la operación inmobiliaria.
Hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva sobre las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, por lo que la responsabilidad de la intendenta en ese expediente no ha sido establecida.
El sobreseimiento de las diez vecinas cierra así uno de los conflictos judiciales que involucraron a la jefa municipal, originado en una protesta por asistencia social tras las inundaciones que afectaron a familias de Graneros.
Política
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