Un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias que se dirigía a colaborar con el combate de los incendios forestales en La Rioja se estrelló este miércoles en la provincia de San Juan y provocó la muerte de sus siete ocupantes, en una de las tragedias aéreas más graves registradas en el marco del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

El accidente ocurrió durante la mañana en un sector de muy difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil. La aeronave había partido desde la ciudad de San Juan luego de participar en una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y posteriormente debía trasladarse hacia la zona de Chilecito, donde brigadistas trabajan para contener los incendios forestales que afectan a esa región cercana a la cordillera.

De acuerdo con la información oficial, el último contacto con el helicóptero se produjo a las 10:26. A partir de ese momento se perdió toda comunicación con la tripulación y, al comprobar que la aeronave no había llegado a destino, se activó el protocolo de emergencia.

Minutos más tarde, otro helicóptero que sobrevolaba la zona logró localizar los restos de la aeronave en el sector norte del Parque Ischigualasto y dio aviso a las autoridades, que desplegaron un amplio operativo de rescate.

Las primeras tareas estuvieron condicionadas por las dificultades del terreno. Los equipos de emergencia pudieron avanzar únicamente hasta el último punto accesible por caminos vehiculares y desde allí continuaron el recorrido en cuatriciclos y posteriormente a pie para llegar al lugar del impacto.

Con el avance del operativo, las autoridades confirmaron la peor noticia: los siete ocupantes fallecieron como consecuencia del accidente.

El director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, explicó que el helicóptero tenía prevista una actividad en el parque antes de continuar hacia La Rioja. «Teníamos programada la llegada de este helicóptero para la mañana de hoy. De repente nos llamaron diciendo que había una alerta de uno de los helicópteros que venían a hacer las maniobras porque había caído en la parte norte del Parque Ischigualasto», relató.

El funcionario precisó además que el siniestro ocurrió a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, en dirección a la Quebrada de la Chilca, uno de los sectores más agrestes y de acceso más complejo dentro del área protegida. Como consecuencia del operativo, el Parque Provincial Ischigualasto permaneció cerrado durante toda la jornada y fueron suspendidas todas las actividades turísticas.

Según fuentes oficiales, entre las víctimas había integrantes de la Policía de San Juan, personal de Bomberos y de Protección Civil, además de otros ocupantes cuya identidad aún no había sido difundida oficialmente al momento de conocerse la tragedia. Ante la magnitud del hecho, el Gobierno sanjuanino convocó de urgencia al Comité de Crisis y coordinó el trabajo conjunto de efectivos policiales, brigadistas, bomberos, personal sanitario y guardaparques.

La aeronave siniestrada era un Bell 412EP, matrícula LV-KGR, un helicóptero bimotor especialmente diseñado para operaciones de emergencia. Según los registros aeronáuticos, realizó su primer vuelo en 2010 y anteriormente operó en Canadá y Estados Unidos con la matrícula N536LW, hasta que fue exportado a la Argentina en noviembre de 2022 y quedó registrado a nombre de la empresa Jasfly S.A.

El Bell 412EP está equipado con dos turbinas Pratt & Whitney y puede ser utilizado para transporte de personal, rescates, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales. Tiene capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros, además de equipamiento específico para operar en situaciones de emergencia.

Las autoridades aeronáuticas iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Hasta el momento no trascendieron hipótesis oficiales sobre una posible falla mecánica o sobre las condiciones meteorológicas al momento del vuelo. Mientras avanzan las pericias, la tragedia enluta al operativo nacional de combate contra los incendios forestales, ya que el helicóptero debía incorporarse a las tareas para contener los focos activos que afectan a la provincia de La Rioja, especialmente en la zona de Chilecito.

Quiénes eran los ocupantes del helicóptero

Marcelo Videla

Marcelo Videla

Subjefe de la Policía de San Juan, contaba con más de treinta años de experiencia en la fuerza de seguridad provincial. Nacido en Chimbas, se desempeñó en diversas comisarías de la provincia y ocupó cargos clave como la Subsecretaría de Control de Gestión y la Tesorería de la Policía, áreas que demandan alto nivel de responsabilidad y manejo de recursos.

