Cuatro adultos mayores fueron rescatados luego de que el Renault 12 gris en el que viajaban cayera al Canal Sur, a la altura del Camino de Sirga y Huemul.

El vehículo, ocupado por tres mujeres y un hombre, terminó en el fondo del canal por causas que todavía se investigan. Pese al impacto, los cuatro ocupantes se encontraban lúcidos y no presentaban lesiones visibles.

El jefe del cuerpo oficial de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena, Andrés Cuenya, explicó que recibieron el alerta cerca de las 9.15. Al llegar al lugar, los rescatistas comprobaron que las víctimas ya habían logrado salir del automóvil por sus propios medios.

Bomberos asisten a una de las víctimas. Foto: Bomberos Voluntarios de Yerba Buena.

“Nos sorprendimos gratamente al ver que pudieron salir del auto. Estaban muy asustados, pero no fue necesario inmovilizarlos: subieron por las escaleras que colocamos”, relató Cuenya.

Según explicó el jefe de bomberos, el hecho de que el Renault 12 quedara apoyado sobre sus cuatro ruedas, sin volcar, habría sido clave para evitar consecuencias más graves.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía, bomberos de la fuerza y personal del servicio de emergencias 107, que revisó a los sobrevivientes en el lugar.

Por la ubicación del accidente, en el límite entre Yerba Buena y San Miguel de Tucumán, se realizaron consultas para definir la jurisdicción. Finalmente, se determinó que la intervención correspondía a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Un grave accidente laboral conmocionó este jueves a la comunidad de un country en construcción, ubicado a la altura del kilómetro 1.308 de la ruta nacional 9. La tragedia se cobró la vida de un operario, que falleció en el lugar después de quedar atrapado en la zona de la cabeza durante una maniobra con una mini excavadora.

Las circunstancias precisas del suceso serán objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, que deberán determinar cómo se desarrolló la maniobra y establecer eventuales responsabilidades. Mientras se avanza con las pericias, se aguarda el informe oficial que aporte mayores detalles sobre las causas y la dinámica del accidente.

Este jueves 10 de septiembre se realizó una audiencia en la que el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, formuló cargos contra Andrea Natalia Gómez Gallo (32) y Carla Agostina Montenegro (30), en el marco de una investigación por una maniobra que habría provocado un perjuicio patrimonial de $4.656.600.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Fiscal, Gómez Gallo habría utilizado, sin autorización, las credenciales de acceso al home banking de su ex suegro, aprovechando que conocía su usuario y contraseña porque anteriormente lo había asistido en la creación y utilización del canal bancario. Según la teoría del caso, desde la cuenta sueldo de la víctima gestionó distintos créditos y posteriormente transfirió los fondos obtenidos hacia cuentas vinculadas a ella y a Montenegro.

Créditos y transferencias desde la cuenta de la víctima

La maniobra se habría desarrollado entre el 19 de noviembre de 2024 y el 25 de septiembre de 2025. El primer hecho atribuido ocurrió el 19 de noviembre de 2024, cuando Gómez Gallo habría gestionado un crédito por $650.000 desde la cuenta de la víctima y transferido ese importe a una cuenta vinculada a su persona.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2025, habría realizado tres transferencias por $300.000, $50.000 y $40.000, también hacia una cuenta vinculada a ella. El 21 de abril de 2025 gestionó un nuevo crédito por $1.200.000. Una vez acreditado el dinero, realizó dos transferencias, por $500.000 y $700.000, hacia una cuenta vinculada a Montenegro.

La investigación sostiene que la maniobra continuó durante los meses siguientes. El 12 de junio de 2025, Gómez Gallo habría transferido $326.600 hacia una cuenta vinculada a su persona. Luego, el 24 de julio, gestionó otro crédito por $1.510.000 y transfirió $1.500.000 a una cuenta de su titularidad. Asimismo, el 8 de agosto habría efectuado una transferencia de $290.000 y, finalmente, el 25 de septiembre de 2025 gestionó un nuevo crédito por $300.000, transfiriendo ese mismo día la totalidad del importe hacia una cuenta de su propiedad.

Como consecuencia de estas operaciones, la Fiscalía estimó que el perjuicio patrimonial ocasionado a la víctima ascendió a $4.656.600.

La calificación legal atribuida a Gómez Gallo es la de defraudación mediante manipulación informática, en calidad de autora. En cuanto a Montenegro, la Fiscalía le atribuyó haber recibido $1.200.000 con conocimiento de su origen ilícito, dinero que habría sido obtenido previamente mediante la maniobra de defraudación investigada. Por este hecho fue acusada por el delito de encubrimiento por receptación dolosa.

Medidas de coerción

Luego de formular los cargos, Rodríguez del Busto solicitó que, a los fines de resguardar la investigación, se impongan a ambas acusadas medidas cautelares de menor intensidad por el término de cuatro meses. La jueza interviniente analizó el planteo realizado por el MPF y resolvió hacer lugar a la totalidad de las medidas solicitadas, por lo que las acusadas deberán cumplir las reglas de conducta establecidas durante el plazo fijado.