Es que, explicaron a este medio, Milei le da un «rol central a las reformas». Y, las reformas, se llevan adelante en el Congreso.

Como sea, las prioridades del jefe de Estado se encuentran, claramente, las económicas. Entre ellas la Carta Orgánica del Banco Central, que será el puntapié inicial del segundo tramo del año, junto con el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que fue presentado días atrás por el ministro de Economía Luis Caputo. Este texto busca incentivar el ingreso al sistema formal de los ahorros en moneda extranjera que se encuentran por fuera del sistema bancario.

La mirada que tiene el mandatario es que, para blindar el proyecto político y económico que La Libertad Avanza quiere instaurar en la Argentina, necesitan de sustento político (en otras palabras, el aval del Congreso vía leyes), para ganarse la confianza de los mercados y que, así, los cambios libertarios sean durareros en el tiempo.

Otros proyectos económicos que recalarán en el Congreso en las próximas semanas, según anunció el propio Presidente, son el que busca implementar el shutdown en la Argentina. Se trata de un mecanismo similar al que se aplica en los Estados Unidos cuando no se sanciona el Presupuesto. En pocas palabras, el shotdown implica «apagar el Estado». Es decir, suspender funciones estatales de manera automática. Además, el Ejecutivo tiene hasta el 15 de septiembre para enviar el proiyecto del Presupuesto 2027.

Todas las discusiones de corte económico, que iniciarán por la Cámara de Diputados, no solo buscan llevar adelante cambios de fondo en la Argentina. Sino que serán un insumo más para alimentar el relato libertario de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Y, sobre todo, confrontar con el kirchnerismo.

Es por eso que, en paralelo a los proyectos económicos, con Patricia Bullrich a la cabeza, el Senado buscará avanzar con la reforma política, a fin de evitar que el año que viene haya Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la Argentina.

La lectura que hacen desde el sector que conduce Karina Milei, secretaria General de Presidencia, es que sin esa instancia, la oposición llegará totalmente atomizada a la elección, lo que le allanaría el camino al Presidente, que buscará ser reelecto.

Ahora bien, para llevar adelante todas estas batallas -políticas y económicas- el gobierno de La Libertad Avanza requiere de la venia de al menos una parte de los gobernadores. Es que, si bien los libertarios se fortalecieron en ambas Cámaras tras los comicios del año pasado, todavía no tienen mayoría propia. De allí que será clave el rol del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Cambios en el Banco Central: qué se sabe hasta ahora

En la Casa Rosada sostienen que la reforma constituye uno de los pilares del programa económico oficial y, además, forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo central sería dejar establecido por ley un esquema que impida el financiamiento monetario del déficit fiscal y fortalezca la estabilidad de precios.

Según trascendió, el proyecto busca modificar el artículo que define los objetivos del Banco Central. La intención del oficialismo es reemplazar el esquema vigente desde 2012 —que establece como funciones la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social— por un mandato más acotado, en el que la preservación del valor de la moneda pase a ser la misión principal de la autoridad monetaria.

Para ello, el Gobierno tomó como referencia la legislación peruana, considerada dentro del oficialismo como un modelo exitoso por haber contribuido a mantener durante décadas niveles de inflación considerablemente más bajos que el promedio de América Latina.

Otro de los ejes centrales de la reforma es restringir al máximo la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional, emilinando los adelantos transitorios, limitando el uso de letras intransferibles y estableciendo mayores restricciones para la distribución de utilidades de la entidad, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley.

La iniciativa también fortalece la independencia institucional del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. Para ello incorpora mecanismos destinados a otorgar mayor estabilidad a las autoridades de la entidad y endurece las condiciones para su remoción, con el objetivo de evitar que la política monetaria quede condicionada por las necesidades fiscales del gobierno de turno.

Asimismo, el proyecto establece un régimen más estricto de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

En el oficialismo consideran que el nuevo marco legal permitirá consolidar el proceso de desinflación y dotar de mayor previsibilidad al esquema macroeconómico. No obstante, la discusión tendrá un fuerte componente político, ya que el Gobierno deberá reunir mayorías parlamentarias para aprobar una modificación que redefine el rol de la autoridad monetaria. /Ámbito/