Fue designado como subjefe de la fuerza en marzo de 2026, una posición para la que fue elegido por su trayectoria y confianza dentro de la estructura policial. Videla había trabajado en la Comisaría 24° de Rawson, la 3° de Trinidad, la 13° de Rivadavia, la 28° de Rivadavia, la 16° de Calingasta y la 18° de Albardón, entre otras.

Rubén Castro

Rubén Castro

Era jefe de Bomberos de la Policía de San Juan. De origen jachallero, Castro fue máxima autoridad del Destacamento N°2 de Bomberos en Jáchal antes de asumir la jefatura provincial. Su carrera dentro del cuerpo de bomberos incluyó la dirección de operativos de emergencia y la coordinación de capacitaciones especializadas en respuesta a siniestros y catástrofes.

Carlos Heredia

Carlos Heredia

Ocupaba el cargo de director de Protección Civil de San Juan desde febrero de 2023, luego de una extensa carrera de 30 años en la Policía provincial, en la que llegó a ser jefe de Bomberos. Tras su retiro de la fuerza de seguridad en diciembre de 2022, Heredia asumió su cargo en el área encargada de coordinar la respuesta ante emergencias y catástrofes en la provincia.

Jorge Carbajal

Jorge Carbajal

Era subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan. Integraba el equipo de mando junto a Rubén Castro y participaba activamente en la coordinación de operativos y capacitaciones. Su labor incluía el diseño y la implementación de estrategias de respuesta ante incendios y emergencias, así como la formación de personal especializado.

Andrés Bosch

Se desempeñaba como coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Bosch, oriundo de Córdoba, asumió la coordinación de la Región Centro del SNMF en febrero de 2024, tras la propuesta del Ministerio del Interior.

Especialista e instructor en incendios forestales, tenía bajo su responsabilidad la logística y la coordinación de medios aéreos en la lucha contra el fuego, abarcando provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Su función era clave para el despliegue de recursos y la planificación de acciones contra incendios forestales a nivel nacional.

Rodrigo Aimetta

También cordobés, era jefe de la Brigada Nacional NEA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego e instructor técnico responsable de la capacitación sobre incendios forestales. Su papel en el viaje era dictar módulos teóricos y prácticos de adiestramiento en combate de incendios con apoyo aéreo, dirigidos al personal de seguridad y bomberos de San Juan.

Aimetta era reconocido por su labor en la formación de brigadistas y en la coordinación de operativos complejos en distintas regiones del país.

Matías Valenzuela

Matías Valenzuela

Era el piloto de la empresa JasFly S.A., oriundo de Buenos Aires. Tenía a su cargo el comando de la aeronave siniestrada, un Bell 412EP matriculado LV-KGR, propiedad de la firma contratada de manera tercerizada por el Estado para el combate de incendios. Valenzuela era responsable de la operación y traslado del equipo en el marco de la capacitación y las tareas de apoyo aéreo.

Las identidades y trayectorias de los ocupantes del helicóptero reflejan el compromiso y la experiencia de quienes estaban al frente de la gestión de emergencias y seguridad en la provincia y el país. El accidente representó una pérdida significativa para los equipos de respuesta y coordinación frente a catástrofes, en un contexto de fortalecimiento de las capacidades para el combate de incendios forestales.

Ni estabilidad, ni educación formal asegurada, ni margen para proyectar. En la Argentina actual, casi la mitad de los jóvenes de entre 18 y 29 años vive bajo condiciones de vulnerabilidad social. El dato surge del informe Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro, elaborado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA).

La investigación, basada en una encuesta presencial realizada a 1.002 jóvenes, encendió las alarmas de los especialistas al visibilizar la profunda desconexión de esta población con los dos grandes motores de integración histórica: la escuela y el mercado laboral. Geográficamente, el drama es federal: el 27% de los afectados reside en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el 73% restante se distribuye en el interior del país.

