El ministro de Economía Luis Caputo se reunió el jueves pasado con empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), días después de la salida de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura y quien tuvo a su cargo la política de obras de infraestructura durante los primeros 45 días de gobierno libertario. El desarme de Infraestructura favoreció a Caputo, que pasó a ser el interlocutor central con el sector privado ligado a la construcción. Se espera que las secretarías de Obras Públicas, Vivienda y Transporte pasen a estar bajo el ala de Economía.

Los empresarios se llevaron como conclusión central que la prioridad para el equipo económico no será el financiamiento de la obras de infraestructura sino no alejarse ni poner en peligro la meta de déficit cero en las cuentas públicas este año. Eso tendrá como una de sus víctimas al fondeo desde el Estado a las empresas contratistas. En un primer vistazo al plan Caputo, este ítem del gasto debería explicar un 0,7% del PBI -de los 5 puntos en total que busca la Casa Rosada- pero la caída de la ley ómnibus podría cerrar aún más la canilla presupuestaria para ese sector.

Entre las empresas del sector aseguran que la actividad “está prácticamente parada en todo el país”, según afirmó ante Infobae un ejecutivo que integra la cámara. La entidad declaró hace dos semanas el estado de emergencia para la obra pública y advirtió que tendría una repercusión inminente sobre la viabilidad de empresas y sobre la continuidad de puestos de trabajo. Otro empresario con una silla en el directorio de la cámara aseguró que en los últimos “dos o tres meses hubo despidos en el orden de entre 50 mil y 60 mil personas”.

Los empresarios se llevaron como conclusión central que la prioridad para el equipo económico no será el financiamiento de la obras de infraestructura sino no alejarse ni poner en peligro la meta de déficit cero

Los datos oficiales tienen rezago y todavía no reflejan esa realidad laboral. El Indec llega hasta noviembre y muestra que unos 460.309 empleados integraban la nómina total del sector, unos 12 mil menos que tres meses antes. En las empresas, de todas formas, aseguran que el impacto más notorio en términos de puestos de trabajo se notó a partir del 10 de enero, cuando todos los años suelen retomar la actividad en las obras luego de que los trabajadores regresen a las locaciones de las obras tras el receso por las Fiestas de fin de año.

Las expectativas de los empresarios del sector empeoraron con notoriedad tras el cambio de gobierno. La última encuesta a ejecutivos de la construcción que acompaña al informe de actividad que realiza de manera mensual el Indec exhibió que el 77% de los empresarios consultados cree que en los próximos tres meses el ritmo de trabajo en los proyectos de obra pública disminuirá. Dos meses atrás esa proporción era de 44 por ciento.

Con todo, durante la reunión con Caputo los empresarios del sector plantearon al ministro que además del financiamiento de la continuidad de los proyectos, la cámara busca que el Palacio de Hacienda habilite pagos de certificados de obra impagos, una deuda que fuentes privadas estiman en los $350.000 millones. No es un monto, admiten, muy por encima de un promedio histórico, pero en las oficinas de Camarco temen que la dureza del ajuste fiscal haga que esos pasivos sean difíciles de cobrar.

El ministro de Economía prometió que antes de dar luz verde a esos pagos, buscará terminar una auditoría presupuestaria que ordenó la nueva gestión de gobierno para pasar en limpio el monto definitivo de deuda que acumula el fisco. Un punto central de la reunión tuvo que ver con la discusión que versa sobre qué obras ya con algún grado de ejecución podrán contar con fondeo público y cuáles no.

Los empresarios consultados por Infobae coincidieron en que el mensaje que bajó desde el Poder Ejecutivo fue que las obras que podrían contar con algún tipo de financiamiento presupuestario serán aquellas que tengan un nivel de avance de 80% o mayor. Fuentes privadas estiman que se trataría de apenas el 5% de las obras iniciadas. Las restricciones fiscales determinarán si finalmente Economía concede o no ese fondeo a las contratistas.

Otro tema que preocupa a los referentes constructores es que el Gobierno podría redireccionar financiamiento que proviene de organismos internacionales y que tenían como objeto proyectos de infraestructura hacia el refuerzo de programas de asistencia social, una medida que fue anticipada por Infobae y que quedó cristalizada como parte de las conversaciones que sostuvieron los funcionarios con el staff del Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno buscaría fuentes de financiamiento alternativas para el gasto y espera poder “rebalancear” el ritmo y destinos que tienen los desembolsos de organismos y bancos regionales para darle prioridad al gasto social (básicamente la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar) en un contexto de muy alta inflación y caída de la actividad. La priorización de las erogaciones de programas sociales pondría en un segundo plano a la obra pública.

“Las autoridades han recibido garantías de los bancos multilaterales de desarrollo (Banco Mundial y BID) y de los bancos de desarrollo regionales, que también están considerando cambiar su cartera hacia préstamos para proyectos de rápido desembolso con el fin de financiar una mayor asistencia social”, ratificó el FMI en su informe.

La construcción es, posiblemente, el sector que peores perspectivas tenga para el 2024 según proyecciones privadas. “Esperamos que la tendencia a la baja en el sector de la construcción, que se intensificó durante el último mes del año pasado, persista. La suspensión de la obra pública y la incertidumbre están teniendo un impacto directo en esta actividad. No obstante, es probable que esta disminución sea menos pronunciada en el próximo mes, dado que muchas de sus repercusiones ya se manifestaron durante diciembre”, estimó LCG.

En tanto para Abeceb, el “freno de obra pública sin financiamiento privado / internacional, la incertidumbre por la continuidad de obras de baja rentabilidad y el encarecimiento de costos ante salto en el tipo de cambio”, debilitarán el ritmo de un sector decisivo en términos de empleo.

Camarco, en el comunicado en que declaró el estado de emergencia del sector, planteó que “el sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones” e instó a que el gobierno nacional y los provinciales tomen medidas para “mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector. Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”.