El núcleo más crítico: el fenómeno del «Triple Ni»

Uno de los aportes más preocupantes del estudio es la consolidación de un núcleo duro de exclusión. Mientras que el universo de los «Ni-Ni» (quienes no estudian ni trabajan) alcanza a 2 de cada 10 jóvenes vulnerables, la UBA detectó la ramificación de un componente aún más grave: los «Triple Ni».

Este segmento representa a un tercio de la población juvenil vulnerable; se trata de chicos que no estudian, no trabajan y ya no buscan empleo. «Estamos frente a una franja social alejada de toda red de pertenencia, reconocimiento e integración social», explicó Juan Cruz Esquivel, director de la investigación, profesor de la UBA e investigador principal del Conicet. Dentro del total de desocupados de la muestra, solo 4 de cada 10 mantienen una búsqueda laboral activa.

Trabajo precarizado y abandono escolar

Para el 70% de los encuestados que sí tiene una ocupación, la realidad  económica dista de ser una solución. El empleo se concentra principalmente en rubros de alta informalidad como el comercio, la construcción y las tareas de cuidado.

El informe detalla la radiografía de la precariedad:

• Solo el 18,9% de los que trabajan accede a un puesto registrado o parcialmente registrado (apenas el 10% del total general).
• El 76,1% se desempeña en la informalidad absoluta o el cuentapropismo (limpieza, venta ambulante o digital).
• El 57% afirma que sus ingresos mensuales no alcanzan para cubrir la canasta básica.
• El 78% carece de cobertura médica privada o social, por lo que depende exclusivamente del sistema de salud pública.

Esta alarmante inserción laboral se explica en gran medida por la deserción escolar. Seis de cada diez jóvenes vulnerables no completaron el colegio secundario, mientras que apenas el 6,7% accedió a estudios terciarios o universitarios.

La imposibilidad de planificar a mediano plazo debido a las restricciones económicas y las responsabilidades en hogares numerosos (el 46,2% vive en casas con 5 o más integrantes) ha erosionado la salud mental de este segmento. El malestar psicológico se transformó en una experiencia cotidiana: más del 70% manifiesta sufrir ansiedad o problemas de nervios frecuentes, el 50% padece desgano o depresión, y un 30% reconoce tener consumos problemáticos de alcohol, tabaco o drogas.

«Durante décadas, educación y trabajo funcionaron como etapas de un mismo recorrido. Hoy ese vínculo se ha resquebrajado y el esfuerzo ya no garantiza movilidad social», concluyó Esquivel, marcando la dura paradoja de una generación que no pierde el deseo de progresar, pero que ve cómo se derrumban las oportunidades estructurales para lograrlo.

En solo seis días de julio, desde el pasado jueves 16, los incendios forestales arrasaron cerca de 8.000 hectáreas en distintas localidades de la provincia. El avance del fuego causó la muerte de un hombre de 38 años en Nazareno y damnificó a decenas de familias con la pérdida de viviendas, animales de cría, instalaciones rurales y zonas de pastoreo. La superficie asolada hasta ayer equivalía a la mitad de las 16.000 hectáreas quemadas durante toda la temporada de incendios de 2025.

«Este año los vientos fuertes se adelantaron respecto al promedio histórico», remarcó el subsecretario de Defensa Civil de la Provincia, Gonzalo Rodríguez. Este dato merece especial atención no solo de los organismos de seguridad y protección ciudadana, sino de la sociedad toda: los riesgos no solo se acrecientan con las heladas invernales que secan la vegetación y fenómenos estacionales como el viento Zonda. Los ominosos saldos que deja el fuego año tras año tienen como detonante a conductas humanas cargadas de desconocimiento, negligencia e irresponsabilidad.

En base a los registros estadísticos, en años anteriores las alertas por vientos e incendios irrumpieron generalmente en agosto. El año pasado las emergencias se concentraron el primer día de ese mes y se repitieron el 20. En el presente invierno, la mayor cantidad de focos ígneos se propagó en áreas suburbanas del Valle de Lerma y zonas de alta montaña entre Nazareno e Iruya el 16 de julio.